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El polvorín

Tras derogación de Ley Ganzúa, Alan García no podrá evadir juicios por matanzas durante su presidencia

14 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 
 
 
DERROTADO TENDRÁ QUE ENFRENTAR A TRIBUNALES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Presionado por renuncia de Vargas Llosa al Museo de la Memoria y la protesta de diversas instituciones del país, García solicitó al Congreso se derogue el DL 1097.

Mario Vargas Llosa: “...reciente decreto, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos (asesinatos, torturas y desapariciones), entre ellos al propio ex dictador (Alberto Fujimori) y su brazo derecho (Vladimiro Montesinos)”, señala la carta que envió desde París al también procesado presidente Alan García.

 

 
(1) Decreto elaborado y auspiciado por Alan García y Rafael Rey duró poco tiempo. (2) Actuación precisa para derogación de decreto. (3) Fujimori perdió su oportunidad. (4) Asesino Martín Rivas se quedó con las maletas listas.
El escritor Mario Vargas Llosa  manifestó con su renuncia a formar parte del tinglado del "Museo de la Memoria" su abierta discrepancia con el polémico Decreto Legislativo Nº 1097 ("Ley Ganzúa") –que favorece en la aplicación de normas procesales a policías y militares acusados de ejecuciones sumarias, asesinatos, desapariciones y otras felonías.
 
Controversial "Museo de la Memoria", para unos debe recordar a los caídos en la "Guerra Interna" de los 90´s, y para otros la lucha contra el Comunismo
 
Cuestionado DL1097 Pro-Impunidad había generado los últimos días una andanada de críticas desde diversos sectores del Perú y el mundo.
 
Defenestración del gurú del Opus Dei y también Ministro del Interior, Rafael Rey, por ley con nombre propio y por evidente colusión con abogados de los que se beneficiarían con excarcelación, se le hizo inevitable al autócrata peruano, dadas las pésimas señales que Ley Ganzúa generó
Escritor Vargas Llosa exhortó a Alan García a rectificarse y pidió la inmediata abolición del “innoble decreto” para poder “buscar aliados entre los peruanos dignos y democráticos que lo llevaron al poder con sus votos, en vez de buscar aliados entre los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción y el crimen”.
 
Triquiñuela jurídica
En su carta, el escritor refirió que a su juicio existe incompatibilidad entre auspiciar el levantamiento de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo y de otro lado abrir mediante una “triquiñuela jurídica” la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana.


“Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno”, manifestó en su carta.

Vargas Llosa consideró, además, que con esta ley se da la razón a quienes lo acusan (a García) de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos Fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años.

La medida –dijo–, ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión publica internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de derechos humanos y la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones sociales y políticas. “Coincido plenamente con estas protestas”, acotó.
 
El alejamiento de Vargas Llosa es el punto culminante de varios aspectos que demuestran la falta de voluntad del gobierno en materia de derechos humanos, entre ellos el poco interés político para implementar el plan de reparaciones, la judicialización de casos de violaciones de los derechos humanos y que no haya señales o se vea un enorme desaliento en levantar el museo de la memoria. Es por demás evidente que el actual gobierno esta animado por lograr márgenes de impunidad, uno de cuyos beneficiados sería el mismo García Pérez, quien se ha dado maña hasta ahora para gambetear el debido proceso por crimenes entre los que se incluyen el de los presos políticos en la Isla el Frontón
 
Alan García, en desvergonzado alarde de cinismo, echó la culpa el último domingo al Congreso de “lavarse las manos” al darle al Ejecutivo facultades legislativas que "no había solicitado", cuando la verdad es que el ejecutivo y el arlamento, contra el más elemental principio jurídico, legislan half & half, es decir a partes iguales.
 
Para la oposición, la derogatoria de la norma era la única salida, y además consideran que el gabinete debe irse censurado como sucedió con “el gabinete Del Castillo”.
Investigación a fondo
El congresista José Alfonso Maslucán informó que el nacionalismo presentará de todas maneras una Moción de Orden del Día, proponiendo se investigue a los autores intelectuales y materiales “del cuestionado y nocivo Decreto Legislativo Nº 1097”, dado para amparar y beneficiar mediante una amnistía encubierta, a los violadores de los derechos humanos, de manera especial de los casos de El Frontón y el Grupo Colina, entre otros.

