URUGUAY - Corrupción PIT CNT

Una red de corrupción y una nueva crisis en la salud pública

Son muchos más que dos

PIT-CNT: el fin de la inocencia

Rodrigo Abelenda / Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 25-7-2014

Según las declaraciones y escuchas telefónicas de Interpol a las que tuvo acceso Brecha habría otros jerarcas de ASSE implicados, también brindan nuevos detalles sobre cómo se negociaban las coimas y hacia dónde iba el dinero. Otros detalles revelados: la gestación de Buena Estrella a impulso de Silva, Tejeira y Ferrín, y su debacle luego de la sobrefacturación. Pero más allá de las investigaciones en la justicia, el caso vuelve a colocar en entredicho los controles en los hospitales y la vulnerabilidad de un servicio en el que actúa una centena de empresas tercerizadas. La crisis por otra parte se hace más peliaguda porque estalla en plena campaña electoral, afecta al movimiento sindical y evidencia demoras en la reglamentación de los mecanismos de participación de los representantes sociales en ASSE, uno de los sellos de izquierda en la reforma de la salud

Ya al tanto de su citación, marcó en su teléfono. Todavía no sabía que iba a perder su libertad, pero era consciente de los hechos que investigaba la justicia. De un lado del aparato, Heber “Toshiba” Tejeira, del otro, varias personas involucradas en el caso de corrupción en la salud pública que estalló la semana pasada.

El 14 de julio, dos días antes de presentarse a declarar, habló con su concubina. Los dos ya conocían el motivo de sus citaciones y que tenían sus líneas telefónicas intervenidas. Sin embargo, dos horas después, Tejeira llamó a la directora del Hospital de Pando, María Andrea Rivero, y pactó encontrarse con ella para ponerse de acuerdo en lo que iban a declarar. La mañana siguiente volvieron a hablar, esta vez para confirmar que se encontrarían en las afueras del hospital.

Ese 15 de julio Tejeira habló además con el director de la empresa Joaka, Joaquín dos Santos, y volvió a mencionar que la citación se debía a “las coimas” que recibía de las empresas. Ya lo había comentado el 11 de julio, durante una llamada que registra Interpol y que, junto con la copia de las otras escuchas, se envió al juez Néstor Valetti, según un documento de la dirección de Crimen Organizado al que accedió Brecha.

Heber Tejeira, funcionario de ASSE experto en yesos y dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), no era ni siquiera mencionado en las primeras fojas del expediente.
La denuncia por sobrefacturación que hizo en diciembre de 2011Laura de los Santos, ex funcionaria de la asociación civil Buena Estrella, fue contra los directivos de esa asociación, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira Aquino. También contra Alfredo Silva, ahora ex miembro del directorio de ASSE en representación de los trabajadores.

Pero luego de dos años y medio de investigación se comprobó que Tejeira no sólo estuvo vinculado a la gestación de Buena Estrella, sino que también recibía coimas a través de “giros y entregas de dinero” de empresas que mantenían contratos con ASSE.

Los padrinos

Buena Estrella se fundó el 16 de marzo de 2010, mucho antes de que la anterior empresa que brindaba el servicio de limpieza al Maciel(Clanider) fuera apartada por sobrefacturarle horas al hospital. El 1 de octubre de 2010, luego de que la justicia penal corroborara la maniobra de Clanider, Buena Estrella ya estaba pronta para entrar en acción: de mañana salía la primera y a la tarde ya estaba brindando el servicio la segunda.

En enero de 2011 Buena Estrella empezó a trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer (Inca), en abril en el Hospital de Pando y en agosto en el de Rivera. Pese a que varias de las contrataciones directas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, la empresa seguía ganando terreno.

Que Alfredo Silva y Heber Tejeira estuvieron vinculados a su creación no sólo surge de la investigación judicial. Ya la prensa, y particularmente Brecha, lo habían denunciado en 2011.

Laura de los Santos brindó en su momento una grabación (véase Brecha del 2-XII-11) en donde se vincula no sólo a Silva sino también al abogado Álvaro Ferrín: “Les pedimos que esperen hasta el martes a que el abogado de Silva, Álvaro Ferrín, les aclare el tema del traspaso (...).
Nos vamos a contactar con Silva (...).
Hoy hay un sindicato que también fomentó una ONG, y entonces entra en un doble rol. Si la situación fuera otra, nosotros nos dirigiríamos directamente al abogado de nuestro sindicato, pero también el abogado del sindicato ha asesorado a la ONG y es de confianza de la gente de la ONG. Entonces, que venga el abogado Ferrín, y si quieren ustedes traen un abogado que aclare los temas legales. (...)
No es que yo desconfíe de Ferrín, pero está jugando un doble juego”. Como se aclaró en aquella oportunidad, las afirmaciones fueron hechas por un miembro de la Comisión Interna del Maciel el 15 de octubre de 2010, y en ellas recomendaba a los ex funcionarios de Clanider que no firmaran contrato con Buena Estrella. Ferrín era en ese momento adjunto de Alfredo Silva en su calidad de miembro del directorio de ASSE (dejó de serlo en setiembre de 2011), y según lo que surge del audio, también era abogado de la FFSP y de Buena Estrella. Actualmente Ferrín es abogado de la FFSP

