Overblog
Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
El polvorín

Uruguay - DERECHOS HUMANOS -MENSAJE DE LA 36

29 Octubre 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

   27 de octubre de 2011

 36

MENSAJE DE LA 36

 

DERECHOS HUMANOS

“UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA”

ARGENTINA: “Reclusión perpetua por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, durante la dictadura militar argentina”

URUGUAY: Tras el fracaso del referéndum de 1989, el posterior plebiscito del 2009 y el malogrado proyecto de ley de anulación de este año, los parlamentarios frenteamplistas aprobaron que los crímenes de lesa humanidad no proscriben”

MICHELINI: “Quiero poder mirar a los familiares y decirles que hicimos todo lo que pudimos”

 

Argentinos y uruguayos en la noche del miércoles 26 de noviembre volvieron a disputar un nuevo encuentro de fútbol, durante los Juegos Panamericanos. Al tiempo la televisión transmitía en directo el partido cuyo resultado fue favorable por un gol a cero a nuestros hermanos del Plata. Otro encuentro mucho más importante se disputaba en ambas márgenes del río ancho como mar.

De aquel lado la Justicia dictaba una veintena de condenas a cadena perpetua y penas que van desde hasta 25 años a militares represores de la dictadura. De este sitio en el Parlamento la "divina comedia" un centenar de diputados que ganan lo mismo, que piensan lo mismo, actuando para las barras, que en silencio asistían a otro "culebrón" al estilo de aquel espectáculo de Martín Karadagián y su "Catchacascán". La televisión, las radios, y los grandes periódicos montevideanos transmitieron minuto a minuto, el maratónico debate parlamentario, poblado de verdaderas piezas oratorias para la posteridad al estilo del Olimpo Griego.

Comenta la periodista argentina Soledad Gallego Díaz en su nota que Argentina cierra el juicio por las torturas durante la dictadura en la ESMA.

Alfredo Astiz; Jorge El Tigre Acosta; Ricardo Serpico Cavallo y Adolfo Donda han sido condenados en la noche del miércoles, a reclusión perpetua por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura militar argentina. La sentencia del Tribunal Oral Federal número 5, leída en público, ha condenado también a cadena perpetua a otros ocho oficiales, igualmente protagonistas de la feroz represión en la ESMA.
Entre 1976 y 1983 se cometieron en Argentina miles de asesinatos, torturas y detenciones ilegales. Ningún lugar tan emblemático ni ningunos militares más crueles que los de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), situada en pleno Buenos Aires.

Allí funcionó el feroz Grupo de Tareas 3.3.2 y desde allí salieron centenares de personas que fueron arrojadas vivas desde aviones al río de la Plata. Hoy, por primera vez desde el final de la dictadura, 16 de aquellos oficiales asesinos comparecieron ante los jueces para escuchar la sentencia que condenó a 12 de ellos a cadena perpetua. A las puertas de la sede de los tribunales, en plena calle, centenares de familiares de víctimas, supervivientes y defensores de Derechos humanos escucharon en una pantalla gigante, veintiocho años después, conmovidos, la palabra de la justicia. Otro grupo acudió al Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos que funciona desde 2007, precisamente, en las antiguas instalaciones de la aquella Escuela.

El grupo de oficiales inculpado asistió imperturbable durante estos meses a las audiencias y a los testimonios de sus víctimas.
El juicio de la ESMA, como se ha conocido popularmente, ha durado dos años y durante sus audiencias han testificado 160 personas, entre ellas 79 supervivientes que relataron en primera persona las torturas a que fueron sometidos. Semana a semana, se fueron construyendo 86 casos de delitos de lesa humanidad, entre ellos algunas de las causas que más impacto han dejado en la memoria colectiva, no solo argentina sino también internacional. Los acusados fueron responsables de la desaparición de varias fundadoras de Madres de Plazo de Mayo, Azucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga, de dos monjas francesas que acogían a familiares de desaparecidos, Leonie Duquet y Alice Domon, o del escritor y periodista Rodolfo Walsh, entre los otros miles de crímenes que se cometieron en aquellas instalaciones navales.

