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El polvorín

Uruguay : Jugar al contragolpe

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

RODRIGO ABELENDA/RICARDO SCAGLIOLA
 

 

La decisión del Ministerio de Economía de interpelar la actuación de la dgi en el caso Casal, tras la polémica intervención de expertos del sector privado, invirtió los términos de un litigio que ya lleva casi cuatro años y generó un clima de desconcierto en el organismo recaudador, al que ahora se acusa de “inocultable desviación en la aplicación del derecho”.

La pulseada entre el empresario Francisco “Paco” Casal y la Dirección General Impositiva (dgi) sigue dando que hablar. Tres años después de que el entonces director de la dgi, Nelson Hernández, apuntara todas sus baterías contra el Grupo Casal, el Ministerio de Economía y Finanzas (mef) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador había planteado contra el empresario. En una resolución fechada el 1 de noviembre de 2011 y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, el mef de-sestima la acusación lanzada por la dgi acerca de que Casal había incurrido en defraudación y, como consecuencia de eso, reduce de diez a cinco años el plazo para calcular los impuestos que –sostiene la administración tributaria– el empresario tendría que pagar. De ahí que la deuda –originalmente calculada en 100 millones de dólares– se reduzca ahora a diez millones. En la sede del ministerio algunos interpretan que mediante esta fórmula se busca una salida negociada, quitando a Casal la figura de la defraudación, reduciendo el monto de la mora y, así, allanar el camino hacia un acuerdo que permita al contratista pagar el resto de lo adeudado. La resolución firmada por Lorenzo recoge las conclusiones de una consulta técnica independiente, sugerida por el fiscal de gobierno de segundo turno y ex secretario de Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Toma, a quien el director general de Secretaría del mef, Pedro Apezteguía había remitido en mayo de 2011 todos los antecedentes del caso como medida para “mejor proveer”, luego de que en octubre de 2010 Casal presentara un recurso de revocación. Con esta herramienta Casal consiguió llevar el litigio contra la dgi a la Torre Ejecutiva (estos recursos terminan procesalmente en Presidencia), un terreno en donde el contratista se mueve con soltura ya que cuenta con la interlocución del “Pato Celeste”, Gustavo Torena.
En su respuesta al mef, Toma había recomendado realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por el impuesto a la renta de la industria y comercio (iric) y, por ende, si dicha actividad alcanza o no al iva y al impuesto al patrimonio” (véase recuadro). En el informe, Toma también había pedido que se indicara si la actuación de la dgi fue correcta y si eventualmente habría prescrito la pretensión del organismo recaudador “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda” para el caso de que se tratase, con todas las letras, de una defraudación tributaria. El mef encargó esa tarea al abogado tributarista Juan Manuel Albacete, profesor adjunto grado 3 de derecho financiero de la Udelar y miembro del estudio Guyer y Regules. Entre las fuentes consultadas, nadie duda de la idoneidad de Albacete en temas tributarios y tampoco ponen en tela de juicio la independencia del experto con respecto a cualquier influencia del contratista. Sin embargo, fuentes del mef dijeron a Brecha que la consulta a Albacete fue refrendada por el Grupo Casal porque –argumentaron– de otra manera se habría violado el secreto tributario, por el cual ningún particular puede acceder a los datos de otro contribuyente.
En octubre, el informe de Albacete llegó a la Fiscalía de Gobierno. En el escrito, el experto concluye “de forma categórica que en el presente caso no se configura defraudación tributaria”. Entre otros argumentos, señala que Casal estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados”. La resolución firmada en noviembre por Lorenzo señala, dentro de los considerandos, que “el profesional consultado entiende que no se configura en la especie dicha infracción, básicamente por cuanto el administrado no ha realizado un acto fraudulento”, dado que “no ha actuado con engaño u ocultación, sino que ha actuado manifiestamente en el entendido de que no debía tributar, en función del asesoramiento de sus profesionales de confianza”.
Más adelante, la resolución del mef argumenta que “la actividad del contratista o del Grupo Casal era pública y notoria, conocida a través de todos los medios periodísticos y por la propia administración fiscal, lo que impide que pueda hablarse de engaño u ocultación, elemento material de la infracción de defraudación”. Si bien la resolución desestima la existencia de la figura de defraudación tributaria, el mef mantiene el emplazamiento a Casal por la deuda generada por concepto de iric, devenido en impuesto a la renta a las actividades empresariales (irae) tras la reforma tributaria de 2007. Sin embargo, Brecha pudo saber que los abogados de Casal esperan que, mediante otra resolución, el gobierno cancele definitivamente las pretensiones de cobrarle algún tipo de impuesto a Casal. Para ello, además de la defensa ejercida por el abogado de Casal, Leonardo Costa –prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle–, el contratista también apeló a 11 informes técnicos solicitados por el propio Grupo Casal a los principales estudios jurídicos del país. Si bien la consulta a expertos externos es una práctica habitual en temas impositivos, estos informes, solicitados y financiados por Casal, refrendan la tesis de la parte interesada. 
En esos escritos, diez abogados tributaristas –entre los que se cuentan Juan Antonio Pérez Pérez de kpmg; el profesor de derecho financiero Andrés Blanco; Alberto Varela de Ferrere Abogados; el contador Carlos Borba, de Tea & Deloitte y el abogado Arturo Caumont– y uno penal –otro ex secretario de Presidencia y ex canciller durante la administración de Vázquez, Gonzalo Fernández– sostienen que no hubo delito contra el fisco. Fernández, que dio su opinión jurídica sobre el caso a pedido de uno de los abogados de Casal, Jorge Pereira Schurmann, sostuvo en su informe que no existe una aplicación conjunta de capital y trabajo en el país, y por lo tanto la renta no queda gravada por el iric. En su momento, la dgi alegó que la actividad del contratista en lo que hace a la transferencia de jugadores produce renta y capital en el país, por lo cual pretende cobrarle los impuestos generados desde 1998. Los abogados contratados por Casal sostienen, sin embargo, que la actividad del contratista se desarrolla netamente en el exterior. De hecho, al menos dos de las empresas por las cuales el contratista opera las transferencias –mencionadas incluso en la resolución ministerial– tienen sede en Panamá: Buzzcard Holding sa y Oxford Marketing Group ltda.