Otros dos documentos de Buena Estrella vinculan a la Federación y particularmente a Tejeira con la creación de la asociación civil: sus estatutos, en donde se establecía que en caso de disolución todos los bienes serían destinados a la FFSP, y el acta de una asamblea, del 3 de julio de 2010, que recoge que “antes de dar comienzo” Tejeira “realiza una síntesis del recorrido realizado y aporta una visión de la situación actual”

Luego, la historia de Clanider se repetía.
Como se manejó, y después comprobó la justicia, la sobrefacturación de Buena Estrella se hacía mediante el cobro de horas de capacitación que debería haber pagado la asociación pero fueron cobradas al hospital como horas trabajadas. Además, los encargados marcaban tarjeta, cuando esos sueldos debían ser pagados por Buena Estrella.

Por ello, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maura Aquino resultaron procesados sin prisión por el delito continuado de estafa. “Obviamente que éstos se valieron del descontrol e inoperancia de los sistemas de control, y principalmente de la negligencia e incapacidad en el cumplimiento de su tarea de la directora administrativa del hospital Maciel”, Luz Iguini, dice el auto de procesamiento. Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron que no encontraron dolo en su actuación, a pesar de que, como en el resto de los casos, es pasible de seguir siendo investigada. De todas maneras la funcionaria ya había sido desplazada de su cargo en 2011 por sus errores administrativos.

Asimismo, por haber participado en la creación y facilitar la entrada de la asociación en los hospitales, Alfredo Silva fue procesado sin prisión por un delito continuado de conjunción del interés personal y el público. Según pudo saber Brecha de varias fuentes judiciales, el testimonio que más complicó a Silva lo dio la ex directiva de Buena Estrella Maira Aquino. Fue la primera en ser interrogada y, luego de su testimonio, las preguntas al resto de los directivos se tornaron más específicas. El resto de los empresarios, Rodríguez, Bentos y Lamas, declararon en la misma línea que la primera.

De acuerdo al acta de sus declaraciones, a las que accedió este semanario, Aquino señaló que Silva les suministraba datos para presentarse en licitaciones en el Inca y los hospitales de Pando y Rivera.
La directiva declaró que en Pando “nos dijeron que nos hiciéramos cargo hasta que se solucionara el problema, pasó lo mismo con el Inca y el Hospital de Rivera, en el que nos hicieron ir de golpe y porrazo”. Ellos, “Silva y Tejeira, decían con cuántas horas había que presentarse y con qué valor.
Como ellos eran los que estaban en contacto y sabían todo, nos decían qué hacer”. La directiva aseguró: “éramos títeres de ellos”, y relató que conoció a Silva y Tejeira cuando comenzaron a intuir que la suerte de Clanider se había terminado, ya que estaba siendo investigada por la justicia.

Presiones y favores

La justicia comprobó que Tejeira, “aprovechándose de su condición de representante de los funcionarios de Salud Pública, encargado de las empresas tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada cuantía, de diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en distintos centros de Salud Pública”

Los empresarios que le pagaban eran Joaquín dos Santos (por JoakaS.A.), Jorge Lucero (unipersonal de igual nombre), Alejandro Servioli (Onamerica SA) y Carlos Carbone (asociación civil Apex). Según supo Brecha, el giro más alto que se encontró fue de 110 mil pesos, y la justicia detectó que Tejeira recaudaba al menos entre 30 y 40 mil pesos por mes. Lo recibía a cambio de los “favores” que hacía a las empresas: averiguaba cotizaciones, presionaba para favorecer a sus empresas “amigas” en los contratos, lograba que se adelantaran pagos del prestador público, negociaba la paz sindical

De los testimonios dados a Interpol a los que accedió Brecha surge que Dos Santos reconoció haber concurrido a la Federación para dejarle un sobre a Tejeira. Según su primera declaración, contenía datos de un funcionario, pero las escuchas lo deschavaron: él mismo había dicho por teléfono que el contenido del sobre era “para comer un asado”. Jorge Lucero admitió los giros, pero no para Tejeira, que según él era un intermediario.
El destino final sería el pago a trabajadores de su propia empresa, la unipersonal Jorge Lucero.
Por su parte, tanto Carbone como Servioli confesaron que el dinero era para asegurarse la paz sindical. Carbone contó además que hablaba con Tejeira en los bares Los dos Patos y El Telurio, donde le entregaba plata para que le facilitara pagos pendientes de ASSE.

Sobre los giros, Interpol también recoge que la ex mujer de Tejeira dijo que recibió dinero de una empresa tercerizada, de la que no recordaba el nombre, para organizar “la fiesta del funcionario de Salud Pública, el 20 de octubre”. También su concubina declaró haber recibido giros de dinero, pero directamente de Tejeira.

