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El polvorín

Uruguay: Carta desde Cerro Chato

21 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

¿Cómo armonizamos el discurso políticamente correcto de la producción responsable, el cuidado de la tierra y la ley de suelos, la preservación del medio ambiente, el país agrointeligente y el Uruguay Natural, con una actividad minera a cielo abierto diseminada en una superficie de más de 100.000 hectáreas, con niveles no estudiados de incidencia ambiental y productiva sobre el mismo suelo?

Quiénes somos y dónde vivimos

Un grupo de más de 300 productores rurales de los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Cerro Largo, afincados en la zona de influencia de la proyectada explotación de hierro.

Más de 300 firmas, con los respectivos números de Dicose, avalaron el documento denominado “Nuestra preocupación” con que dimos a conocer en enero de este año a la sociedad y a las autoridades nuestra inquietud ante la situación generada.

Vivimos en una zona netamente ganadera, quizá atípica en el Uruguay, tanto por la extensión de los predios –que son de medianos a chicos-, como por la radicación de los productores en los mismos y también y principalmente por el alto número de productores familiares que registra.

Resumiendo: somos un grupo humano vinculado largamente a la tierra por elección de vida, depositarios de un saber y una cultura de trabajo y permanencia, que ha sobrevivido en base a esos valores los avatares sanitarios y económicos de los últimos años.

Minería y conflictividad

En esta región, con sede en Valentines y Cerro Chato, se ha instalado una empresa minera de capitales extranjeros, que ha adquirido los derechos de estudio de nuestro subsuelo con miras a efectuar una explotación minera de hierro a cielo abierto.

Su actuación ha generado preocupación y conflictividad creciente con los productores de la zona.

El proceso desarrollado hasta el momento es el siguiente: hace dos años se iniciaron los estudios de prospección y exploración en el departamento de Florida, mediante acuerdos amistosos con los productores.

Estos trabajos se desarrollan en jornadas de 24 horas –inclusive por la noche utilizando reflectores y generadores que iluminan el lugar como si fuera de día- hecho que determina una constante circulación de personas y vehículos en los predios.


Las perforadoras de 30 toneladas afirmadas en plataformas de aproximadamente 100 metros cuadrados, construidas a nivel para su instalación, los pozos cercanos para el recambio de agua y 25 o 30 camionetas circulando indiscriminadamente por todo el predio aún en tiempo lluvioso, determinaron graves daños en los suelos y el consiguiente perjuicio a la producción. Estos daños y perjuicios cuya reparación se reclamó inicialmente sin éxito, deterioraron las relaciones de los productores con la empresa minera, llegando incluso a los estrados judiciales reclamos de los damnificados.

Estos antecedentes de público conocimiento a nivel regional determinaron que, en enero de este año 2010, cuando intentan iniciar las prospecciones en el departamento de Treinta y Tres, los productores se opusieron exigiendo a la empresa el cumplimiento de todos los recaudos legales que habilitan su ingreso al predio para los procesos de prospección y exploración.

Surge además entre los productores, como un imperativo ineludible, el reclamo de la presencia del Estado como garante del cumplimiento de la ley.

Para ilustrar el nivel de conflictividad a que ha llegado la situación citamos estos hechos:

A) En el mes de junio frente a una solicitud de 4.075 hectáreas en el departamento de Treinta y Tres, que afecta a 30 productores, se presentaron ante Dinamige 29 recursos solicitando la revisión de ese otorgamiento.
B) Durante los meses de julio y agosto en el departamento de Florida, un alto porcentaje de productores que ya tenían acuerdos de exploración sobre parte de sus predios recurrieron la denuncia del resto de los mismos.
C) También en el departamento de Durazno un número significativo de productores ha recurrido los permisos de prospección. Decisión ésta tomada a pesar de la sorprendente presencia de la Asesoría Jurídica de Dinamige, acompañada de la Minera, sugiriendo la no presentación de recursos. Actualmente se encuentran en trámite no menos de 60 recursos.
D) Ante el Juzgado Letrado de Florida se tramita un juicio por daños y perjuicios por una pequeña productora de 47 hectáreas que vio su predio destrozado por la actividad minera de exploración.
E) En el mes de agosto, en campos vecinos al Grupo Uría, mueren alrededor de 20 vacunos intoxicados con polímeros (material usado por la Minera en las perforaciones).

Hay denuncias policiales y peritajes veterinarios al respecto.

Resumiendo: hay una clara situación de conflictividad, avalada por hechos objetivos y comprobables como los que acabamos de relacionar.

La ley es una garantía y no un comodín

La superficie denunciada en la que se aspira a llevar a cabo la actividad minera es del orden de las 130.000 hectáreas. Es una extensión de rico y variado potencial productivo, desde áreas importantes de aptitud agrícola o forestal hasta otras de excelente condición pastoril.

