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El polvorín

Uruguay: En defensa de un derecho consagrado: Crysol entregó nota al Presidente de la República

14 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

En la tarde de ayer, con una concentración de respaldo frente a la Torre Ejecutiva, Crysol procedió a entregar una nota dirigida al Presidente de la República, Sr. José Mujica, solicitando se modifique el decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18.596 recientemente aprobado por el Consejo de Ministros en su conjunto.

 

El propósito de la solicitud es que se respete el derecho consagrado por la ley a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

 

La nota fue entregada en manos propias al Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alberto Breccia, quien recibió a una pequeña delegación de Crysol integrada por Chela Fontora, Baldemar Taroco y Gastón Grisoni. La reunión, con intercambio de puntos de vista por ambas partes, duró aproximadamente unos treinta minutos.

 

Al finalizar la entrevista,  Baldemar Taroco y Chela Fontora, informaron a los más de doscientos asistentes, acerca del tenor de lo conversado.

 

Merece ser resaltado que a la concentración prevista para respaldar la entrega de la nota, concurrieron delegaciones de ex presas y de ex presos políticos del interior del país. También se hizo presente una delegación de la Comisión por el Reencuentro.

 

Durante la concentración comenzó el proceso de recabar la firma de aquellos interesados en recurrir por la vía administrativa el decreto reglamentario que ya comenzó a organizar Crysol.

 

Las fotografías que presentamos a continuación, reflejan parcialmente la jornada llevada a cabo. Agradecemos a Martha Passeggi su contribución al respecto.

 

También se difunde el texto de la nota dirigida al Sr. Presidente de la República.

 

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Delegación designada por Crysol para entregar la nota: (de izquierda

a derecha): Carmen Vernier, Baldemar Taroco, Chela Fontora,

Brenda Falero, Gastón Grisoni y Julio Martínez.

 

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Chela Fontora y Baldemar Taroco informando acerca de lo conversado.

 

 

Nota dirigida al Presidente de la República, Sr. José Mujica.

 

 

Montevideo, 13 de octubre de 2010

 

 

 

Sr. Presidente de la República Oriental

del Uruguay.

Sr. José Mujica Cordano.

 

 

Sr. Presidente:

 

Por medio de la presente, solicitamos a Ud. que reconsidere el Decreto 294/010, respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma.

 

Como es de su conocimiento, la Ley Nº 18.596 promulgada por el Poder Ejecutivo el 19 de setiembre de 2009, establece en su Artículo 10  que las víctimas definidas en los artículos 4 y 5 de la misma, que hubiesen permanecido más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garantice su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

 

Al mismo tiempo, dicha norma, otorga rango de ley, a las disposiciones del Decreto 268/08 que estableció la atención en salud para todos los beneficiarios de la Ley jubilatoria Nº 18.033.

 

Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado de acuerdo a la Ley Nº 18.211 de 13 de diciembre de 2007 por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, de consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud.

 

Esta misma interpretación del alcance de la ley, fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.

 

La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso, la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios.

 

Aprobada a 25 años del retorno a la normalidad institucional, como resultado de la amplia y masiva labor desplegada por las organizaciones representativas de las víctimas, la Ley Nº 18.596 establece explícitamente la responsabilidad que le corresponde al Estado uruguayo por haber violentado el derecho a la vida, a la integridad psicofísica y a la libertad a miles de uruguayas y uruguayos durante el período iniciado a partir del 13 de junio de 1968, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

 

Es realmente sorprendente que al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y  dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, el poder Ejecutivo, al reglamentarla, restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos.

 

Aunque en su texto establece claramente el derecho a una reparación integral para todas las víctimas  del terrorismo de Estado de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, dicha ley no es, ni puede considerarse, una ley de Reparación Integral ya que, entre otras razones, no asegura el principal derecho de todas las víctimas, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales: no asegura el derecho a la verdad y a la justicia impedido por la vigencia de la Ley de Caducidad 15 848 de diciembre de 1986.

 

De acuerdo a las normas constitucionales vigentes,  por las cuales tanto luchamos junto a los trabajadores y el conjunto del pueblo uruguayo, no es potestad del Poder Ejecutivo modificar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un proyecto de ley originado en el anterior Poder Ejecutivo.

 

El decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596 recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo constituye, a nuestro entender,  un ejemplo claro de modificación de la ley aprobada el año pasado por el parlamento uruguayo, ya que restringe, sin ninguna fundamentación, un derecho claramente establecido por la norma.

 

Al reclamar que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente, reafirmamos los principios del funcionamiento democrático que se violentan en dicho decreto.

 

A más de 25 años del retorno al régimen constitucional es mucho lo que aún resta llevar a cabo para superar las heridas  abiertas del oprobioso período del Terrorismo de Estado.

 

Aprobar una ley de reparación integral que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y con la Convención Internacional contra la tortura, al mismo tiempo que supere las diferentes carencias y omisiones de las distintas leyes reparatorias que se han ido aprobando, es un requisito básico y esencial para avanzar en la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985.

 

Reiterando, por cuarta vez, nuestra solicitud de ser recibidos por Ud. para manifestarle directamente nuestros puntos de vista sobre los temas aquí expuestos, lo saludan atentamente,

 

 

 

Por Verdad, Memoria y Justicia

 

Por la Anulación de la Ley de Caducidad

 

Nunca Más terrorismo de Estado

 

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HACEMOS QUE LAS COSAS SUCEDAN

 

www.crysol.blogspot.com

 

 

 

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