Desde su lugar, Marcelo Spósito, adjunto de Alfredo Silva en el directorio, reconoce que a pedido de Tejeira hizo consultas a la secretaria del gerente administrativo de ASSE, María Ximena Trapani, sobre las empresas Lucero, Joaka y Apex. Por su parte, Trapani dijo que tanto Tejeira como Spósito la llamaban para apurar pagos y que Héctor Garbarino, gerente administrativo de ASSE, estaba al tanto y era claro que siempre se buscaba beneficiar a las mismas empresas:Joaka, Onamerica, Lucero y Apex.

Brecha detectó que Joaka tuvo y tiene numerosos contratos con diversos ministerios, intendencias y otras entidades públicas. Varios de ellos han sido observados por el Tribunal de Cuentas (TC).
Respecto de ASSE, los contratos firmados con esta empresa durante 2014 son con ASSE central para el Edificio Libertad (firmado por Garbarino), con el Hospital de Mercedes (dos veces observado por el TC) y con el Hospital de Pando.

Respecto a este último, su directora, María Andrea Rivero, dijo a Interpol que no recibió ningún tipo de presión. Consultada por Brecha sobre el encuentro que tuvo con Tejeira un día antes de la declaración, se negó tajantemente a hacer comentarios. Si sabía de las maniobras o si fue presionada, es un misterio.

Luego de las actuaciones de la justicia, los únicos procesados sin prisión por cohecho simple fueron Dos Santos, Lucero, Servioli y Carbone, ya que se entendió que los empresarios buscaban “obtener determinados favores” para que Tejeira los beneficiara “utilizando indebidamente sus influencias.
Tejeira fue procesado con prisión por el delito de cohecho simple en reiteración real, sumado al mismo delito por el que fue procesado Silva.

Estrategias

En cuanto a los empresarios, el juez les imputó el delito de cohecho porque tanto ellos como Tejeira estaban “en igual posición” cuando cometieron el delito. En otras palabras, ambas partes actuaron en connivencia para pagar dinero a cambio de un acto. Según pudo saber Brecha, una posible estrategia de la defensa de los empresarios, si es que deciden apelar el procesamiento, es probar que Tejeira “presionó” o indujo a los empresarios a pagarle a cambio de paz sindical y que las coimas no se produjeron de común acuerdo.
En ese caso las situación del “Toshiba” se agravaría, porque la figura que le cabría es la de concusión, un delito más grave que el cohecho.

La defensa de Alfredo Silva se basó en que el exrepresentante de los trabajadores no era el “ordenador del gasto”. El delito de conjunción del interés personal y del público castiga a las personas que se interesan en cualquier acto o contrato en el que deban intervenir por razón de su cargo.
Pero la defensa sostiene que su puesto en el directorio “no tiene nada que ver con la función de los directores de una unidad ejecutora que, como ordenadores de gasto, aprueban las licitaciones o los llamados a compras directas”, como los de Buena Estrella, sostiene el alegato al que accedió Brecha.

Sus abogados también se basan en que la tesorera de Buena Estrella, Maira Aquino, manifestó cierto rencor con Silva por “no estar en las malas”, en referencia a las dificultades administrativas que tuvieron una vez que se probó la sobrefacturación. Apoyándose en esa afirmación, los abogados sostienen en su alegato que “esta responsabilidad de Silva fue vivida como un abandono, cuando en realidad lo que pasa es que Silva no está para eso y no es su función interferir ante las autoridades ejecutoras”.
La defensa del ex director de ASSE apelará el martes buscando probar que Silva tuvo un interés “legítimo” en Buena Estrella al defender puestos de trabajo. Si logran demostrar eso, sostienen, no se configuraría el delito de conjunción para el que es necesario un interés espurio.

En su fallo, el fiscal de la causa Gilberto Rodríguez hizo oídos sordos a los argumentos de Silva.
En diálogo con Brecha dijo que un director de un organismo se interesa por cuestiones y lineamientos políticos generales, “no puede bajar a ocuparse del contrato de una empresa particular”.

El dilema de las tercerizadas

Propios y ajenos

Betania Núñez

En medio de la tormenta que desató el caso Alfredo Silva-Heber Tejeira, llueven denuncias. Parte de la explicación, y del problema, se encuentra en los controles que hay sobre las empresas que ASSE contrata, las famosas “tercerizadas”. Si bien no se conoce la cifra exacta, se calcula que el prestador público ha establecido contratos con alrededor de cien empresas para cubrir los servicios de las 70 unidades ejecutoras que tiene el país.
Los rubros clásicos son los de limpieza y conserjería, pero hay otros, como los vinculados al mantenimiento de equipos. El personal de estas empresas está representado por la FFSP.

