El Polvorín

ARMADA: EL FRAUDE CON FONDOS ONU SUPERA LOS U$S 10:

EL GASTO EN LUBRICANTES DISPARÓ INVESTIGACIONES

Las partidas presupuestales del año 2009, 2010 y parte de 2011 fueron comprometidas por los altos mandos de la Armada Nacional que participaron en las maniobras conocidas como Fondos ONU, informaron fuentes judiciales a Ultimas Noticias. El monto supera los U$S10 millones.

Las maniobras irregulares constatadas en el manejo de fondos depositados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuentas bancarias del exterior, para costear la participación de militares uruguayos en misiones de paz, tienen un monto superior a U$S 10 millones y comprometen a altos mandos de la Armada Nacional, según dijeron fuentes del caso a Ultimas Noticias. De este modo, el presupuesto de la Armada Nacional destinado para el año 2009, 2010 y parte de 2011 fue comprometido por los ejecutantes de la maniobra, mucho antes de que el dinero fuera recibido por el organismo, explicaron las fuentes.

Según las fuentes, el tema salió a luz cuando la ONU debía dar a la Armada una partida de U$S 200.000 para financiar lubricantes. Al no poder derivar el dinero en fecha, la ONU solicitó a la Armada que lo haga de su parte con el compromiso de reintegrarlo de forma inmediata. Cuando la Armada presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el gasto por los lubricantes, surgió que la fuerza mantenía deudas por el año 2009, relataron las fuentes. De la investigación de estas deudas surgió que incluso el dinero comprometido en estas maniobras representaba el gasto presupuestal de la Armada previsto para el año 2010 y parte de 2011.

El manejo irregular de los Fondos ONU fue confirmado por un informe de la Dirección Financiera Contable del MDN que cuestionaba las deudas proyectadas por la Armada Nacional, para el período 2009-2011. Por esto el ministerio decidió impulsar una investigación administrativa. La investigación administrativa constató, en ese momento, contrataciones para la compra de materiales sin llamado a precios ni licitaciones, así como la ausencia de comprobantes y facturas de gasto por más de U$S 1.500.000. La cifra al día de hoy es superior a U$S 10 millones. "Lo único que había era un papel que decía que la Armada mantenía una deuda con una empresa, pero no era nada formal ni presentado ante el ministerio", dijeron las fuentes.

Los recursos provenientes de las misiones de paz debían ser utilizados para financiar las tropas uruguayas desplegadas en el exterior. Sin embargo, el dinero fue derivado a otras cuentas, y su destino final continúa siendo investigado. Por su parte, en el caso que investiga las "compras fantasmas" de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por la suma de U$S 600.000, el expediente pasó a vista de la fiscal Mónica Ferrero. En este expediente también son estudiadas otras 16 presuntas adquisiciones. Una de las hipótesis manejadas es que las compras que fueron declaradas nunca existieron. La fiscal podrá dictar nuevos procesamientos o pedir más informes.

Por el caso ya fueron procesados el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, el capitán de fragata Pablo Da Costa, el capitán de navío Gerardo Feble y el ex responsable de Presupuesto Naval, Danilo Damonte, a quien luego de un acuerdo con la fiscal Ferrero, en el cual acordó colaborar con el Ministerio Público en la investigación, se le estableció prisión domiciliaria.

Fuentes: COMCOSUR AL DÍA / (Últimas Noticias)

Y EN LA FUERZA AÉREA Y EL EJÉRCITO TAMBIÉN

TCR detectó descontrol con vales de combustible en las tres armas
Auditoría ordenada por Rosadilla. Fue realizada entre enero de 2008 y agosto de 2010

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) culminó la auditoría en las Fuerzas Armadas y detectó que ninguna de las tres armas cuenta con procedimientos para el control de los vales de combustible. Tampoco existen adecuadas rendiciones de cuentas, no hay registros de movimientos y existencias y, además, "no se controla que su uso corresponda únicamente a las necesidades del servicio".

