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El polvorín

URUGUAY - ¿ASTORI DEBERÍA ESTAR PRESO?

27 Marzo 2014 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Viernes, 21 de Marzo de 2014

 Jorge Bonica




DANILO-929                                                                  Hace algunas semanas que no teníamos el tiempo suficiente de escribir esta columna de opinión que hace 18 años nos viene acompañando, pero hoy, con el mismo entusiasmo del primer día hemos retomado la posibilidad de plasmar una expresión sin dudas fuerte y jugada, como todas las anteriores.

Me quiero referir especialmente al tema del delito de abuso de funciones, que se ha querido declarar inconstitucional por parte de algunos abogados que han presentado el recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

El abuso de funciones jamás puede ser inconstitucional, porque es uno de los pocos delitos que hay en el Código Penal que representan y respaldan directamente al ciudadano común.

Cuando un compatriota asume un cargo público tiene la obligación moral y ética de administrar con el mayor recelo los dineros de los uruguayos.

Pero hay algo que falla en el sistema y es que los Fiscales que representan al Ministerio público, así como los Jueces que representan al Poder Judicial, supuestamente independiente, tienen la potestad de actuar de oficio ante cualquier presunto delito que ellos tomaran conocimiento.

Como un ejemplo claro del buen funcionamiento de la actuación de oficio podemos señalar algunos actos que ocurrieron en el Estadio Centenario, ya sea en las tribunas, donde gente fue procesada con prisión y hasta se las ha prohibido participar de un evento deportivo por un año, como la ya muy conocida y comentada polémica con los jugadores de Peñarol y Nacional que se tomaron a golpes de puño.

Ahí se actuó de oficio, porque un Fiscal o un Juez lo vieron por la televisión y al tener conocimiento obligatoriamente comenzó a instruir una denuncia penal contra esos actores. Pero no vemos que se actúe de oficio ante hechos tremendamente claros y contundentes que se encuadran dentro del abuso de funciones y el tráfico de influencias.

Vamos a recordar algunos hechos puntuales que han pasado en el país y que a nuestro modesto entender son claros delitos penales que nunca fueron instruidos por la Justicia.

Cuando el hijo de Danilo Astori, llamado de igual manera que el padre, representando artísticamente al Sr. Jaime Ross, antes de iniciarse una gira a nivel nacional del fabuloso cantante uruguayo por todo el país, concurrió a las oficinas de ANTEL y de ANCAP, entablando una conversación comercial con la Ingeniera Simón, en aquel momento Presidenta de ANTEL y con el Ingeniero Daniel Martínez, que era el Presidente de ANCAP en forma separada y consiguió que ANTEL auspiciara la gira de Jaime Ross, volcando US$ 125 mil dólares para la misma. Lo mismo ocurrió con Daniel Martínez, que aportó otros US$ 125 mil dólares para la misma gira. Es decir que el hijo de Astori, cuyo padre era el Ministro de Economía en ese momento, consiguió que los compañeros de su padre le dieran US$ 250 mil dólares para un evento musical en el país.

Cómo es posible que esto haya quedado en el olvido y que nadie haya actuado de oficio para instruir y condenar ese abuso de funciones cometido por el Sr. Danilo Astori padre, que en conocimiento que su propio hijo sacaba un beneficio en dinero no impidió tal acción. Es más, nos aseguran que el dinero que fue a parar al bolsillo de Danilo Astori hijo en parte fue enviado por su propio padre desde el Ministerio de Economía, es decir desde rentas generales para que ANTEL y ANCAP pudiera hacer frente a ese compromiso.

Más allá de la falta de ética absoluta y total que tuvieron Danilo Astori padre e hijo está la parte ilícita y penal de esta citación.

Al beneficiarse el propio hijo podría caber el delito de conjunción del interés público y privado, por el cual ya varios políticos han tenido que ser procesados y hasta han cumplido prisión en una cárcel.

Sin embargo, como hay algunos políticos que están en la cuerda floja con un pedido de procesamiento por abuso de funciones, como el caso del Intendente de Colonia, el Sr. Zimmer, o los muy mentados casos de Lorenzo y Calloia, tenemos que soportar los uruguayos que mediante artilugios de abogados muy conocidos y prestigiosos se busquen alternativas de que sea inconstitucional ese delito, para lógicamente que sus clientes no puedan ser condenados.

Ahora la Suprema Corte de Justicia falló y rápidamente, cosa que me alegra mucho, diciendo que el delito de abuso de funciones es constitucional, por lo que el Juez o los Jueces de las distintas causas tienen que emitir su fallo. Ya sea estando de acuerdo con la Fiscalía y procesando a los presuntos autores de estos delitos, o no estando de acuerdo con los Fiscales y archivar dichas denuncias.

Todo esto ha generado sin dudas un hecho político porque si llega la noticia del procesamiento de Lorenzo y Calloia, seguramente sea utilizado políticamente por la oposición, es decir los candidatos Blancos y Colorados para golpear fuertemente al Partido oficialista del Frente Amplio, así como también pasará lo mismo en el Departamento de Colonia si su Intendente es procesado por un delito de abuso de funciones. Pero mientras tanto fíjense ustedes qué poco protegidos estamos los uruguayos que personas que han sido ya procesadas y han apelado a tribunales superiores que han confirmado la sentencia de procesamiento, son autorizados a volver a ser candidatos por el directorio del Partido Nacional, en el caso de Carlos Mazullo y por la convención del Partido Colorado en el caso de Carlos Signorelli, ambos ex Intendentes de Flores y de Artigas respectivamente, que en cumplimiento de su misión como Jefes Comunales cometieron fraudes reiterados que en contra de la propia administración y uno de ellos, Signorelli, estuvo preso en la cárcel Departamental varios meses.

El otro, Mazullo, fue procesado sin prisión.

Esto demuestra la lamentable situación de nuestras leyes que no se cumplen en muchos casos y en otros, a pesar de que se cumplan, el sistema político uruguayo busca los artilugios y chicanas judiciales para volver a tener a esos actores sancionados por corrupción nuevamente, con posibilidades de ser electos Intendentes de su Departamento.

 

EL BOCON

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