Cada unidad ejecutora de ASSE, por ejemplo un hospital, es responsable de garantizar que las empresas cumplan los requisitos para acceder a un contrato con el Estado. Es decir que el control está descentralizado, y quienes supervisan son los equipos de dirección de cada lugar.
En el caso que terminó con el procesamiento de Silva y Tejeira, lo que señala la justicia es que hubo presiones a los directores de hospitales para que favorecieran a determinadas empresas, y por tanto incumplieran sus obligaciones.

Ante el escándalo, se anunció que la Auditoría Interna de ASSEcomenzará una investigación para determinar “si los procedimientos de contratación con todas las empresas tercerizadas se cumplieron”, afirmó Beatriz Silva a este semanario, y explicó que el procedimiento indica “claramente y por escrito” los requisitos que deben cumplir las empresas para contratar con el Estado y para mantener personal a su cargo, además de los documentos que deben presentar.
“Nosotros tenemos un procedimiento claro que define cuáles son los recaudos que deben tomar el director del hospital, el gerente financiero y el administrador”, dijo.

En cumplimiento de ese procedimiento, indicó la presidenta de ASSE, fue que se detectó en el hospital Maciel la falsificación de documentos por parte de la empresa que hace los servicios de conserjería, mensajería y de ascensoristas, por lo que el director del Maciel, Álvaro Villar, presentó una denuncia ante la justicia.

Otro caso es el del hospital de Young, según publicó el diario El País. Un estudio jurídico denunció a su director por participar en la conformación de una cooperativa que brinda servicios a ese hospital,además de contratar ambulancias de privados, cuando el centro asistencial cuenta con las suyas.
De comprobarse, además de un delito, el caso podría configurar un incumplimiento del procedimiento para la contratación de empresas.

Vivir de paro

El martes pasado autoridades de ASSE se reunieron con integrantes de la FFSP. Según supo Brecha, la principal preocupación de los trabajadores era conocer si se tomarían medidas administrativas contra los funcionarios implicados, y qué suerte correría Marcelo Silva, el adjunto de Alfredo Silva en el directorio.
La respuesta, como se difundió luego, es que a los dos funcionarios procesados por la justicia, Alfredo Silva y Heber Tejeira, se les iniciará un sumario administrativo en ASSE. El resto de los funcionarios indagados no serán sumariados.
Por su parte, Spósito, tal como está estipulado en términos generales cuando un director de ASSE renuncia o es removido de sus funciones, deberá volver a su lugar de trabajo de origen.

A la salida de la reunión los trabajadores sostuvieron que, sin Silva en el directorio intercediendo para agilizar los pagos a las tercerizadas, es probable que empiece a haber conflictos. “A los trabajadores de una empresa viene el patrón y les dice: ‘Este mes hasta el 20 o 25 no les puedo pagar’. Yo llamo al empresario como presidenta de la Federación y le pregunto por qué no paga. Y me dice que porque ASSE hace tres meses que no le paga.
¿Qué hacés?
¿Te sentás a esperar a ver si ASSE le paga o llamás para ver si ASSE le puede pagar?”, justificó Beatriz Fajián en diálogo con Radio Uruguay.
Por eso, dijo, “como las empresas nunca cumplen, vamos a vivir de paro”

Por su parte, la presidenta de ASSE explicó que “los primeros trámites que se procesan para pagar todos los meses, porque les damos prioridad dentro de la larga lista de compras que hacemos para que los servicios funcionen, son los de empresas que tienen a cargo una cantidad de recursos humanos muy alta”. Aseguró que se “vigila celosamente que las empresas hayan cobrado con el tiempo suficiente para pagar a sus trabajadores antes del día 10 de cada mes. Ha habido retrasos importantes y nosotros hemos retenido la factura a la empresa y pagado desde el Ministerio de Trabajo a los funcionarios”.

Respecto a la solvencia de las empresas, otro punto que han cuestionado los trabajadores, Beatriz Silva planteó que se exige “el depósito de garantía de oferta, para que la oferta y la continuidad del servicio se aseguren y se respalden eventualidades”.

En la misma línea, otras fuentes consultadas en ASSE señalaron que en general las tercerizadas son empresas pequeñas que no generan grandes ucorrupción sindical-empresarial y crisis en la salud pública uruguaya

Una red de corrupción y una nueva crisis en la salud pública

Son muchos más que dos

PIT-CNT: el fin de la inocencia

Rodrigo Abelenda / Betania Núñez

Brecha, Montevideo, 25-7-2014

Según las declaraciones y escuchas telefónicas de Interpol a las que tuvo acceso Brecha habría otros jerarcas de ASSE implicados, también brindan nuevos detalles sobre cómo se negociaban las coimas y hacia dónde iba el dinero. Otros detalles revelados: la gestación de Buena Estrella a impulso de Silva, Tejeira y Ferrín, y su debacle luego de la sobrefacturación. Pero más allá de las investigaciones en la justicia, el caso vuelve a colocar en entredicho los controles en los hospitales y la vulnerabilidad de un servicio en el que actúa una centena de empresas tercerizadas. La crisis por otra parte se hace más peliaguda porque estalla en plena campaña electoral, afecta al movimiento sindical y evidencia demoras en la reglamentación de los mecanismos de participación de los representantes sociales en ASSE, uno de los sellos de izquierda en la reforma de la salud

Ya al tanto de su citación, marcó en su teléfono. Todavía no sabía que iba a perder su libertad, pero era consciente de los hechos que investigaba la justicia. De un lado del aparato, Heber “Toshiba” Tejeira, del otro, varias personas involucradas en el caso de corrupción en la salud pública que estalló la semana pasada.

