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El polvorín

Uruguay: ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REFORMA DEL ESTADO CONTENIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO

29 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

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A continuación transcribimos textualmente los artículos más destacados de la Sección II “Funcionarios” del proyecto de ley de presupuesto enviado al Parlamento. Como se verá en ellos se plasma la Reforma del Estado anunciada por el Gobierno.

Consideramos que más allá de los análisis políticos más conceptuales, que realizaremos en próximos artículos, hay que poner en conocimiento de la masa de la población el documento, lo más detalladamente posible, de una de las mayores flexibilizaciones laborales registradas en la historia del país.


SECCIÓN 2: FUNCIONARIOS:

ARTÍCULO 6.- Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo, previo dictamen favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General las reestructuras de puestos de trabajo, debiendo la misma expedirse en un plazo de 45 días, vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas.

Comentario: Viola lo dispuesto en ley 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público, que establece que la discusión de las reestructuras es materia de
negociación colectiva, situación que no se contempló por parte del Gobierno.

ARTÍCULO 11.- Modifícase el Inciso 2o. del artículo 19 de la Ley No. 18.362 de 6 de octubre de 2008, que quedará redactado de la siguiente manera: “Facúltase al Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas, a establecer las pautas generales para la composición de las retribuciones totales de los cargos y funciones que sean incluidos en el nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa.
A tales efectos se podrán reasignar todos los créditos presupuestales  del grupo cero “Retribuciones personales”, entre sus objetos del gasto”.

Comentario: la ley hace mención a “pautas generales” para la composición de “retribuciones” de “cargos y funciones” que sean incluidos en “el nuevo sistema escalafonario” resultante de la “nueva carrera administrativa”.
Nos preguntamos: ¿a qué nueva carrera administrativa se hace referencia?. Esto es casi un cheque en blanco para el sistema de la reforma del Estado: se faculta al Poder Ejecutivo, no se sabe muy bien para qué.

ARTÍCULO 16.- Las necesidades de personal de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional serán cubiertas con funcionarios presupuestados de los  escalafones civiles declarados excedentes en la Administración Pública, a excepción de los Gobiernos Departamentales.
Los jerarcas respectivos comunicarán las necesidades de personal existentes a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que quedará facultada para instrumentar los mecanismos necesarios para satisfacerlas, previos los estudios pertinentes.
En todos los casos se deberá priorizar la redistribución dentro del mismo Inciso.  

Comentario: Si bien esta norma parece estar destinada a un reordenamiento interno dentro del Estado, lo que hace es violar la autonomía y perjudicar además
la gestión de los organismos autónomos del Estado, que verán limitada su capacidad de ingresar nuevos funcionarios a la administración, ya que deberán recurrir a los funcionarios que hayan sido declarados excedentarios dentro del Estado. El peligro fundamental que encierra este tipo de políticas es el fomento del  “achique” del Estado, promoviendo la declaración de personal “excedente” y limitando el ingreso de nuevos funcionarios.

ARTÍCULO 19.- La declaración de excedentes deberá ser resuelta por el jerarca máximo del Inciso, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y como consecuencia de una reestructura, supresión, fusión o traslado de unidades o servicios, debidamente fundadas, así como en caso de reasignación de funcionarios de acuerdo con su perfil.
Los jerarcas de los Incisos, previo a la declaración de excedencia de sus funcionarios, deberán priorizar la redistribución dentro del mismo Inciso.
La Oficina Nacional del Servicio Civil, una vez efectuados los estudios respectivos, procederá a la inclusión del funcionario en la nómina de personal a redistribuir.

Comentario: Nótese que nuevamente se viola la ley 18.508 de negociación colectiva, ya que en el artículo aludido no se prevé la participación de los trabajadores prevista en la ley, que obliga a discutir los procesos de reestructura con los trabajadores.

ARTÍCULO 31.- Prohíbese por el término de tres años, toda designación o contratación de servicios personales de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos para sustituir a los funcionarios declarados excedentes.
Todo acto administrativo dictado en contravención a esta disposición será considerado nulo y hará incurrir en responsabilidad al jerarca que lo haya dictado.
La ONSC deberá controlar en forma previa a todo acto de designación o contratación, el efectivo acatamiento de lo establecido en este artículo.

Comentario: Nótese como se avanza en la política de reducción del Estado, estableciéndose plazos y hasta sanciones para quienes no cumplan con esta política (véase comentario anterior sobre art. 16).

ARTÍCULO 39.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, en los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, serán suprimidas todas las vacantes de cargos y funciones del escalafón CO “Conducción” del Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones, SIRO, así como las vacantes de Director de División y Jefe de Departamento pertenecientes al sistema escalafonario de la Ley No. 15.809 de 8 de abril de 1986.
El crédito suprimido será transferido a un objeto especial  con destino a financiar las funciones del nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa.

