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El polvorín

Transnacionales en Guatemala: Las voces de los movimientos sociales abren las puertas a la justicia.

2 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Javier González
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28 de septiembre de 2010


Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 en Guatemala se abría la puerta de la esperanza para la construcción de un nuevo modelo de Estado que luchase contra los problemas históricos que ha venido sufriendo el país, como son el racismo, la distribución desigual de la tierra y de los medios de producción o el patriarcado.

Catorce años después de la firma de los Acuerdos de Paz esa puerta que parecía abrirse sigue con el cerrojo echado. El índice de Desarrollo Humano del PNUD coloca a Guatemala en el penúltimo lugar de los países de Latinoamérica, tan sólo por delante de Haití. Es además, uno de los países con mayores cifras de desigualdad del continente, siendo la población indígena y las mujeres quienes más sufren esta desigualdad.

Sin embargo la firma de los Acuerdos de Paz, apoyada y acompañada entre otros actores por la Unión Europea, escondía otra puerta mucho menos visible y más peligrosa para las personas y pueblos oprimidos de Guatemala: la puerta que permitió la entrada definitiva de las empresas transnacionales de los países del norte.

Si bien este proceso ya se había iniciado en el año 1991 con la implementación de medidas de ajuste estructural, la firma de los Acuerdos de Paz posibilitó un escenario “pacificado” que favoreció la privatización de ciertos servicios públicos y la entrada de empresas transnacionales. Una vez ya presentes en el país y a través de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU el 28 de mayo de 2004 y más recientemente el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, el 19 de mayo de 2010, los Estados del norte han asegurado un marco legal claramente beneficioso para sus empresas e intereses y facilitar la explotación y el expolio de los recursos naturales de los países del Sur.

Los principales sectores estratégicos en los que las multinacionales extranjeras han venido operando en Guatemala son el energético, mediante la extracción de petróleo y la instalación de complejos hidroeléctricos, y la minería, con impactos ecológicos, sociales, comunitarios y en términos de derechos humanos especialmente nocivos. Una Misión Internacional de Verificación de Violaciones de Derechos Humanosi organizada en 2009 constataba que el impacto de estas empresas sobre las personas y comunidades en las que operan “se concreta en la amenaza a su derecho a la supervivencia al dificultarse el derecho al acceso a la salud, al agua limpia, a la vivienda, a la tierra y a su forma de vida" .

Ante esta situación las comunidades, organizaciones y movimientos sociales han protagonizado diferentes procesos de resistencia y lucha por la defensa de su territorio a través de campañas informativas, denuncias públicas y penales, la presentación de casos frente al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organización de consultas comunitarias bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, y otras acciones, obteniendo como respuesta en la mayoría de los casos violencia y criminalización por parte de las empresas con la complicidad de los medios de comunicación privados y del Estado de Guatemala, que bajo la fachada de estado democrático y de paz, propicia un escenario de violencia y criminalización que utiliza como herramienta de control social, junto con un sistema judicial que promueve la impunidad.

Sin embargo en este complicado escenario una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado el cierre en el Departamento de San Marcos de la Mina Marlin I perteneciente a la empresa canadiense Goldcorp SA, reconociendo y legitimando las reivindicaciones de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales. Abriendo en este caso la puerta de la justicia y la esperanza.

Javier González es miembro del Instituto Hegoa

 

Tomado de OMAL

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