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El polvorín

URUGUAY - EL PERIÓDICO INGLES “THE GUARDIAN” PROPONE A MUJICA COMO PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO‏

21 Febrero 2013 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

   19 de febrero de 2013 mujica comercio

 

MENSAJE DE LA 36

 

EL PERIÓDICO INGLES “THE GUARDIAN” PROPONE A MUJICA COMO PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO

HEBER: DESACATO DE FERNÁNDEZ HUIDOBRO
“¿Por qué el FA no habla del desacato de Huidobro a la jueza Mota?”

La Suprema Corte deja al gobierno sin opción para sustituir el ICIR

MÁS DIVISIONES EN EL GOBIERNO FRENTEAMPLISTA
“Pase de facturas entre el astorismo, contrario al ICIR, y el mujiquismo, que defiende el cobro de un impuesto a la concentración de la tierra”

ASTORI CONTRA LA REFORMA CONSTITUC IONAL DE MUJICA
 “La reforma de la Constitución está prevista en el programa del Frente Amplio. Pero los tiempos no dan para este período”

 

 

El presidente José Mujica tuvo otra aparición estelar en medios internacionales pero esta vez no se trató de un perfil; fue incluido en lo que el autor Andrew Simms, columnista de Economía del periódico británico The Guardian de Londres, llamó “Tierra Buena” o Goodland en inglés.

Un lugar en donde para él se combinan las mejores prácticas económicas y sociales del mundo y en el que se logra un ideal en el que “seguramente querrías vivir”.
 
La nota se titula “Juguemos a la Economía de fantasía. Las cosas podrían realmente mejorar – ¿Una nación orientada a la familia, justa, justa socialmente y de propiedad mutual? Existe, simplemente que no está todo en el mismo lugar”.
 
“¿Tú crees que no hay alternativas a cómo están las cosas, que los tiempos son difíciles y las decisiones también? Entonces ven a Tierra Buena”, comienza diciendo. “Su presidente niega la mansión presidencial. Regala 90% de su salario y vive con el promedio nacional para cooperar en la lucha de su gente”.
 
Y continúa describiendo que en “Tierra Buena hay una nueva constitución, escrita por su gente. Cuando el sector financiero cayó, los especuladores tuvieron que ir a la corte con la culpa, y no los perdonaron. Además es un país con un sistema financiero que es en su mayoría propiedad de la gente y evita tomar riesgos grandes ayudando negocios pequeños”.
 
Por otra parte, “en Tierra Buena el bienestar humano es más importante que el crecimiento económico. Hay un plan nacional para el bien vivir” y enumera unas cuantas leyes que hacen que esto pase.
 
Dice además que las ciudades en Tierra Buena son ecológicas y la comida es orgánica. Planean para 2017 no utilizar más combustibles fósiles. Y se puede elegir tener una semana más corta si se quiere. Esto, entre otras cosas.
 
Finalmente el autor conecta todas estas presuntas utopías a las realidades de distintos países. “Tierra Buena existe, pero está un poco dispersa. Cada aspecto puede disfrutarse en el mundo real, pero no en el mismo lugar. Es como el fútbol de fantasía, en donde construyes tu propio equipo eligiendo a los mejores jugadores, pero mejor. Las Economías de Fantasía no se limitan por la oferta de los protagonistas, sino por el crecimiento que se genera de emular las mejores prácticas en donde sea que las encuentres”, dice el autor, finalmente identificando que el presidente nombrado anteriormente es “José Mujica de Uruguay. Que vive con alrededor de 450 libras por mes. Su guardia presidencial es de dos policías y una perra de tres patas. Maneja un escarabajo de 1987 y critica el modelo de desarrollo de los países ricos, reprendiendo a otros líderes por su “ciega obsesión de crecimiento con el consumo”.
 
El ejemplo de los bancos y los especuladores aclara Simms es Islandia. La ciudad que decide cómo gasta cada porción de su dinero es Porto Alegre. Alemania es el país cuyos bancos dedican sus negocios a pequeñas empresas y que son propiedad en su mayoría de mutuales y no se arriesgan a la especulación.
 
Nombra a la cooperativa Mondragón de España, que es propiedad de 80.000 empleados. De los holandeses destaca que pueden pedir trabajar menos días por semana y de Bhutan que mide su éxito no por el PIB sino por la Felicidad Interna Bruta.
 
