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El polvorín

Un secreto a voces: la complicidad de Europa con los vuelos ilegales de la CIA

15 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos europeos que hagan justicia a las víctimas de los programas de entrega ilegal y detención secreta de la CIA, que hicieron posible la desaparición forzada, tortura y maltrato de varias personas.

NUEVATRIBUNA.ES - 15.11.2010

En un informe publicado este lunes con el título Un secreto a voces: Crecientes indicios sobre la complicidad de Europa en entregas extraordinarias y detenciones secretas, la organización recoge los indicios más recientes de complicidad de países europeos en los programas de la CIA emprendidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo tras los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.

“La UE no ha tomado en absoluto medias para hacer rendir cuentas a los Estados miembros por los abusos que han cometido", ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

“Estos abusos se cometieron en suelo europeo. No podemos dejar sin más que Europa se sume a Estados Unidos para convertirse también en ‘zona sin rendición de cuentas’. Las cosas están cambiando, pues algunos países han iniciado investigaciones, pero hay que hacer mucho más.”
Amnistía Internacional ha hablado con algunas de la personas que fueron objeto de desaparición forzada, incluida detención secreta a manos de la CIA, y cada una de ellas ha manifestado que fue torturada o sometida a otros malos tratos bajo custodia. Berger asegura que “nadie debe eludir la responsabilidad de las transferencias ilegales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones secretas que se produjeron en el contexto de estas operaciones dirigidas por la CIA. Los gobiernos nacionales tienen la obligación jurídica de garantizar que se rinden plenamente cuentas por tales violaciones de derechos humanos.”

Al frente de las iniciativas de investigación de las violaciones de derechos humanos asociadas a los programas de entrega y detención secreta de la CIA hay organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa, la Unión Europea y la ONU.

A raíz de las revelaciones de sus informes, en países como Alemania, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Reino Unido, Rumania y Suecia se han llevado a cabo o hay actualmente en curso investigaciones sobre la complicidad del Estado o procesos judiciales dirigidos a exigir responsabilidades individuales. Según el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ”en varios países europeos se están haciendo avances en la rendición de cuentas. No debe desaprovecharse este ímpetu. La a menudo demasiado repetida excusa de que ‘es necesario el secreto de Estado para proteger la seguridad nacional’ no debe servir para mantener la impunidad.”
La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos también tuvo alcances en España. Desde el uso del espacio aéreo y el territorio español en el marco del programa de detenciones secretas y entregas extraordinarias lideradas por Estados Unidos, hasta la presencia de policías españoles quienes realizaron interrogatorios ilegales en Guantánamo. Actualmente, hay tres procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional en conexión con estos hechos, pero los tres avanzan muy lentamente y no se ha producido la diligencia debida de las autoridades españolas en su respuesta a estos procedimientos. La víctimas siguen sin justicia ni reparación.

LA RESPONSABILIDAD DE ESPAÑA

Al igual que otros países europeos, España permitió durante más de cuatro años -desde enero de 2002 hasta septiembre de 2007- que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizara aeropuertos y el espacio aéreo español para sus operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. Alrededor de 200 personas detenidas llegaron a Guantánamo en aviones militares estadounidenses que aunque no siempre despegaron de bases españolas, sí cruzaron el espacio aéreo español, cuyo uso también está sometido a autorización de las autoridades españolas.

Se han documentado hasta 68 escalas de aviones que se relacionan con actividades ilegales de la CIA en aeropuertos españoles hasta finales de 2005. Una cifra que aumenta si se le añaden las más de 20 escalas realizadas por otros aviones que, aunque con destinos menos preocupantes, también han sido relacionados con la CIA y su programa de detenciones secretas. Todo esto supone obligaciones internacionales de derechos humanos incumplidas por España.

Amnistía Internacional ha manifestado además su preocupación porque agentes de policía españoles interrogaran a ciudadanos de distintas nacionalidades y obtuvieran información, aprovechándose del limbo extralegal y las condiciones coercitivas de Guantánamo.

De los testimonios de los ex detenidos en Guantánamo extraditados a España y las declaraciones que constan en el informe elaborado por los policías a su regreso de la base se desprende que hubo al menos cuatro viajes. El más documentado se realizó en julio de 2002 y pretendía encontrar colaboradores de Al Qaeda en España. Participaron dos policías de la Unidad Central de Información de la Policía y un diplomático español. Llevaban con ellos fotografías de más de 60 personas que supuestamente tenían vínculos con la célula terrorista e interrogaron a varios detenidos, como Hamed Abderrahaman, de nacionalidad española y Lahcen Ikassrien, marroquí con residencia española. También obtuvieron declaraciones de detenidos de origen kurdo, sirio, argelino, tunecino, palestino, saudí y danés.

ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES EN LA AUDIENCIA

La Audiencia Nacional ha remitido una comisión rogatoria al Reino Unido solicitando información sobre la actuación de los agentes de la CIA en España. También se ha dirigido al Ministerio de Defensa español para que proporcione información sobre los vuelos de la CIA que cruzaron el espacio aéreo español o repostaron en aeropuertos españoles para contrastarla con la información entregada por Eurocontrol a este respecto. Más de medio año después, aún no ha recibido respuesta.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que asegure que las víctimas del programa de entregas extraordinarias y detenciones ilegales de la CIA reciben justicia y reparación. Para ello deben investigarse todos estos hechos y establecerse las responsabilidades individuales que correspondan.

Asimismo, deben crearse mecanismos que regulen la actividad extraterritorial de los policías, agentes de inteligencia y otros agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad españoles para impedir que contribuyan a violaciones de derechos humanos en el contexto del crimen organizado, incluido el terrorismo.

España tiene acogidas en su territorio desde el mes de agosto pasado a tres ex detenidos en Guantánamo de nacionalidad yemení, palestina y afgana. Tras varias gestiones realizadas por la organización, el Ministerio de Interior contestó que se les está “facilitando residencia, medios de vida y ayuda para su recuperación física y mental”, que “sus familiares conocen su situación y paradero, y pueden comunicarse libremente con ellos, si bien se mantiene reserva pública sobre su lugar de residencia para preservar su derecho a la intimidad y su seguridad”.

LA IMPLICACIÓN DE OTROS PAÍSES

Alemania fue cómplice en la detención secreta de Muhammad Zammar, interrogado por agentes alemanes cuando se hallaba recluido en secreto en Siria en noviembre de 2002. Las autoridades alemanas han reconocido que se practicaba tortura en prisiones sirias. Muhammad Zammar tiene todavía que recibir justicia, pese a una investigación parlamentaria alemana sobre los abusos denunciados por él y otras personas.

Italia ha declarado a agentes estadounidenses e italianos culpables de participación en el secuestro, en Milán en febrero de 2003, de Abu Omar, quien fue enviado luego ilegalmente a Egipto, donde fue recluido en secreto y, presuntamente, torturado. Sin embargo, se han sobreseído causas contra altos funcionarios estadounidenses e italianos alegando secreto de Estado e inmunidad diplomática. El fiscal ha apelado contra estos sobreseimientos, mientras la insistencia de las autoridades italianas en que es necesario proteger “secretos de Estado” continúa obstaculizando la justicia.

Lituania ha admitido que existían dos prisiones secretas. En junio de 2010 las visitó una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Fue la primera visita de un órgano de vigilancia independiente a una prisión secreta de la CIA en Europa. Se está llevando a cabo una investigación penal en la que debe garantizarse que se hace rendir cuentas a los responsables.

Macedonia prestó, presuntamente, ayuda en la detención ilegal y subsiguiente entrega a Afganistán, dirigida por la CIA, del ciudadano alemán Khaled el-Masri, quien ha entablado acciones contra Macedonia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la primera vez que este tribunal verá, probablemente, un caso de presunta complicidad de un Estado miembro del Consejo de Europa en los programas de la CIA. Macedonia continúa negando que sus agentes obraran ilegalmente.

Polonia reveló en julio de 2010, por medio de su Oficina de Guardias de Frontera, que siete aviones del programa de entregas de la CIA, muchos de ellos con pasajeros, habían aterrizado en el aeropuerto de Szymany, cerca de una prisión secreta ubicada presuntamente en Stare Kiejkuty. En septiembre, la Fiscalía confirmó que estaba investigando una denuncia de Abd al-Rahim al-Nashiri, quien aseguraba haber estado recluido en secreto en Polonia y a quien se reconoció la condición de “víctima” en octubre de 2010, siendo esta la primera vez que se ha reconocido en este contexto la denuncia de una víctima de entrega.

Rumania acogió, presuntamente, una prisión secreta de la CIA. Niega rotundamente toda responsabilidad pese a existir nuevos indicios de su participación en el programa de entregas.

Suecia está acusada de no investigar completamente las entregas de Ahmed Agiza y Mohammed al-Zari a manos de la CIA, en diciembre de 2001, a Egipto, donde ambos aseguran que fueron torturados. A pesar de haberles concedido una indemnización, el gobierno tampoco ha proporcionado a estos hombres resarcimiento pleno y efectivo.

Reino Unido anunció en julio de 2010 que iba a iniciar una investigación sobre la participación de funcionarios británicos en los presuntos malos tratos sufridos por individuos detenidos fuera del país por servicios de inteligencia extranjeros. El gobierno ha reconocido también que Estados Unidos utilizó el territorio británico en vuelos del programa de entregas.

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