El 14 de julio, dos días antes de presentarse a declarar, habló con su concubina. Los dos ya conocían el motivo de sus citaciones y que tenían sus líneas telefónicas intervenidas. Sin embargo, dos horas después, Tejeira llamó a la directora del Hospital de Pando, María Andrea Rivero, y pactó encontrarse con ella para ponerse de acuerdo en lo que iban a declarar. La mañana siguiente volvieron a hablar, esta vez para confirmar que se encontrarían en las afueras del hospital.

Ese 15 de julio Tejeira habló además con el director de la empresa Joaka, Joaquín dos Santos, y volvió a mencionar que la citación se debía a “las coimas” que recibía de las empresas. Ya lo había comentado el 11 de julio, durante una llamada que registra Interpol y que, junto con la copia de las otras escuchas, se envió al juez Néstor Valetti, según un documento de la dirección de Crimen Organizado al que accedió Brecha.

Heber Tejeira, funcionario de ASSE experto en yesos y dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), no era ni siquiera mencionado en las primeras fojas del expediente.

La denuncia por sobrefacturación que hizo en diciembre de 2011 Laura de los Santos, ex funcionaria de la asociación civil Buena Estrella, fue contra los directivos de esa asociación, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira Aquino. También contra Alfredo Silva, ahora ex miembro del directorio de ASSE en representación de los trabajadores.

Pero luego de dos años y medio de investigación se comprobó que Tejeira no sólo estuvo vinculado a la gestación de Buena Estrella, sino que también recibía coimas a través de “giros y entregas de dinero” de empresas que mantenían contratos con ASSE.

Los padrinos

Buena Estrella se fundó el 16 de marzo de 2010, mucho antes de que la anterior empresa que brindaba el servicio de limpieza al Maciel (Clanider) fuera apartada por sobrefacturarle horas al hospital. El 1 de octubre de 2010, luego de que la justicia penal corroborara la maniobra de Clanider, Buena Estrella ya estaba pronta para entrar en acción: de mañana salía la primera y a la tarde ya estaba brindando el servicio la segunda.

En enero de 2011 Buena Estrella empezó a trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer (Inca), en abril en el Hospital de Pando y en agosto en el de Rivera. Pese a que varias de las contrataciones directas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, la empresa seguía ganando terreno.

Que Alfredo Silva y Heber Tejeira estuvieron vinculados a su creación no sólo surge de la investigación judicial. Ya la prensa, y particularmente Brecha, lo habían denunciado en 2011.

Laura de los Santos brindó en su momento una grabación (véase Brecha del 2-XII-11) en donde se vincula no sólo a Silva sino también al abogado Álvaro Ferrín: “Les pedimos que esperen hasta el martes a que el abogado de Silva, Álvaro Ferrín, les aclare el tema del traspaso (...).

Nos vamos a contactar con Silva (...).

Hoy hay un sindicato que también fomentó una ONG, y entonces entra en un doble rol. Si la situación fuera otra, nosotros nos dirigiríamos directamente al abogado de nuestro sindicato, pero también el abogado del sindicato ha asesorado a la ONG y es de confianza de la gente de la ONG. Entonces, que venga el abogado Ferrín, y si quieren ustedes traen un abogado que aclare los temas legales. (...)

No es que yo desconfíe de Ferrín, pero está jugando un doble juego”. Como se aclaró en aquella oportunidad, las afirmaciones fueron hechas por un miembro de la Comisión Interna del Maciel el 15 de octubre de 2010, y en ellas recomendaba a los ex funcionarios de Clanider que no firmaran contrato con Buena Estrella. Ferrín era en ese momento adjunto de Alfredo Silva en su calidad de miembro del directorio de ASSE (dejó de serlo en setiembre de 2011), y según lo que surge del audio, también era abogado de la FFSP y de Buena Estrella. Actualmente Ferrín es abogado de la FFSP

Otros dos documentos de Buena Estrella vinculan a la Federación y particularmente a Tejeira con la creación de la asociación civil: sus estatutos, en donde se establecía que en caso de disolución todos los bienes serían destinados a la FFSP, y el acta de una asamblea, del 3 de julio de 2010, que recoge que “antes de dar comienzo” Tejeira “realiza una síntesis del recorrido realizado y aporta una visión de la situación actual”

Luego, la historia de Clanider se repetía.

