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El polvorín

TRASNACIONALES MINERAS AMENAZAN EL FUTURO

18 Agosto 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

La Alumbrera 2¿Cuáles son las estrategias-ASTUCIAS-  de las corporaciones mineras?
Y El ESTADO ENTREGA LAS RIQUEZAS AL CAPITAL PRIVADO.

(...) Las empresas mineras buscan generar vínculos con las comunidades locales, enmarcados en las lógicas de la responsabilidad social, con promesas que no siempre se cumplen o se cumplen de manera parcial como reducir el impacto ambiental, realizar actividades sociales y culturales, proyectos educativos y de investigación, bajo el compromiso de sostenibilidad y buen gobierno, que les garantice la ejecución de los megaproyectos y por supuesto, rentabilidad.

TRASNACIONALES MINERAS AMENAZAN EL FUTURO

Las condiciones de pobreza y desigualdad en nuestro país responden a causas estructurales no resueltas por el Estado,entre las que resaltan la concentración de la tierra, la riqueza y el ingreso nacional en unas pocas personas, la exclusión socio-espacial, la explotación de las clases populares entre otras.

Profundizadas aquellas causas por el monopolio elitista del poder político, y la dinámica mundial de reprimarización de la economía, en los últimos veinte años que ha consistido en una nueva reacomodación de las economías del mundo, definida por los centros de poder hegemónico mundial, relegando las economías periféricas a una dependencia absoluta de los países “desarrollados”. Para sobrevivir éstos a la mundialización de la economía, reproducen más marginalidad y pobreza.

En el modelo de globalización de la economía capitalista, que se manifiesta a través de una perspectiva de desarrollo, donde el Estado cede su responsabilidad de garantizar el bienestar de sus habitantes, entregando los territorios y sus riquezas al capital privado, a las trasnacionales y las grandes empresas de capital privado nacional. Las Empresas superponen ante todo la rentabilidad de sus negocios, la seguridad de su capital sacrificando el desarrollo real de los territorios y el bienestar de las comunidades.

Han impuesto y consolidado “ajustes” estructurales en los países periféricos, definiéndoles el papel a jugar, dentro de la división mundial del trabajo, como productores de materias primas.

Desde finales del siglo pasado muchas plataformas y organizaciones sociales de todo el planeta, pusieron en tela de juicio las bondades de la globalización económica.
En esta lógica, el Estado Colombiano ha asumido, como alternativa para el desarrollo económico del país, la tarea de generar las condiciones necesarias para atraer capital principalmente de empresas transnacionales, dispuestas a invertir en proyectos macros, aprovechando la ubicación geoestratégica y la riqueza ambiental, dos elementos atractivos en el mercado mundial globalizado.

Con ese fin se han efectuado grandes reformas económicas y políticas orientadas a erigir un modelo de acumulación capitalista marcado por el monocultivo en latifundios (café, caucho, palma aceitera y caña de azúcar), y la extracción de bienes ambientales (industria extractiva de petróleo y minerales como el oro, platino, carbón, uranio entre otros).

Durante los últimos años la actividad de extracción de minerales y la búsqueda de éstos, ha crecido de manera significativa en el mundo. Colombia se convirtió en un importante campo hacia donde se ha expandido las inversiones en esta industria.
Los últimos gobiernos han facilitado las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros, sin importar los impactos sociales, políticos, culturales y ambientales que éstos producen, generándose como está sucediendo, procesos de desplazamiento forzado y despojo de tierras, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, violación de derechos humanos, explotación laboral, pobreza y desigualdad, y afectaciones a nuestros ríos, paramos y biodiversidad, entre otras riquezas naturales.

Paradójicamente las comunidades donde están operando los megaproyectos con capital trasnacional, están entre las más pobres y marginales del país. Entonces ¿Por qué considerar, como opción de desarrollo para el país, esta industria con la política que se está aplicando?.

La irrupción de las trasnacionales mineras está agravando el conflicto interno. Los enfrentamientos de la guerrilla con la fuerza pública se han intensificado; el Estado ha enfilado la persecución contra los pequeños y medianos mineros que históricamente han trabajado y descubierto las minas de oro, calificando su actividad de ilegal y con ese pretexto les expulsa y expropia las herramientas de trabajo. El gobierno tiene el compromiso de entregar los territorios sin la presencia guerrillera y sin los campesinos y mineros artesanales, dueños históricos de las minas.

Como se ve, la política gubernamental está recalentando y multiplicando el conflicto social en las regiones donde se desarrolla la actividad minera, como son los casos de La Jagua de Ibirico y la Loma en el departamento del Cesar y el Cerrejón en la Guajira, donde trasnacionales explotan Carbón “a cielo abierto; en el Tolima, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Santander entre otras regiones de extracción minera.

