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El polvorín

Uruguay: Caducidad: cobra fuerza una tercera consulta popular (articulos de : La Republica, El Pais y Otro Uruguay es posible)

31 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Caducidad. Tiempo para reflexionar y estudiar aditivo propuesto por las bases

Senadores del FA se toman tiempo y modificarán el proyecto de Diputados

Los senadores frentistas avanzan por estas horas en la redacción de un aditivo a agregar en la ya aprobada ley interpretativa a la de Caducidad que fue promovido por las bases del FA. Con ese cambio se busca mitigar las opiniones interna en contra del proyecto.

Calma. "Está en juego la unidad."
Calma. "Está en juego la unidad."
Agazzi: "Comentarios poco serios."
Agazzi: "Comentarios poco serios."

El vicepresidente Danilo Astori dijo que la bancada del FA resolvió "tomarse con calma" el tratamiento de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, y "mantener una reflexión colectiva para ayudar a encontrar el mejor camino," porque "hay que tener en cuenta que está en juego la unidad".

En primer lugar, el proyecto de ley que interpreta el alcance de la Ley de Caducidad será modificado por los senadores para alejar disidencias internas en la izquierda.

Por otro lado, no será votado antes del 15 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo la primera audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ante el juicio iniciado por el caso Gelman contra el Estado uruguayo. "Nadie se va a morir si no lo aprobamos antes del 15 de noviembre", dijo el representante del MPP, el senador Ernesto Agazzi, uno de los principales articuladores en la interna frentista para que se alcance la unanimidad de opiniones en la bancada legislativa en cuanto a la ley interpretativa.

Precisamente sobre ese punto, Agazzi adelantó anoche a este diario: "No tenemos por qué votar el proyecto de la misma forma en que lo hicieron los diputados y es probable que el articulado sufra alguna modificación. Podría ser algún aditivo".

Descartó, al ser consultado, que se acompañe la propuesta lanzada en la semana por el senador de Nuevo Espacio Rafael Michelini, en el sentido de que la Cámara alta apruebe tal cual el proyecto y posteriormente sea sometido a referéndum de la ciudadanía.

"No, eso no ­dijo Agazzi­ quizá lleguemos a plasmar un aditivo en la ley interpretativa que recoge un planteamiento hecho por las bases del Frente Amplio". Dijo que ese planteo alude a la necesidad de que se contemple la opinión de la población sobre el tema derechos humanos, sin aclarar específicamente cuál sería su alcance "porque es un tema que por estos días lo estamos discutiendo con los demás compañeros", sostuvo en alusión al diálogo que se viene llevando a cabo entre los 16 restantes senadores del Frente Amplio.

El pasado fin de semana, en la ampliada mesa directiva de la Alianza Progresista convocada para fijar una posición con respecto a este mismo proyecto de ley, sus dirigentes habían adelantado que procurarían entusiasmar al resto de los sectores del Frente Amplio a que se le apliquen algunos cambios al articulado de la ley interpretativa y así posiblemente se destrabe la opinión contraria del senador Nin Novoa a votarla tal cual se aprobó en Diputados.

En el caso de que el proyecto de ley que interpreta la de Caducidad sea modificado en el Senado, la ley deberá volver a la Cámara de Diputados para nuevamente ser debatida y aprobada. Siempre en tren de hipótesis, es probable que con ese aditivo a eventualmente sumar a los actuales tres artículos del proyecto, la ley sea acompañada por otros partidos políticos representados en la Cámara baja.

 

Comentarios "poco serios"

El MPP y el Espacio 609 no han analizado aún la propuesta del senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio de llevar las declaraciones del también senador Jorge Saravia al tribunal de conducta del Frente Amplio. Saravia calificó de "burócrata" al canciller Luis Almagro y al Frente Amplio de haber dado un "golpe de Estado técnico" tras haber votado la ley interpretativa.

El motivo por el cual el MPP ni siquiera piensa evaluar la propuesta de Rubio es porque "fueron dichas ante la prensa y aún no hay nada formal dentro del Frente Amplio", dijo Agazzi.

Para este senador "últimamente se vienen diciendo muchas cosas ante la prensa y eso nos parece poco serio". Los dichos de Saravia también fueron realizados ante la prensa, destacó.