Comentario: Este artículo  pone en práctica la aplicación de la “nueva carrera administrativa” para los niveles de conducción. Obviamente viola la ley de negociación colectiva pero además introduce nuevamente por la ventana la Reforma del Estado. Nótese la gravedad de lo propuesto, ya que se van suprimiendo cargos existentes. La política del Gobierno es la del desmantelamiento progresivo del actual sistema de carrera vigente, ya que al no proveer las vacantes se pasa progresivamente de un sistema al otro. En el actual sistema a los cargos de jefatura y dirección se accede por concurso, pero en la “reforma del estado” impulsada por el Gobierno, dichos cargos no serán permanentes sino que estarán sujetos a la evaluación periódica del jerarca político de turno. O sea que si el jefe o director no colma las  aspiraciones de la jerarquía política de turno, puede perder su cargo, o sea literalmente que pueden ser degradados. Esto obviamente es para fomentar el clientilismo político y llevar a niveles impensados el alcahueterismo hacia los políticos de turno.

ARTÍCULO 45.- Sustituyese el artículo 12 de la Ley No. 16.104 de 23 de enero de 1990, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley No. 17.556 de 18 de setiembre de 2002, por el siguiente: “Las licencias por enfermedad, que superen los sesenta días en un período de doce meses o los noventa días en un período de veinticuatro meses deberá ser comunicadas al Jerarca de la Unidad Ejecutora. Éste ordenará solicitar el dictamen de sus servicios médicos o del Ministerio de Salud Pública en su caso, a efectos de determinar la pertinencia de la realización de Junta Médica, con la finalidad de establecer la aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales.
Dichas inasistencias, cuando no determinen imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones, podrán prolongarse  hasta por dieciocho meses más. Por Resolución fundada de la Junta Médica de Salud Pública, se podrá extender dicho plazo por dieciocho meses más. Vencido dicho plazo se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica, previo otorgamiento de las garantías del debido proceso…
Si del dictamen de la Junta Médica de Salud Pública surgiere que el funcionario padece ineptitud física o psíquica permanente, con intervención y oportunidad de réplica del mismo, el servicio que corresponda le notificará que debe iniciar los trámites jubilatorios, haciéndole entrega en el mismo acto de un oficio dirigido al Banco de Previsión Social en el que conste dicha comprobación...
En los casos en que resultare que el funcionario destituido no tuviere derecho a percibir jubilación, el Banco de Previsión Social le servirá como única  indemnización, el equivalente de tantos sueldos en actividad como el número de años que hubiere prestado servicios a la Administración Pública, sin perjuicio de la indemnización que pudiera corresponder en el caso que la ineptitud provenga de un accidente en el desempeño de sus tareas.

Comentario: Es increíble la falta de sensibilidad del Gobierno en un tema tan delicado como las personas que quedan incapacitadas para trabajar (lo que la ley llama “ineptitud física o psíquica”). Los despiden, los obligan a jubilarse, y si no tienen los años acumulados para poder jubilarse, le dan como indemnización el equivalente de “tantos sueldos en actividad como el número de años que hubiere prestado servicios”, y luego arreglate como puedas.
Esto además significa un enorme retroceso a lo consagrado en la ley de Seguridad Social Nº 16.713 de setiembre de 1995.

ARTÍCULO 50.- Los ascensos de los funcionarios de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional se realizarán por concurso de méritos y antecedentes o de oposición y méritos y se regirán por las disposiciones contenidas en el presente artículo.
A los efectos de la provisión de vacantes de ascenso los Jerarcas de los organismos mencionados en el inciso anterior, realizarán un llamado al que sólo podrán postularse los funcionarios presupuestados del Inciso, pertenecientes a cualquier escalafón, serie y grado, siempre que reúnan el perfil y los requisitos del cargo a proveer.
A partir de la vigencia del presente artículo no serán de aplicación para los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990.
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo con el previo y favorable asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Comentario: Esta norma introduce el criterio de flexibilización laboral en la carrera de los funcionarios de la Administración Central (incisos 02 al 15). Pero obviamente que luego esto se va a generalizar al resto del Estado. Cuando se habla de que a los concursos de ascensos se puedan presentar funcionarios “pertenecientes a cualquier escalafón, serie y grado”, ello representa la flexibilización laboral más absoluta y el fin de la carrera administrativa en la función pública. Por ello se deroga parte de la ley de Funcionarios Públicos Nº 16.127 de agosto de 1990. Otro enorme retroceso histórico del “gobierno progresista”, que en este aspecto resulta más retrógrado que el gobierno de Lacalle, época en que se aprobó la mencionada ley 16.127.