El grupo de oficiales inculpado asistió imperturbable durante estos meses a las audiencias y a los testimonios de sus víctimas. Impresionaba ver a ese grupo de ancianos asesinos reivindicar sus crímenes, torturas y robos y presentarse como "soldados" que defendían a la "patria". En sus filas figuran personajes tan siniestros como el ex capitán de corbeta Jorge, Tigre, Acosta, jefe del Grupo de Tareas, que defendió públicamente la dictadura "ajustada a derecho" y que acusó al Gobierno democrático de Néstor Kirchner de "montonero proterrorista", o Adolfo Donda, que participó en el asesinato de su cuñada y en el robo de su hija, una niña que fue dada ilegalmente en adopción, separada de su abuela y de su hermana, a las que Donda siguió visitando como si nada hubiera pasado.
La niña secuestrada, Victoria Donda, recuperó su identidad en 2003 y es actualmente diputada por el Frente Amplio Progresista, socialista.

Igualmente notorio fue el caso de Alfredo Astiz, identificado y desenmascarado porque la prensa británica publicó una foto en la que se veía a un oficial de la armada argentina rendirse y entregarse, con cara compungida, a sus enemigos. Aquel hombre joven, rubio y con cara de niño, era el responsable de haber enviado a la muerte a tres mujeres cuyo único delito era manifestarse con un pañuelo banco en la cabeza, solicitando información sobre el paradero de sus hijos desaparecidos.
Aquel joven, reconocieron espantadas otras Madres de la Plaza de Mayo, era el amable muchacho que se había acercado a ellas para expresarles su solidaridad, el simpático rubio que se ofrecía a llevarlas de un lado para otro, sin que ellas sospecharan que estaba simplemente "marcándolas" para que otros compañeros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada las secuestraran e hicieran compartir el destino de sus hijos.

Impresionaba ver a ese grupo de ancianos asesinos reivindicar sus crímenes, torturas y robos y presentarse como "soldados" que defendían a la "patria".
Astiz fue también acusado de participar en la tortura y asesinato de dos monjas francesas, delitos por lo que Francia solicitó su extradición, denegada por Gran Bretaña en virtud de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Igualmente fue el responsable de la desaparición de una adolescente, hija de padre sueco, Dagmar Hagelin, por cuya vida llegaron a pedir expresamente el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el Papa. Testimonios de testigos presénciales aseguran que Astiz disparó contra la joven, que había ido a visitar a una amiga, y que huyó despavorida al encontrarse con hombres armados. Herida y viva, la introdujo en el maletero de un coche y nunca más se llegó a saber nada de ella.

De regreso a Argentina, Astiz se mantuvo en libertad hasta 2006 en que fue procesado, inicialmente, por el caso de las monjas francesas.
Durante el juicio ante el Tribunal Oral número cinco, Alfredo Astiz, que cumplirá 60 años este mes, entregó una copia de la Constitución argentina a los tres jueces que presiden la sala y reclamó ser tratado como "un perseguido político".
Astiz proclamó: "Yo cumplí y cumplo la Constitución. He dado al combate lo mejor que pude". En unas declaraciones recogidas hace años por una periodista argentina, el marino afirmó: "Lo digo siempre: soy un bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida. Meterme en la Armada".

Entre los condenados se encuentra también el responsable de varios de aquellos "vuelos de la muerte" y gran torturador, Ricardo, Serpico Cavallo, que fue detenido en México, donde había montado una empresa con el dinero robado a sus víctimas, y extraditado a España, a petición del juez Baltasar Garzón, que le procesó por los cargos de terrorismo y genocidio. Cavallo fue el primer caso en el que un estado extradita a otro a una persona acusada de haber cometido delitos en un tercer país. Cinco años después, y una vez que el gobierno de Néstor Kirchner derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Ricardo Cavallo fue extraditado a Argentina y encarcelado de nuevo, a la espera de la sentencia.