"La Republica"

Nacional

Caducidad: cobra fuerza una tercera consulta popular

Frente. Saravia se salvaría de ir a Tribunal

SEBASTIÁN CABRERA

La posibilidad de que la ley interpretativa que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad sea sometida a una consulta popular y se habilite así un nuevo referéndum, cobra fuerza en el Frente Amplio como posible salida a la crisis.

Al senador Eleuterio Fernández Huidobro -uno de los críticos con el proyecto de ley interpretativo- le "llegó" la propuesta y la ve con buenos ojos. "Toda ley que tenga relación con un asunto ya sometido a consulta popular requiere una nueva consulta popular, porque no podemos pasar por encima de la democracia directa", dijo a El País Huidobro, cuyo sector (CAP-L) analizaba anoche qué postura asumirá en el Senado cuando se vote la ley.

La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerido esta semana por el senador Rafael Michelini y el jueves de noche también fue planteado en la Agrupación de Gobierno por Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).

Allí también habló del asunto Michelini y el senador Rodolfo Nin Novoa le contestó: "Rafael, es poco creíble votar y luego llamar a la gente". Nin está de acuerdo con una consulta popular, pero cree que eso debe hacerse antes de votar el proyecto (ver aparte).

Un procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.

Vaillant dijo a El País que entiende "el planteo de los compañeros que dicen que ya se expresó la soberanía popular dos veces" y que "el pronunciamiento popular vale más que la ley". A su juicio, el mecanismo para "compatibilizar" el pronunciamiento popular con la anulación de la ley "inconstitucional" es hacer otra consulta: "Pero la única forma es que primero esa ley sea aprobada. Allí habilitamos que el pueblo se exprese. El Frente convocaría a estampar su firma, yo comprometo la mía".

Vaillant admitió que sería viable incluir un artículo que condicione la entrada en vigencia de la ley a la recolección de firmas para un referéndum o que retrase su entrada en vigencia. Uno de los senadores que impulsa la ley dijo a El País que "hay muchos dirigentes entusiasmados" porque la idea "levanta" un argumento fuerte de Nin y de Jorge Saravia.

El senador del MPP Ernesto Agazzi confirmó que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos. Nunca nos opusimos a las consultas populares, hay que ver si esa vía convence a los discrepantes". Carlos Coitiño (PVP) preguntó: "¿Se puede negar una consulta popular? Yo firmaría".

Los sectores del Frente, en tanto, descartan por el momento un tribunal de disciplina, como plantea la Vertiente Artiguista, ya que se apuesta al diálogo con los implicados.

Nin: "No hay salida sin la gente"

El senador Rodolfo Nin Novoa discutió y dio su punto de vista el jueves en la reunión de la mesa de la Agrupación de gobierno del FA, donde se acordó frenar la polémica y dialogar con los senadores involucrados.

Nin Novoa afirmó en una entrevista en Código País de canal 12 que esa reunión fue "franca" y las posiciones se dijeron "con respeto".

Nin no descarta que se vuelva a consultar a la población por "iniciativa popular", ya que "no hay salida sin la gente". Pero rechazó votar primero la ley interpretativa. Nin dijo que habla seguido con el ex presidente Tabaré Vázquez y que coinciden en el "valor de la democracia directa".

Mientras, el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo a CX 30 que si se vota la nueva ley "abogados de los represores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad" y eso "impedirá" avanzar en casos.

El País Digital

Ayer se reunió con Brovetto. Dijo que "así llegaríamos a una solución del tema conjuntamente con el pueblo"

Saravia acepta derogar la Ley y referéndum

El senador Jorge Saravia le dijo ayer al presidente del FA Jorge Brovetto que aceptaría que la Ley de Caducidad sea derogada por los 2/3 de la Asamblea General Legislativa y luego puesta a consideración en un nuevo referéndum. "Es una idea que al ´Pepe` le gusta", comentó Saravia.

Caducidad. Lo planteará a bancada del FA.
Caducidad. Lo planteará a bancada del FA.

El Frente Amplio está en punto muerto sobre la suerte futura de la ley que interpreta la de Caducidad y pocas son las cosas de las que se tiene certeza.

