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El polvorín

URUGUAY - Acuerdo entre gobierno y Casal será confidencial y secreto (Los ricos y poderosos en Uruguay estan contentos)

3 Septiembre 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

El empresario dice que no quiere “sacarle plata al Estado”

 

 

El acuerdo que prevé firmar el gobierno con el empresario deportivo Francisco Casal, para poner fin al diferendo con la DGI y evitar millonarios juicios, será confidencial y secreto. Según supo El Observador, como parte de la negociación a la que se está llegando entre las partes, se ha conversado que el acuerdo sea suscrito por Presidencia. Su contenido no se conocerá ni se hará público.

Según trascendió se busca acordar un empate 0 a 0 en el que el gobierno determine que Casal y el resto de los contratistas embargados desde 2008 por la Justicia –a pedido de la DGI– no deben nada, y a cambio todos se comprometen a no iniciar demandas contra el Estado.

El gobierno quedó embretado luego del tercer informe jurídico contrario a la posición de la DGI y favorable a lo que los abogados del empresario han afirmado. La posición de Leonardo Costa y Óscar Brum es que Casal no debe pagar.

Sin embargo, la DGI hasta su última resolución ha insistido en que la transferencia de jugadores al exterior debe tributar el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por las transferencias de jugadores entre 1998 y 2002. La deuda que inicialmente había llegado a US$ 300 millones, bajó luego a US$ 4 millones pero con multas y recargos se fijó en US$ 10 millones.

Fuentes de la DGI dijeron a El Observador que la negociación de la Presidencia con un contribuyente de la DGI es algo novedoso. “Es la primera vez que el gobierno interviene en la historia nacional de la tributación”, dijo la fuente.

Los informes
El caso comenzó a darse vuelta luego de que la Justicia penal determinó que no existió delito por parte del empresario Casal. Con ese fallo a su favor, la defensa del empresario planteó al Ministerio de Economía que la mayoría de la jurisprudencia del TCA determina que si no hay delito tampoco puede haber defraudación.

Luego, en marzo de este año Casal presentó un escrito ante la Presidencia en el que pidió se revea su caso.

A partir de ese momento comenzó una seguidilla de informes que le fueron dando la razón a Casal. El primero fue el del fiscal de Gobierno, Miguel Toma, quien cuestionó el procedimiento administrativo llevado adelante por la DGI. Al respecto Toma señaló que “gran parte de los documentos incorporados al proceso, no cumplieron con las precitadas formas de presentación”. En concreto señaló que hay 2.190 instrumentos que contienen vicios de forma en cuanto a su presentación, reñida con las normas formales.

Luego, Toma recomendó realizar una consulta técnica independiente, para lo que fue contratado el estudio Guyer & Regules. El especialista Juan Manuel Albacete realizó el informe en el que concluyó que no ha existido defraudación.

En su informe señaló: “No se ha tipificado en este caso la infracción de defraudación con base en que el administrado entendió que no debía pagar impuestos por su actividad, conclusión del asesoramiento de sus profesionales de confianza y de las fundadas consultas que realizó”.

A esas conclusiones agregó Toma: “La conducta asumida por el jerarca que orientó semejante procedimiento, aparece seriamente comprometida por una inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material”.

El informe del otro fiscal de Gobierno, Daniel Borrelli, coincidió básicamente con las conclusiones a las que llegó Albacete en cuanto a que no existió defraudación.

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