La auditoría solicitada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que se inició a partir de irregularidades constatadas en la Armada Nacional que determinaron que varios oficiales resultaran procesados, también verificó que las reparticiones investigadas no disponen de un sistema de contabilidad patrimonial, no existe auditoría interna, no se cumple con el principio de separación de funciones en las compras y contrataciones y tienen carencias en sus servicios informáticos.

El informe comienza señalando que vistos los acontecimientos de pública notoriedad referentes a irregularidades constatadas en unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, por Resolución de 1º de setiembre de 2010 el Tribunal de Cuentas acordó efectuar una auditoría en dicho Ministerio, con especial énfasis en la evaluación del control interno.

Entre los procedimientos aplicados figuran entrevistas, cuestionarios de control interno, revisión de procedimientos en diferentes áreas, arqueos de fondos y valores, revisión de expedientes y documentación de adquisiciones y contrataciones, análisis de registros en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), control de rendiciones de cuentas, análisis de estados de cuenta bancarios, verificación de inventarios de bienes, evaluación del sistema de información y verificación del cumplimiento de disposiciones legales.

En un documento de 108 carillas, el TCR concluye que el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional "no disponen de procedimientos que posibiliten una correcta administración de los vales de combustible; para su entrega no se utilizan comprobantes prenumerados y las rendiciones de cuentas no son adecuadas".

Agrega que "la selección de proveedores que suministran combustibles a granel, cancelados con vales de combustibles, no se ajusta a procedimientos adecuados. Los sectores contables no mantienen registros de sus movimientos y existencias, y no se controla que su uso corresponda únicamente a las necesidades del servicio".

Distintas carencias

La tareas de auditoría, que para todos los casos comprende el período enero 2009 a agosto 2010, se realizaron en los sectores Compras, Fondos y Valores e Inventarios de la Unidad Ejecutora 004, Comando General del Ejército; Unidad Ejecutora 018, Comando General de la Armada; y Unidad Ejecutora 023, Comando General de la Fuerza Aérea.Algunas de las conclusiones son idénticas para todos los sectores auditados en las tres armas.

Tal es el caso de la conclusión 1, donde se señala: "El Ministerio de Defensa Nacional no dispone de un sistema de contabilidad patrimonial, instrumento que posibilita un mejor control de sus activos y obligaciones". También se concluye para las tres armas que "no cuentan con una Auditoría Interna, con funciones de asesoramiento al personal jerárquico en relación al diseño e implementación de procedimientos que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la fuerza".
En el Servicio de Tecnología de la Información (TI) del Ejército y de la Armada, se sostiene para ambos casos que su gestión "carece de efectividad" en los controles internos, siendo que los mismos "resultan esenciales para la protección de infraestructura, programas y datos, así como para establecer confianza en los controles de aplicaciones específicas".

En relación al Ejército se señala que la estructura organizativa de la institución "no cumple con el principio de separación de funciones", por lo tanto, "la responsabilidad de cumplimiento de los procedimientos de compras y contrataciones, y la custodia de inventarios de bienes en general y del activo fijo en particular, no son independientes". Asimismo, se concluye que en el Ejército "el control del trámite correspondiente a las compras que deban realizarse necesariamente en el exterior no es adecuado y las rendiciones que se presentan no siempre cuentan con documentación respaldante suficiente".

Otras irregularidades

En la Armada se detectó que "en términos generales, el personal administrativo es insuficiente y no está adecuadamente calificado ni capacitado". Además, "el número de funcionarios bajo supervisión de cada jefe no se encuentra racionalmente distribuido".

También en la Armada, "no se aplica en todas las áreas control cruzado de la información originada en distintas fuentes; no se controlan por los supervisores las operaciones extraordinarias y no se informa de la recepción de los bienes adquiridos por escrito en formularios prenumerados con copia para Compras, Contaduría y el sector solicitante". "Los registros relacionados con las compras en el exterior y los saldos de los registros de proveedores, no posibilitan una supervisión efectiva y no se realizan controles de recepción por parte de personal ajeno a la Unidad solicitante".

