Buenos Aires, 18 de julio del
2012
.
En el marco del Juicio de
Barrio Ituzaingó Anexo, que se está desarrollando en la Ciudad de Córdoba
desde el 11 de Junio, adherimos a la Marcha del día 19 de Julio a llevarse
a cabo en la ciudad de Córdoba, cuyas consignas
son:
* JUSTICIA PARA LAS MADRES DE BARRIO
ITUZAINGÓ
*PAREN DE
FUMIGAR
*FUERA MONSANTO DE AMERICA
LATINA
El Serpaj pone en
conocimiento la siguiente declaración:
El denominado
caso: “Barrio Ituzaingó Anexo” o juicio a las
fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto - por primera
vez en el País – en el banquillo de los acusados a dos productores sojeros
y el propietario de una empresa de aero-aplicación sindicados de ser
supuestamente responsables del “delito de contaminación
ambiental” en los términos del art. 55 de la ley n° 24.051, sino
que, además, ha permitido poner –en toda su dimensión- la discusión sobre
el actual “modelo de producción agropecuario” basado en la
utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica +
productos agro-tóxicos.
Este “modelo de
producción” viene desde hace tiempo, siendo profunda y
fundadamente cuestionado por la sociedad civil, principalmente, por vecinos
que habitan en cercanías a los predios rurales que habitual y normalmente
son explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales,
movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos, advierten y denuncian
enfáticamente, la aparición –inusitada- de enfermedades graves (tales
como, malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos espontáneos,
fisura palatina, etc.) asociadas íntimamente con el uso creciente e
intensivo de estos productos agro-tóxicos.
Las favorables condiciones externas y los precios internacionales
dieron lugar al pujante negocio de la “sojización” es
decir, el proceso de pasar de 0 a 18 millones de hectáreas cultivadas, de 0
a 50 millones de toneladas, de 0 a 20 mil millones de dólares de
exportación, y de un consumo de 0 a 200 millones de litros anuales de
glifosato. Pero, lo que resulta verdaderamente alarmante es la
contracara de este proceso, representada por la aparición y el
incremento de enfermedades graves asociadas al uso intensivo y
creciente de los productos agro-tóxicos, el desmonte y la
desaparición de los bosques nativos, el despojo de campesinos y pueblos
originarios, violando de esta manera “derechos humanos
fundamentales” tales como el derecho a la salud, el derecho a la
vida, el derecho a vivir en un ambiente sano y a la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan ( Arts. 33,
41, 75 inc. 17 de la C.N.).
La Red
Agroforestal (Redaf), precisa que
(sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4
millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen
víctimas de la violación a los Derechos Territoriales como estos
casos:
·
Sandra
Juárez murió frente a una
topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás
(Santiago del Estero), tenía 33 años, dos
hijos.
·
Javier
Chocobar, comunero
diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de
octubre de 2009, por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso
de una cantera dentro del territorio
comunitario.
·
Roberto López,
miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa),
fue asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de
2010.
·
Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en
el paraje San Antonio, norte de la provincia.
·
Barrio
Ituzaingó Anexo: Mas de
cien vecinos muertos por cáncer (tasa de muerte por cáncer 33% - en
Argentina tasa 18% ), el 80% de niños del Barrio tienen agro-tóxicos en
sangre.
Por su parte, la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, en un relevamiento de apenas tres
meses constató la existencia de “857 conflictos de tierra en
todo el país, que afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de
hectáreas”. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la
frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones
de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas. Sumado a
ello, el “Plan Estratégico Agroalimentario” (PEA), presentado recientemente
por el Gobierno Nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la
producción granaria un 60 por ciento, esto es, pasar de las 100 millones de
toneladas actuales a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de
avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agro-tóxicos, más
conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más
predecible.
Por eso nos preguntamos: “¿Cuantos hermanos más deben
morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata
a más gente?”. Más específicamente, y en materia de
fumigaciones se estiman que son 12 millones de personas las
que se encuentran expuestas de modo directo, sistemático,
repetitivo y generalizado, a estos productos
agro-tóxicos, cuya consecuencias en la salud y en el ambiente se
están discutiendo por estos días en Sede Judicial en la Ciudad Capital de
la Provincia e Córdoba, en el marco de la denominada causa de
Barrio Ituzaingó Anexo.
Por todo ello, DECIMOS que; las
consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las
personas expuestas involuntariamente a estas prácticas, poseen la
suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de “lesa
humanidad”, ello por cuanto se tratan de actos serios de
violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más
esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar psíquico,
su salud y/o dignidad. Son actos que por su extensión y gravedad van
más allá de los límites tolerables por la comunidad
internacional.
En tal sentido, podemos
afirmar con claridad que los elementos comunes a todos los
crímenes de lesa humanidad están igualmente presentes en el caso de las
fumigaciones:
1.
Ataque
repetitivo, sistemático y generalizado:
Las fumigaciones importan entonces, una serie de actos,
sostenidos en el tiempo, no menos de 3 por cosecha, realizados en
contra de la voluntad –principalmente- de ciudadanos que viven en cercanías
a los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta anualmente,
a nivel mundial, miles de víctimas sin distinguir raza, sexo y edad
(generalizado), y se lleva a cabo de conformidad con la logística diseñada
por organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes
tecnológicos (soja transgénica +
glifosato).
2.
Contra
una población civil. Las
fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo,
raza, edad, etc.
3.
Importa el
traslado forzoso de la población civil
rural, campesina y pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejado
de su habitad natural con el propósito de escapar a estas agresiones,
abandonado su centro de vida, su cultura, etc. condenándolos a su
desarraigo más encarnizado.
En definitiva, es necesario
e imprescindible abandonar el actual modelo de producción que solo persigue
la maximización de las ganancias por parte de las Empresas Multinacionales,
Empresarios sojeros y pooles de siembra, en detrimento de la
salud pública de todos los habitantes y del medio ambiente en
general.
Adolfo PEREZ
EZQUIVEL
Coordinación
Nacional
Premio Nobel de
la Paz
SERPAJ-AR
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL habla
sobre fumigaciones y apoya a Madres de
Ituzaingo
Foto: Adolfo Perez Esquivel recibiendo el informe de Médicos de
Pueblos Fumigados e informándose acerca de esa grave problemática.
Datos de contacto:
Piedras 730
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