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El polvorín

Uruguay: ESCUELA PÚBLICA SEGÚN MUJICA / CASO GONZALEZ FERNÁNDEZ

31 Agosto 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

                                                                                 23 de agosto de 2010

 

Mensaje de la 36

 

    
ESCUELA PÚBLICA SEGÚN MUJICA
“Es muy común que se tapen los caños del sistema sanitario. “Y no existe ningún vecino que ayude” reflexionó.
“Mujica pide “militancia” para proteger la escuela pública”
CASO GONZALEZ FERNÁNDEZ
Margarita Percovich, de la Vertiente Artiguista, dijo que “fue un operativo” y que “nadie es inocente”

El Gobierno progresista de José Mujica, el Frente Amplio, el PIT CNT y la dirección estudiantil de la FEEU, atraviesan una serie de contradicciones mayores, producto de la corrupción política, dentro de las propias instituciones del Estado.
Cuando el Frente Amplio era oposición y a la vez gobernaba la Intendencia de Montevideo, sufrió una grave crisis de transparencia, en relación al caso de Mario Areán secretario del entonces Intendente Mariano Arana.
En aquella oportunidad el Frente Amplio tenía un organismo de control político, en cuya presidencia se encontraba el General Víctor Licandro. Después de una larga y exhaustiva investigación, la Comisión de ética recomendó sancionar a Mario Areán, pese a que la Justicia ordinaria no había encontrado razones legales para la condena del funcionario de confianza de Arana.
El primero en criticar la resolución de la Comisión de Ética Política, encabezada por Licandro, fue en aquel momento el propio Mujica, quien declaraba públicamente a la prensa que: “Se trataba de una resolución de un milico viejo”. Al poco tiempo de conocerse aquella resolución Astori, concurrió al edificio Municipal a brindarle todo su apoyo a Mariano Arana y así los registraban fotográficamente los periódicos de la época. Mario Areán recibía a su vez el respaldo político de su fuerza política la Vertiente Artiguista
Licandro aduciendo razones de salud, abandonó dicho organismo de contralor y una nueva comisión pasaría a sustituir la anterior con la integración de un nuevo grupo de personalidades frenteamplistas
Esta fue la última actuación real de la Comisión de ética del Frente Amplio, con aquella  situación de hecho, la dirección del Frente Amplio había decretado la muerte de todo control y cuidado de la transparencia y la ética política, dentro del Frente Amplio.
A partir de ese momento pasaría a ser la Justicia ordinaria la encargada de señalar o condenar las irregularidades de los hombres de gobierno.
Poco tiempo después el General también haría abandono de la Comisión de Defensa dentro del Frente Amplio, una decisión tomada una vez más en soledad, y cuyo lugar pasaron inmediatamente a ocupar aquellos que hacia tiempo estaban haciendo cola para ocupar su lugar.
A partir de ese entonces solo coincidencias pasaron a ser las prioritarias entre la Comisión de Defensa, la dirección frenteamplista, el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. La piedra en el zapato, ya no existía más por lo menos, en la práctica, aunque intelectualmente Licandro mantuviera incólume sus principios y su filosofía al respecto.
El Gobierno del Frente Amplio no solamente carece de control exterior, por parte de los partidos de la burguesía, sino que aún peor sus dirigentes se encargaron de eliminar cualquier sector o persona que con cierta responsabilidad, o prestigio propio, pudiera poner en duda o cuestionar la gestión de cualquiera de sus representantes.
Ahora esta a la orden del día las acusaciones en contra del Doctor Gonzalo Fernández y por tanto en contra del propio Doctor Tabaré Vázquez quien ejerció como máxima autoridad durante todo el tiempo que se cometieron una serie de ilícitos económicos dentro de las Fueras Armadas, la administración pública, y ahora en relación a la familia Peirano. Al igual que en oportunidades anteriores el Partido Socialista, como lo hiciera en el pasado la Vertiente Artiguista  con Mariano Arana y Mario Areán, o Asamblea Uruguay en relación a Bengoa, la cuestión es defender hasta las últimas consecuencias a las personas cuestionadas contra viento y marea, por más que las evidencias sean imposible de no verlas.