Como se manejó, y después comprobó la justicia, la sobrefacturación de Buena Estrella se hacía mediante el cobro de horas de capacitación que debería haber pagado la asociación pero fueron cobradas al hospital como horas trabajadas. Además, los encargados marcaban tarjeta, cuando esos sueldos debían ser pagados por Buena Estrella.

Por ello, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maura Aquino resultaron procesados sin prisión por el delito continuado de estafa. “Obviamente que éstos se valieron del descontrol e inoperancia de los sistemas de control, y principalmente de la negligencia e incapacidad en el cumplimiento de su tarea de la directora administrativa del hospital Maciel”, Luz Iguini, dice el auto de procesamiento. Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron que no encontraron dolo en su actuación, a pesar de que, como en el resto de los casos, es pasible de seguir siendo investigada. De todas maneras la funcionaria ya había sido desplazada de su cargo en 2011 por sus errores administrativos.

Asimismo, por haber participado en la creación y facilitar la entrada de la asociación en los hospitales, Alfredo Silva fue procesado sin prisión por un delito continuado de conjunción del interés personal y el público. Según pudo saber Brecha de varias fuentes judiciales, el testimonio que más complicó a Silva lo dio la ex directiva de Buena Estrella Maira Aquino. Fue la primera en ser interrogada y, luego de su testimonio, las preguntas al resto de los directivos se tornaron más específicas. El resto de los empresarios, Rodríguez, Bentos y Lamas, declararon en la misma línea que la primera.

De acuerdo al acta de sus declaraciones, a las que accedió este semanario, Aquino señaló que Silva les suministraba datos para presentarse en licitaciones en el Inca y los hospitales de Pando y Rivera.

La directiva declaró que en Pando “nos dijeron que nos hiciéramos cargo hasta que se solucionara el problema, pasó lo mismo con el Inca y el Hospital de Rivera, en el que nos hicieron ir de golpe y porrazo”. Ellos, “Silva y Tejeira, decían con cuántas horas había que presentarse y con qué valor.

Como ellos eran los que estaban en contacto y sabían todo, nos decían qué hacer”. La directiva aseguró: “éramos títeres de ellos”, y relató que conoció a Silva y Tejeira cuando comenzaron a intuir que la suerte de Clanider se había terminado, ya que estaba siendo investigada por la justicia.

Presiones y favores

La justicia comprobó que Tejeira, “aprovechándose de su condición de representante de los funcionarios de Salud Pública, encargado de las empresas tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada cuantía, de diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en distintos centros de Salud Pública”

Los empresarios que le pagaban eran Joaquín dos Santos (por JoakaS.A.), Jorge Lucero (unipersonal de igual nombre), Alejandro Servioli (Onamerica SA) y Carlos Carbone (asociación civil Apex). Según supo Brecha, el giro más alto que se encontró fue de 110 mil pesos, y la justicia detectó que Tejeira recaudaba al menos entre 30 y 40 mil pesos por mes. Lo recibía a cambio de los “favores” que hacía a las empresas: averiguaba cotizaciones, presionaba para favorecer a sus empresas “amigas” en los contratos, lograba que se adelantaran pagos del prestador público, negociaba la paz sindical

De los testimonios dados a Interpol a los que accedió Brecha surge que Dos Santos reconoció haber concurrido a la Federación para dejarle un sobre a Tejeira. Según su primera declaración, contenía datos de un funcionario, pero las escuchas lo deschavaron: él mismo había dicho por teléfono que el contenido del sobre era “para comer un asado”. Jorge Lucero admitió los giros, pero no para Tejeira, que según él era un intermediario.

El destino final sería el pago a trabajadores de su propia empresa, la unipersonal Jorge Lucero.

Por su parte, tanto Carbone como Servioli confesaron que el dinero era para asegurarse la paz sindical. Carbone contó además que hablaba con Tejeira en los bares Los dos Patos y El Telurio, donde le entregaba plata para que le facilitara pagos pendientes de ASSE.

Sobre los giros, Interpol también recoge que la ex mujer de Tejeira dijo que recibió dinero de una empresa tercerizada, de la que no recordaba el nombre, para organizar “la fiesta del funcionario de Salud Pública, el 20 de octubre”. También su concubina declaró haber recibido giros de dinero, pero directamente de Tejeira.

Desde su lugar, Marcelo Spósito, adjunto de Alfredo Silva en el directorio, reconoce que a pedido de Tejeira hizo consultas a la secretaria del gerente administrativo de ASSE, María Ximena Trapani, sobre las empresas Lucero, Joaka y Apex. Por su parte, Trapani dijo que tanto Tejeira como Spósito la llamaban para apurar pagos y que Héctor Garbarino, gerente administrativo de ASSE, estaba al tanto y era claro que siempre se buscaba beneficiar a las mismas empresas: Joaka, Onamerica, Lucero y Apex.

