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El polvorín

Uruguay - La trata con fines de explotación sexual

7 Abril 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

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El comercio del cuerpo ajeno

 
Mariana Contreras
Semanario Brecha, Montevideo
http://www.brecha.com.uy/

 
Es una realidad aceptada en silencio. Sin embargo pocos la quieren ver, y se suele decir que acá no pasa. Pero pasa, y cada vez más ojos y oídos se desayunan sobre la existencia de redes de mayor o menor escala, dedicadas a traficar mujeres y niñas como materia de consumo sexual en nuestro país. Además, en este informe, la "prostitución vip" como escalera de naipes para acceder a las pasarelas del modelaje.

Cuando el sol cae, la sordidez impregna la noche en algunos puntos de la ciudad. Insospechados comercios de barrio se transforman en cantinas adonde llegan chiquilinas de 13, 14 o 15 años. Émulas obligadas del Show Match de Tinelli bailan el caño para unos parroquianos sedientos y morbosos. Los hombres son de la zona o llegan alertados por un fino hilo de vasos comunicantes a ver el espectáculo que se monta para ellos. Así pasan, entre alcohol, bailes y sexo, hasta que el último aliento de la noche se traga a las chiquilinas y recompone las fachadas para que todo vuelva a la mentirosa normalidad.

La escena sucede y se repite en Montevideo y en la zona metropolitana, también en el interior del país, muchas veces bajo la vista casi cómplice de un barrio que mantiene silencio por temor o porque la red delictiva sabe cuáles son las necesidades de la zona e interviene aportando recursos y soluciones.

Si no es un local comercial, podrá ser una casa, donde anfitriones de buen nivel económico agasajan sirviendo adolescentes para consumo a piacere de sus invitados. Son fiestas que pueden implicar el traslado de las menores a otro barrio, a otra ciudad; a otro departamento u otro país, cruzando legal o ilegalmente la frontera, lo mismo da.

No necesariamente se trata de "prostitución vip", donde modelos, o aspirantes a serlo, pagan "peaje" por cumplir su vocación, sino de niñas, adolescentes y adultas que mediante mecanismos, sutiles primero y grotescos después, quedan atrapadas bajo la voluntad de hombres que comercian su cuerpo.

"La esclavitud del siglo xxi" se le llama a la trata y el tráfico de personas; y aunque el comercio no necesariamente tiene como fin la explotación sexual (existe la trata con fines laborales, para la venta de órganos, para el matrimonio, la adopción ilegal de niños, la servidumbre...), el 80 por ciento de las víctimas trasnacionales son mujeres y más de la mitad son menores de 18 años. En 2009 un informe de Naciones Unidas (ONU) determinó que el 79 por ciento de las víctimas identificadas eran explotadas sexualmente.

En Uruguay, la explotación sexual de niñas y mujeres, así como la violencia doméstica, son dos formas de violencia de género que han tenido una visibilidad intermitente. A impulsos de investigaciones como las de María Urruzola, publicadas en Brecha en 1992, o de trabajos como los de María Elena Laurnaga, quien investigó la trata de adolescentes, ojos y oídos se han desayunado sobre la existencia de redes de mayor o menor escala dedicadas a traficar mujeres y niñas como materia de consumo sexual en nuestro país.

For export
 
A los 13 años decidió confesarle a su madre que el compañero con el que ésta vivía –que oficiaba de padrastro– hacía tiempo que abusaba de ella. Pero la obstinada negación de la madre fue más fuerte que la verdad y al poco tiempo Ana (supongamos que así se llama la niña) no soportó más la convivencia y comenzó una situación de alejamiento físico y sobre todo emocional de su casa. Fueron largas horas deambulando por aquella ciudad del norte del país, y casi sin percibirlo, la calle comenzó a ganar espacio en su vida. Ante la pasividad familiar, abandonó definitivamente los estudios y comenzó a consumir drogas y alcohol. Las noches las alternaba entre su casa y la de su abuela, una mujer que en tiempos pretéritos vendió a su propia hija para la prostitución.