Bolivia es la parte ecologista de Tierra Buena, por su Ley de Derechos de la Madre Tierra, mientras que Nicaragua es el país que se comprometió para el 2017 a no usar más combustibles fósiles. Nombra también el plan ecuatoriano para una buena vida.
 
Finaliza criticando a su país, el Reino Unido, citando el ejemplo de Dinamarca, que brinda salud y educación gratis, ayuda para los veteranos y casi tres cuartos del costo del cuidado de los niños. Sugiere que su país tiene muchas alternativas para mejorar el camino por el que está recorriendo y dice que Tierra Buena debería ser una. Se pregunta: “¿por qué no construirla o crearla”?
 
En otras palabras, a Simms le gustaría que Mujica sea el nuevo primer ministro del Reino Unido, subraya.
 
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (Icir) es “una decisión injusta” y “un golpe muy importante para las intendencias que ya tienen sus obras planificadas”.
 
“Pero lamentablemente la SCJ mediante sus fallos posiblemente proteja a estos grandes capitales perjudicando al país y a su gente que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. Frente a estos hechos decimos que respetamos los pronunciamientos de la SCJ porque somos partidarios de defender y ampliar la democracia, pero no los compartimos, ya que generan mayor injusticia en una sociedad que queremos transformar hacia la mayor equidad y justicia social”, señaló en su columna publicada este martes en el sitio del Frente Amplio.

Columna de la Presidenta

Presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.

Justicia no “capricho”
 
Dra. Mónica Xavier
Senadora
Presidenta del Frente Amplio
 
En los últimos días se insiste con gruesos epítetos por parte de integrantes de la oposición contra el Frente Amplio, entre otros y tal vez el no más agresivo, que se actúa por capricho, imponiendo las mayorías parlamentarias para la aprobación de determinados proyectos.
 
El accionar de nuestra fuerza política desde que asumió el Gobierno de la República, ha tenido como eje la realización de cambios profundos en pos de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, con paz y justicia social, no con caprichos y lo estamos logrando.
 
Desde el Plan de Emergencia Social, la Reforma Tributaria, la Reforma de la Salud, el Plan Ceibal, hasta el SUCIVE, que terminó con la “guerra de patentes” de hace casi 50 años, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la Universidad Tecnológica para el interior, entre otros da, cuenta de ello; así como la Ley que anula la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura cívico, militar.
 
Claro, entendemos que varios de los cambios molesten, no gusten. Porque reconocen derechos, porque permiten accesibilidad, porque otorgan poder a los ciudadanos. Molestan, las 8 horas para los peones rurales, los derechos de las empleadas domésticas, molestan los consejos de salarios, molesta el IRPF y entendemos que estén molestos, porque deben pagar más los que más tienen y han tenido que pasar por la justicia los violadores de derechos humanos.
 
Ha trascendido en las últimas horas que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallará a favor, de algunos recursos interpuestos por ciudadanos que tienen más de 2.000 hectáreas de tierras, unas pocas familias y empresas transnacionales que concentran más de medio millón de hectáreas. Según la ley que establece el ICIR éstos deben pagar un tributo que será volcado a caminería rural, que tan necesaria es. Para nosotros, más allá del fallo de la SCJ, éste es un tributo sumamente legítimo en la medida que aplica el concepto de justicia como valor y permitiría que aquellos que se han enriquecido enormemente por el incremento de valor y productividad de la tierra, vuelquen más recursos a la sociedad. Pero lamentablemente la SCJ mediante sus fallos posiblemente proteja a estos grandes capitales perjudicando al país y a su gente que se verá limitada una vez más en las obras necesarias a realizar. Frente a estos hechos decimos que respetamos los pronunciamientos de la SCJ porque somos partidarios de defender y ampliar la democracia, pero no los compartimos, ya que generan mayor injusticia en una sociedad que queremos transformar hacia la mayor equidad y justicia social.
 
Nuestra fuerza política es profundamente respetuosa de la institucionalidad democrática. Rechazamos tajantemente las declaraciones provenientes de los dirigentes políticos de la oposición que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República.
Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país.
 
Resulta de una gran hipocresía que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar.
 
Que seamos respetuosos de la institucionalidad, no significa que no podamos dar opinión y llamar la atención sobre las acciones de cualquiera de los poderes del Estado. Y si se cumplen los anuncios de declarar inconstitucional el ICIR, además de ser una decisión injusta, será un golpe muy importante para las intendencias que ya tienen sus obras planificadas para avanzar en realizaciones a favor de la producción y de la población rural dispersa, la heroica población que queda en el campo!, mejorando la deteriorada caminería rural.
 