La lista se completa con los nombres de los marinos Antonio Montes, Antonio Rata Pernías; Raúl Scheller; Jorge Radice; Alberto Gato González y Néstor Savip; así como el oficial del Ejército Juan Carlos Coronel y el policía Ernesto Weber, que cumplirán, todos ellos, prisión perpetua, y de otros cuatro inculpados, Manuel García Tallada, 25 años, Juan Carlos Fotea 25 años, Carlos Capdevila, 20 años y Juan Antonio Azic, 18 años. El último acusado, Orlando Generoso, se encuentra muy enfermo y el Tribunal decidió suspender su causa.
El gobierno de Francia celebró la condena a cadena perpetua con la que la Justicia argentina condenó ayer al ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y a otros 11 represores por crímenes perpetrados durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Astiz ya había sido condenado en ausencia por la corte de apelaciones de París, en 1990, por los asesinatos de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. En 2007 y también en ausencia, fue condenado por la justicia de Italia.
El canciller del gobierno de Nicolás Sarkozy subrayó el "apoyo permanente" de Francia a la Argentina tras la anulación en 2003 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y destacó "nuevamente la voluntad política que anima a las autoridades argentinas para llevar a término los juicios de la dictadura".
"Francia se felicita por la excelente cooperación llevada adelante con Argentina en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos", finalizó Juppé.
Astiz en 1982, durante la guerra por la soberanía de las Malvinas, integró un grupo de comandos al que se le asignó la defensa del archipiélago de las Georgias del Sur y fue tomado como prisionero por las Fuerzas Armadas británicas sin ofrecer resistencia alguna. Durante el conflicto no hizo nada por defender la soberanía de las islas. Ni siquiera disparó un solo tiro.
En 1986 y 1987 fue uno de los cientos de represores beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y en 1990 la Justicia francesa lo condenó en ausencia a prisión perpetua por los crímenes de las monjas.
Siete años después, el juez español Baltasar Garzón solicitó su captura y extradición junto a las de otros 44 militares argentinos acusados de genocidio, y en 1998 fue expulsado de la Marina, institución a la que, decía, estaba "orgulloso" de pertenecer.
Antes había protagonizado un escándalo mediático al ofrecer una entrevista en la que confesó su admiración por el guerrillero Ernesto "Che" Guevara y su miedo durante los tiroteos callejeros, además de jactarse, con gran soberbia, de que algunos ex militares lo habían buscado para que liderara un nuevo golpe de Estado.
El año 2003 marcó el principio del fin para el antiguo marino, cuando el Parlamento anuló las "leyes del perdón" y se reactivaron cientos de causas por delitos de lesa humanidad contra otros tantos militares y miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el mismo Astiz.
La "megacausa ESMA" lo llevó a una cárcel militar a comienzos del 2004 y dos años después un tribunal ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin.
Tras ser condenado a prisión perpetua en Italia, también en ausencia, Astiz fue trasladado en 2007 a una cárcel común, donde ha esperado el juicio por sus crímenes en la ESMA que hoy llegó a su fin y que lo ha puesto tras las rejas de por vida. Hace pocos días Astiz proclamó ser "un perseguido político".
En nuestro país en cambio los grandes periódicos destacaron en su portada del día jueves el "Debate por la caducidad". Los Diputados aprobaron ley que elimina prescripción de delitos.
La Cámara de Representantes aprobó, a las 2:14 horas de hoy jueves, por 50 votos en 91 legisladores presentes, solo votó a favor el Frente Amplio, el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los mismos.
Legisladores de la oposición, tanto senadores como diputados, criticaron la avanzada del oficialismo por considerar que no respetaba dos pronunciamientos populares sobre este tema, en referencia a los plebiscitos de 1989 y 2009 donde por mayoría se ratificó la ley de Caducidad, vigente desde 1985.
El senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó ayer el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
El jueves, antes de que comenzara la votación, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) coincidieron en que sería una jornada de fuerte debate que marcaría un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
En cambio para el oficialismo la jornada sería "histórica" porque, según dijo el diputado Luis Puig al diario uruguayo El País, "después de 25 años de impunidad podrá avanzar la justicia y la verdad".
A nivel del gobierno, se entendió que la aprobación de la nueva ley "es una importante señal hacia la sociedad", afirmó a radio Carve el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
El jerarca agregó que "saber la verdad y conocer los hechos ayudará a la reconciliación nacional".
Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo, para que la ley pueda ser promulgada.
El presidente José Mujica dijo la noche del jueves que será la Suprema Corte de Justicia la que deberá tomar alguna decisión sobre los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se presenten al amparo de la ley aprobada hoy.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida", puntualizó.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La sesión se condujo por carriles normales, sin grandes enfrentamientos entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Para eso, los coordinadores habían acordado horas antes del comienzo, una sesión "suave y con nivel" para evitar desbordes dialécticos.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad, "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".