Así está actuando el Partido Socialista en torno al caso de Gonzalo Fernández y así lo ha hecho también la Mesa Política del Frente Amplio, cerrando filas detrás de las actuaciones del Doctor Fernández.
¿Qué diferencia hay entre blancos, colorados, ambos partidos de la burguesía, y el Frente Amplio? ¿Es acaso ético y de izquierda defender a quien deshonra la trayectoria de una fuerza política en beneficio propio o sectorial? ¿Acaso una fuerza política de izquierda debe aguardar la resolución de la Justicia ordinaria, o debe proceder como lo hiciera en General Licandro en el caso Areán, actuando bajo el imperio de la fuerza moral y ética de la evidencia de la sumatoria de las pruebas reales, más allá de las pruebas que necesitan los jueces, bajo las interpretaciones que le dan a las leyes creadas por ellos? 
Los partidos funcionan como verdaderas “cofradías religiosas”, incluyendo al Frente Amplio, ante cualquier eventualidad que ponga en duda la honorabilidad de sus personajes, ante el cuestionamiento o la mínima acusación, la estrategia es “cerrar filas”, “negar todo”, atribuir intencionalidad política, y por último recurrir al factor “tiempo”, cuando se resuelva algo respecto a Gonzalo Fernández si es que se resuelve alguna vez, ya nadie recordará de que se trata, pues habrá muchos hechos parecidos o similares más recientes.  
Según lo señala el diario Ultimas Noticias del día de hoy, el presidente José Mujica dedicó su audición radial a la importancia de la escuela pública en el desarrollo de la sociedad. Las reflexiones se dan luego de la reunión que mantuvo el viernes pasado con los gremios de la enseñanza primaria.
Si bien consideró que los planteos hechos por los maestros “de ninguna manera nos parecen disparates ni inmaduros”, manifestó que los mecanismos “no deben sustituir los canales del gobierno para atender esos reclamos”.
La Asociación de Maestros del Uruguay Ademu y La Federación Uruguaya de Magisterio FUM, reclama una recuperación salarial del 50%, mientras que la propuesta del Poder Ejecutivo es de un 22%.
Mujica expresó ser “de los que pienso que hay que tener la audacia de mirar para otros lados” y llamó a los padres a “comprometerse” con la escuela pública.
“Por más recursos que se comprometan, los recursos no tiene sentimientos. Y no he visto ninguna causa noble que solo se resuelva con plata” expresó.
Para el mandatario tiene que haber una actitud “militante” para proteger a la escuela y puso como ejemplo que en algunas escuelas de los barrios más pobres, es muy común que se tapen los caños del sistema sanitario. “Y no existe ningún vecino que ayude” reflexionó.
“A cada escuela hay que hacerle un corralito de amor, para luchar a que este un poco mejor. Todos tenemos parte de en este asunto” concluyó.
El Presidente Mujica es un gran payador, un simulador, de esas personas que no sabe de nada, que habla de todos los temas sin profundizar ninguno, inventa permanentemente y lo hace en contra de la mayoría de los uruguayos. De la mayoría de los trabajadores, de los sectores más humildes de la población.
¿Alguien vio alguna vez a Mujica trabajando para destapar la cañería de una escuela, siquiera comprando una torta frita en una quermese escolar? ¿Cómo se puede criticar y hablar de esa forma, sin conocer la realidad, sin haber actuado uno mismo de la forma que se señala como correcta?
Y mucha gente cuando escucha esta manera de hablar se pone de acuerdo con Mujica, sin pensar sobre lo que se afirma. Quienes más apoyan la escuela después de los maestros son los padres, la famosa y gloriosa “Comisión de padres”. Gracias a ellos hay  una mano de pintura en las escuelas, revoques, y las chapas que se llueven. Hay comida para el comedor de los alumnos, y fiesta de fin de cursos para los niños.
Mujica debería dar cuenta por su responsabilidad de gobernante, de tener a las escuelas de “punta en blanco”  y no actuar y hablar como un “pequeño burgués”, que pretende “hacer sentir responsable de sus propios males, a las víctimas de la crisis”.