ARTÍCULO 52.- Es becario quien, siendo estudiante, sea contratado por una entidad estatal, con la única finalidad de brindarle una ayuda económica para contribuir al costo de sus estudios a cambio de la prestación de tareas de apoyo. El contratado no podrá superar las 30 horas semanales de labor y tendrá una remuneración de 4 BPC; en caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración será proporcional al mismo.
Es pasante quien, habiendo culminado los estudios correspondientes, sea  contratado por una entidad estatal, con la única finalidad de que desarrolle una primera experiencia laboral relacionada con los objetivos educativos de la formación recibida.
El contratado tendrá una remuneración de hasta 7 BPC, por un régimen horario de 40 horas semanales de labor. En caso de pactarse un régimen inferior, la remuneración será proporcional al mismo.

Comentario: Esta norma que refiere a becarios y pasantes representa una precarización del contratado de pasante y becario. Increíblemente se les topea el  sueldo, generando mano de obra barata. Por ejemplo: en la Universidad de la República los salarios de los pasantes se asimilan al cargo no docente más próximo
a la tarea que desempeña el pasante. De aplicarse esta norma, en algunos casos, la Universidad deberá rebajarles el sueldo a sus pasantes y becarios. Los  trabajadores, sean pasantes, becarios,  o funcionarios presupuestados, son trabajadores que deben ser respetados en todos sus derechos como tales. La excusa
de que son estudiantes no puede ser utilizada bajo ningún concepto para generar contratos “chatarra” o mano de obra barata, como propone el Gobierno en el artículo 52.

ARTÍCULO 54.- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto  Nacional… (los contratos a término)… podrán ser contratados bajo la modalidad del Contrato Temporal de Derecho Público, previa conformidad del Jerarca y de la ONSC, debiendo  cesar indefectiblemente cuando se haya completado el proceso de reformulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo, ó, cuando finalice el plazo contractual, en caso de que no se hubieren completado las referidas  reestructuras.

Comentario: ¿A qué reestructuras se refiere?. El Poder  Ejecutivo hace permanentemente referencias vagas a reestructuras, sin explicar de qué signo y características serán. Lo que hace el Poder Ejecutivo es meter la reforma del Estado por la ventana. Habla de ella genéricamente. Esta estrategia es para aprobar dicha reforma mediante Decreto del Poder Ejecutivo, sin necesidad de discutirla públicamente con la sociedad a través del Parlamento.

ARTÍCULO 67.- Se podrá contratar servicios personales bajo la modalidad del “contrato laboral”, el que se regirá por las normas del Derecho del Trabajo. Dicha modalidad se documentará mediante la suscripción de un contrato en el que se establecerán las condiciones de trabajo respectivas. Sólo podrá ser utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y con un plazo determinado.
Las contrataciones se realizarán a través del Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Habilítase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones correspondientes, a los efectos de financiar las contrataciones que se crean por el presente artículo.

Comentario: Con “derecho del trabajo” se hace referencia al derecho privado. Más allá de que para atenuar la situación se diga que …”sólo podrá ser utilizado por razones de necesidad, expresamente justificadas y con un plazo determinado”, lo cierto es que se avanza en un proceso privatizador que no sabemos
(o sí sabemos) donde puede terminar. También el artículo habla del “Sistema de Reclutamiento y Selección”, que no se discutió en ningún lado pero ya el gobierno lo impone por ley, a pesar de que dijo que lo iba a discutir con los sindicatos y que lo expresado en el “Borrador” del proyecto de reforma del Estado era sólo un borrador.
En los hechos lo expuesto en el “borrador” ya se propone como proyecto de ley.

ARTÍCULO 75.- Exclúyense de la nómina del artículo 9o. de la Ley No. 15.809, de 8 de abril de 1986, los siguientes cargos, cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes que se expresan sobre la retribución por todo concepto correspondiente al sueldo nominal del Senador de la República: integrantes del Consejo de Ministros (100%), Subsecretario de Estado (85%), Subdirector de OPP (85%), Director de ONSC (85%), Director General de Secretaría (70%), Director General Secretaría de Apoyo a Presidencia (70%), Subdirector de ONSC (70%), Director de Unidad Ejecutora (60%), Director de Policía Nacional (60%), pudiendo adicionar a las mismas exclusivamente los beneficios sociales, no regirá para estos cargos lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Comentario: Como corolario o frutilla de la torta, en el último artículo de la Sección II del proyecto de ley de presupuesto, estos H. de P. (perdón, pero no se me ocurre otra forma elegante de decirlo) se aumentan todos el sueldo: ministros, subsecretarios, etc., se votan aumentos de alrededor de 45 mil pesos al  equipararse y tomar como base el sueldo de los senadores…

Manuel Menéndez Integrante de AFFUR – Federación de Funcionarios de la Universidad

 

 

Tomado de Diario La Juventud

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www.diariolajuventud.com.uy

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