 

CONTRIBUYENTE VIP. La trama del caso que enfrenta a Casal con la dgi tuvo un giro inesperado luego de que desde Presidencia se manejara la posibilidad de enviar a la justicia el expediente que involucra al contratista. Y es que, según trascendió, el informe elevado por Albacete sostiene que la acción de la administración aparece “seriamente comprometida por una inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material”. De ahí que el fiscal Toma haya aconsejado iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron hechos irregulares que llevaran a la dgi a proceder de esta forma. Según pudo saber Brecha, la investigación ya está en curso, y ha disparado algunas alarmas tanto a la interna de la administración tributaria como del propio mef, donde varios jerarcas plantean dudas acerca de la posibilidad de que se condicione la independencia técnica de los funcionarios al interponer en la tarea de los funcionarios los vínculos políticos de algunos contribuyentes, frente a la autonomía técnica. 
Algunos integrantes del equipo económico consultados por Brecha interpretan incluso que la filtración de algunos segmentos del expediente relativo a Casal podría formar parte de una operación política para desacreditar a la dgi en beneficio del contratista. “No hay ningún inspector que quiera hacer una inspección respecto a una persona que haya tenido una influencia política”, sostuvo un informante del mef. Por lo pronto, el mar de fondo llegó incluso al sindicato de funcionarios de la impositiva. El consejo directivo del gremio resolvió el martes dar su “apoyo total” a los funcionarios de la dgi que intervienen en el caso Casal y, en una reunión realizada ayer en la mañana con el director de la dgi, Pablo Ferreri, solicitaron preservar la autonomía técnica de los inspectores.
Consultado por Brecha, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, prefirió no hacer declaraciones. Apenas se limitó a decir que “los recursos de revocación y jerárquicos son instancias administrativas que terminan en Presidencia”. “Los recursos de revocación y jerárquicos se interponen frente al organismo (en este caso, Economía y Finanzas) y luego van al Poder Ejecutivo, donde deben ser refrendados por el presidente.” Una vez finalizado el trámite en la Torre Ejecutiva, el itinerario indica que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien tiene la última palabra. En este caso, el expediente está hace dos meses en la sede de Presidencia, a solicitud del propio presidente Mujica, según pudo confirmar Brecha. Algunas fuentes consultadas interpretan que, de mantener la deuda impaga con la dgi, ello obstaculizaría las pretensiones de Casal de adquirir, por parte del Estado, una señal de televisión digital, negocio por el que el contratista mantuvo, en el último tiempo, conversaciones con el empresario argentino y propietario del Multimedio Plural La República, Gustavo Yocca. n

