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El polvorín

Uruguay: Alerta. Advirtió a la Cámara en 2008 por ley que ahora clausuró el proceso de los hermanos Peirano

6 Agosto 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Diputado Alvaro Lorenzo: "Estamos  por votar un zafarrancho jurídico"

"Quiero advertir a la Cámara acerca de que podemos estar haciendo un zafarrancho jurídico", afirmó en sala el diputado de Alianza Nacional (AN) Alvaro Lorenzo, cuando el cuerpo aprobó el 5 de noviembre de 2008 una ley que ahora permitió clausurar el expediente contra los hermanos Peirano

Los hermanos Peirano. Clausura de las actuaciones. No reclamarían al Estado.
Los hermanos Peirano. Clausura de las actuaciones. No reclamarían al Estado.

En efecto, un reciente fallo del Tribunal de Apelaciones Penal de 3º Turno establece que cuando las leyes penales suprimen delitos existentes se aplican a los hechos anteriores a su vigencia (ver recuadro).

Por lo tanto, el expediente que determinó el procesamiento hace ocho años ­el 8 de agosto de 2002­ de los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso, por la violación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230 ­que en el año 2008 fue derogado por el Parlamento­ fue clausurado por el Tribunal, según publicó ayer "El Observador". El artículo en cuestión establecía que "los directores y administradores de sociedades anónimas que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos, o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán una pena de entre dos y cinco años de penitenciaría".

Este fallo cierra la causa penal y coloca a los procesados por la caída del Banco Montevideo en una situación de personas sin antecedentes, informa el matutino. Este fallo podrá ser apelado por la Fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, podría enervar los pedidos de extradición que están pendientes de resolución contra los hermanos Peirano. El proyecto de ley que derogó la figura contenida en el artículo 76 de la Ley 2.230 tuvo una extensa discusión parlamentaria que se extendió durante dos años. El proyecto modificó el artículo 255 de la Ley Nº 18.387 sobre procedimientos concursales y derogó los artículos 42 a 44 y 76 de la Ley Nº 2.230 del 2 de junio de 1893.

Concretamente, la norma aprobada consta de 2 artículos: Artículo 1º- Modifícase el artículo 255 de la Ley Nº 18.387, 23 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma: "La presente ley entrará en vigencia a los diez días de su promulgación y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha". Artículo 2º- Deróganse los artículos 42 a 44 y 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893.La modificación del artículo 255 tenía como objetivo acortar los plazos para la aplicación de la ley, como forma de agilitar el proceso de transformación institucional del mecanismo concursal, tal como se señalaba en la exposición de motivos. La norma inicial mencionaba la entrada en vigencia a los 180 días y la nueva propuesta lo disminuía a 10, cosa que finalmente aconteció.

Paralelamente, planteaba la derogación de varios artículos de la Ley Nº 2.230, debido a que de lo contrario permanecerían superviviendo dos regímenes legales distintos para una misma conducta delictiva. Este proyecto contaba con la firma de los senadores Margarita Percovich y Rafael Michelini (Frente Amplio), Sergio Abreu (Partido Nacional) e Isaac Alfie (Partido Colorado).El miembro informante fue la senadora Percovich, quien explicó en la sesión del 23 de octubre de 2008 que al votarse días antes la ley de declaración judicial de concursos y reorganización empresarial, no se había advertido que si no se derogaban los artículos 42 a 44 y 76 de la Ley Nº 2.230 (Ley de Concordatos), implicaría "la existencia de una doble normativa con relación al delito que se establece en el artículo 248 de la Ley de Fraudes y Concursales".

El proyecto fue votado por la afirmativa con 21 votos en 23, quedando aprobado y pasando a la Cámara de Representantes.

Unos días después, concretamente el 5 de noviembre de 2008, la iniciativa fue considerada por la Cámara de Diputados y fue votada en general por 51 votos en 53.Al ingresar en la discusión particular, el diputado nacionalista Jaime Trobo pidió al oficialismo que se aclararan las causas por las cuales se acortaba el plazo de aplicación de la ley a 10 días, incluido en el artículo 1º del proyecto, porque "se conoce la versión pública que esta medida legislativa pondría en marcha un mecanismo de declaración concursal", vinculado con el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu). Esta afirmación provocó un largo debate y la defensa del proyecto por parte del legislador frenteamplista Diego Cánepa, actual prosecretario de la Presidencia.

Sin embargo, poco después pidió la palabra el diputado nacionalista Alvaro Lorenzo, quien propuso "cambiar el foco de la discusión".

El parlamentario dijo que el artículo 2º del proyecto modificaría contenidos de la Ley Nº 2.230, referida a las sociedades anónimas y aspectos particulares como los relacionados con dos institutos: la moratoria y la liquidación. A su entender, la modificación de dicha ley significaría que "del régimen anterior estamos sacando el sistema de responsabilidades".

"Voy a poner un ejemplo", dijo Lorenzo según consta en la versión taquigráfica de la sesión. "Si tengo una sociedad anónima y hago un buco enorme intencionalmente, la dejo insolvente y me presento a la liquidación de la sociedad, esta se liquida, la situación es horrible, todo el mundo queda patas para arriba ­permítaseme la expresión­ y a mí, como director y artífice de esa maniobra, no se me aplica un régimen sancionatorio, no tengo responsabilidad civil, tal como está establecido en los artículos 42 y 44 de la ley que rige esa liquidación de la sociedad, y tampoco tengo responsabilidad penal, como establece el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, que estaríamos derogando", alertó.

 

"Zafarrancho jurídico"

"Todo el mundo sabe que en derecho penal, cuando se deroga algo se terminó, y eso significa que los que están adentro, porque fueron condenados por otros delitos, salen, y los que deberían estar adentro por algún proceso penal vinculado a una liquidación, no van a estarlo. Esto me llamó la atención", prosiguió el legislador, de profesión abogado.

"Quiero alertar a la Cámara acerca de que podemos estar haciendo un zafarrancho jurídico", afirmó Lorenzo. "No tengo la menor duda de que aquí estamos generando un régimen de privilegio, de exoneración de responsabilidad civil y penal para todos aquellos asuntos que recaen dentro de la aplicación de la vieja ley; llamémosle de esta manera para entendernos".

"Eso quiere decir que hasta que la nueva ley entre en vigencia ­si aprobamos el artículo 1º será a los diez días de su promulgación­ todos los asuntos que ya fueron tratados y los que se traten no tendrán responsabilidad civil y penal, según los principios de derecho penal. Por lo tanto, señores legisladores, estamos ante un tema muy importante y debemos votar esto a conciencia y con voluntad", insistió. Acto seguido, se pidió el aplazamiento del tema para el final de la sesión.

Cuando se retomó la discusión, el propio diputado Lorenzo varió su postura y consideró que "más allá de que permanecen los motivos por los cuales pedí la suspensión, creo que es preferible aprobar este artículo 2º tal como viene, por los beneficios que tiene la interpretación futura de esta ley de concurso y organización empresarial, aun corriendo el riesgo, muy poco probable ­diría, casi imposible­ de que alguna situación se vea beneficiada, porque en un lapso corto no habrá un régimen de responsabilidad civil y penal para los directores de las sociedades. El régimen anterior dejará de estar vigente cuando se promulgue la nueva ley".

 

Tomado de La República

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