Los culpables verdaderos de que las escuelas se caigan a pedazos, de que los maestros tengan un sueldo miserables, son ustedes los gobernantes del Frente Amplio. Aquí no hay no “herencia maldita”, “ni ocho cuartos”. Aquí lo que hay es desidia, regeneramiento, gobierno a favor de la gran burguesía y en contra de los sectores populares y de los trabajadores.     
En otro diario de la burguesía El País aparece la noticia de que la señora Adriana Marquisio, ex presidenta de la Federación de Funcionarios de OSE y una de las promotoras de la reforma constitucional que en 2004 estatizó el suministro de agua potable, fue designada por el Directorio de OSE como asesora en comunicación, según una resolución del 4 de agosto.
Se trata de un cargo de particular confianza del Directorio, enmarcado en el escalafón “Q”, categoría 16 con un sueldo cercano a los $ 60.000 nominales.
Marquisio no es experta en comunicaciones y su carrera funcional se ha desarrollado como administrativa en la sucursal de Ciudad de la Costa, Canelones.
Marquisio, que se identifica como frenteamplista independiente aunque sus compañeros las ubican como votante del Partido Socialista, fue hasta hace pocas semanas vicepresidenta de FFOSE, cargo al que renunció.
Hace dos semanas un grupo de funcionarios y sindicalistas de base se reunieron en la sede de FFOSE para analizar la renuncia de Marquisio. En un principio se manejó la posibilidad de impulsar su desafiliación en la asamblea del sindicato, pero finalmente acordaron decidirlo más adelante.
En la reunión varios funcionarios cuestionaron la decisión de Marquisio y señalaron su preocupación por el nombramiento que surgió de parte del Directorio de OSE.
En el secretariado ejecutivo de FFOSE, por lo menos uno de sus miembros rechazó la decisión de Marquisio, mientras que otros integrantes indicaron que se trata de una opción de carácter personal que no se vincula al sindicato. Uno de los que llevó esta postura fue el secretario general de FFOSE, Carlos Sosa, quien advirtió que es “una decisión política que está por encima de lo gremial”.
Sosa prefirió no tomar posición sobre si está bien o no que el directorio de una empresa contrate como asesor a un dirigente sindical. Se limitó a señalar que en el caso de Marquisio se trata de una decisión política que se produjo dentro de la normativa.
El secretario general de OSE, Daoiz Uriarte, confirmó el nombramiento de la sindicalista. Lo justificó en el entendido que Marquisio tiene capacidad para manejar las comunicaciones internas del organismo por su pasado sindical y haber encabezado la campaña por el “plebiscito del agua” de 2004.
Uriarte destacó los contactos de Marquisio en el exterior. En ese sentido, una resolución del Directorio de OSE del 22 de junio autorizó el desembolso de US$ 1.732 para cubrir los viáticos de Marquisio durante un evento de Naciones Unidas en Nueva York sobre la “promoción del derecho humano al agua”. Días después, la contadora delegada del Tribunal de Cuentas en OSE observó el gasto, que finalmente quedó en US$ 500.
OSE autorizó a la sindicalista a viajar en comisión de servicio entre 22 de junio y el 2 de agosto. A la vuelta del viaje la funcionaria devolvió US$ 465, según dijo ella misma.
Uriarte reconoció que Marquisio participó recientemente de la firma de un acuerdo con una empresa estatal de aguas en Cuzco, Perú.
Consultada por el diario El País, Marquisio señaló que su experiencia en comunicaciones se reduce a la actividad sindical. “En el organismo trabajé en el relacionamiento con los trabajadores, depende de lo que se crea que es la comunicación”, señaló la nueva asesora de OSE.
Marquisio dijo que el cargo de asesor le fue ofrecido en el comienzo de esta administración por el directorio encabezado por el ex ministro de Vivienda, Carlos Colace.
Consultada sobre las características de su nueva función, dijo que se sumará al equipo de comunicación del organismo. Agregó que en el nuevo puesto no tendrá personal a cargo y que no tiene previsto realizar evaluaciones de la gestión sino asesoramiento directo al directorio de OSE.
Su cargo quedó en reserva, por lo que cuando finalice este período de gobierno, y si el siguiente no le renueva el nombramiento, Marquisio volverá a la oficina de Ciudad de la Costa.