Fue en las noches de calle sin rumbo, trillando hasta el hartazgo la misma zona, que Ana conoció a un hombre de alrededor de 40 años, un "novio" que le ofreció contención, la protegió y proveyó de mucho de lo que le faltaba: comida, ropa, dinero. Con su nuevo estatus, las vueltas a la casa la encontraron en un lugar diferente: el rol de proveedora le devolvió a la niña/mujer el respeto y la consideración del que sus mayores antes no la creían merecedora.

Más allá del vínculo afectivo, Ana fue creando una deuda que al tiempo se hizo explícita: la droga que consumía –y que el "novio" conseguía a través de terceros– debía ser pagada al proveedor. El sexo sería la moneda de cambio.

Ese fue el primer escalón en un camino que al tiempo la llevó a habitar una casa junto a otras menores, y algunas mayores e incluso una extranjera, todas captadas para ser explotadas sexualmente. Las habitantes de la casa son (aún hoy) "ofrecidas" para fiestas o a clientes particulares. Hubo oportunidades en que algunas fueron llevadas ilegalmente a Brasil o a Argentina con el mismo cometido. Les vendan los ojos para que no puedan identificar el lugar. Las drogan con alguna sustancia que las hace sentir "confusas, con bienestar y adormiladas" y las entregan a su suerte, al protagónico rol de ser la diversión.

Hasta el momento en que decidió que no era vida para ella –a los 17 años, y luego del nacimiento de su hija– Ana pudo entrar y salir de aquella casa, manejó dinero, le regalaron ropa, disfrutó de algunas comodidades que los dueños de la red de explotación disponían en el hogar, tuvieron con ella algunas "consideraciones" durante su embarazo y luego del parto. Todo ello en parte por el vínculo afectivo con uno de ellos, pero sobre todo porque las medidas de coacción ya no pasan por el encierro. Pero tanto da, porque la compleja forma en la que llegan a esa situación impide utilizar cualquier palabra que se parezca a "consentimiento". Hoy están "atrapadas y sometidas pero no encerradas", describió a Brecha una persona vinculada al tema. Hay amenazas más o menos veladas de que en caso de "romper los códigos" su suerte no será muy buena: las amenazan con ser denunciadas por mulas (muchas son utilizadas para trasladar sustancias ilícitas tanto dentro como fuera del país), o con las consecuencias que puede acarrear haber cruzado ilegalmente las fronteras, o por haber captado ellas mismas otras mujeres para la red. Una de las formas más habituales de engendrar miedo es la amenaza de contar a sus familias la realidad de lo que hacen, o amenazar con hacerle daño a sus hijos.

La historia de Ana es tan real como el expediente que se sustancia en un juzgado del crimen organizado con su caso. Y a pesar de que "zafó", pedir ayuda, contar su historia, le llevó más de un año de visita frecuente a quien finalmente sería su confidente y el denunciante de la situación. Ana zafó, sí, pero no rompió los códigos: durante la investigación no dio nombres ni especificó lugares que permitan desbaratar la red. Y desde el comienzo advirtió que si debía declarar en el juzgado, primero quería ver fotos de los jueces, abogados y fiscales que intervinieran en el caso, para constatar que ninguno de ellos hubiera sido cliente.

Cuidar
 
La trata y el tráfico de personas son considerados hoy dos de los negocios ilícitos más redituables, después de la venta de armas y drogas. Así lo dicen los informes internacionales, los mismos que señalan a Uruguay como un país de "origen, tránsito y destino" de personas. Aquí, "el tráfico interno de los niños –especialmente de las niñas– va en aumento y, por desgracia, parece que hay una tolerancia inaceptable para este tipo de explotación sexual, que generalmente incluye familias que viven al margen de la sociedad, social y económicamente excluidos", dijo durante su visita en 2010 la relatora de la onu, Joy Ngozi Ezeilo.

Cuando Ana decidió salirse de la red y la denuncia fue presentada en el juzgado, no contó con protección policial alguna. Nadie le aseguró que podía estar tranquila porque en caso de que alguien quisiera amedrentarla, secuestrarla, agredirla, asustarla o robarle a su hijo, estaría protegida. "Nos dijeron que pagáramos un 222", relató una persona allegada al caso que respondió la policía. Tampoco la persona que facilitó la realización de la denuncia, ni los operadores de campo que trabajaron con ella contaron con esa tranquilidad.