El texto, según indica su artículo 1º, restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos durante la dictadura hasta el 1º de marzo de 1985. Además, la nueva ley establece que "no se conmutará el plazo procesal comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero". De esa manera, el texto eliminaría las restricciones impuestas por la Ley de Caducidad, que impide juzgar los crímenes cometidos por militares, a la hora de investigar y actuar contra los mismos.

De este modo, además, el texto procura que se evite la prescripción automática el 1º de noviembre de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos durante la dictadura. Además, el artículo tercero de la nueva ley declara a los crímenes como de lesa humanidad, "de acuerdo a los tratados internacionales de los que la República es parte", indica el proyecto.

De esa manera, el texto busca cumplir el fallo de la Corte Interamericana de derechos Humanos, que considera a los crímenes como de lesa humanidad, en contra de la postura de la Suprema Corte de Justicia, que los considera como homicidios muy especialmente agravados, debido a que la figura legal de crímenes de lesa humanidad no existía en el marco normativo uruguayo cuando los delitos fueron cometidos. De esa manera serían pasibles de comenzar a prescribir tras 25 años.

Del otro lado, la opinión de algunos constitucionalistas de izquierda como José Korzeniak es que por la firma Convención de Derechos Humanos en 1985, Uruguay queda sujeto a organismos como la Corte Interamericana De Derechos Humanos, que establece que todos los obstáculos a la investigación de los casos deben ser eliminados, y que, como tratado internacional, esa oposición pesa aún por encima de la Constitución nacional.

El texto, que ahora deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo, llega al límite del plazo legal de que las causas empiecen a prescribir, y luego que el Frente Amplio explorara varias alternativas, tras el fracaso del referéndum de 2009 que planteaba la anulación de la Ley, y del proyecto interpretativo votado en mayo, que quedó a un voto de ser aprobado, luego que el diputado del Frente Amplio, Víctor Semproni decidiera no acompañar a su partido.

De todos modos, el texto votado en la madrugada de este miércoles corre un riesgo: que la Suprema Corte de Justicia lo declare como violatorio de la Constitución, por atentar contra la retroactividad de la ley penal. La SCJ solo puede actuar si algún involucrado presenta un recurso de inconstitucionalidad, y su fallo solo se aplica para el caso concreto sobre el cual se presenta el recurso.

El primero en hablar fue el diputado Jorge Orrico de Asamblea Uruguay. "El problema es si estamos o no de acuerdo con los DDHH consagrados en los pactos internacionales que el país adhirió", expresó.

Luego el nacionalista Gustavo Borsari manifestó que desde el gobierno se quiere tirar la constitución a la basura y que el Partido Nacional no lo va a permitir. "Se pretende aprobar este texto al galope, sin informe, sin discusión. Es un atropello", dijo Borsari. "Se trata de desconocer lo decidido por el Parlamento y por el pueblo. Es borrar con el codo lo escrito con la mano. Se le viene a decir al pueblo: 'los iluminados vamos a derogar la ley, lo que han hecho ustedes es una barbaridad".

Los ánimos se caldearon a partir del momento en que el diputado Pablo Ithurralde acusó al Frente Amplio de haber "transado con la dictadura" en el Pacto del Club Naval. "Eso es falso" gritó el diputado Julio Bango, y allí comenzó una serie de interrupciones, entre ellas un grito de Gandini a Bayardi: "ustedes anduvieron recorriendo cuarteles",  dijo, con lo que se desataron las acusaciones con las que la lista de oradores quedó en segundo plano.

Allí Lacalle ordenó la suspensión de la sesión durante cinco minutos, durante la cual los Legisladores del Partido Nacional pusieron la Constitución de la República parada sobre sus bancas.