En ese sentido, el parlamentario calificó el decreto como una maniobra política de grupos vinculados al gobierno, interesados en propiciar la impunidad de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, entorpeciendo así la labor de la justicia en estos procesos.
Maslucán señaló que se investigará en el Congreso de la República, todos los detalles respecto a la aprobación de dicho dispositivo legal, ahora en trámite para su derogatoria, y espera que los parlamentarios de las diversas bancadas asuman su labor de control político y demuestren su voluntad para que se llegue a la verdad y se sancione a los responsables de este acto inmoral y reprochable.
 
 
 

   

Alan García y su tenebroso ministro del interior de los 90´s, Agustín Mantilla, acunando al asesino Martín Rivas     Caricatura de Andres Edery  1.bp.blogspot.com/.../gestion_070910(300).jpg

 

La nulidad del DL 1097

Columnista Heriberto Manuel Benítez Rivas
 
El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N° 1097 que demuestra, claramente, la voluntad del gobierno para impulsar la impunidad de violadores a los derechos humanos que se encuentran sometidos a pesquisas del ministerio Público y a procesos judiciales, utilizándose el pretexto del plazo razonable o la existencia de cierta norma internacional; la comunidad jurídica ha rechazado esta norma legal, pero sólo proponen la derogación, lo cual resultaría peligroso, ya que eso implicaría el reconocimiento de la existencia de una norma aberrante. No olvidemos que su vigencia, aunque sea por un día, permitiría que soliciten su aplicación ante cualquier juez, ya que como todos sabemos la derogatoria surte efectos desde su aprobación. Por eso, el mecanismo indicado y correcto sería declarar la nulidad del DL 1097, situación que no está prohibida; pero, algunos teóricos consideran que dicha posibilidad no está regulada, ni legislada. En todo caso, el Tribunal Constitucional (TC) debería dejarlo sin efecto jurídico y legal, tomando como base la histórica sentencia dictada el 21 de julio del 2005 en el caso referido a la inconstitucionalidad de la Ley N° 28568, que modificó el artículo 47° del Código Penal e ilegalmente computaba un día de arresto domiciliario con uno de prisión efectiva.

Ahora bien, otro tema es la Resolución Legislativa N° 27998 que aprueba la adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, con una extraña declaración impulsada por la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) con la finalidad de proteger a los responsables de la matanza ocurrida en la isla penal “El Frontón” (1986), entre los que figuran Alan García y Agustín Mantilla y donde hoy en día pretenden colgarse otros sujetos.

El ex presidente del Congreso (2003), Carlos Ferrero, puso en debate el mencionado proyecto de Resolución Legislativa y el vocero del grupo parlamentario aprista sustentó la inclusión del párrafo de la impunidad, contrario al ordenamiento jurídico vigente. Los legisladores guardaron un silencio sepulcral, los congresistas de Perú Posible (PP) y Unidad Nacional (UN) permanecieron mudos, nadie respaldó la observación que hicimos de aquella sospechosa declaración referida a la aplicación de la Convención, con posterioridad a su entrada en vigor. Inmediatamente, planteamos la modificación del texto aprobado y que se deje sin efecto aquella vergonzosa declaración, pero rechazaron la propuesta; sin embargo, ahora observamos un comunicado de Perú Posible (PP) que señala el país debe estar alerta y que el DL 1097 “tiene como propósito dejar libres a procesados por asesinar, torturar y desparecer a miles de compatriotas”. Parece que recién se dieron cuenta de ello; tuvieron una reacción retardada y lenta. Ahora hablan hasta de amnistía encubierta. En ese sentido seria recomendable que el Parlamento haga pública la votación efectuada para aprobar la Resolución Legislativa N° 27998.

Por último, insistimos en la nulidad del DL 1097 y esa figura le corresponde determinarla al Tribunal Constitucional (TC); es indispensable extirpar dicho nefasto dispositivo legal, no podemos dejarle ni un segundo de vida. La derogación dejaría envenenado el ordenamiento jurídico vigente y los violadores a los derechos humanos podrían resultar favorecidos con alguna sospechosa decisión jurisdiccional, lo cual significaría el triunfo de la impunidad.
 
 
 
La nulidad del DL 1097 - Heriberto Manuel Benítez Rivas ...
14 Sep 2010 ... El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo1097 que demuestra, claramente, la voluntad del gobierno para impulsar la impunidad de ...
www.diariolaprimeraperu.com/online/.../la-nulidad-del-dl-1097_70143.html
 
 
 
Matanza de los penales
 
Se conoce como la Matanza de los penales a una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986, a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado la pérdida de casi 300 vidas entre los amotinados.
En este hecho, que ha sido calificado como de el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú Según indica el propio ex presidente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, no ha hallado responsabilidad personal alguna atribuible a su persona
 
 
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