Este es otro claro ejemplo de los mencionados. Realmente desde el punto de vista legal, nada de ilícito tiene el hecho de que un dirigente sindical de alto rango, pase posteriormente a trabajar en la misma empresa como directivo de la misma, o en cualquier otro ramo del Estado. Si el caso fuese llevado a un tribunal de Justicia, Marquisio seguramente quedaría libre de cualquier condena.
¿Pero en realidad es ético que la misma persona que tenía la responsabilidad de defender a sus compañeros ante la empresa estatal, después de un determinado proceso, de integrar comisión y delegaciones de viajes al exterior, haya cambiado de parecer y ahora sea defensora de la empresa en lugar de continuar al lado de sus camaradas de trabajo? 
¿Y si hablamos de las nuevas condiciones de trabajo? Solo pensar que va a pasar a percibir sesenta mil pesos, unos tres mil dólares al cambio actual, ya comprendemos otra de las importantes razones de su elección.
¿Puede ser entonces un cargo sindical convertirse en un trampolín para alcanzar altos cargos jerárquicos dentro del aparato estatal o la actividad privada? Seguramente no existirá condena de la Justicia, pero estos hechos destruyen la confianza moral y la ética del proceder humano dentro de la izquierda y la solidaridad de los trabajadores.   

Ahora se dice que la relación entre Fernández y la derogación del delito de los hermanos Peirano Basso vuelve a estar sobre el tapete en la interna del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular MPP, propuso que se conforme una comisión investigadora para aclarar la situación, lo que será analizado hoy en la Mesa Política del Frente Amplio.

Por su parte, el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay llegó a la conclusión de que “lo más conveniente para todas las partes involucradas es el establecimiento de una comisión investigadora o en su defecto el pasaje al Tribunal de Conducta Política”, explicó el secretario general del sector, senador Eduardo Lorier. Cosa por demás inocua e intrascendente en razón de que esta comisión está desactivada y además fue nombrada para sustituir la anterior y verdadera que integraba el General Licandro.

Según afirmó el legislador aparecieron “nuevos elementos” sobre la mesa como la noticia de que la abogada y ex fiscal Cecilia Salhon, que trabaja para el Estudio de Gonzalo Fernández, y es compañera sentimental de Fernández, pidió pocos días después de la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 las clausura del expediente penal contra los hermanos Peirano.

“Sinceramente desconocíamos la situación de la abogada Salhon, en cuanto a la defensa de uno de los directores del banco de Montevideo. Para evitar cualquier tipo de suspicacia o de elemento que pueda no estar totalmente claro, es bueno y necesario que se analice a nivel de la fuerza política y del Parlamento”, explicó.

En la misma línea, Lorier señaló que el PCU está dispuesto a aceptar la propuesta del senador colorado Ope Pasquet, quien tiene previsto solicitar en esta jornada la convocatoria a una sesión extraordinaria a los efectos de votar la creación de una comisión investigadora parlamentaria por el caso de Fernández.
Por supuesto que no va a pasar nada ya que el Frente Amplio cuenta con la mayoría de legisladores como para vetar cualquier intento de condena o señalamiento.

El senador argumentó que la investigación en la interna del Frente Amplio no es excluyente de la concreción de una comisión a nivel legislativo. “A nosotros lo que nos parece a punto de partida es que las cosas queden claras. Nosotros diríamos que cuando pensábamos que esta situación ya estaba definida aparece un nuevo elemento y uno entonces entra a preguntarse si no habrá nuevos elementos a posteriori. De manera que lo mejor es agarrar el toro por las guampas y establecer una comisión que clarifique todos los aspectos”, dijo Lorier.

En tanto, el diputado José Bayardi, Vertiente Artiguista, aseguró a Ultimas Noticias que antes de pedir la intervención del Tribunal de Conducta Política del FA, su agrupación apoyará la creación de una comisión investigadora a la interna del partido y a nivel parlamentario.

