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El polvorín

Uruguay: "Esto no tiene goyete"

12 Marzo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


Por Veronika Engler



Esta reflexión está basada en dos artículos publicados en ”La Nación” sobre el tema de los militares que están presos por haber cometido crímenes de lesa humanidad y la actual polémica de si deben o no deben estar en la cárcel. Un fragmento de uno de ellos lo saqué de la página Pepe tal cual es. Incluyo también una información del espectador del día de hoy y el artículo ” OEA pide liquidar la ley de Caducidad”

¿Con qué finalidad?; sencillamente con la de situarnos en el escenario político en el que estamos parados con respecto a este tema, juntar cabeza y voces para recordar a quienes corresponda que este es un tema de todos, y que aquí no estamos hablando de ”Madres Teresas” dispuestas a perdonar ni de ”Jesús Cristos” prestos a poner la otra mejilla, esto no es una religión ni estamos en la antesala del cielo, no se trata de arrepentimientos ni de rescatar la teoría de los dos demonios, hablamos de la Justicia humana y no divina, esa justicia que está siendo quebrantada de tal manera que hasta la OEA pide terminar con una ley que nos convierte en un país que viola las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Ya lo dije antes y lo repetiré hasta el cansancio; es demasiada soberbia pensar que se tiene la potestad de tomar una decisión de ese tipo pasando por encima de todos esos crímenes y el dolor de quienes aún buscan la verdad sobre la muerte o la desaparición de sus seres queridos. Esta es la realidad política de nuestro país, a muchos les tocó pagar con creces la osadía de rebelarse contra un sistema al que parecemos estar predestinados, otros sufrimos las consecuencias siendo demasiado pequeños, viejos o inocentes como para elegir. Algunos siguen todavía pagando con ausencia, dolor y mentiras. A ellos debemos nuestro respeto y no a un puñado de asesinos, torturadores, violadores de niños y sádicos militares que escudados en un uniforme nos tuvieron a todos de rehenes durante varios años.

”Bolazo” o no, para nadie es desconocido lo que el presidente piensa sobre el hecho de tener a personas mayores de cierta edad en prisión. En uno de los artículos el límite se traza en los 70: "disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años" y en otro en los 75: ”-Sí, yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años... Pero no sólo los militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que Dios me libre...” Palabras de Mujica.

El presidente tiene, si no me equivoco 74 años, entonces el razonamiento que deberíamos seguir es que se puede dirigir un país a esa edad, con las presiones y responsabilidades que esto acarrea, pero un asesino a partir de cierta edad quedaría eximido de pagar su culpa porque no tiene edad para ello (…). ¿O será como dijo Luis Puig?: “hay que dar la posibilidad de reinserción, pero no a los terroristas de Estado”, o José Bayardi: “hay que distinguir entre los mayores de 70 años y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y son responsables de no dar información sobre los niños que permanecen desaparecidos”, o Jorge Pozzi con quien concuerdo en este punto totalmente: "esto no tiene el mínimo goyete".

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POLÉMICO PROYECTO EN URUGUAY

Mujica analiza una reforma para liberar a militares presos El presidente de Uruguay analiza una reforma que podría sacar de la cárcel al ex dictador Goyo Álvarez y a otros represores procesados de avanzada edad por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar

Fuente: Nelson Fernández Corresponsal en Uruguay- La nación 11/3/2010

MONTEVIDEO. El presidente de Uruguay, José Mujica, analiza una reforma que, de ser aprobada, podría sacar de la cárcel al ex dictador Gregorio Álvarez y a otros represores procesados por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar (1973-1985), dijeron a La Nación fuentes del nuevo gobierno.

El proyecto en cuestión contempla un cambio en la legislación vigente para liberar a reclusos de edad avanzada como Álvarez, que tiene 87 años. Sin embargo, antes de enviarlo al Congreso, Mujica quiere lograr consenso político dentro de su coalición de izquierda, Frente Amplio.

