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El polvorín

Uruguay: Caducidad: la crisis excede al Senado Buscarán salida en Frente Amplio y no solo en bancada

6 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Caducidad: la crisis excede al Senado

Buscarán salida en Frente Amplio y no solo en bancada


La crisis provocada por la negativa de varios senadores a votar el proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad deberá ser resuelta por el Frente Amplio (FA) y no por la bancada de senadores, dijeron ayer varios legisladores oficialistas.

La bancada tratará el te-ma el lunes, pero la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que la resolución "es resorte de la fuerza política", donde se negoció el proyecto de ley. Xavier criticó a los senadores que dieron su negativa "después que una comisión del FA encontró una formulación jurídica que representaba el más amplio consenso y luego que se votó en la Cámara de Diputados".

El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) dijo que los senadores disidentes deberían argumentar ante los organismos del FA y no hacer declaraciones públicas, y el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo que "está en juego si se acata lo que el FA decide". En tanto, el Partido Socialista resolvió ayer "seguir impulsando" el proyecto interpretativo y que en todo caso los senadores disidentes "deberán presentar argumentos fuertes ante el FA". El presidente José Mujica reiteró que "decidirá la fuerza política".

El País Digital

Nacional

Caducidad: el Frente actuó con ingenuidad, dijo Mujica

Proyecto. Bancada maneja fórmulas con consulta popular


E. DELGADO / S. CABRERA

El presidente Mujica dijo a sus ministros que hubo ingenuidad y se subestimaron dificultades al manejar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. Los senadores dejan en suspenso la reunión de bancada y buscan salida con consulta popular.

"Hay que concentrarse en gobernar", pidió el presidente José Mujica a sus ministros ayer lunes. Y les dijo que no hablen sobre el proyecto interpretativo que deja sin efecto tres artículos de la ley de Caducidad: consideró que es tema de la fuerza política, es decir del Frente Amplio (FA). Ante los problemas internos y las primeras señales de que el planteo es mal visto por parte de la población, Mujica ratificó que toma distancia del proyecto, aunque desde el comienzo quien lo impulsó y negocio con el FA fue su canciller Luis Almagro.

El mandatario admitió que se subestimaron las dificultades que se podrían encontrar en la interna partidaria, informaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo. Mujica hizo hincapié en que la tarea del gobierno es gobernar, y por ello instó a los secretarios de Estado a volver a priorizar el discurso en la equidad y la indigencia como punto de referencia, y dejar de lado un tema como el de la ley de Caducidad, que es de la fuerza política, agregaron las fuentes.

Mujica también se mostró contrario a aplicar sanciones disciplinarias a los legisladores del FA que no acompañen el proyecto: dijo que no es momento de hablar de ello y que los problemas políticos no se arreglan con sanciones.

En el gabinete, el vicepresidente Danilo Astori informó sobre el encuentro de la Mesa de la Agrupación de Gobierno del FA: aseguró que allí tampoco se habló de sanciones y se decidió tomar los tiempos necesarios para definir los pasos a dar.

¿FIN?. "El proyecto caducó", dijo a los periodistas el senador de Asamblea Uruguay Carlos Baráibar, en referencia a los problemas por el voto en contra de Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Jorge Saravia (Espacio 609), a lo que se suma que la CAP-L no apoya el proyecto, pero sí una salida que incluya la consulta popular.

"Pensamos en una solución que elimine los efectos de la ley de Caducidad, pero que no pueda ser cuestionada por el Poder Judicial. Y en segundo lugar que esta solución sea avalado por el soberano", dijo ayer el diputado Carlos Gamou en una entrevista en El Espectador.

Más claro fue Saravia: "Enterramos el proyecto con el Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro)", dijo a El País el senador frenteamplista, que siguió con su "raid" mediático y grabó el programa Esta boca es mía de canal 12, donde compartió panel con Macarena Gelman. Saravia se cruzó en el Palacio con el ex senador blanco Julio Lara, quien bromeó: "¿Cuándo armamos un movimiento juntos?".

En el Parlamento nadie duda que será muy difícil que el tema sea resuelto este año. Y, como muestra de ello, la reunión que la bancada de senadores del FA pensaba realizar mañana de tarde para definir el camino a seguir en el tema de la ley de Caducidad quedó en suspenso: en principio no se realizará y, si se concreta, no tendrá un carácter definitorio. De hecho, Nin -uno de los implicados- está de viaje y recién vuelve la próxima semana.

