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Uruguay - Estado colonizando para una empresa privada.
Un batallón de escribanos del Estado, sacados de distintas dependencias, están haciendo las notificaciones de los cedulones.
Contrato tendrá carácter reservado
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que Mujica pidió a los ministerios de Industria, Ganadería y Vivienda, Acondicionamiento Territorial y Medio Ambiente "una campaña en conjunto" para que se explique "con altura, sin agresiones" las virtudes de la explotación minera que realizará Aratirí y del puerto de "aguas profundas" en Rocha. El gobierno reconoce que hay "recelo".
Guerrero no quiso dar detalles del contrato que se negocia con Aratirí, tales como su plazo, porque si bien no será secreto, sí será "reservado" y se está estudiando si se le da difusión.
"Esperamos firmar en el plazo más breve posible. Los términos del contrato, obviamente no estoy autorizado a difundirlos", agregó.
De todas formas, está claro que tras la aprobación del decreto que considera a Aratirí como una minera de "gran porte" se aceleró el proceso. La empresa que había comenzado a entregar cedulones de exploración, comenzó ayer a entregar otros de explotación.
Julio Gómez García, un escribano residente en Cerro Chato, con estudios en Derecho Minero que está asesorando a productores de la zona, explicó a El País que los productores que recibieron los documentos tienen ahora hasta 30 días para presentar recursos. Algunos de los productores que recibieron cedulones para exploración ya habían presentado recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están a estudio.
Gómez García agregó que calcula que serán entre 500 y 600 los productores afectados y aseguró que el grupo Aratirí ha ampliado el área que le interesa hasta unas 10.000 hectáreas adicionales solamente en el departamento de Treinta y Tres.
Gómez García adelantó además que antes de fin de año se presentarán las primeras acciones de inconstitucionalidad. A su juicio, no se podrá expropiar a los productores porque no hay una razón de interés general y solamente una de utilidad pública.
Víctor Baccheta, dirigente del movimiento Uruguay Libre, que comenzó la recolección de firmas para lograr que en las elecciones nacionales se vote para prohibir la minería a "cielo abierto", dijo a El País que espera que en el contrato no se establezcan plazos para que Aratirí acceda a las autorizaciones ambientales que necesita.
"Nosotros creemos que falta al menos un año, porque falta la elaboración de la evaluación ambiental y la o las audiencias públicas. La Dirección de Medio Ambiente le hizo 17 solicitudes adicionales de información a Aratirí solamente vinculadas al denominado "distrito minero", explicó. Esas solicitudes no se vinculan al impacto del minerreducto que llevaría el mineral a las costas de Rocha ni al puerto desde el que se embarcaría, recordó. Esos aspectos del proyecto serán evaluados independientemente y quizás motiven pedidos adicionales de información de las autoridades ambientales.
Baccheta sostuvo que la empresa habla de una explotación de 20 años o más para dar la sensación de que su compromiso es a largo plazo pero que en realidad, con el ritmo de extracción que ha anunciado, le alcanzaría con 12 años. La interpretación de los oponentes de la minería es que una reforma constitucional tendría un carácter retroactivo y dejaría sin efecto las concesiones para ese tipo de extracción que se hubiesen hecho.
El fin de semana se realizaron jornadas de recolección de firmas en Colonia y Maldonado y en tres semanas los impulsores de la campaña harán una primera evaluación pública. Los opositores de Aratirí argumentan que afectará de manera irreversible el ecosistema de la zona.
Aratirí, un proyecto cuyo principal impulsor es el grupo indio Zamin Ferrous, dice que podría exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro, lo que colocaría a Uruguay entre los ocho principales exportadores del mundo del mineral, muy demandado hoy en China. Planea extraerlo en cinco minas de las cercanías de Cerro Chato.
El grupo Zamin Ferrous compró recientemente a Anglo American, un importante yacimiento en el estado brasileño de Amapá, por el que ya pagó US$ 134 millones. Está presente en Brasil desde 2005.
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