El domingo se cumplirán 25 años de la liberación de los últimos presos políticos del régimen militar y de ex guerrilleros que fueron amparados por la ley de pacificación nacional, que se votó en 1985, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, dos ex guerrilleros tupamaros, fueron beneficiados por esa ley y pudieron salir de prisión. En los últimos días, ambos transmitieron a su entorno político que es necesario encontrar una fórmula jurídica para terminar con el encarcelamiento de los procesados por hechos de aquella dictadura. Considera que no hay que limitarla a los militares recluidos en una cárcel especial, sino a todos los que tengan edad avanzada.

Según aclararon, la reforma no significaría un "punto final" ni una amnistía o indulto, y tampoco implicaría el fin de las investigaciones para aclarar casos de desaparecidos.

La vía que consideran más probable es una modificación de la ley de humanización del sistema carcelario, promulgada en septiembre de 2005 por el entonces presidente Tabaré Vázquez con la intención de descongestionar los penales.

Esa norma estableció condiciones para que los jueces pudieran "disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años".

La ley aclara que sólo se podrá aplicar "cuando no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido", pero también establece excepciones, como para los procesados por delitos de homicidios, entre otros.

"Justamente en ese punto se trató de que los militares que pudieran ser procesados no tuvieran oportunidad de apelar a ese beneficio", recordaron las fuentes.

La condena

Mujica y Topolansky, que estuvieron presos entre 1972 y 1985, no están de acuerdo con que los símbolos de la represión de aquellos años sigan presos.

"La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos", dijo ayer Topolansky en el programa radial Tiempo presente.

La senadora, además, expresó su acuerdo con una fórmula que le otorgue potestad a la justicia para decidir la prisión domiciliaria sin restricciones de casos.

Topolansky, que es la primera senadora del país, agregó que el tema deberá ser discutido por el Frente Amplio. Justamente dentro de la coalición de izquierda hay sectores que están en virtual "estado de alerta" para impedir cualquier decisión que pudiera abrir las puertas a la liberación de presos especiales, como Gregorio Álvarez.

Hace pocos días, esa actitud vigilante derivó en duras críticas a una mujer que es símbolo de la defensa de los presos políticos: Azucena Berruti, ministra de Defensa Nacional de Tabaré Vázquez.

En el libro Ministras, Berruti reconoció que no había apoyado el plebiscito celebrado en octubre pasado para anular la ley de caducidad, que implicó un paraguas para agentes de la dictadura, y criticó que el ex dictador Álvarez y otros represores estén hoy en prisión.

"Tener a todos esos viejos enfermos, cocinándolos en el odio, no me gusta", dijo Berruti, que consideró que se trata de un "acto de crueldad".

Ayer, en Radio Oriental, Topolansky dijo que en general coincidía con Berruti, incluso sobre la sensación de que esa prisión es una especie "de venganza" que no le agrada.

En 1985, con la restauración de la democracia, la amnistía para ex guerrilleros y presos políticos no tuvo la correspondencia de una norma igual para militares, por lo que los juzgados comenzaron a movilizarse con denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstos.

Un año y medio después se votó otra ley, que sostuvo que había "caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos [...] por funcionarios militares y policiales" durante la dictadura.

La izquierda interpuso recursos de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema estableció que se ajustaba a la Carta Magna. Luego, se convocó a un referéndum para decidir si era derogada, pero en 1989 la ciudadanía ratificó la norma.

Con la llegada de la izquierda al gobierno, en 2005, y luego de que los militares no aportaran datos sobre desaparecidos, las autoridades permitieron otra aplicación de aquella ley, por lo que el dictador Álvarez y varios militares y policías terminaron en prisión.

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Fragmento extraído de Pepe tal cual es del15 de septiembre de 2009 donde se transcribe el texto completo de la entrevista a José Mujica en el diario argentino La Nación
http://www.pepetalcuales.com.uy/articulo/23/

-He leído algunas declaraciones suyas que me llamaron la atención, como cuando dijo que hay que pelear por los derechos humanos de los que están vivos y de los que están desapareciendo hoy. Por decir algo semejante, en la Argentina lo habrían acusado de haberse vendido a la derecha.