“En primer lugar vamos a escuchar las explicaciones y los fundamentos del compañero Gonzalo Fernández y la jurista Cecilia Salhon”, explicó Bayardi. Al tiempo que agregó que el pasaje al tribunal debe ser posterior y puede ser desencadenado por el propio partido, por un organismo de base.

“Nosotros pensamos que primero corresponde agotar las vías de recibir toda la información y en forma eventual investigar este proceso. Estamos dispuestos a impulsar una comisión interna”, concluyó el Bayardi.
Todos sabemos que la mejor forma de hacer desaparecer algo y de que no se resuelva nada, es nombrar una comisión, y allí mismo ya se terminó en problema.

En tanto, hoy en la mañana se reunirá el Partido Socialista para analizar cómo se posiciona ante el pedido de investigar que solicitan varios sectores del FA. En tanto, otros sectores como Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio, no adoptaron aún ninguna postura respecto al caso de Fernández.

Según pudo saber el proyecto, que desde el jueves estudian los senadores frenteamplistas, fue elaborado por la socialista Mónica Xavier ante la “conmoción pública” que provocó la decisión del Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno de la semana pasada, que dictaminó la clausura del proceso y la eliminación de los antecedentes.

El tribunal se expidió apoyado en el artículo 2º de la Ley 18.411, aprobada en noviembre de 2008 en el Parlamento, que derogó el artículo 76 de la Ley 2.230 de 1893, en base a la cual se envió a prisión a los hermanos Peirano. Ese artículo establecía que “los directores y administradores de sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para los quebrados fraudulentos”.

El proyecto de ley interpretativo que la senadora Xavier puso a consideración de sus compañeros de bancada el pasado jueves establece que la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 fue realizada con la finalidad de evitar que dos disposiciones, esa y la Ley 18.387 de octubre de 2008, contuvieran el castigo de las mismas conductas punibles.

Por lo tanto, el proyecto interpreta que la referida derogación no supone la eliminación de los antecedentes penales de las personas que hubiesen incurrido antes de la ley interpretada por actos de corrupción pública y privada.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario, aunque la aprobación del proyecto de ley interpretativo no tendrá carácter retroactivo como para anular la resolución del Tribunal de Apelaciones, sí le será útil a la fiscal Raquel Rodríguez cuando presente un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, última instancia judicial para expedirse sobre el caso.

Tras el cierre del Banco Montevideo, Jorge y Dante Peirano fueron procesados el 8 de agosto de 2002 por asociación para delinquir y por el artículo 76 de la Ley 2.230. José Peirano también fue procesado el 8 de agosto de 2002 por asociación para delinquir y por insolvencia societaria fraudulenta.

El 26 de marzo de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno ratificó los procesamientos, pero revocó los delitos de asociación para delinquir, al tiempo que se les cambió la acusación en base a la Ley 2.230 por el de insolvencia societaria fraudulenta.

Los hermanos Peirano estuvieron presos hasta 2007, luego de cuatro años y medio de prisión sin sentencia de primera instancia.

La decisión del tribunal generó sorpresa en legisladores del oficialismo y la oposición, que afirman que no esperaban que la ley que se votó en 2008 tuviera como efecto la eliminación de los antecedentes de los Peirano.

El tema fue tratado el lunes pasado en la reunión semanal de la bancada de senadores del Frente Amplio, según informó ayer el semanario Brecha, que también consignó cuestionamientos de legisladores blancos.

El senador Sergio Abreu y el diputado Álvaro Alonso, ambos de Alianza Nacional, contaron cómo votaron en ambas cámaras legislativas un proyecto que no imaginaban el efecto que tendría. Además, manifestaron que la iniciativa de hacer la modificación legal había sido del entonces canciller Gonzalo Fernández, aunque quien presentó el proyecto de ley en el Senado de la República fue el propio Abreu.

Asimismo, el senador frenteamplista Héctor Tajam  del MPP declaró al semanario que se cometió un error al aprobar la derogación en 2008, al tiempo que la ex senadora Margarita Percovich, Vertiente Artiguista, dijo que “fue un operativo” y que “nadie es inocente”, lo que motivó un fuerte malestar en filas socialistas.