Por último es necesario informar que el Secretariado del Frente Amplio reunido en el día de ayer lunes 18, ha emitido una declaración en relación al reciente traslado de la Dra. Mariana Mota a un Juzgado de lo Civil.
La misma reclama:
1) Transparencia en la actuación de las autoridades públicas sin que esto signifique una afectación de la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.
2) Se expliquen los motivos del traslado cosa que “contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
3) La confianza en los magistrados uruguayos, “que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de estado”.
 
19 de febrero de 2013

También el senador Lorier del Partido Comunista, Frente Amplio dijo que ministros defienden el “poder hegemónico”.

Desde la coalición progresista se acusó a la Suprema Corte de Justicia de defender el “poder hegemónico” y se reconoció la preocupación por la posición de sus ministros.
 
El traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a otra civil, tenía a su cargo más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por militares durante la dictadura, generó cierto malestar en algunos sectores del Frente Amplio, en otros en cambio no.
 
Este hecho, sumado a la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y un posible fallo anulatorio de la ley interpretativa de Caducidad, destruye gran parte de la “estrategia engañosa” y para “llenar el ojo” de los votantes ingenuos de la coalición progresista.
 
El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, por ejemplo dijo al diario El País que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia, en el caso Mota, no se la puede tomar “como una verdad absoluta”. En el Frente Amplio “hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén coligiendo con las definiciones parlamentarias”, admitió Pardiñas.
Y opinó que “es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota de las organizaciones sociales”.
 
En la misma línea, el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, criticó desde su muro de Facebook las decisiones de la SCJ, a las que vinculó al “poder hegemónico”.
 
“Pienso que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas”.
 
Según Lorier, “las superestructuras jurídico, políticas actúan para defender los intereses dominantes. La tierra no se toca y a los criminales violadores de los Derechos Humanos tampoco. Eso nos quieren decir. Por eso, qué bien que han hecho (Hugo) Chávez, (Rafael) Correa y Evo (Morales) modificando la Constitución por la vía democrática”.
 
En tanto, “con todo respeto” el vicepresidente Danilo Astori opinó ayer que “sería conveniente que la Suprema Corte hiciera conocer los fundamentos del traslado, sería una contribución enorme para disminuir la tensión y le daría solidez a la decisión que ha tomado”.
 
En declaraciones a los canales 4 y 12, Astori señaló que como ciudadano le gustaría que la propia SCJ tomara, en el ámbito de su independencia, “la iniciativa de divulgar las razones para el traslado de Mota”.
 
El Secretariado Ejecutivo del FA respaldó la convocatoria al Parlamento a los ministros de SCJ, para que brinden explicaciones sobre el traslado de Mota. La coalición reclamó “transparencia” al máximo organismo judicial, y se preocupó en aclarar: sin que ello afecte “la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”.
 
En la declaratoria se solicita la explicación de los motivos del traslado de Mota a fin de “descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”.
 
A su vez califica de “hipocresía lamentable” que blancos y colorados se presenten como defensores de la independencia judicial cuando “hasta hoy amparan la ley de Caducidad”.
 
El vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo dijo que la resolución resume el sentir de la coalición en el entendido que “no se puede dejar confundir un pedido de información con una violación del principio de separación de poderes”.
 
El diputado Luis Puig del PVP dijo al diario El País que denunciará a la Suprema Corte de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que declare inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad.
 
El tema estará a consideración de la Mesa Política prevista para el próximo viernes 22.
 
La citación de la SCJ a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados será analizada este miércoles 20 en la reunión de la comisión, donde el Frente Amplio tiene cinco de sus nueve integrantes.
 
El Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales fue gestado por la Presidencia en mayo de 2011. Tenía por objetivo combatir la concentración de la tierra y por eso gravó a las superficies mayores a 2.000 hectáreas. Se acordó con los Intendentes que la recaudación se destinaría a la caminería rural, y así se logró su apoyo. Desde la oposición, e incluso desde el sector del vicepresidente Danilo Astori, se advirtió sobre la inconstitucionalidad del impuesto.

La Suprema Corte recibió 127 recursos y les dio la razón, haciendo caer el impuesto. Desde el gobierno se la acusa de “defender los intereses de los ricos”.