Antes, el diputado Jorge Gandini fue crítico con el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos: "la paradoja es que se diga a miles de kilómetros lo que hay que hacer acá por fallo de Corte Interamericana de DDHH". "Se desconoce lo que dijo la gente que vive y sufre acá, y a la que se consultó dos veces", dijo Gandini.

Aníbal Pereyra del Frente Amplio dijo en su alocución que "lo único inconstitucional hoy es la ley de Caducidad. Por eso queremos tomar decisiones para borrarla. Este proyecto va en la búsqueda de verdad y justicia, que nunca se debió dejar de lado. Estamos convencidos de eso".

Sobre las 22 horas, Carlos Tutzó, del Partido Comunista, y Aníbal Glodoftsky, del Partido Colorado, discutieron fuertemente y se acusaron con sendas declaraciones. Ambos se trataron de falsos y el presidente de la cámara, Luis Alberto Lacalle Pou dijo que iba a cortar cualquier acusación de ese tipo, teniendo en cuenta de que quedaban cinco horas de sesión.

El diputado Víctor Semproni, que en mayo había sido el único frenteamplista que había votado en contra de la ley interpretativa que anulaba la ley de caducidad, esta vez manifestó su posición de sí acompañar el proyecto de su coalición política.

"Este es un tema eminentemente político. Aquí las dos posiciones están enfrentadas entre los que entendemos que la Justicia debe actuar plenamente, y los que dicen que la ley es inamovible", señaló Semproni. El diputado del MPP siguió el pensamiento que este martes había expresado el senador Eduardo Lorier en la cámara alta. Señaló que quienes siguen la línea de "sostener la ley de caducidad lo que están haciendo es defender a los que torturaron y a los que violaron a los derechos humanos".
La Cámara de Senadores había dado este martes media sanción al proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de dictadura, y que le retira al Estado de la pretensión punitiva del estado, en un último intento para lograr que los delitos de la Dictadura puedan ser juzgados.

El senador blanco Luis Alberto Lacalle se refirió en ese momento a la reparación que se hace con los familiares con esta ley, que hace imprescriptibles los delitos por policías y militares. El ex presidente argumentó que "no es una buena mecánica" aferrarse a la idea de que "de un lado había buenos y del otro malos". "Aquí no ha habido reparación para las victimas de la sedición. Así que los muertos son A y B", sentenció.
En esta línea recordó la acción guerrillera del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. "La pobre familia de Pascasio Báez un peón rural ejecutado por el MLN en 1971 no puede recibir una declaración. Habiendo vivido eso, incluso habiendo muerto su madre, es una ley inconstitucional", afirmó.

El senador del Frente Amplio, y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que los que no votan este proyecto de ley, que hace imprescriptibles los delitos por policías y militares, "defienden la impunidad y defienden a los secuestradores".
Tras esa intervención Lacalle respondió: "Nunca vimos algo tan violento como lo que dijo Lorier sobre los que votamos distinto. Nunca he sido tan agraviado". Luego agregó: "No le vamos a permitir que nos haga cómplices de los delitos".

Lorier volvió a pedir la palabra para contestarle a Lacalle y manifestó: "El sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado".

"Respeten al pueblo. ¡Respeten!", exclamó el senador nacionalista "dado vuelta" ex frenteamplista y aliado del MPP, Jorge Saravia en la sesión de la cámara alta.

Al hacer uso de la palabra, el senador criticó la propuesta del Frente Amplio: "Seguimos violando una y otra vez la Constitución y desconociendo pronunciamientos populares por vía oblicua", comentó. Por ese motivo pidió respeto para la elección de los ciudadanos. "Este proyecto es inconstitucional y el pueblo nunca se equivoca porque es el que lauda. Esto es un golpe de Estado. Y a nosotros siempre nos van a encontrar en frente".

Saravia indicó que quienes impulsan este proyecto están siendo "serviles a intereses internacionales". "¿Qué hacían las comisiones de DDHH cuando había dictadura?", se preguntó. El comentario fue en referencia al peso que tuvo la Corte Interamericana de DDHH para que el Frente Amplio tomara la decisión unánime de votar el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de dictadura. Saravia fue hasta hace unos meses legislador por el Frente Amplio.