El coordinador de bancada, Alberto Couriel, indicó que se apuntará "al diálogo" por fuera de las instancias formales. Y el senador socialista Daniel Martínez explicó que la idea es realizar "instancias de acercamiento" entre los senadores involucrados. Por ejemplo, Martínez le pidió a Saravia que "por favor" cambie el tono duro de sus declaraciones públicas, que llevaron a que la Vertiente Artiguista planteara llevarlo al Tribunal de Conducta Política del Frente, lo que fue desestimado.

Saravia admitió que está dispuesto a "explorar" el camino del plebiscito o referéndum, pero alertó: "La sociedad ya laudó y el Frente pierde por paliza si convoca a un plebiscito". Hoy está claro que, si hay una propuesta de consenso, incluirá la consulta a la población.

El senador Enrique Rubio dijo ayer que "se buscan caminos para lograr un acuerdo, incluso más allá del Frente, para extirpar una ley inconstitucional", en una solución con "pronunciamiento legislativo y también ciudadano".

Se manejan varias fórmulas. Una de ellas (hoy poco viable) es votar el proyecto interpretativo y que luego haya un recurso de impugnación para el referéndum. Una segunda opción es el pronunciamiento por iniciativa popular para derogar la ley de Caducidad: se requiere el apoyo del 25% del padrón electoral para enviar una ley al Parlamento y someterla a referéndum. Un camino más lento sería insistir con la enmienda constitucional, pero en ese caso el plebiscito recién se realizaría junto a la elección nacional.

La oposición se alínea detrás de la advertencia de los ex presidentes

Caducidad. Advierten el peligro de desconocer la soberanía popular


RAÚL MERNIES

La carta que firmaron en conjunto los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, en rechazo al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, concitó reacciones en un amplio sector de la clase política que pide respetar la voluntad popular.

Varias voces se sumaron a la "alerta a la conciencia cívica" que lanzaron los ex presidentes colorados Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, y que se recoge en un documento publicado el domingo en El País.

El actual líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó que le parece "muy bueno" que dos ex presidentes hagan "un llamado a la cordura del actual presidente (José) Mujica, que es el que está atrás de este proyecto de ley".

El conductor de Vamos Uruguay agregó que los dos autores de la mencionada carta "no son cualquiera, ya que Dr. Sanguinetti, cuando el Partido Colorado perdió en el 1989 entregó el gobierno al Partido Nacional respetando lo que la gente decidió". En el mismo sentido se refirió a Batlle: "cuando perdimos la elección en 2004, le entregó el gobierno al Frente, respetando la voluntad popular", dijo.

"Esto es un contraste con lo que está exhibiendo el señor Mujica, que a pocos meses de instalarse en el gobierno no quiere respetar la voluntad popular (en referencia al plesbiscito para anular la ley de Caducidad, que fue derrotado en las urnas). Es preocupante esa actitud porque Mujica va a tener que entregar el gobierno también; ¿no lo va a respetar tampoco?", se cuestionó.

En la carta que hicieron pública Sanguinetti y Batlle califican la iniciativa de la izquierda como un "atentado a la institucionalidad" y un "agravio a la ciudadanía", cuyo pronunciamiento se pretende desconocer "por un tortuoso método".

CAPRICHO Y BURLA. En ese mismo sentido abundó ayer el ex presidente y actual senador nacionalista Luis Alberto Lacalle, para quien el tema ya fue laudado. El ex mandatario dijo que el Partido Nacional "no irá contra la soberanía y el voto popular".

"La ley ha sido defendida por la gente en las urnas", subrayó Lacalle, que consideró que el Frente Amplio está embarcado en "un capricho".

"Con este mecanismo (el de eliminar los efectos jurídicos de la norma) la ley de Caducidad va a seguir existiendo. ¿Por qué no la derogan entonces que para eso tienen mayoría en el Parlamento?", preguntó el ex presidente. "No derogan la ley porque no quieren, y no han logrado el apoyo popular porque no pueden", sostuvo Lacalle.

Por su parte, el senador Jorge Larrañaga sostuvo que el tema "no da para más".

"El Frente Amplio debe dejarse de embromar, por favor", expresó con ánimo.

