Uribe demandó a Chávez ante la CPI y a Venezuela ante la CIDH

8 Agosto 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Según la prensa colombiana, el Gobierno de Uribe demandó al presidente Chávez ante el CPI y al Estado venezolano ante la CIDH.

Según medios de comunicación colombianos el presidente de ese país, Álvaro Uribe, demandó ante la CPI a su homólogo venezolano, Hugo Chávez. Asimismo, habría sido llevado ante la CIDH el Estado venezolano por parte del colombiano.

El abogado colombiano, Jaime Granados, representante legal del presidente de ese país, Álvaro Uribe, confirmó la noche de este viernes que, en nombre de su cliente, introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el mandatario venezolano, Hugo Chávez. Asimismo, el Estado venezolano será llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos(CIDH).

El letrado colombiano indicó al medio de comunicación colombiano RCN que remitirán la denuncia al despacho de Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la CPI.

"Efectivamente, el día de hoy (viernes) remití a la sede de La Haya de la Corte Penal Internacional, al despacho del fiscal general de esa institución, el doctor Luis Moreno Ocampo, la denuncia correspondiente y esperamos que tome acción", expresó.

El jurista informó que también acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado venezolano por supuestamente albergar a miembros de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), asunto que Caracas ha negado en reiteradas oportunidades.

Agregó que envió "a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda para efectos de lograr la reparación frente a las gravísimas situaciones de derechos humanos que se han planteado".

Granados explicó que estos alegatos responden a una "denuncia contra el jefe del Estado, persona natural, Hugo Chávez, ante la CPI, con fundamento en el Tratado de Roma, y la otra es una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la República Bolivariana de Venezuela", aclaró.

Fuentes de la cancillería venezolana informaron a teleSUR que pese al anuncio de las demandas de Colombia contra el Gobierno Bolivariano, se mantiene la visita a Bogotá del Ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, a la toma de posesión del presidente electo Juan Manuel Santos.

La corresponsal de teleSUR en Bogotá, Tatiana Pérez, dijo que el anuncio se produjo en las últimas horas en la Casa de Nariño, sede del Gobierno central.

Con respecto a la supuesta muerte del miembro del secretariado de las FARC, Pastor Alape, anunciada por una cadena de noticias local, Pérez detalló que no hay hasta el momento informacion oficial. Alape era responsable de ''la producción, la fabricación, y la distribución de centenares de toneladas de cocaína a Estados Unidos y al mundo", explicó la periodista en contacto telefónico.

Más temprano, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, confirmó que su canciller, Nicolás Maduro, asistirá a la toma de posesión de Juan Manuel Santos y que saldrá a primera hora del sábado a Bogotá.

El anuncio de Chávez mostró la clara disposición de su Gobierno a abrir caminos para la recomposición de las rotas relaciones entre los dos países.

El Gobierno saliente de Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas el pasado jueves 22 de julio, tras las continuas acusaciones de Bogotá contra Caracas.

La última denuncia de Colombia contra el gobierno bolivariano, presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue la supuesta existencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

La denuncia de Colombia ante la OEA fue argumentada con fotos, videos y mapas de google. Tales elementos no fueron consignados por la vía diplomática al Gobierno venezolano, por lo que el Ministerio Público (MP) de ese país consideró que las supuestas pruebas carecen de condición jurídica.

La acusación colombiana fue el detonante que obligó al gobierno de Hugo Chávez a romper relaciones diplomáticas con la Casa de Nariño.