El revés sumergió al gobierno en un debate profundo acerca de la propiedad de la tierra
 
Los argumentos que utiliza la Suprema Corte de Justicia en el fallo contra el impuesto a la tierra deja al gobierno sin herramientas para aplicar otro tributo a la tierra y es por eso que se abre un debate “de fondo” en el gobierno sobre la propiedad rural.
 
La Corte de Justicia entendió que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales viola los artículos 297 y 298 de la Carta Magna, que impiden la superposición de tributos de esa especie y establecen como fuente de recurso ese tipo de gravámenes a los gobiernos departamentales.
 
Por eso el presidente José Mujica primero y seguido ahora por distintos dirigentes del Frente Amplio, hablan de una reforma Constitucional, algo para lo que no tiene tiempo en este gobierno. El asunto genera además un debate interno dentro del propio Gobierno con un consiguiente pase de facturas entre el astorismo, contrario al ICIR durante su debate, y el mujiquismo, que defiende el cobro de un impuesto a la concentración de la tierra.
 
La sentencia de la SCJ incluye también una sugerencia al Ejecutivo para el caso de querer insistir con un impuesto similar, aunque con limitaciones en su alcance. La Corte asegura que se podría crear un “impuesto adicional nacional”, pero que no exceda el monto cobrado a cada propietario por la contribución inmobiliaria. La otra “opción” que plantea la SCJ para sustituir el ICIR establece condiciones restrictivas, como la administración exclusiva de las intendencias.
 
Todo ello  “ata de manos” al gobierno en su intención de gravar la concentración de la tierra.
 
El gobierno y las intendencias habían formado un fideicomiso para administrar lo recaudado 60 millones de dólares al año, aproximadamente, y se habían iniciado licitaciones, que ahora necesitan una financiación alternativa.

La reforma de la Constitución está prevista en el programa del Frente Amplio. Pero los tiempos no dan para este período y a lo sumo se podrá plebiscitar en 2014, salvo que se negocie con la oposición.  La vía más rápida sería aprobar en el Parlamento una ley constitucional, pero para ello la mayoría del Frente Amplio no alcanza y el oficialismo debería conseguir cinco senadores y 17 diputados opositores. Otra opción implica convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, pero no dan los tiempos. Las otras dos opciones implican plebiscitarlas en las próximas elecciones: juntar firmas, aprobar un proyecto con dos quintos de la Asamblea General.

“¿Por qué el FA no habla del desacato de Huidobro a la jueza Mota?”

Este martes, Heber expresó a radio Sarandí que hubo un “Desacato” de Huidobro contra la jueza Mota.
 
Heber señaló que en la izquierda se habló de los 50 casos de los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que tenía Mota, pero “nada dice el FA del desacato que tuvo el ministro Fernández Huidobro frente a la instancia de la jueza, cuando quiso sacar fotografías en un batallón militar”.
 
“¿Por qué había carteles de gente contra Fernández Huidobro del día del juramento de la jueza Mota? ¿Por qué el FA no habla de ese desacato a la jueza Mota? Se negó que se le permitiera sacar fotos”, comentó.
 
El senador recordó que “cuando la jueza quiso entra a sacar fotos, el ministro le negó sacar fotos”. “Y era voz corrida en el mes de febrero, no sé si es cierto, de que la jueza iba a citar a Fernández Huidobro al juzgado. Entonces, ¿es el tema de los 50 casos de lesa humanidad o es el enfrentamiento que la jueza tuvo con Huidobro?”, preguntó.
 
“El FA políticamente tendría que darle una explicación de cómo un ministro de su gobierno, tupamaro, en su pasado violento, supuestamente tratando de generar las condiciones del hombre nuevo en Uruguay, termina desacatando la orden judicial de una jueza que quiere entra a un cuartel”, indicó Heber.

Astori contra la reforma constitucional de Mujica
Nueva discrepancia entre los jerarcas, Astori le cobró a Mujica no haber tomado las medidas que recomendó.
 
El vicepresidente Astori discrepó con la decisión de Mujica de reformar la Constitución para gravar las grandes extensiones de tierra y recordó que de haber aceptado sus propuestas hace más de un año no enfrentarían la inconstitucionalidad del ICIR.
 
Astori volvió a quedar enfrentado al presidente José Mujica, nuevamente por el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Cuando Mujica anunció en mayo de 2011 su intención de gravar las extensiones de tierra que excedieran las 2.000 hectáreas, Astori se enteró por la prensa y se manifestó en contra, proponiendo alternativas impositivas que permitían la misma recaudación.
 