Larrañaga también dijo que la presentación de este proyecto es "una burla al pronunciamiento popular", y complementó la idea afirmando que "burlarse de la voluntad popular es también intentar convocar un tercer plebiscito" sobre la misma ley.

El senador de Alianza Nacional entiende que "la gente quiere respuestas en materia de seguridad, y los legisladores del oficialismo salen con intentos de esta naturaleza, que no corresponden", dijo.

LEGÍTIMO. En filas del Frente Amplio no hubo reacciones públicas entre los principales dirigentes, a excepción del senador Rafael Michelini, quien entendió que la carta de Batlle y Sanguinetti es "una opinión más".

A juicio de Michelini, "nadie puede desconocer que si se consagra esta ley sería un acto absolutamente legítimo".

Para el senador del Frente Líber Seregni, "el atentado a la justicia lo procesó el Parlamento en 1986 cuando le quitó a las víctimas y a la ciudadanía toda, la posibilidad de comparecer ante los tribunales para exigir que se haga justicia".

Agregó que "no se puede invocar la voluntad del pueblo en un momento específico, porque los hombres luchamos por ideales. Si el resultado del plebiscito del `80 hubiera sido a favor de la dictadura, ¿no hubiéramos seguido luchando una y otra vez para que volviera la democracia?", se preguntó.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró por su parte que el proyecto interpretativo impulsado por el Frente Amplio es "flagrantemente inconstitucional, y al mismo tiempo no respeta la voluntad popular. En ese sentido, las afirmaciones de la carta son compartibles", expresó.

Precisó sin embargo que "durante las presidencias de Sanguinetti y Batlle la interpretación que se hizo de la ley fue excesivamente restrictiva. Se aplicó con un criterio que no recogía la propia ley".

Frente a los argumentos políticos, varios cuestionamientos se han hecho al proyecto desde el punto de vista legal. Diversos constitucionalistas sostienen que el proyecto vulnera principios básicos de la seguridad jurídica.

Reacciones a favor y en contra

"¿Por qué no derogan la ley si tienen la mayoría? El tema ya está laudado. No derogan la ley porque no quieren y no logran el apoyo popular porque no pueden ".

Luis Alberto Lacalle

"Mujica está detrás de todo esto. No quiere respetar las urnas y es preocupante, porque él también tiene que entregar un gobierno; ¿no lo va a respetar?.

Pedro Bordaberry

"Es sólo una opinión más. Nadie puede desconocer que si se consagra esta ley ahora en la Cámara de Senadores, sería algo absolutamente legítimo".

Rafael Michelini

La Corte de la OEA "no puede pasar por encima de la soberanía y la Constitución"

La OEA, en cuya Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dirime la demanda de Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, "no tiene fuerza política" para imponer una condena a Uruguay, a juicio del ex presidente Jorge Batlle y otros expertos consultados sobre el tema.

La demanda de Gelman, en la que se solicita a la Corte que ordene a Uruguay "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para que quede sin efecto la Ley de Caducidad", podría resolverse con un pronunciamiento favorable, pero la Constitución uruguaya no admite que los convenios internacionales estén por encima de la soberanía nacional, que se expresa a través el cuerpo electoral.

La CIDH ha dictado, en varias oportunidades, sentencias condenatorias contra estados parte. El pasado 24 de agosto, por ejemplo, dictó una tercera sentencia condenatoria contra Paraguay por la violación de los derechos de la comunidad indígena Xákmok Kásek. Dos pronunciamientos similares, en 2005 y 2006, no habían sido cumplidos por el gobierno guaraní. Uruguay, de hecho, "ya tuvo un fallo adverso hace 20 años", aseguró el ex presidente Julio María Sanguinetti. "Por supuesto, pasó desapercibido, no pasó nada, como todo lo que ocurre en esa Corte".

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Abreu entiende que en la iniciativa del Frente Amplio de supeditar la anulación de la ley de Caducidad al influjo de esa demanda, subyace la idea de que la soberanía nacional debe resignarse en virtud de lo que determinen las convenciones internacionales, lo que violenta la Constitución, "que no admite ese precepto".

De hecho, el Pacto de San José de Costa Rica, una de las bases del sistema interamericano, suscrito por Uruguay, y en el que se establece que "la vida comienza a partir de la concepción", podría esgrimirse contra una eventual ley sobre el aborto.