Tampoco recibió protección una niña de 14 años que denunció a su abusador. La menor fue traída desde un país latinoamericano bajo el engaño de que trabajaría como niñera del hijo de una pareja de su misma nacionalidad. El matrimonio había llegado a su casa, en una zona rural y pobre del país andino donde es frecuente que lleguen personas ofreciendo trabajo, y consiguió autorización de sus padres para que viajara. Pero apenas pisó territorio uruguayo, la pareja retuvo sus documentos, y la niña fue sometida a un régimen de esclavitud: por las noches trabajaba haciendo artesanías, por la mañana debía llevar al niño a la escuela para luego instalarse en una plaza a vender lo producido durante la noche. A las seis de la tarde volvía al hogar para hacer las tareas de la casa. Como si fuera poco, el hombre comenzó a abusar sexualmente de la niña. La situación, que hasta ese momento había sido "naturalizada" dejó de serlo, y Elisa –otra vez, supongamos que así se llama– contó a unos conocidos casuales de la plaza lo que estaba viviendo. Rápidamente actuaron haciendo la denuncia y rápidamente la niña fue derivada a un hogar del Inau. Pero habían pasado 6 meses (se está tramitando su repatriación) y nadie había posibilitado siquiera una comunicación telefónica de la niña con su familia. Catorce años, un país desconocido, una cultura extraña, un idioma que es el mismo pero no tanto, una situación de esclavitud y de abuso y no hubo un solo adulto que durante medio año se percatara de lo beneficioso que podía ser una llamada telefónica. No es que se estuviera investigando si su familia estaba vinculada a la trata, o que alguien considerase, por algún motivo, inconveniente la comunicación, fue por pura falta de sensibilidad y sentido común.

El matrimonio autor del delito sigue libre. Sin embargo, no existió protección especial para esta niña, al punto tal de que cada vez que se traslada al centro donde le brindan apoyo y contención, una funcionaria del inau la acompaña a la parada del ómnibus, y otras funcionarias la esperan en el destino y la llevan hasta el local. Una pregunta se torna obvia: ¿acaso una persona que es capaz de abusar sexualmente de una niña, de trasladarla de país, de someterla a un régimen forzado de trabajo no sería capaz de, ante la delación de sus crímenes, tomar represalias en su contra?

La protección integral falla. Y esa desprotección frente a la situación de amenaza es uno de los problemas que detectan quienes trabajan el tema, y sostienen que es la gran sombra que impide que muchas situaciones salgan a la luz.

Aunque el país no cuenta con una ley específica, sí han existido avances en la legislación: se incluyeron los delitos de trata y tráfico en la ley de migraciones de 2007, existe una ley sobre violencia sexual, comercial o no comercial, contra niños, adolescentes o incapaces (2004). Por su parte, la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (2009) incluye ambos delitos, permitiendo así que sean tratados por los juzgados de crimen organizado. Eso habilita a que los jueces utilicen una serie de prerrogativas a la hora de tratar los temas. Sin embargo, teoría y práctica están desfasadas y la investigación y la protección de las víctimas es justamente lo que está en la mira. La oficina de Interpol y crimen organizado, encargada de la investigación, "no fue creada para trabajar estos asuntos específicamente. La trata es apenas uno de los temas de su competencia y la que es con fines de explotación sexual muchísimo más", explicó a Brecha la abogada Diana González. Y si bien existió siempre "una buena actitud en algunos policías, no hay llegada a la situación real". Lo que sí hubo fueron "importantes denuncias de mala praxis: filtración de información, no credibilidad de lo que la víctima planteaba (y por lo tanto exposición a riesgos) y muchos prejuicios respecto de las víctimas. Lo que estaba en el discurso y en las acciones era: a ella le gustaba, lo hizo, optó por esto y ahora que se aguante".

Es que para investigar estos delitos se debe tener un "equipazo de investigación", que además debe "manejar muy bien el tema género y derechos sexuales, lo cual implica revisar en la policía todos sus estereotipos", sostiene la abogada. Y agrega que se debería contar con condiciones similares en nivel de confiabilidad y profesionalidad a las de las investigaciones sobre narcotráfico.