-Tengo el defecto de decir lo que pienso y a veces me cuesta dolores de cabeza. A los tres o cuatro días de salir de la cárcel, dije un discurso en el que afirmé que no creía en ninguna forma de justicia humana. ¡Pa´ qué! Me dijeron de todo. Hasta hoy lo creo. El ser humano, para poder convivir en sociedad, tuvo que inventar la Justicia porque, si no, sería la ley del Talión. Pero eso de la imagen de la Justicia, una vieja con unos platillos de la balanza... ¡Yo qué sé! Es cierto que necesitamos algo que transe, que nos juzgue.

-Usted también dijo que no cree en los militares viejos presos.

-Sí, yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años... Pero no sólo los militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que Dios me libre...

-¿Y cómo se saldan esas cuentas del pasado en materia de derechos humanos?

-No sé. Entiéndame: soy un hombre que estuvo mucho preso. Mi punto de vista puede estar viciado por conocimiento de causa.

-En la Argentina todavía tenemos ese debate entre quienes quieren revisar a fondo todo lo que pasó y quienes dicen hay que hacer un punto final y mirar hacia adelante.

- Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo.

-¿Y cómo se llega a esa verdad, entonces, si no es a través de la Justicia?

-En lo personal, he pensado: si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió. Y tengo la conciencia de que lo que pasé no me lo va a devolver nadie. Tengo que cargar con eso como una mochila, una cicatriz, como si uno hubiera tenido un accidente, una enfermedad.

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Rechazan prisión domiciliaria para militares presos
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=176298&sts=1
12.03.2010 | 7.21

La posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria a los militares presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a través de una modificación en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, fue rechazada este jueves por diferentes integrantes del Frente Amplio.
Por ejemplo, el diputado Luis Puig, del Espacio 609, afirmó a Ultimas Noticias que “hay que dar la posibilidad de reinserción, pero no a los terroristas de Estado”.

El diputado y ex ministro de Defensa, José Bayardi, dijo que “hay que distinguir entre los mayores de 70 años y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y son responsables de no dar información sobre los niños que permanecen desaparecidos”.

El legislador Jorge Pozzi del Nuevo Espacio opinó que "esto no tiene el mínimo goyete".

Este tema, que publicó el diario argentino La Nación, fue planteado el miércoles por Lucía Topolansky en declaraciones a Radio Oriental. Sin embargo, la senadora negó este jueves que esa posibilidad se esté manejando.

"De los militares ni se habló. No se habló nada de nada. Alguien interpretó declaraciones mías lo que quiso interpretar”, respondió.

"Es un pelotazo. Nosotros estábamos hablando del tema de las cárceles", añadió.

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OEA pide liquidar la ley de Caducidad
Demanda a Corte Interamericana por el caso Gelman
EDUARDO DELGADO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sostiene que, mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ese organismo, las dos consultas populares realizados no derogan las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar convenios interamericanos de derechos humanos.

La CIDH publicó ayer en su página web la demanda que en enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de varios derechos humanos en perjuicio de María Claudia García, Macarena, Juan Gelman y sus familiares y que la ley de Caducidad quede sin efecto.
El documento incluye las recomendaciones de la CIDH sobre este caso, las que, al no ser cumplidas por el Estado llevaron a la presentación de la demanda.
La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija recién nacida Macarena, "mediante el debido proceso de la ley y una investigación judicial completa e imparcial de los hechos" que identifique a los responsables para que "puedan ser debidamente sancionados".
Solicita además "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias" para que, "quede sin efecto la ley de Caducidad", puesto que este es un delito de lesa humanidad no pasible de amnistía alguna.
También reclama otorgar "una reparación plena a los familiares de las víctimas" que incluya no sólo una indemnización por los daños, sino actos de importancia simbólica que garanticen no se reiterarán los delitos cometidos en este caso.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/100303/pnacio-474454/nacional/oea-pide-liquidar-la-ley-de-caducidad
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Veronika Engler



Prensa de hoy 12/3/2010
Diario El pais.