Brecha detectó que Joaka tuvo y tiene numerosos contratos con diversos ministerios, intendencias y otras entidades públicas. Varios de ellos han sido observados por el Tribunal de Cuentas (TC).

Respecto de ASSE, los contratos firmados con esta empresa durante 2014 son con ASSE central para el Edificio Libertad (firmado por Garbarino), con el Hospital de Mercedes (dos veces observado por el TC) y con el Hospital de Pando.

Respecto a este último, su directora, María Andrea Rivero, dijo a Interpol que no recibió ningún tipo de presión. Consultada por Brecha sobre el encuentro que tuvo con Tejeira un día antes de la declaración, se negó tajantemente a hacer comentarios. Si sabía de las maniobras o si fue presionada, es un misterio.

Luego de las actuaciones de la justicia, los únicos procesados sin prisión por cohecho simple fueron Dos Santos, Lucero, Servioli y Carbone, ya que se entendió que los empresarios buscaban “obtener determinados favores” para que Tejeira los beneficiara “utilizando indebidamente sus influencias.

Tejeira fue procesado con prisión por el delito de cohecho simple en reiteración real, sumado al mismo delito por el que fue procesado Silva.

Estrategias

En cuanto a los empresarios, el juez les imputó el delito de cohecho porque tanto ellos como Tejeira estaban “en igual posición” cuando cometieron el delito. En otras palabras, ambas partes actuaron en connivencia para pagar dinero a cambio de un acto. Según pudo saber Brecha, una posible estrategia de la defensa de los empresarios, si es que deciden apelar el procesamiento, es probar que Tejeira “presionó” o indujo a los empresarios a pagarle a cambio de paz sindical y que las coimas no se produjeron de común acuerdo.

En ese caso las situación del “Toshiba” se agravaría, porque la figura que le cabría es la de concusión, un delito más grave que el cohecho.

La defensa de Alfredo Silva se basó en que el exrepresentante de los trabajadores no era el “ordenador del gasto”. El delito de conjunción del interés personal y del público castiga a las personas que se interesan en cualquier acto o contrato en el que deban intervenir por razón de su cargo.

Pero la defensa sostiene que su puesto en el directorio “no tiene nada que ver con la función de los directores de una unidad ejecutora que, como ordenadores de gasto, aprueban las licitaciones o los llamados a compras directas”, como los de Buena Estrella, sostiene el alegato al que accedió Brecha.

Sus abogados también se basan en que la tesorera de Buena Estrella, Maira Aquino, manifestó cierto rencor con Silva por “no estar en las malas”, en referencia a las dificultades administrativas que tuvieron una vez que se probó la sobrefacturación. Apoyándose en esa afirmación, los abogados sostienen en su alegato que “esta responsabilidad de Silva fue vivida como un abandono, cuando en realidad lo que pasa es que Silva no está para eso y no es su función interferir ante las autoridades ejecutoras”.

La defensa del ex director de ASSE apelará el martes buscando probar que Silva tuvo un interés “legítimo” en Buena Estrella al defender puestos de trabajo. Si logran demostrar eso, sostienen, no se configuraría el delito de conjunción para el que es necesario un interés espurio.

En su fallo, el fiscal de la causa Gilberto Rodríguez hizo oídos sordos a los argumentos de Silva.

En diálogo con Brecha dijo que un director de un organismo se interesa por cuestiones y lineamientos políticos generales, “no puede bajar a ocuparse del contrato de una empresa particular”.

El dilema de las tercerizadas

Propios y ajenos

Betania Núñez

En medio de la tormenta que desató el caso Alfredo Silva-Heber Tejeira, llueven denuncias. Parte de la explicación, y del problema, se encuentra en los controles que hay sobre las empresas que ASSE contrata, las famosas “tercerizadas”. Si bien no se conoce la cifra exacta, se calcula que el prestador público ha establecido contratos con alrededor de cien empresas para cubrir los servicios de las 70 unidades ejecutoras que tiene el país.

Los rubros clásicos son los de limpieza y conserjería, pero hay otros, como los vinculados al mantenimiento de equipos. El personal de estas empresas está representado por la FFSP.

Cada unidad ejecutora de ASSE, por ejemplo un hospital, es responsable de garantizar que las empresas cumplan los requisitos para acceder a un contrato con el Estado. Es decir que el control está descentralizado, y quienes supervisan son los equipos de dirección de cada lugar.

En el caso que terminó con el procesamiento de Silva y Tejeira, lo que señala la justicia es que hubo presiones a los directores de hospitales para que favorecieran a determinadas empresas, y por tanto incumplieran sus obligaciones.

Ante el escándalo, se anunció que la Auditoría Interna de ASSE comenzará una investigación para determinar “si los procedimientos de contratación con todas las empresas tercerizadas se cumplieron”, afirmó Beatriz Silva a este semanario, y explicó que el procedimiento indica “claramente y por escrito” los requisitos que deben cumplir las empresas para contratar con el Estado y para mantener personal a su cargo, además de los documentos que deben presentar.