Seguramente por esta realidad productiva, propia de nuestro territorio, el Código de Minería establece como excepciones a la actividad minera que el suelo tenga utilización forestal o agrícola y la doctrina mayoritaria, con el Dr. Alfredo Caputo al frente, maneja un concepto amplio de utilización con destino agrícola en el que incluye el concepto de “terreno cultivado” como sinónimo de trabajado agrariamente.

Esta posición recoge un dato elocuente de la realidad: la importancia que da el sector agropecuario al uso racional de las pasturas naturales, que con un manejo adecuado resultan una forma eficiente, natural y sostenible de producción. Es notoria la investigación al respecto del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas).

Sobre este extenso territorio –hoy amenazado- se construyen y desarrollan los proyectos vitales y productivos de sus habitantes. Todo proyecto implica previsiones funcionales productivas y de la más diversa índole. Estas indispensables previsiones son incompatibles con la actividad minera efectuada con el enfoque que lleva a cabo este emprendimiento.

Vamos a analizar seguidamente las diversas consecuencias de una denuncia minera.

a)     Limitaciones claras al derecho de propiedad. El derecho de prospección se ejerce a través de la servidumbre de estudio y el de exploración a través de las servidumbres de ocupación y paso. A partir del momento en que se constituyen estos gravámenes, el predio sufre una serie de limitaciones jurídicas: no puede ser objeto de arrendamientos forestales –es criterio unánime de las forestadoras no contratar sobre predios denunciados-; los Bancos estudian caso a caso la constitución de hipotecas sobre predios con pedimentos mineros; el universo de eventuales compradores también se limita. ¿Quién estaría dispuesto a comprar un predio objeto de denuncia minera? Las previsiones contractuales de las reservas en uso confirman este aserto.

b)     Limitaciones del horizonte productivo. Nos preguntamos, ¿se puede planificar y gestionar un predio, realizando inversiones, tajamares, praderas, inversiones en genética, infraestructura, bajo la permanente amenaza de una denuncia minera? Aún denunciado el predio, no tenemos certeza alguna de cuándo decidirá la empresa iniciar la prospección, no sabemos si al año siguiente tendremos a las perforadoras en el predio.

Seguramente por todas estas razones el legislador sabiamente dispuso en el Código de Minería que el período de afectación de los predios fuera de dos años, a cuyo vencimiento el denunciante debería desafectar la mitad y solicitar una prórroga de un año por el resto.

¿Qué está sucediendo en los hechos? Esta situación de inseguridad (aceptable por el plazo legal) se prolonga por extensos plazos mediante la utilización del subterfugio jurídico de cuatro sociedades anónimas (Gartow, Caicara, Arabelo y Aratirí ex Belavy), que mediante la concatenación de sucesivos permisos puede prolongar la afectación de los predios al extenso plazo de ocho años.

Esta gruesa violación de las normas legales vigentes está avalada tácitamente por Dinamige que hace lugar a estas solicitudes, y expresamente por su Director que públicamente (en reunión abierta en Cerro Chato) ha justificado esta situación expresando que las diversas sociedades pagan sus impuestos respectivos.

Por eso lo del título: la ley es la única forma civilizada de dirimir conflictos; no un comodín para burlarla a vista y paciencia de los perjudicados y con el aval tácito y público de los que deben ser sus celosos guardianes.

Minas a cielo abierto y producción pastoril

De acuerdo a la información que ha hecho pública la misma empresa, no existe un gran yacimiento de hierro sino varios menores y dispersos con una ley promedio del 33%. Estas circunstancias determinan que la explotación se lleve a cabo bajo la modalidad de cielo abierto en múltiples yacimientos, generando canteras del orden de las 200 hectáreas, diseminadas en la superficie pedida.

Del material extraído solo un 30% es mineral utilizable y el resto son estériles, que se depositan en enormes escombreras. Es fácil imaginarse que si la mina forma una depresión de varios cientos de metros de profundidad, el material sobrante ocupará un espacio aún mayor.


La actividad de la mina, las explosiones, el tráfico del material y su procesamiento, generarán una nube de polvo que se extenderá por varios kilómetros a la redonda, dependiendo de la intensidad y dirección de los vientos dominantes, se depositará en la tierra y pasará posteriormente a las aguas arrastrada por las aguas pluviales. Esta misma situación puede darse con las filtraciones de agua o las necesidades de desagotar la mina de agua, que se encontrará contaminada con las mismas concentraciones de minerales.


No existen en el mundo actual desarrollado minas a cielo abierto en áreas habitadas, verdes y productivas de modalidad pastoril. Las mismas se localizan en áreas montañosas, de selva de precordillera o en desiertos. En este documento pueden verse algunas fotos comparativas entre la zona de Cerro Chato y zonas de emprendimientos mineros en Argentina.