Anteriormente a Saravia había hablado el senador frenteamplista Enrique Rubio, desde el otro lado de la vereda en el debate. "Todos los días tenemos evidencias de que ese pasado existió. No podemos esconder la cabeza como el avestruz", expresó.

"¿Hubo o no terrorismo de Estado y un oprobioso manto de silencio en relación a los crímenes más aberrantes? Lo hubo", agregó el senador, quien considera que las proclamas de reconciliación y la verdad y la justicia no tendrán chance ante las próximas generaciones.

La lista de oradores la abrió el senador nacionalista Francisco Gallinal, quien acusó al Frente Amplio de haber "transado" en el pacto del Club Naval con los militares para la apertura democrática. Esto motivó la inmediata reacción de la senadora socialista Mónica Xavier, quien gritó: "¡Eso es falso! ¡Es un atrevido!".

El llamado pacto del Club Naval se produjo en 1984 entre los militares y las fuerzas políticas de la época, con excepción del Partido Nacional. En esos momentos, figuras líderes, como el blanco Wilson Ferreira Aldunate y el frenteamplista Líber Seregni, estaban proscriptas.

Gallinal habló luego de la exposición de motivos del proyecto de ley a cargo del senador frenteamplista Rafael Michelini, quien se refirió a la importancia de esta ley y manifestó que no quiere que "pese" en su conciencia "el no haber hecho nada".

Michelini agregó que lo que se hace en el artículo segundo de la nueva norma es derogar la ley de Caducidad. Al respecto dijo: "Si quieren que lo pongamos a texto expreso no tenemos problema".
El legislador Gallinal también hizo referencia a la ley de Amnistía que recayó sobre los Tupamaros y la igualó con la Caducidad. "La ley de Caducidad, como la de Amnistía son leyes injustas; pero son leyes necesarias para superar circunstancias".
Gallinal también citó una frase del senador frenteamplista y ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa: "Que el Frente Amplio nunca más salga a pedir una firma para un plebiscito porque no nos van a creer".
Ahora los militares retirados denunciarán a la Justicia delitos cometidos por ex guerrilleros que nunca fueron juzgados. La medida fue aprobada por el plenario de Centros Militares en respuesta a la ley de prescripción que se debate en el Senado este martes y en diputados el miércoles.
"Se trata de que sea un hecho de estricta justicia", dijo Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, a Canal 10.
Al ser consultado sobre por qué se adoptaba esta medida en estos días en que se trata la ley de prescripción, Cedrez explicó: "Porque el pacto de San José de Costa Rica y la sentencia de Gelman en su parte positiva dicen que no se admiten ningún tipo de amnistías, entonces tampoco se admiten las amnistías que se les dio a los guerrilleros en 1985".
Las demandas comenzarán contra 34 ex guerrilleros que nunca fueron juzgados, informó al diario Últimas Noticias. Cedrez dijo a ese medio que el manejo "imprudente e inescrupuloso" de los derechos humanos provocará un desasosiego de la paz social.
"Generaciones de septuagenarios desfilarán por los estrados judiciales y a algún ex guerrillero se nieto le preguntará por qué mató a Pascasio Báez o a la señora Ibarra del bowling de Carrasco. No nos pone feliz nada de esto. No se cumple con la palabra", expresó el militar retirado.
La nueva norma sobre la Caducidad que a última hora de este miércoles fue aprobaba la Cámara de Diputados y que solo resta sea promulgada por el presidente José Mujica es sobre todo una ley política. Tal vez no tenga ningún efecto jurídico de los buscados, ni logre hacer desfilar más militares por los juzgados, ya que la gran mayoría de los especialistas concuerdan en que es inconstitucional y por tanto será recurrida ante la Suprema Corte de Justicia.

De todas formas, para la izquierda responde a una necesidad y era importante aprobarla. Y no solo para cumplir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Uruguay "eliminar las trabas" y los "obstáculos" que genera la ley de Caducidad. Es para el Frente Amplio una necesidad, sobre todo, para cerrar un largo proceso que es doloroso y lleno de intentos fallidos.