Otra parte del informe señala que "en el Serap (NdeR: Servicio de Aprovisionamiento de la Armada) no se realizan inventarios ni registro de los bienes de uso y en el Dique la información proporcionada por los sistemas de registración no coincide con el recuento físico". Agrega que "en general no se han establecido mecanismos de acceso restringido para el manejo de inventarios y las bajas por deterioro u obsolescencia no son debidamente autorizadas por autoridad competente" (ver nota aparte).

En la Fuerza Aérea, "el servicio de Comunicaciones e Informática (SCEI) no tiene injerencia en las redes autónomas ni en el equipamiento aislado en los que residen la mayor parte de los sistemas en producción de la Fuerza. La deficiencia señalada imposibilita en los hechos la implementación homogénea y efectiva de objetivos de control interno de tecnología de la información (TI) ni la utilización eficaz y eficiente de los recursos disponibles". Otra de las conclusiones en el arma, revela que "los registros relacionados con las compras en el exterior y los saldos de proveedores no permiten una supervisión efectiva, de forma tal de evitar duplicación en los pagos".

El Serap, una oficina clave

El informe del Tribunal de Cuentas (TCR) reitera las carencias de controles en el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada, que posibilitaron la concreción de "compras fantasma" de bienes y materiales, por las cuales fueron procesados cuatro oficiales y una decena es investigada.

La simulación de la compra de un banco de pruebas SWWK y una grúa hidráulica por $ 11.629.548, mediante la generación de "necesidades falsas" de bienes para ser adquiridos. Las compras CE 26/2008 y CE 27/2008 pasaron los controles de rigor, tras lo cual los oficiales modificaron las formas de pago y obtuvieron el dinero. La página oficial de compras estatales demuestra que no existe acta de adjudicación del Serap en ninguna de estas dos compras.

En este sentido, el informe de TCR señala que "un alto porcentaje de las compras no se entregan en (el) Serap, por lo que en este caso, no se puede verificar que el material recibido coincida con la Orden de Compra, tanto en calidad como en cantidad", por cuanto "los bienes que recibe (el) Serap no son cotejados por el responsable del almacenaje con la documentación respectiva".

Asimismo, "los ingresos de bienes no se registran en algún medio adecuado", "no siempre difieren las personas que realizan los registros de entradas y salidas de bienes, de quien tiene la responsabilidad por la guarda y custodia de los mismos", "el sistema de almacenaje en los depósitos no es adecuado" y "no se realizan inventarios por parte de personal ajeno al circuito de todas las existencias", agrega.

En tanto, la auditoría desarrollada en el Dique Nacional determinó que el ingreso de bienes está informatizado, pero el sistema "tiene defectos", porque "permite crear nuevos artículos, aun tratándose de un mismo tipo de bien". Además, "la persona que realiza los registros de ingresos y salidas de bienes puede en ocasiones ser la misma que entrega" y "no se realizan inventarios por parte de personal ajeno al circuito de todas las existencias".

La constatación directa de las irregularidades en la Armada, es decir, la simulación de las compras de bienes y materiales, fue detectada por la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, tras un allanamiento en el Serap y una inspección ocular en la División Logística -N4-. La grúa hidráulica y un banco de prueba para motores "adquiridos" en 2008, no se encontraban en su lugar de destino, el Dique Nacional. Otras 18 adquisiciones son investigadas ahora por la Justicia.

Fuentes: COMCOSUR AL DÍA / La República
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ESCUADRÓN: CONFIRMAN PROCESAMIENTO DE BARDESIO Y FREITAS

Tribunal confirmó el procesamiento de dos ex integrantes del Escuadrón de la Muerte

Caso Castagnetto. Bardesio y Freitas condenados por "homicidio muy especialmente agravado"
La Justicia confirmó el procesamiento de los ex agentes de la DNII, Nelson Bardesio y Pedro Freitas, por los crímenes del "Escuadrón de la Muerte". Además de ratificar la existencia de la organización parapolicial, la interpretación usada supondría la prescripción de tres de sus crímenes.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó en todos sus términos y por unanimidad, el procesamiento con prisión de los ex agentes de Policía Nelson Bardesio y Pedro Freitas, por el homicidio del joven Héctor Castagnetto, en agosto de 1971. Los ministros del TAP Eduardo Borges, Bernardette Minville y José Bonavota analizaron el voluminoso expediente judicial y confirmaron el fallo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, por el cual se procesó a ambos ex agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), por sus implicancias en la actividad de la organización parapolicial.