La Justicia procesó con prisión al ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio. También dictó los procesamientos de otros tres marinos, uno de ellos con prisión domiciliaria por haber “colaborado”.
La investigación por las compras fraguadas en la Armada de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores llegó ayer a su punto álgido con el procesamiento de cuatro marinos.

La jueza especializada en Crimen Organizado de Primer Turno, Graciela Gatti, dictó el procesamiento con prisión del ex comandante en Jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, a quien le imputó “un delito continuado de fraude en calidad de coautor”, en el entendido de que fue él quien “habilitó y dio inicio a la maniobra por compras ficticias”.

Para la magistrada, existe convicción suficiente de que Fernández Maggio “decidió desafectar el crédito previsto para pagar al Banco Hipotecario, la cuota correspondiente al año 2008 por el edificio de viviendas ocupado por Oficiales de la Armada en Avenida del Libertador y Asunción y usarlo para otros fines”, disponiendo cómo se gastaría “asignando parte a Danilo Damonte capitán de navío, ex responsable de Planeamiento y Presupuesto Naval y parte a Gerardo Feble capitán de navío, ex director de Logística de la Armada, quienes le rendían cuentas en forma periódica”.

Según consta en el auto de procesamiento al que accedió Ultimas Noticias, Gatti entendió que si Fernández Maggio “estaba tan preocupado, como lo declaró, por la situación económica de la Armada y la disponibilidad de fondos por parte de ésta, al punto de preferir generar una deuda con el BHU antes que quedarse sin dinero disponible, no resulta razonable ni creíble que se desentendiera totalmente del destino a dar a esos fondos y dejara todo en manos del Estado Mayor”.

La jueza también dispuso el procesamiento con prisión de Feble y del capitán de navío Pablo Da Costa quien presta servicios en la Dirección General de Material Naval, ambos por “un delito continuado de fraude” pero en calidad de autores, en el entendido de que fueron ellos quienes ejecutaron las compras falsas, firmando facturas, administrando el dinero y cobrando parte del mismo.

Para Damonte, la jueza dispuso su procesamiento sin prisión, también como “autor de un delito continuado de fraude”. Amparándose en la figura del “colaborador”, que introdujo la ley Antilavado, el capitán de navío llegó a un acuerdo con la fiscal del caso, Mónica Ferrero, para obtener una pena menor a cambio de colaborar brindando información clave para la dilucidación del caso. Es así que Gatti determinó que, como medida sustitutiva de la prisión, Damonte cumpla prisión domiciliaria, lo que implica que no podrá abandonar el domicilio salvo con previa autorización de la Sede o por razones de urgencia médica, las que deberán acreditarse en plazo de 24 horas.

Respecto al nivel de implicancia de los indagados, la defensa de Fernández Maggio planteó que en el caso existió “unidad de resolución criminal” y es por eso que se cambió la tipificación solicitada por la fiscal de delito de “fraude en reiteración real” por el de “delito continuado de fraude”. Asimismo, la sede penal entendió que el ex comandante en Jefe fue “coautor” del delito “al haber determinado a otros a cometerlo”.

En cuanto a la responsabilidad penal de Feble, la fiscal Ferrero había solicitado que fuera enjuiciado, además de por el delito de fraude, por un delito de “falsificación ideológica de documento público”.

Sin embargo, la jueza Gatti no hizo lugar a la solicitud, dado que la fiscal “hace referencia a más de un documento que sería falso, sin especificar en definitiva cuál es el que a su juicio configura el delito”.

Para todos los procesados, la magistrada decretó el embargo por la suma de $ 11. 629.548.

Por último, respecto al vicealmirante Alberto Márquez, actual jefe del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada, la magistrada decidió no procesarlo, dado que sus abogados presentaron documentación además de que se realizó una prueba caligráfica, que determinó que su firma fue falsificada en los documentos relativos a los gastos de las compras.

Para el cobro del dinero por las compras ficticias, los oficiales procesados enviaron a dos personas de identidad falsa como representantes de empresas proveedoras.