“Nosotros tenemos un procedimiento claro que define cuáles son los recaudos que deben tomar el director del hospital, el gerente financiero y el administrador”, dijo.

En cumplimiento de ese procedimiento, indicó la presidenta de ASSE, fue que se detectó en el hospital Maciel la falsificación de documentos por parte de la empresa que hace los servicios de conserjería, mensajería y de ascensoristas, por lo que el director del Maciel, Álvaro Villar, presentó una denuncia ante la justicia.

Otro caso es el del hospital de Young, según publicó el diario El País. Un estudio jurídico denunció a su director por participar en la conformación de una cooperativa que brinda servicios a ese hospital, además de contratar ambulancias de privados, cuando el centro asistencial cuenta con las suyas.

De comprobarse, además de un delito, el caso podría configurar un incumplimiento del procedimiento para la contratación de empresas.

Vivir de paro

El martes pasado autoridades de ASSE se reunieron con integrantes de la FFSP. Según supo Brecha, la principal preocupación de los trabajadores era conocer si se tomarían medidas administrativas contra los funcionarios implicados, y qué suerte correría Marcelo Silva, el adjunto de Alfredo Silva en el directorio.

La respuesta, como se difundió luego, es que a los dos funcionarios procesados por la justicia, Alfredo Silva y Heber Tejeira, se les iniciará un sumario administrativo en ASSE. El resto de los funcionarios indagados no serán sumariados.

Por su parte, Spósito, tal como está estipulado en términos generales cuando un director de ASSE renuncia o es removido de sus funciones, deberá volver a su lugar de trabajo de origen.

A la salida de la reunión los trabajadores sostuvieron que, sin Silva en el directorio intercediendo para agilizar los pagos a las tercerizadas, es probable que empiece a haber conflictos. “A los trabajadores de una empresa viene el patrón y les dice: ‘Este mes hasta el 20 o 25 no les puedo pagar’. Yo llamo al empresario como presidenta de la Federación y le pregunto por qué no paga. Y me dice que porque ASSE hace tres meses que no le paga.

¿Qué hacés?

¿Te sentás a esperar a ver si ASSE le paga o llamás para ver si ASSE le puede pagar?”, justificó Beatriz Fajián en diálogo con Radio Uruguay.

Por eso, dijo, “como las empresas nunca cumplen, vamos a vivir de paro”

Por su parte, la presidenta de ASSE explicó que “los primeros trámites que se procesan para pagar todos los meses, porque les damos prioridad dentro de la larga lista de compras que hacemos para que los servicios funcionen, son los de empresas que tienen a cargo una cantidad de recursos humanos muy alta”. Aseguró que se “vigila celosamente que las empresas hayan cobrado con el tiempo suficiente para pagar a sus trabajadores antes del día 10 de cada mes. Ha habido retrasos importantes y nosotros hemos retenido la factura a la empresa y pagado desde el Ministerio de Trabajo a los funcionarios”.

Respecto a la solvencia de las empresas, otro punto que han cuestionado los trabajadores, Beatriz Silva planteó que se exige “el depósito de garantía de oferta, para que la oferta y la continuidad del servicio se aseguren y se respalden eventualidades”.

En la misma línea, otras fuentes consultadas en ASSE señalaron que en general las tercerizadas son empresas pequeñas que no generan grandes utilidades, por lo que dependen del pago de este prestador público. En algunos casos no presentan los comprobantes requeridos para que se autoricen los pagos, y eso genera demoras.

Consultada sobre los reclamos de directores de hospitales que ya habían denunciado las presiones o maltratos que recibían de parte de Alfredo Silva, la presidenta de ASSE no quiso hacer “ningún comentario”. Y sobre las medidas que se deberían tomar para evitar futuras extralimitaciones, dijo:

“Es muy difícil, porque lo que ocurrió, o lo que presuntamente ocurrió, fue en paralelo a la organización.

En nuestra administración no hay nada que lo pueda detectar. La justicia penal tiene instrumentos que nosotros en la esfera administrativa no tenemos, no podemos detectar cómo operan las cosas fuera de ASSE”.tilidades, por lo que dependen del pago de este prestador público. En algunos casos no presentan los comprobantes requeridos para que se autoricen los pagos, y eso genera demoras.

Consultada sobre los reclamos de directores de hospitales que ya habían denunciado las presiones o maltratos que recibían de parte de Alfredo Silva, la presidenta de ASSE no quiso hacer “ningún comentario”. Y sobre las medidas que se deberían tomar para evitar futuras extralimitaciones, dijo:
“Es muy difícil, porque lo que ocurrió, o lo que presuntamente ocurrió, fue en paralelo a la organización.
En nuestra administración no hay nada que lo pueda detectar. La justicia penal tiene instrumentos que nosotros en la esfera administrativa no tenemos, no podemos detectar cómo operan las cosas fuera de ASSE”.