Para Abreu, el orden jurídico de nuestro país tiene tres rangos esenciales: primero, la soberanía popular ("Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana", decía Artigas); segundo, la Constitución; tercero la Ley.

En la CIDH también se dirime una demanda de los ahorristas del Banco de Montevideo contra el Estado uruguayo.

El País Digital

Declaran inconstitucional ley que impedía investigar crímenes de dictadura uruguaya
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para procesos incluidos en la causa del ex dictador Juan María Bordaberry, condenado a 30 años de cárcel.
Prensa Latina / Librered | Para Kaos en la Red | Hoy a las 1:49 |

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya declaró  este lunes  inconstitucional la Ley de Caducidad para una veintena de procesos incluidos en la causa del ex dictador Juan María Bordaberry, condenado a 30 años de cárcel.

Mediante un comunicado, la SCJ informó que los sumarios están en manos de la fiscal Ana María Tellechea y de la jueza Mariana Motta, y corresponden a asesinatos denunciados en el expediente “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian”.

El vocero del ente, Raúl Oxandabarat, explicó que la declaración de ilegal permite investigar sin las trabas que establece la propia norma, y de este modo se podrán juzgar estos casos sin protección alguna para quienes participaron en los hechos.

Este es el segundo pronunciamiento de la SCJ contra la citada normativa. El anterior fue en octubre de 2009.

Tras la caída de la dictadura el 22 de diciembre de 1986, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio.

La legislación impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985.

Prensa Latina


miércoles 3 de noviembre de 2010

Uruguay: Sabores y sinsabores del debate parlamentario sobre la ley de caducidad.

Entre la convicción y la responsabilidad.
En un clásico del siglo XX Max Webber señalaba el ineludible dilema del político en el momento de la toma de decisión que tiene que dirimir su postura entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.



La ética de la convicción, prioriza los valores y principios que mueven a cada individuo o a cada colectividad política y la ética de la responsabilidad privilegia los efectos de esa decisión, tanto en el corto como en el largo plazo. Aún a costa de los principios.

Weber aplica estas categorías a toda decisión política, ya sea del político profesional, (en este caso los parlamentarios ) como los políticos “ocasionales”. Todos los ciudadanos y ciudadanas somos en diversos momentos políticos ocasionales, ya sea en ejercicio de la democracia representativa (cuando votamos gobierno y parlamento) como cuando se ejerce la democracia directa en cualquiera de sus formas.


Tengo que confesar que nunca como en este momento viví de forma tan contundente la tensión que encierra esa máxima weberiana, y que tantas veces he analizado en el aula universitaria. De allí los sabores y sinsabores de la función parlamentaria: la ineludible responsabilidad de tomar una decisión que nunca encierra toda la complejidad de la realidad ni toda la abarcabilidad de la dimensión ética.

El dilema del político no es dirimir entre algo bueno y algo malo, (eso sería sencillo), sino entre dos valores. Allí está la prueba.

El debate de estos días sobre el presupuesto nacional primero y sobre la interpretación de la ley de caducidad después han mostrado esta complejidad. Sobre el presupuesto dedicaré otro espacio; hablemos ahora de los dilemas en torno a la postura de los parlamentarios y parlamentarias en relación a la ley de caducidad.


En el centro del debate sobre la interpretación de la ley se ponen en juego valores personales, valores expresados a través de compromisos constitutivos de cada fuerza política y valores universales.

Quiero recordar acá las palabras de la compañera socialista Daisy Tourné en Cámara cuando señaló que “…para los delitos habrá prescripciones, pero para la sed de justicia, no hay prescripción”. Señala también que es obvio que los contextos inciden y los procesos se dan en forma dinámica; si bien todos hemos cambiado con los años “…hay principios que mantenemos en alto: … que en este país se ejerza la Justicia es uno de los principios que mantenemos. Queremos devolver la potestad al Poder Judicial para que aplique la Justicia” Sin tener que pasar por la decisión o autorización del Poder Ejecutivo, agrego yo…

En relación a los valores personales – el plano de la convicción -, no tenemos dudas de que todos y cada uno de los parlamentarios compartimos aquellos elementales: la defensa de los derechos humanos; la justicia como principio y la igualdad entre las personas en el ejercicio democrático de esos derechos. (No voy a dudar acá de la vocación democrática de algunos, aunque hace muchos años hayan mirado para el costado …)

Sin embargo, las diferencias aparecen en el plano de la “responsabilidad”; es decir, en los medios o las herramientas acerca de cómo garantizamos efectivamente la vigencia y ejercicio de esos principios y valores

Se ha argumentado que el pronunciamiento ciudadano está por encima de cualquier gestión que nosotros, parlamentarios electos, podamos impulsar en el contexto actual.