Es opinión unánime de voces autorizadas que la minería a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes y agresivas con el medio ambiente que existen.

También se informa por parte de la empresa un importante consumo de agua dulce no solo para los procesos mecánicos de separación del mineral, sino también para el transporte del hierro por un mineroducto de 230 kilómetros hasta el puerto de Rocha.

Es otro punto preocupantes éste del agua: seguramente el bien más preciado para el siglo que iniciamos.

El recurso hídrico de la región aparece amenazado en un triple aspecto:

a) por un lado, la eventual contaminación de las aguas superficiales que ya hemos analizado;
b) por otro lado, la afectación por las excavaciones de las napas freáticas y por la desaparición de esas esponjas naturales que son los tan denostados productivamente cerros de Valentines;
c) en tercer y último lugar, téngase presente que las minas se ubicarán en la Cuchilla Grande, sobre las divisorias de aguas que van a la Laguna Merím y al Río Negro. Allí están las grandes cuencas del Río Yi, del Río Olimar y múltiples arroyos, entre ellos Valentines y Pavas.

La influencia de la prevista actividad sobre este valioso recurso no ha sido convincentemente explicada por la empresa, y menos aún por el Estado y la Dinamige.

Las credenciales ambientales de esta empresa minera no parecen las mejores, desde que aparece proponiendo una central a carbón para generar la energía necesaria para su proyecto. Esta forma de generación de energía es señalada como la más contaminante de las opciones existentes y también la más barata. No oímos de parte de la empresa explicaciones técnicas o ambientales que avalaran su propuesta sino únicamente un tema de fletes de retorno del carbón de Mozambique.

Por la amplitud del área solicitada y la dispersión de los distintos yacimientos no creemos que la actividad minera sea compatible con la agropecuaria. Difícilmente pueda desarrollarse una actividad agropecuaria en la vecindad de una mina a cielo abierto y no nos han facilitado (ni la empresa ni el Estado) ningún estudio que fundamentadamente establezca un área de influencia a partir de la cual los efectos de la minería no afecten la producción agropecuaria.

¿Cómo armonizamos el discurso políticamente correcto de la producción responsable, el cuidado de la tierra y la ley de suelos, la preservación del medio ambiente, el país agrointeligente y el Uruguay Natural, con una actividad minera a cielo abierto diseminada en una superficie de más de 100.000 hectáreas, con niveles no estudiados de incidencia ambiental y productiva sobre el mismo suelo?

Nuestras preocupaciones y las del país

Nos preocupa el destino de la producción agropecuaria en el escenario que describíamos más atrás donde los explosivos, las nubes de polvo, el ruido, la eventual y previsible contaminación de aguas superficiales y el suelo devenido páramo sean moneda diaria.

Por el contrario, como productores y ciudadanos queremos preservar el entorno natural, la flora y la fauna autóctona. Utilizar procesos productivos éticos sostenibles en el tiempo, que trabajando con recursos renovables como la ganadería y la agricultura aseguren la radicación de la familia rural y la permanencia en el campo de generaciones futuras.

No es descabellado prever en estas condiciones un significativo éxodo –voluntario o forzado- de productores y sus familias de la zona afectada.

Si la actividad minera sustituyera a la agropecuaria, en esta extensa porción del territorio, desaparecería un complejo entramado social de pequeños productores y aquellos que le proporcionan servicios e insumos, que ha asegurado la viabilidad social, demográfica e institucional de la región.

En su lugar tendríamos una gran masa de asalariados, dependientes de una multinacional ligada a la industria extractiva de un recurso finito. ¿Qué pasará cuando se concluya la explotación de los yacimientos? O ¿Cuándo se suspenda la misma por cualquier avatar internacional? Como otras tantas veces, ¿la sociedad se hará cargo?

En este hipotético escenario, nuestros problemas como personas o productores serán muy menores en relación a la compleja afectación de los intereses de toda la ciudadanía.

Graves problemas ambientales, habilitados por la actividad administrativa del Estado, harán que los pasivos ambientales devengan pasivos tributarios que serán soportados por toda la ciudadanía.

Los anunciados resultados económicos serán muy menores, el 3% del canon estatal no habilita mayores expectativas. Probablemente, el aspecto más preocupante sea que ese mineral se va por un mineroducto, sin promover una industria siderúrgica que daría trabajo para nuestros obreros, generando auténticos recursos. (*)


En este escenario, más que nunca amerita acercarle conocimiento y reflexión a esta problemática, para percibir su complejidad y promover una gran discusión del tema en los ámbitos sociales, legislativos y académicos, para que cualquier decisión tomada por el gobierno o la ciudadanía, lo sea con conocimiento de causa.


(*) El proyecto de reforma del Código de Minería introduce modificaciones en estos aspectos que se encuentran actualemente en discusión en el Parlamento.

Esta entrada fue publicada en Observatorio Minero del Uruguay

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