Por ejemplo, se sabe que el proyecto interpretativo no saldrá sancionado por el Senado tal como fue aprobado por los 50 Diputados hace pocos días atrás porque no se quiere correr el riesgo de que sea rechazado ante la inamovible intención de votarlo negativamente de, por lo menos, dos senadores: Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia. Basta con recordar que en su historia, el Frente Amplio jamás llevó un proyecto de ley al debate parlamentario si no iba a tener los suficientes votos para aprobarlo en su momento. Otra de las pocas cosas de la que se está seguro es que el proyecto con media sanción no será introducido al debate de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta ya que en esa comisión reviste el propio Nin Novoa y, como se sabe que allí también la votará en contra, se optará por no viabilizar ese trámite ya que no habría ni siquiera un informe de la ley en mayoría.En consecuencia, se sabe finalmente que el proyecto no ingresará al debate en el plenario en lo que resta de este año legislativo que, dicho sea de paso, oficialmente se cierra el próximo 15 de diciembre.

Pero en el Frente Amplio está como soldado a la autógena la necesidad de promover discusiones en procura de consensos que lleven a la unidad política y, en función de ello, no le hacen asco a la posibilidad de estudiar soluciones a sus crisis institucionales que incluso provengan desde fuera de la propia izquierda. Y, por estas horas, eso es lo que está tomando cuerpo. Ayer sábado hubo una reunión en la sede central de la izquierda entre el senador Jorge Saravia y el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto. Por más de hora y media ambos dirigentes evaluaron los hechos políticos que giran en torno al debate de la ley interpretativa de la de Caducidad y que por lo menos al senador lo tuvo y lo tiene como protagonista debido a su decisión de no votarla tal y como fue aprobada por los Diputados. Saravia dijo ayer a este diario luego de la reunión con Brovetto que para él "la solución para dejar sin efecto la Ley de Caducidad sería apelar a una propuesta hecha por el Partido Independiente y que sé que al "Pepe" Mujica le pareció bien". Este sector abraza uno de los pocos caminos legislativos que existen y que no dan lugar a objeciones de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. "La idea sería derogar la Ley de Caducidad con los 2/3 de los votos de la Asamblea General Legislativa y en un plazo de un año, poner a consideración de la ciudadanía esta decisión parlamentaria mediante un referéndum", relató Saravia que se afilia enteramente a esta posibilidad "porque así llegaríamos a una solución del tema conjuntamente con el pueblo". Saravia desechó otro camino posible y adelantó que lo propondrá el próximo miércoles en la reunión extraordinaria de la bancada de senadores del Frente Amplio.

El legislador repite insistentemente que "cualquier norma legal que el pueblo no la defina, viola la Constitución" y advierte que "ni voto la ley interpretativa y ni siquiera analizo lo propuesto por (el senador Rafael) Michelini de sancionarla y luego plebiscitarla. Eso es nada". Saravia acotó además que espera que esta iniciativa la acompañen sectores de la oposición.

La Republica

Nacional

Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa

La discusión del pasado. Constitucionalistas cuestionan el proyecto interpretativo del Frente Amplio Abogados consideran que se reabrirán casos y presentarán nuevas denuncias | w Sanguinetti y Batlle dicen que el tema está laudado | w Coalición sigue sin contar con los votos en Senado


E. DELGADO / P. MELÉNDEZ

Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.

El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas". Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.

Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.

Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.

Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.

Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".

Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.

Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".

Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.

Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.

Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.

Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.

A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".

El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

"Atentado contra la institucionalidad"

Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.

"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.

Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.

A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:

Un alerta a la conciencia ciudadana

"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.

En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.

En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.

Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.

Julio María Sanguinetti

Jorge Batlle

Montevideo, 27 de octubre de 2010".

División en el FA y posible consulta

Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.

Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular". De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.

Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.

Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.

La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).

El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.

El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".