Topolansky se desdijo, pero acusó a la prensa de mentir

Militares presos. Negó iniciativa para liberar a represores

 

En avalancha, grupos del Frente Amplio rechazaron ayer votar la prisión domiciliaria para los militares presos. El tema fue planteado el miércoles por Lucía Topolansky en declaraciones radiales, pero ayer lo negó y acusó a la prensa de mentir.

La senadora Topolansky negó en Maldonado que el gobierno estudie modificar la ley de humanización del sistema carcelario para imponer el arresto domiciliario a los procesados por cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

"De los militares ni se habló. No se habló nada, nada, nada de nada. Alguien interpretó declaraciones mías lo que quiso interpretar. Es un problema de él. La gente cree que la prensa dice la verdad. Y la prensa muchas veces no dice la verdad. Desgraciadamente le creen", respondió ayer, visiblemente molesta, cuando fue consultada por El País.

"Es un pelotazo. Nosotros estábamos hablando del tema de las cárceles", añadió en alusión al programa de radio en que participó.

Empero, en las declaraciones que formuló al programa Tiempo Presente de radio Oriental, Topolansky se refirió al tema de los procesados por delitos de lesa humanidad.

"¿La Justicia es revancha? La Justicia es Justicia. Qué peor castigo que quede identificado, el castigo social. Qué futuro puede tener un viejo de 80 años aún si lo dejo ir para su casa?", se preguntó Topolansky.

Luego de admitir que coincidía con la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, respecto a que no estaba de acuerdo con el encarcelamiento de los procesados que se encuentran en el establecimiento de Domingo Arena, Topolansky dijo que la idea era darle "una herramienta al juez" para que habilitara o no a los procesados la prisión domiciliaria.

"Para que no queden dudas, ¿es para todos? Gavazzo..." le señaló el periodista Nelson Fernández.

"Estamos hablando de darle una herramienta al juez. No estamos hablando de libertad, sino de cambio de lugar. El juez es el que conoce el mamotreto del expediente. ¿Está más o menos castigado (Juan María) Bordaberry porque está en la casa?", le respondió Topolasnky al concluir el programa.

Rechazo. Ante la posibilidad de que desde el Poder Ejecutivo se impulse alguna norma para que los ex represores mayores de 70 años puedan gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, referentes de los distintos grupos de la izquierda manifestaron su rechazo.

El ex ministro de Defensa José Bayardi (Vertiente Artiguista), dijo a El País que si bien su sector no analizó el tema, "no corresponde hacer una ley a medida para quienes están procesados por violación a los derechos humanos".

En tanto, el secretario general de la dirección de Montevideo del Partido Comunista, Daniel Berrutti, dijo que a nivel del Frente Amplio no se había remitido ninguna "propuesta concreta". No obstante aclaró que los comunistas no están "de acuerdo y pelearemos duramente para que vayan a la Justicia todos los genocidas. "De ninguna manera vamos a apoyar nada, sólo que cumplan la condena. Vamos a seguir peleando para que vayan a la Justicia todos los genocidas, tengan la edad que tengan".

Desde Asamblea Uruguay -sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori-, varios legisladores se excusaron de formular declaraciones.

El diputado Luis Puig del PVP -que salió electo por el Espacio 609- opinó que sería "un error político, un pésimo mensaje y no es un problema de odio". Aseguró que si se concretara la propuesta, su grupo no lo respaldará.

El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, dijo: "En principio no estoy de acuerdo, porque violaron, mataron".

El diputado Jorge Pozzi del Nuevo Espacio opinó que "esto no tiene el mínimo goyete".

 

El País Digital

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