Las trasnacionales conociendo el rechazo de las comunidades a sus actividades extractivas y con el fin de neutralizarlas, y para aparecer ante éstas con una cara más humana, han definido «un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y mercados», desde una lógica de voluntariedad donde las empresas supuestamente son parte de la solución y no del problema; dicho marco se concretó en el “Global Compact” firmado por 44 empresas transnacionales y algunas ONGs; dando muestras de un supuesto comportamiento voluntario de las empresas trasnacionales, comprometidas con programas de desarrollo de los territorios, donde ejercen su actividad productiva, aplicando la denominada Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE-RSC).

De esta manera aparecen como responsables ante la sociedad, mientras incrementan sus ganancias.

Se trata de una estrategia comunicación empresarial, que busca obtener réditos de su inversión. El principio de voluntariedad es el elemento central de la “ética empresarial” en los territorios donde ejecutan sus operaciones.

En Colombia la industria extractiva de minerales se ha convertido, de hecho, en el monopolio de un puñado de transnacionales que apelan a la RSC para garantizar la seguridad de su inversión.

Las empresas mineras buscan generar vínculos con las comunidades locales, enmarcados en las lógicas de la responsabilidad social, con promesas que no siempre se cumplen o se cumplen de manera parcial como reducir el impacto ambiental, realizar actividades sociales y culturales, proyectos educativos y de investigación, bajo el compromiso de sostenibilidad y buen gobierno, que les garantice la ejecución de los megaproyectos y por supuesto, rentabilidad.

Un ejemplo de esta política es la trasnacional Anglo Gold Ashanti – AGA, que hace presencia en Colombia y se dedica a industria extractiva del oro. Ésta llegó al norte del país bajo la denominación de la Quedada, destinando presupuestos en rubros de Gobernabilidad, Sostenibilidad y Responsabilidad Social en todo el territorio colombiano; firmó los “Voluntary Principles on Security and Human Rights”, que han sido diseñados para “guiar a las compañías sobre las necesidades de seguridad, respeto a los DDHH y a las libertades fundamentales”

El AGA gastó supuestamente 70 millones de dólares en el 2011 con el propósito de legitimarse, dentro del programa de responsabilidad social empresarial (RSE), inmiscuyéndose en todas las esferas de lo cultural (financiando el festival folklórico, el festival de cuentería, festivales de música, y otros mas), el deporte (financiando al Deportes Tolima y campeonatos barriales, entre otros); de la política (financiando candidaturas políticas, pagando viajes e invitaciones a paseos para los políticos de las administraciones locales); y de lo social (financiando proyectos productivos, de formación en derechos humanos, entre otros).

No obstante lo que se afirma, de esta empresa que opera en Colombia desde 2002, es que ha estado implicada en múltiples casos de violaciones de derechos humanos. Sindicalistas y pobladores locales que se han opuesto a las operaciones mineras de la AGA en el Sur de Bolívar y otras zonas de Colombia, han sido asesinados, desplazados y hostigados por unidades militares asignadas para proteger la compañía. A la misma se le han comprobado nexos con grupos paramilitares responsables de violaciones a los DDHH en el Congo ( África).

Esta empresa tiene títulos mineros en todo el país; en particular a lo largo y ancho del departamento del Tolima, comprometiendo las fuentes hídricas de toda su Ciudad, en el Cañón del río Combeima y en La Colosa en el municipio de Cajamarca, uno de los proyectos más importantes del país.
La economía del mundo anda desesperada en busca de la extracción del oro; en nuestro país la minería ha sido convertida por el gobierno como uno de los cinco ejes (la locomotora) del desarrollo económico, comprometiendo la supervivencia de las próximas generaciones, arrasando con los derechos del pueblo colombiano y destruyendo la naturaleza.

Las distintas comunidades dedicadas a la extracción del oro, en todo el país, han entendido con suficiente claridad que las trasnacionales, con el apoyo de la fuerza pública, les va a expropiar sus minas mediante los títulos de licencia, en grandes extensiones de tierra, para extraer el oro, y junto con los ambientalistas han entendido que estas empresas van a producir grandes daños a la naturaleza; y el oro que extraen se lo llevan del país, sin que éste se beneficie, dejando a las generaciones futuras los socavones.

Por eso es justa la lucha que se viene organizando y los pasos unitarios que se están dando entre los mineros, para rechazar e impedir que las trasnacionales se apropien de los territorios y sus minas, y defender el derecho al trabajo que por generaciones enteras les ha proporcionado el sustento familiar.
Esta lucha hay que apoyarla y unirla a las demás luchas sociales y políticas que se vienen desarrollando en el país, en dirección a fortalecer las fuerzas del cambio que tienen el propósito de construir la nueva Colombia en paz, con justicia social, soberanía y dignidad nacional, donde todos disfrutemos de bienestar y definamos el futuro.  
 
José Rouillon Delgado

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