Por el contrario, hoy ese equipo no existe, y además muchas de las garantías establecidas en la ley no son utilizadas, por ejemplo la posibilidad de trabajar con agentes encubiertos (a solicitud de la fiscalía), o habilitar escuchas telefónicas que permitan recabar pruebas. De esa manera se evitaría la declaración de las víctimas (la ley no las obliga a corroborar el delito.) "Lo mejor que les puede pasar es no tener que hablar en el proceso porque el Estado no las va a poder proteger en la dimensión que ellas necesitan, señaló a Brecha la abogada.

Una consideración similar de la realidad actual tuvieron Andrea Tuana y Cristina Prego, integrantes de El Faro. Ambas reclamaron equipos capaces de llevar adelante una investigación proactiva: que a partir de datos que se brinden la policía desarrolle una investigación, y que la misma no sólo se realice cuando existe una denuncia de un caso concreto. "Hemos proporcionado datos que, estamos seguras, no han sido investigados", relatan ambas: "plazas y casas donde hay niñas siendo explotadas. O hemos dicho que en Ibiza (el boliche) están tranzando mujeres" pero las actuaciones no se concretan. Por el contrario la policía "suele tener una actitud patotera con los operadores de campo (quienes trabajan con las víctimas), intimidando incluso para obligar a entregar información" sobre situaciones de víctimas con las que los operadores trabajan. Existe "omisión, indiferencia y un gran prejuicio" a la hora de actuar. "Durante las investigaciones sobre narcotráfico ha sucedido que saltan temas de trata, pero ven a las mujeres como parte de la red. Son las putas traficantes, gente que importa poco", sostuvieron. Vale decir aquí que, efectivamente, en muchas ocasiones trata y narcotráfico se interrelacionan: las mujeres son más rentables ya que cumplen la función de mula (muchas veces como pago del viaje al exterior) luego tienen la "opción" de permanecer en el extranjero y tiempo después lo que comenzó siendo una opción termina siendo vida de esclava.

Echar el ojo
 
Comprender el delito como parte de la violencia de género parece ser uno de los grandes desafíos del Ministerio del Interior. Quizá por eso, hace unas semanas, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, el ministro Eduardo Bonomi anunció una serie de medidas vinculadas a la violencia doméstica. Entre ellas informó la creación de una unidad especializada y una mesa intrainstitucional de trabajo en torno al tema. Allí habrá representantes de Crimen Organizado e Interpol, Migraciones, Identificación Civil, Policía Caminera, la Escuela de Policía, el departamento de Relaciones Internacionales y la División de Políticas de Género. Es, para muchos, la esperanza de que la realidad actual pueda revertirse.

La creación de una División de Políticas de Género sentó un precedente en la incorporación de esa perspectiva, aseguró a Brecha la directora del área, Marisa Lindner. Se presentó una propuesta para incluir la perspectiva de género en la educación policial, atendiendo a la salud sexual y reproductiva y a la violencia de género. "Lo visualizamos como un proceso, porque incorporar la perspectiva de género requiere de cambios muy profundos en los sistemas de ideas. Sabemos que no se resuelve con un curso, son temas de mediano y largo plazo porque implica revisarnos en nuestras prácticas de ser, pensar y sentir", reconoció Lindner.

En 2010 la relatora de la onu cuestionó la "falta de información estadística" sobre el delito en Uruguay y resaltó que "esto ha provocado el fenómeno de permanecer invisible y no reconocido entre la población y las autoridades". A 20 años de aquella investigación de Urruzola que dio cuenta del complejo entramado de una red de uruguayos que explotaban sexualmente mujeres en Italia, poco parece haber variado la sensibilidad nacional en torno al tema. "No hay demasiada conciencia de la gravedad de tener adolescentes y niñas en condiciones de sometimiento sexual en el país. En la trata interna se ven mucho más las adolescentes y cómo se las desvaloriza, también se desvaloriza su situación. Apenas se ve un tránsito de las adolescentes por los departamentos, y con las adultas que sobreviven en condiciones más o menos aceptables para el mercado del norte, el pasaje al exterior. Que haya una chica de 17 años que sirve de consumo sexual de un jubilado, o al funcionario de tal oficina en el Interior, y acá mismo en Montevideo, es bastante común", opinó González. Señal de que 20 años no es nada cuando se trata de aprender a mirar y reconocer lo que no quiere ser visto.

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