"Quiero poder mirar a los familiares y decirles que hicimos todo lo que pudimos", dijo el martes el senador oficialista Rafael Michelini, cuando la Cámara Alta dio media sanción a la iniciativa. No es el único.

Por su parte el diario uruguayo del Opus Dei, El Observador, analiza en una columna política lo siguiente:
En el Frente Amplio por lo bajo varios reconocen que esta norma tiene varias ilegalidades, pero argumentan que busca establecer por primera vez en el marco legal uruguayo, tras el fracaso del referéndum de 1989, el posterior plebiscito del 2009 y el malogrado proyecto de ley de anulación de este año, una concepción filosófica contraria a la ley de Caducidad, también inconstitucional según la actual composición de la SCJ.

Por todo ello, con esta nueva norma que busca evitar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y restituir la pretensión punitiva del Estado derogando así de forma implícita la ley de Caducidad, el Frente Amplio deberá pagar altos costos políticos, al desconocer dos consultas populares y dictar una ley contraria a la Constitución.

A la izquierda a partir de este momento no le será fácil impulsar nuevas consultas populares, porque a través de esta norma se va en contra de lo que votó la ciudadanía uruguaya en 1989 y 2009. Eso es reconocido por todos los frenteamplistas y es uno de los principales flancos que atacó la oposición durante las largas sesiones del martes en el Senado y ayer en Diputados.

El otro gran costo que debe pagar es que sanciona una norma de presunta ilegalidad. El sistema jurídico se basa en que la ley penal no se puede aplicar en forma retroactiva cuando generen perjuicios para alguien. Si fuesen beneficios es aceptado. Esta ley sancionada ayer, pretende que se agrave la calidad de los delitos cometidos en la dictadura, al decir que son de lesa humanidad y por tanto no prescriben el 1º de noviembre como entiende la Suprema Corte de Justicia.

Casi todos los constitucionalistas y ex presidentes de la Corte comparten que eso es inconstitucional. Pese a sus opiniones, en el FA siguieron adelante. Por ello la oposición lo ve como una agresión a la Carta Magna. 

La sanción de esta ley es "histórica" para la izquierda y así lo vivieron ayer sus diputados. De todas formas ahora el tema deja nuevamente de ser político y pasa a la Suprema Corte de Justicia.

Como en el frente de los viejos teatros de antaño, la noche del 26 de noviembre del 2011, nos miró desde las dos caretas enfrentadas, una sonriente y la otra llorando.
Dio la casualidad que simultáneamente escucháramos por la radio el debate Parlamentario sobre la ley de caducidad, mientras en la televisión argentina observáramos las imágenes de un juicio histórico.

Allí si transcurría la verdadera historia al condenar a cadena perpetua a decenas de trituradores, violadores y asesinos de la dictadura militar argentina.

En cambio de este lado una farsa y nada de justicia y menos de historia.

De aquel lado del río seriedad, responsabilidad y valentía de un Gobierno popular, al cual no le tembló la mano, y llevó hasta el final el proceso político que el pueblo, sus organizaciones sociales, los luchadores sociales que dieron su vida por la revolución y sus familiares se merecían.

Entre los mármoles del Parlamento uruguayo, el nivel más bajo imaginable por quienes ya no están, parlamentarios de un lado y del otro hicieron todo lo posible por aparentar estar debatiendo sobre algo importante. La supuesta oposición acusando a los oficialistas de violar la constitución. Del otro los oficialistas pretendiendo acusar a la oposición de socios de los torturadores y asesinos. Falsedades, mentiras, ridiculeces, pura pose para los medios de comunicación.

En la noche argentina vimos a las madres de Plaza de Mayo, a los hijos y familiares, felices, alegres, festejando fuera de los tribunales. Aplaudiendo, cantando consignas, sacándose las ganas y diciéndoles la verdad a los asesinos y posteriormente una vez sabidas las condenas festejando, bailando, abrazándose y besándose entre todos.