Los antecedentes del caso Casal
Vieja historia

No es la primera vez que Casal intenta colocar a la dgi en el banquillo de los acusados. En abril de 2008, la jueza civil de primer turno, Loreley Opertti, trabó un embargo por 25,6 millones de dólares entablado por la dgi contra Casal. En junio de ese año, los abogados de Casal le hicieron llegar a la jueza un escrito denunciando una presunta maniobra de la dgi para adulterar las pruebas contra su defendido (véase Brecha, 20-VI-08). Según aquel documento presentado por su abogado, Leonardo Costa, la dgi “armó” el expediente de la investigación encabezándolo con una orden de inspección falsa. Si Casal buscaba incidir en el fallo de la justicia, no lo consiguió, porque el embargo trabado por Opertti aún permanece. 
La controversia entre Casal y la dgi estaba centrada en que el empresario había montado una red de empresas panameñas a través de las cuales se transferían jugadores al exterior, para no pagar el iric, argumentando que la operativa era realizada en el exterior. El iric, sustituido en julio de 2007 por el irae, gravaba las rentas de fuentes uruguayas derivadas de acciones lucrativas realizadas por empresas, y equivalía al 30 por ciento de las ganancias netas. En octubre de 2008, esta operativa también fue denunciada por la dgi en la justicia penal por presunta defraudación. En aquella instancia Casal se deslindó de cualquier responsabilidad y señaló como principal artífice de la estratagema panameña a su ex contador Julio Szafran. En 2009, tanto el juez Carlos García como la fiscal Dora Domenech archivaron el caso porque encontraron que Casal no cometió delito. n

Con Pablo Ferreri, director de la DGI
“Son trascendidos de prensa”

Para el director de la dgi, Pablo Ferreri, la Impositiva “no fue en absoluto desautorizada por el mef. Ya vamos por el tercer año de gestión al frente de la administración tributaria y todo el mundo sabe cuál es nuestra forma de proceder (...) nosotros actuamos con mucha dureza en lo que tiene que ver con el combate a la evasión y la informalidad porque durante esta gestión hemos alcanzado récord de recaudación anual, récord de reliquidación de tributos en una inspección, con 25 millones a la empresa Cash, y récord de reliquidaciones en operativos masivos, como fue el caso de la fiscalización a usuarios de zonas francas y free shops”. Ferreri destacó, en diálogo con Brecha, que la “firmeza” con la que actúa la dgi debe ir de la mano de “un absoluto respeto por los derechos de los contribuyentes, a los cuales nos hemos preocupado por defender a rajatabla”. El jerarca explicó que, durante su gestión, se elaboró por primera vez una carta de derechos y obligaciones de los contribuyentes.
“En este caso –el de Casal– lo que ha ocurrido es que funcionó uno de los mecanismos de defensa de los contribuyentes que prevé la normativa vigente (...). Frente a un recurso jerárquico presentado por un contribuyente, el mef revocó parcialmente el acto”, explicó Ferreri, que recordó que lo adeudado por Casal por concepto de iric e iva sigue vigente hasta tanto no se expida el tca. El jerarca reconoció que “puede ocurrir que en algún caso se entienda que el criterio de la dgi no es el correcto, pero eso es propio de un Estado de derecho”. El director de la impositiva prefirió no referirse a la gestión de Hernández al frente de la dgi ni a la posibilidad de que Presidencia derive el caso Casal a la justicia para examinar los pasos dados por la administración tributaria. “Son trascendidos de prensa sobre los cuales no corresponde opinar”, afirmó. n

El regreso de “Z”
Yo no soy el hijo de Hernández

El ex director de la Dirección General Impositiva (dgi), Eduardo Zaidensztat (2002-2007), responsabilizó a su sucesor, Nelson Hernández (2007-2010), por la acusación de la administración tributaria en contra del contratista Francisco Casal. La dgi acusó en 2008 al empresario de haber incurrido en defraudación tributaria tras adeudar, desde 1998 a la fecha, el pago de impuesto a la renta de la industria y comercio (iric), iva e impuesto al patrimonio. Los reclamos en contra de Casal fueron parcialmente revocados por el Ministerio de Economía y Finanzas (mef) en una resolución firmada por el ministro Fernando Lorenzo en noviembre de 2011.
“En el momento que yo me retiré no había un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. Cuando yo me fui, en ese caso (Casal), como otros cientos de casos, no había un acto de determinación de decir: señor, usted debe, y debe tanta plata. La actuación siguió en curso con lo que todos sabemos”, explicó Zaidensztat en una entrevista concedida al portal digital El Diario. “Un año y medio después de que yo me retiré, la dgi, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debía impuestos. Más tarde se le aplica una sanción por defraudación, se solicita dos años después un embargo millonario ante la justicia civil, y también se realiza, más de dos años después de que yo me retiro, la denuncia penal”, narró el ex director general de rentas. Zaidensztat aseguró que durante su mandato se investigó al Grupo Casal “como a cualquier otra empresa” pero, sostuvo, no hubo resoluciones. “No había elementos para determinar que Casal debía impuestos”, subrayó.

Fuente: BRECHA

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