Con el ICIR rechazado por la Suprema Corte por inconstitucional, Mujica anunció el pasado viernes una reforma de la Carta Magna. Astori, que también se enteró de esta iniciativa cuando el presidente la divulgó, ayer fijó una posición contraria.
 
“Sinceramente no creo que sea prioridad nacional reformar la Constitución. Para estos efectos no es necesario y puede perjudicar la marcha del gobierno en el sentido de perder dedicación a temas que son prioritarios”, afirmó ayer Astori a los canales 4 y 12.
 
“Lamentablemente hemos perdido tiempo por este proceso, lo cual significa también haber perdido recaudación, recursos y posibilidades de hacer obras”, sostuvo Astori. En su momento la definición del ICIR había generado un cortocircuito entre el mujiquismo y el astorismo y el vicepresdente había advertido de este desenlace del impuesto en la Corte.

En la reunión con el Congreso de Intendentes, el presidente José Mujica descartó la aplicación de detracciones, como plantea el Partido Comunista.

La posibilidad de reformar la Constitución para agregar nuevos impuestos al agro no estuvo sobre la mesa. Sin embargo, varios intendentes mantienen distancia de la idea planteada por Mujica. El intendente Carlos Enciso (Florida) dijo que “la reforma constitucional no es la solución inmediata al problema de la caminería rural”.
 
En la misma línea, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, dijo que una reforma constitucional “es un tema delicado”, pero agregó que se puede estudiar.
 
El jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, opinó que la reforma constitucional “no es necesaria”. El intendente salteño Germán Coutinho se excusó de hacer comentarios sobre la propuesta.

A los dirigentes maniobreros del Frente Amplio se les jode el verso y la maniobra de engaño a sus afiliados y simpatizantes a pasos agigantados.
Es cierto que la jueza penal Mariana Mota procesó al ex Presidente y dictador Juan María Bordaberry y manejaba más de 50 causas vinculadas a los derechos humanos. Pero hace falta agregar a esta verdad a medias que la reclusión fue en su propia vivienda o la de su hijo. 
Solo esto bastó para que la jueza fuera respetada y admirada por las organizaciones sociales y los sectores del Frente Amplio que más versos han hecho sobre los derechos humanos. Por que de una manera u otra les favorecía a sostener el verso.

La decisión de la Suprema Corte de trasladarla a la órbita civil, un trámite administrativo ordinario que en general no toma estado público, generó un profundo malestar en estos sectores del FA.
Sin embargo de forma cínica, lamentable y cómplice estos mismos dirigentes frenteamplistas que con su doble discurso participan del Gobierno de Mujica, o del anterior de Tabaré Vázquez permanecieron callados cuando en el último plebiscito de la Ley de impunidad Fernández Huidobro, Astori y otros sectores del FA, no votaron para anular la ley. Y más recientemente tampoco protestaron o se les escuchó decir una palabra en contra de Fernández Huidobro cuando no dejó ingresar a la jueza Mota al Batallón 14 a investigar sobre los desaparecidos.
¿Alguien a sentido un solo reproche o una sola crítica del PIT CNT, la FEUU o de un sector del Frente Amplio, por las declaraciones del señor Presidente de la Republica y su señora esposa la senadora Lucía Topolansky, diciendo que está mal tener a esos viejitos presos?    

Entonces no es una hipocresía cínica y mentirosa reclamarle a la Corte de Justicia, lo que los propios sectores del Frente Amplio cuestionan, atacan, encubren, defienden a favor de los violadores de los derechos humanos en el Uruguay?.

¿No es otra gran mentira reclamarle a la Corte de Justicia a ese Poder del Estado, lo que el propio Estado como poder superior ha venido haciendo desde hace ocho años? Primero con Tabaré Vázquez a la cabeza y ahora con Mujica.
¿Pero hasta donde quieren llegar en este engaño a sus votantes y simpatizantes?
Tabaré Vázquez invitó a Bush a visitar Uruguay, hasta allí fueron Mujica, y todos los ministros del Frente Amplio, comunistas, socialistas, anarquistas a olerle las patas al genocida yanqui. ¿Y que hacían hipócritamente los sindicalistas del Frente Amplio, comunistas, socialistas y anarquistas en Montevideo?
Posiblemente muchos ya no lo recuerden, pero organizaron una gran manifestación en 18 de Julio. ¿Y cual era la consigna?
¡Fuera Bush de Latinoamérica! Cuando Bush se encontraba en nuestro propio país. Y al mismo tiempo Chávez y Kirchner organizaban un contracto en la Argentina.   