Algunos se sienten mejores interpretes del pueblo que otros y prefieren renunciar a buscar alternativas para la vigencia plena de esos derechos. No dudo tampoco de su buena intención, pero me suena a un segundo renunciamiento…. De 1989 al 2010 tantas cosas han pasado…, entre otras, dos interpretaciones distintas de la propia Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.

El vicepresidente de la República Cr. Danilo Astori señala adecuadamente que esta iniciativa de interpretación de la ley de caducidad es técnicamente diferente a los dos pronunciamientos populares; uno para derogar la ley y otro para anularla. Daisy coincide en que si bien aceptamos esos pronunciamientos populares, como legisladores no tenemos restringido el derecho a proponer una nueva solución.

Se ha contra-argumentado, incluso desde algunos legisladores de izquierda, que frente a nuestra propia convicción hay que privilegiar – con base en la responsabilidad -, el respeto al pronunciamiento popular en las consultas anteriores. Y por eso votarían en contra…


Esta actitud, en mi opinión, interpreta desde la óptica individual el respeto al pronunciamiento popular como superior al “valor universal” de la justicia y la verdad.


¿ Qué es más responsable: buscar devolverle al Poder Judicial su independencia del Poder Ejecutivo reafirmando los valores democráticos o interpretar esta iniciativa como contradictoria con la expresión popular del plebiscito y del referendum?
¿Quién puede interpretar que la ciudadanía no quiere justicia?

La propia Suprema Corte de Justicia interpretó en forma diferente en dos momentos distintos la inconstitucionalidad de la ley. La primera opción de declararla constitucional, ¿invalida la decisión tomada por la SCdeJ cuatro días antes del plebiscito del 2010 cuando la declara inconstitucional? Si en coyunturas diferentes la propia Suprema Corte varía de interpretación, ¿no es legítimo hacerlo desde los representantes democráticamente electos buscando otros instrumentos?


Daisy señala “… para mí sí importan los pronunciamientos populares, y los acaté, pero también sé que no tengo restringido el derecho, como legisladora o como fuerza política, a proponer una nueva solución, porque así me comprometí, porque cuando acepté que no habíamos logrado el 50% más uno, en el mismo momento, el Frente Amplio y particularmente nosotros, los socialistas, nos comprometimos ante ese 47,98% a seguir adelante con nuestra lucha en la búsqueda de la justicia y de la verdad”.

Más aún; desde el punto de vista de la ciencia política el simple hecho de la “renuncia” a la pretensión punitiva del estado es la renuncia a la soberanía en tanto se reconoce un poder por encima del poder del estado. Esto fue justificado en su momento, apoyándose explícitamente en estas categorías de Weber, tanto por Enrique Tarigo como por Gonzalo Aguirre.

Cambian los contextos al punto de cambiar la interpretación del máximo órgano de justicia; estamos expresando un valor, la justicia, en detrimento de otro, la “estabilidad”. Los propios dichos de Rosales (jerarca militar en actividad) intervienen convocando esos viejos fantasmas…

Será que lo que sí ha cambiado para la Suprema Corte de Justicia no ha cambiado para los parlamentarios?

Será que un tecnicismo, que no consideramos liviano por supuesto, nos inhibe de ejercer responsablemente nuestro deber de superar lo particular para velar por un valor universal?


Será que el Poder Ejecutivo, 25 años después de la restauración democrática, debe seguir decidiendo en nombre de la justicia qué es de su competencia y qué no puede ser sometido a ella?

Será que nosotros, legisladores, podemos cuestionar nuestra legitimidad para brindar autonomía al poder judicial y no nos tiembla la mano para seguir confiando al poder ejecutivo – todos, el de turno y el que venga -, ese suprapoder?

Sin entrar en polémicas con nuestros propios compañeros, ¿será que los protagonismos individuales (o individualistas) encubran la histórica tradición del Frente Amplio, que ha dejado vidas y almas en esta lucha por la verdad y la justicia?

Diputada María Elena Laurnaga

publicado por "Otro Uruguay es posible"





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