En cambio en la noche uruguaya lo mismo de siempre, "más de lo mismo", el silencio, la tristeza, la espera, la decepción, la angustia, el ver que pasan los años y se va la vida, sin resultados, sin que nadie vaya preso, sin cadenas perpetuas, sin castigo a los culpables. Ya no se espera "juicio y castigo a los culpables" ahora como dice el Presidente de la República, el Tupamaro José Mujica "las viejitas quieren encontrar los huesitos". Y después al otro día el diario oficialista declara que se terminó la ley de impunidad y los de la derecha dicen que se violó la constitución, como si una cosa o la otra fuera un triunfo histórico un gran paso, un enorme avance. Cuando se trata de cumplir con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y cumplir con el electorado frenteamplista antes de que lo sigan perdiendo como hasta ahora.

La Presidente argentina junto a los familiares recibiendo el agradecimiento de ese pueblo, abrazándose, y festejando como una persona más identificada con todos ellos, participando de su causa, tomando partido, no mostrándose neutral, y mucho menos defensora de "esos viejitos como les llama Mujica a los militares asesinos y torturadores, y a malos cuales el no quisiera ver que se pudran en las cárceles".

El Presidente de la República José Mujica y miembros de su gabinete entrando a los cuarteles los mismos lugares donde se asesinaron a los compañeros, y siguen funcionando como centros militares sin que se hayan clausurado.
Y aquellos familiares de desparecidos argentinos festejando en la calle con su sonrisa en la cara. Ya aquí otra ves madres y familiares de desaparecidos recorriendo cuarteles, entre el barro, cada cual esperanzado en que lo que se encuentre pertenezca a su ser querido. ¿No es macabro este proceso al cual los han llevado los gobiernos del Frente Amplio?

En la Argentina otra satisfacción, el ver a los genocidas humillados, en juicios públicos, sintiendo las consignas de los familiares gritándoles a voz en cuello lo que se merecen. Tener que escuchar por parte de la Justicia las condenas a cadena perpetua o las largas condenas de 20 y 25 años.

En cambio del lado uruguayo los militares retirados amenazando a aquellos militantes de la izquierda que no pasaron por las cárceles y la tortura exigiendo a través de la Justicia que vayan presos.

Los militares argentinos en cárceles comunes, como cualquier asesino, ladrón, o secuestrador.

En cambio en nuestro país los pocos militares presos, están en cárceles VIP, en medio de todas las comodidades, disfrutando de todos los beneficios dentro de su propia gente y su propio cuartel y hasta visitados por el Presidente Mujica cuando se agarran un catarro.

El Gobierno argentino, la Justicia argentina felicitada por la comunidad internacional.

En cambio el Gobierno uruguayo y la Justicia uruguaya, advertida, exigida, presionada por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la comunidad internacional, por su falta de decisión, por mirar para otro lado, por no tener el valor de condenar como es debido los hechos y los delitos graves de violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.

La derecha argentina derrotada recientemente en las urnas por amplia ventaja, y ahora nuevamente vuelta a ser derrotada por las condenas a los militares del proceso.

Lamentablemente aquí en Uruguay, un gobierno del Frente Amplio, que acepta que su líder actual el ex Presidente Tabaré Vázquez, diga públicamente que pidió ayuda militar a los Estados Unidos. Y una derecha que se ríe, humilla, y se regodea en el Parlamento recordándoles a la izquierda uruguaya de ayer y de hoy sus errores, sus horrores. El apoyo dado por el Partido Comunista a los Comunicados 4 y 7. Recorrer los cuarteles pidiendo tregua. El Pacto del Club Naval.

-Una pueblo y una nación argentina haciendo justicia, festejando, unos familiares alegres, festejando, bailando, divirtiéndose, recordando a sus seres queridos satisfechos de haber cumplido con ellos, de haber seguido su camino militando, enfrentando a la derecha sin desistir.

-De este lado marchas en silencio, tristeza, el final de la vida, peleas en el parlamento juntando votos, más mentiras, falsedades, más retroceso, más engaños, recibiendo palos, por haber apoyado a los militares durante el golpe, por haber transado en los cuarteles no bien cayeron presos, por no cumplir con los acuerdos ¿Qué acuerdos? Por no haber cumplido con la palabra ¿que palabra?

ES TRISTE Y DOLOROSO PERO ES LA VERDAD.

Compartir este post

Comentar este post