En el caso de la grúa, un tal “Claudio Machado”, supuesto representante de la empresa argentina Jonach Construcciones Electromecánicas, fue quien concurrió a la Armada a cobrar. El tesorero le pagó con dos cheques uno por $ 2.270.637 y otro por $ 1.802.901. En el caso del banco de prueba, el 28 de enero de 2009 se presentó una señora a quien no se le controló la identidad, por orden del capitán Márquez, y que dijo ser N. A., la que presentó los recibos correspondientes y cobró la suma de $ 7.555.010 en tres cheques del Brou librados contra la cuenta de la Armada.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, informó que ayer dispuso dos nuevas investigaciones administrativas, una de las cuales tiene como objetivo la sede central del propio Ministerio por situaciones ocurridas el año pasado. Asimismo, indicó que en agregadurías militares en el exterior el país gasta 11 millones de dólares anuales, lo que consideró “indefendible” desde el punto de vista de la relación “costo beneficio”.
En tal sentido, anunció que habrá un decreto para reducir sustancialmente ese gasto y, por consiguiente, las propias agregadurías. Entrevistado por la señora Sonia Breccia en Canal 5, el secretario de Estado dijo que “hoy dispuse dos nuevas investigaciones administrativas, una de ellas en el propio Ministerio” que tiene que ver con “hechos del año 2009”. También indicó que “entre ayer y hoy se me evacuaron tres investigaciones que estaban solicitadas, una que tenía que ver con el complejo naval de la Armada, otra con la Subprefectura de Piriápolis y la tercera en la Dirección de sanidad de las Fuerzas Armadas”.

Rosadilla ensayó una comparación muy gráfica: “Es como si se hubiera roto una piñata y estamos en ese momento en cada uno corre por algún caramelo”. En otro orden, informó que el martes le propondrá al Tribunal de Cuentas que se realicen trabajos de auditoría “sobre el tercer año de cada gobierno de los períodos democráticos, años 1987, 1992, 1997, 2002 y 2007. Porque el tercer año de un gobierno es un año en el que el gobierno que ingresó ya está consolidado, que ya los cambios que quiso introducir ya los procesó, que conoce el Ministerio, que ya está en pleno funcionamiento”.
Consideró que en la Armada se han constatado situaciones “de rectitud, de aprovechamiento y de delito, que son tres franjas distintas pero bien definidas. Y acá ha habido de todo, gente muy recta, gente aprovechadora y gente que delinque”.

Pasando a otro tema de último momento en Colombia Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC expresaron su disposición de acudir a una asamblea convocada por los países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para exponer su visión sobre el conflicto interno que vive ese país.
 
“Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una asamblea de UNASUR nuestra visión sobre el conflicto colombiano”, propone el grupo por medio de una carta abierta firmada por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP que fue divulgada este lunes.

Las FARC insisten en su voluntad de buscar una salida política al conflicto, “aunque el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo”.

“Aunque el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington, queremos reiterar a la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, nuestra irreductible voluntad de buscar una salida política al conflicto”, se extrae del texto.

Las FARC critican las acciones militares que emprende Estados Unidos en Colombia y como ese país de Norteamérica  tiene un  “interés geoestratégico, de predominio continental y no en razón de una guerra local contrainsurgente”.

“Algunos aluden frecuentemente a la obsolescencia de la lucha armada revolucionaria, pero nada dicen de las condiciones y garantías para la lucha política en Colombia”.

El grupo expresa que muchos ubican la amenaza en la insurgencia y no en la estrategia “neocolonial del gobierno de los Estados Unidos, pareciendo ignorar que con guerrilla o sin ella el imperio dará curso a su agenda de predominio”.

TeleSUR pública el texto íntegro de la carta abierta divulgada este lunes.

El mismo es el siguiente:

Farc listas a hablar en asamblea en UNASUR

La ofensiva diplomática de las Farc a toda máquina. Mientras por un lado el gobierna colombiano cierra las puertas a Conversar sobre el conflicto social y armado, las Farc toca otra puerta.

Desafortunadamente la OEA y la ONU siguen plegadas a las orientaciones del capitalismo salvaje. Poco o nada que hacer en esos espacios supuestamente “democráticos”. Con anterioridad las Farc cursó cartas a la ONU sin respuestas hasta ahora.

Carta abierta de las Farc-Ep a UNASUR

Aunque el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington, queremos reiterar a la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, nuestra irreductible voluntad de buscar una salida política al conflicto.