El País Digital

De "Otro Uruguay es posible"

jueves 28 de octubre de 2010

Uruguay urgente, ¿Ruidos de botas?: La izquierda una izquierda uruguaya a la interperie

En momentos en que el Parlamento uruguayo se dispone a dejar sin efecto la oprobiosa Ley de Caducidad de la Intención Punitiva del Estado, más conocida como ley de Impunidad, el Jefe del Ejército, General Jorge Washington Rosales, en el enésimo acto de insubordinación cometido por algún integrante de las Fuerzas Armadas Uruguayas desde el ascenso al gobierno de la Coalición de Izquierdas Frente Amplio, manifestó su contrariedad respecto al proyecto de ley en estudio.


Pero no ha sido solamente eso. Dicho general manifestó su total respaldo al General Jefe del Ejército IV, Miguel Dalmao, que espera (una vacilante decisión del gobierno) para ser juzgado por la justicia, acusado del asesinato en la tortura de la joven militante comunista Nibia Sabalzagaray en 1974.

La mesa política del FA reprobó totalmente las manifestaciones del militar por violar el Artículo 77 de la constitución, el cual dice que los militares tienen expresamente prohibida toda manifestación de carácter político, salvo el voto.

Una de las mayores incógnitas que tenía el pueblo uruguayo en vísperas del ascenso al gobierno de la coalición de Izquierdas, en marzo del 2005, era respecto a qué actitud tomarían los líderes de la coalición respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso porque muchos de los integrantes de las distintas agrupaciones políticas que conforman la coalición, habían sido perseguidos ferozmente por los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas (1968 - 1984). Muchos de los que al final, accedieron al gobierno, fueron antes encarcelados sufriendo largas condenas de cárcel, para no hablar de los “apremios físicos” a los que fueron sometidos, o sea diversas formas de tortura. Para muchos la incógnita se sintetizaba en aquella máxima de la filosofía popular: “Toda carta tiene contra, –lo dice un tango- y toda contra se da”.

A pocos días de iniciado el período de gobierno, el 14 de abril del 2005, se produjo la primera "pulseada" entre gobierno y militares, cuando se realizó, por parte de dirigentes políticos de derecha y jerarcas militares y policiales, el "acto de homenaje a los caidos en defensa de las instituciones", aludiendo con ello, a policías y militares abatidos por los grupos revolucionarios.

La entonces ministra de Defensa Azucena Berruti, anunció el día anterior que el acto no se llevaría a cabo, por lo cual seguramente la mayoría de la población uruguaya se sintió complacida pero, sí se realizó el acto: dentro de las instituciones militares. O sea, se desoyó el mandato político. El gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez hizo "mutis por el foro".

Desde al 2005 hasta ahora, han habido muchos actos de insubordinacion, entre ellos las manifestaciones de Rosales comprometiendo al gobierno uruguayo al manifestarse a principios de mayo del 2008 respecto a la justicia chilena. Rosales se encontraba en Chile de visita a militares uruguayos juzgados por su participación en el asesinato en Uruguay del Ing. Químico Eugenio Berríos, ex- agente de Pinochet, asesinato gestionado personalmente por Pinochet que viajó a los efectos a Montevideo, en momentos en que la presidencia de Uruguay era ejercida por el lider del partido Blanco (de extrema derecha) Luis Alberto Lacalle.

Rosales que bregaba por un pronto retorno a Uruguay de los militares juzgados en Chile, manifestó estar "preocupado" y con "incertidumbre por el futuro de los coroneles Tomás Casella, retirado y Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, en actividad.

El jefe del Ejército manifestó entonces que evaluaba a la Justicia chilena como "tardía", "lenta" y de "falta de confianza". Llamado el ministro de Defensa de Uruguay José Bayardi al Parlamento para dar explicaciones, restó simplemente importancia al hecho.

Antes, el día 14 de Septiembre del 2006, el diario matutino La República titulaba en tapa: “De espaldas a la democracia: los 3 comandantes homenajearon al terrorista que se quitó la vida”.

Luego de que varios de los más connotados criminales, responsables de una larga lista de crímenes realizados en los tiempos de la dictadura cívico-militar fueran encarcelados, dichos tres comandantes, Tte.Gral. Carlos Díaz, Tte.Gral. aviador Enrique Bonelli y el Contralmirante Oscar Debali, participaron el 13 de septiembre del 2006, de un acto de homenaje a uno de ellos, Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó (?) en momentos en que era arrestado.
El acto se celebró en la Sede del Centro Militar.