Ahora ni la esmirriada “leicita” de interpretación de la ley de caducidad aprobada en el 2011 les va a quedar en pie.

La Suprema Corte de Justicia ahora se apresta a declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2011 y por la cual se interpretó la ley de Caducidad elevando los plazos de prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura. El fallo provocaría que se archive la mayoría de las causas que investiga la Justicia por violaciones a los Derechos Humanos. Con ello se terminará de enterrar todas las investigaciones.

También la Suprema Corte debe pronunciarse sobre recursos presentados por acreedores de PLUNA que denuncian la inconstitucionalidad de la ley que habilitó la quiebra de la aerolínea. De considerarse inconstitucional, provocaría una sucesión de situaciones muy complejas desde el punto de vista administrativo y legal, considerándose nulos muchos de los pasos dados por el gobierno con los activos de la empresa y los aviones. Además, la Justicia del Crimen Organizado sigue investigando causas vinculadas al cierre, como por ejemplo todo lo relativo a subasta de los aviones, hecho que dejó comprometido al presidente del BROU, Fernando Calloia, y al Presidente de ANCAP, Raúl Sendic.

Ahora el doble discurso se le jode a todo el mundo.
Al PIT CNT, con sus derechos humanos, la tropas en Haití, los Consejos de salarios, la recuperación salarial y la resucitación del Frigorífico Nacional.
El Frente Amplio ya no puede ocultar sus divisiones internas, su inoperancia, su falta de organicidad, su funcionamiento.
El Primer Secretario del Partido Comunista del Uruguay Lorier habla a través de su “muro” de Internet.
La socialista Presidenta del Frente Amplio, escribe y declara en su página de facebook por Internet.
El ex Secretario General del PIT CNT y hoy vicepresidente del Frente Amplio el comunista Juan Castillo, declara a través del diario de la oligarquía El País.
Ni el Frente, ni sus partidos, ni el progresismo la ex izquierda tradicional, tienen un solo medio de comunicación propio y dependen cuando de sacarse los ojos entre ellos se trata de la gran prensa de la oligarquía. Por que la prensa oficialista por conveniencia como el diario La República no les conviene mostrar los trapitos sucios públicamente.
Nuevamente el Frente Amplio se divide entre “astoristas” y “mujiquistas”, esta vez por el impuesto a la tierra, por la reforma constitucional, y por la convocatoria a la Suprema Corte de Justicia al Parlamento.

Los mujiquistas, socialistas y comunistas necesitan como el “pan vendito” poder seguir manteniendo a sus bases confundidas y engañadas con eslóganes de defensa de derechos humanos, juicio y castigo a los culpables, que el que tiene más pague más, el nuevo frigorífico nacional, la profundización de la democracia, la recuperación salarial, el control de los precios de la canasta familiar, la ayuda social, la marihuana por la libre, ley del aborto gratuito, salud para todos, que Pluna siga volando, las maravillas de la “ceibalita” y el Presidente más pobre del mundo.

Por su lado en cambio los astoristas, ya no tienen que hacer verso alguno, a sus bases pequeñoburguesas, ni con los derechos humanos, ni con los salarios, frigoríficos, impuesto a la tierra y otras locuras parecidas, su realismo es mucho más directo, sincero y verdadero. Están más cerca de la Corte, del Honorable Directorio, del “sobretodo batllista”, y del diario El País, y de esta Constitución.   

Y están los otros los que permanecen callados por ejemplo Tabaré Vázquez, Michelini, Nin Novoa Mariano Arana, y que mucho también tienen que ver y para decir. No se quieren quemar, ya están pensando en los votos y en nada más.  

Ni a las murgas “compañeras” les queda verso en pie después de ocho años, seguir criticando a Bordaberry, Sanguinteti, Batlle o Lacalle parece un despropósito.
Es hora de que actualicen el libreto. Ha pasado mucho tiempo de que aquellos personajes fueron gobierno, tanto que aquellas murgas jóvenes del Carnaval de las Promesas hoy ya son veteranas.

COMO EN EL RECLAME DE UN REFRESCO DE POMELO.

¿NO ESTÁN CANSADOS DE TANTA DULZURA?

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