Es un hecho que éste desbordó, desde hace años, el marco de las fronteras patrias como consecuencia de las estrategias “preventivas” impuestas a Bogotá por el gobierno de los Estados Unidos. Si Colombia hoy está ocupada militarmente por una potencia extranjera, lo es en desarrollo de un interés geoestratégico, de predominio continental y no en razón de una guerra local contrainsurgente.  Nadie discute que la Casa Blanca asume con preocupación la presencia política, cada vez mayor en este hemisferio, de gobiernos que optan por el decoro patrio y la soberanía.
En nuestro país, el Plan Colombia, la estrategia neoliberal, la violencia institucional y para institucional, han agravado a niveles insospechados el conflicto, haciendo muy difícil superar esta etapa de confrontación fratricida sin la ayuda de países hermanos.
El drama humanitario de Colombia clama la movilización y solidaridad continental. La obsesión oligárquica por someter militarmente a la guerrilla desde hace 46 años, y la ejecución de los planes guerreristas y represivos de Washington han costado innumerables masacres, fosas comunes como la de la Macarena que esconde más de 2000 cadáveres: la más grande de América Latina, crímenes de lesa humanidad llamados eufemísticamente “falsos positivos”, un desplazamiento forzoso de cinco millones de campesinos, desapariciones de ciudadanos por causas políticas, detenciones arbitrarias, 30 millones de pobres en un país de 44 millones de habitantes…
Algunos aluden frecuentemente a la obsolescencia de la lucha armada revolucionaria, pero nada dicen de las condiciones y garantías para la lucha política en Colombia. Otros ubican la amenaza en la insurgencia y no en la estrategia neocolonial del gobierno de los Estados Unidos, pareciendo ignorar que con guerrilla o sin ella el imperio dará curso a su agenda de predominio. Y los hay también proclives a presionar a una sola de las partes contendientes, casi siempre a la insurgencia.
La paz con justicia social y no la guerra por la guerra, ha sido el objetivo estratégico de las FARC desde su surgimiento en 1964 en Marquetalia. Si las conversaciones de paz de Casa Verde, Caracas, Tlaxcala y el Caguán, no llegaron a feliz término, fue porque las oligarquías no quisieron considerar ningún cambio en las injustas estructuras políticas, económicas y sociales que motivan el alzamiento. Hoy enfrentamos, enarbolando incuestionables banderas políticas, la más grande maquinaria bélica que haya enfrentado guerrilla alguna, pero siempre luchando la posibilidad de una solución política.
Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una asamblea de UNASUR nuestra visión sobre el conflicto colombiano.

La paz de Colombia es la paz del continente.

Reciban nuestro saludo

De ustedes atentamente,

Compatriotas

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, Agosto de 2010,

Año bicentenario del grito de independencia.
Pero se supo que inmediatamente el Vicepresidente Angelino Garzón rechazó propuesta de las FARC.
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien desde este lunes retoma sus funciones tras una delicada operación, rechazó la propuesta que la guerrilla de las FARC le hizo para iniciar caminos de paz desde la Unasur.
“El Gobierno lo que le exige a la guerrilla colombiana es que ponga en libertad a los secuestrados sin condiciones (...) el propio presidente de la República ha dicho que él para construir caminos de paz no necesita intermediarios”, aseguró el Vicepresidente.
De acuerdo con Garzón, antes de que se inicien caminos de paz, la guerrilla debe hacer “que cese la práctica del secuestro, las minas antipersonas, que pongan en libertad a los miles de niños que han reclutado forzosamente”.
“Esta es la deuda moral que tienen tanto la guerrilla de las FARC como el ELN con la población colombiana: cumplan con esa deuda moral y las puertas de la paz no estarán cerradas para construir caminos de reconciliación”.
De otro lado, Garzón confirmó que este martes se reunirá con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para hablar sobre temas de Derechos Humanos.

A las nueve de la mañana hizo su ingreso a la Casa de Nariño el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tras su recuperación de una cirugía al corazón, para reunirse con el presidente de la República, Juan Manuel Santos.-

 

Tomado de Cx36 Radio Centenario

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