El orador del acto fue el Cnel. Carlos Rivarola que señaló que “el mejor homenaje que podemos tributarle al Cnel. Rodríguez Buratti es aportar nuestra mayor contribución para fortalecer la siempre vigente unidad de la familia militar”.

A ningún integrante del gobierno el hecho parece haberle llamado la atención. Más allá de la muestra de unidad y de fuerza mostrada por las Fuerzas Armadas fue indudablemente un acto de desconocimiento del veredicto de la justicia y seguramente podría haberse tipificado como “apología del delito”. Los tres comandantes, profusamente fotografiados en dicho acto, deberían haber sido retirados de sus cargos de inmediato. El gobierno se limitó a callar. Y con su silencio, legitimó el juicio positivo de los tres comandantes en Jefe de las FFAA hacia un grupo de criminales frente a las tropas, el país y el mundo.

Hace tiempo ya que no caben dudas acerca de la inclinación golpista de gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas Uruguayas, inclinación corroborada en cada oportunidad que se les ha presentado. En principio se entendió naturalmente que esa postura, era sustentada además por los políticos que estuvieron detrás del golpe, en particular, la dirigencia del partido Colorado (como el ex presidente Julio María Sanguinetti), de larga tradición golpista.

Nadie podía pensar que el Dr. Tabaré Vázquez, primer presidente uruguayo integrante de la coalición de izquierdas FA, tuviera algo que ver con ello pero, hay hechos que son, sino imposible, muy difíciles de explicar. El general Miguel Dalmao, defendido ferbientemente por el Jefe del Ejército Rosales, que espera para ser juzgado por crímenes cometidos en tiempos de la dictadura, fue ascendido a general en el año 2005 por Tabaré Vázquez, a pesar de las denuncias ya existentes contra él, de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas.

En momentos en que Vázquez asumió a la presidencia (marzo de 2005), el jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, era el General Aviador Enrique Bonelli. El mismo Bonelli le manifestó a Vázquez su participación como co-piloto en el llamado "Segundo vuelo", vuelo realizado por la FAU en 1976 para trasladar detenidos uruguayos desde Argentina para ser luego desaparecidos. El jefe de la fuerza Aérea Uruguaya ostentó el récord de ser co-autor de la desaparición de más de una veintena de presos políticos. Lo más lógico hubiera sido que, por parte del propio Bonelli o por parte de Vázquez el militar hubiera sido removido. Vázquez mantuvo a Bonelli en el cargo.

Pero al final, parece que los ruidos de botas que escuchó todo el mundo, se apagaron por los pasillos de la Casa de Gobierno a la hora del café. Concluido el consejo de Ministros en el cual participó el presidente José Mujica, para disipar dudas (y plantear oscuras interrogantes), el Jefe del Ejército Jorge Washington Rosales (con cincuenta estrellas en las charreteras), será "amonestado", lo cual quedará estampado en su legajo. La izquierda, la vieja y sacrificada izquierda que existe y lucha en el Uruguay, cada vez más a la intemperie.

Argenpress

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Néstor 11/02/2010 01:04



Este es un gobierno de izquierda?..NO..., esta es una "democracia tutelada"?...SI... estos son políticos serios que se juegan por su pueblo?...NO.... hay que poner lo que hay que poner
arriba de la mesa, porque los gobiernos mas allá de todas las virtudes que puedan tener (que este tiene muy pocas) debe ser valientes y decididos y aguantar lo que venga, ejemplo: Rosales realizó
manifestaciones de tenor político y eso está prohibido en la constituciön, entonces como es posible que el ejecutivo le aplique una " sanción leve" (no sea que se nos enoje Rosales), allí lo que
correspondía era directamente la sustitución de Rosales, eso es aplicar con valentía lo que la constitución indica....lo demás es pura paja y nos muestra que estamos ante una DEMOCRACIA TUTELADA.


Y POR OTRO LADO SIGUE TAN VIGENTE LA LEY DE LA PRETENSION PUNITIVA DEL ESTADO.....PARA VERGÜENZA DE TODOS LOS URUGUAYOS CON DIGNIDAD.        Qué manera de
"cantinflear" tienen estos seudo izquierdosos, me dan asco..