En este sentido, el TAP confirmó el procesamiento de Bardesio y Freitas como co-autores de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", en virtud de su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Castagnetto. En tanto, la Sala rechazó formular imputación contra el ex agente Washington Grignoli, y excluyó atribuir responsabilidad por los homicidios de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos, como solicitara la Fiscalía.

En este sentido, el fallo de la jueza Eustachio supuso un reconocimiento del amparo oficial de los gobiernos democráticos de la década del '70, sobre el accionar clandestino y sistemático de los "Escuadrones de la Muerte", grupos parapoliciales responsables de "atentados, secuestros, torturas y homicidios". "Esos grupos tenían por objeto la represión del MNL-T y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado", señaló la magistrada.

El abogado Guillermo Payseé, querellante en la causa por los crímenes del "Escuadrón", valoró como "sumamente positiva" la decisión judicial. "Una vez más los Tribunales de Apelaciones ratifican las resoluciones de primera instancia descartando argumentos, en algunos casos absurdos, de las defensas", dijo Payseé. El abogado recordó, en este sentido, el libro publicado por el abogado Miguel Langón, representante de Miguel Sofía, prófugo de la Justicia uruguaya, tras el pedido de procesamiento en su contra. "El libro decía cosas descabelladas como que el 'Escuadrón de la Muerte' era una invención de la prensa, lo cual ahora es nuevamente rebatido por la sentencia del TAP", expresó.

Prescripción

La tesis utilizada por la jueza Eustachio y posteriormente confirmada por el TAP de 3º Turno para valorar los crímenes del "Escuadrón de la Muerte", es decir, la no categorización de sus acciones como "delitos de lesa humanidad", supone la prescripción de los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y la desaparición de Abel Ayala, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La magistrada y los ministros del TAP sustentaron los procesamientos por el caso de Castagnetto en la elevación en 1/3 de los plazos de prescripción, mediante la utilización del artículo 123 del Código Penal, por la gravedad de los delitos imputados y la categorización de los responsables como sujetos "peligrosos". La interpretación supuso elevar a 26 años y 8 meses el plazo de prescripción. En este sentido, los plazos de persecusión punitiva de los delitos atribuidos a la organización parapolicial, con la actual interpretación de los magistrados, vencieron el 21 de noviembre de 2009 (Ayala), el 4 de diciembre de 2009 (Ramos Filippini) y el 1º de julio de 2010 (Ibero Gutiérrez). Abel Ayala desapareció el 18 de julio de 1971, Manuel Ramos Filippini fue asesinado el 31 de julio de 1971 e Ibero Gutiérrez fue asesinado el 28 de febrero de 1972.

Sin embargo, Payseé se mostró confiado en un cambio de jurisprudencia en jueces y ministros, para considerar estos crímenes como "delitos de lesa humanidad". "No hay dudas que estamos ante crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes del Estado, por lo cual los delitos son imprescriptibles y deben ser juzgados", dijo Payseé. Por tanto, "la Justicia deberá seguir investigando, porque estos crímenes no pueden quedar impunes. Se trata de dos personas que fueron asesinadas y una desaparecida en el ámbito de la actuación del 'Escuadrón de la Muerte'. Ayala fue el primer desaparecido (por motivos políticos) en Uruguay, incluso antes del golpe de Estado", recordó Payseé.

La actual tesitura sobre la categorización de los crímenes está a estudio de la Suprema Corte de Justicia, tras tres recursos de casación impetrados por la fiscal Mirtha Guianze. La representante del Ministerio Público solicitó tipificar el delito de "desaparición forzada", con su consecuente categorización de "delito de lesa humanidad", para varios crímenes perpetrados durante la dictadura. La calificación tornaría "imprescriptibles" dichos delitos.

Fuente: Mauricio Pérez (La República)

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