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El polvorín

Uruguay - Legitimación de la destrucción y degradación ambiental.

1 Octubre 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

MAU MAU

Legitimación de la destrucción y degradación ambiental. Se declara a la megaminería como "aceptable". Todo dicho.
Parece una ley de arrepentimiento: me arrepiento de ser "brutalmente ecologista", me arrepiento del art. 47 de la Constitución, me arrepiento de la Reforma del Agua, y me arrepiento del Uruguay Natural.
Y de paso legitimo los Contratos de Inversión.

 

E. V

 

 

Parte de la misma:

 

Proyecto de Ley Minería de Gran Porte (MGP)

 

 

 

 

 

 

 

Exposición de motivos

En el Uruguay el desarrollo de las actividades mineras es de larga data, su regulación ha sido motivo de diversas normas y reglamentos, los cuales fueron integrados en el Código de Minería en el año 1982. Más recientemente y ante un contexto que impulsa un desarrollo a mayor escala de esta actividad, se realizaron ajustes a dicha norma las cuales fueron aprobadas como Ley 18.813 del año 2011.

A partir de estas iniciativas de actualización del marco normativo y las políticas para el sector, profundizando en particular en las actividades de minería de explotación de metales cuyo crecimiento se acentúa en el Uruguay, así como, ante el interés expresado por diversos actores políticos y sociales ante esta realidad, a instancias del Presidente de la República, José Mujica, se conformó la Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte (MGP) con el objetivo de analizar y aportar líneas estratégicas en materia de grandes emprendimientos de minería en Uruguay, valorando la importancia de dotar al país de una política de Estado en la materia.

Esta Comisión integrada con representantes de todos los Partidos Políticos con representación parlamentaria y del Poder Ejecutivo, sesionó en un período comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2011

Para el análisis de la temática planteada se trabajó en torno a ejes temáticos definidos:

 Aspectos Ambientales de la MGP.

 Aspectos Sociales en la MGP.

 Aspectos Económicos de la MGP.

 Aspectos de Gobernanza en la MGP

Producto del trabajo de la Comisión Multipartidaria mencionada, se firmó un Documento de Acuerdo con fecha 22 de diciembre de 2011, cuyo contenido establece condicionantes y bases que se consideran necesarias para el desarrollo de la Minería de Gran Porte en el país, estableciéndose

el compromiso de dar rango legal a estas bases y principios a través de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El presente proyecto de Ley, producto de dichos acuerdos y compromisos, tiene como objetivo dotar al País de un instrumento moderno de política de desarrollo sustentable en una actividad que utiliza recursos naturales no renovables, y que por tanto su accionar deberá asegurar la protección del ambiente, las necesidades sociales de las comunidades cercanas a los lugares donde se realizará la actividad, así como las necesidades nacionales de desarrollo económico.

Los recursos naturales son parte de la riqueza nacional, y en particular los recursos mineros metálicos constituyen recursos naturales no renovables de interés en la economía mundial. Por su carácter de no renovables, su explotación debe generar oportunidades para las generaciones actuales pero prever también beneficios para las generaciones futuras.

En esa perspectiva, el Estado debe participar eficientemente de una parte de las rentas económicas generadas por la explotación de recursos no renovables del cual es propietario y garantizar a la sociedad una asignación y gestión óptima a los objetivos trazados.

Si bien a partir de la reciente reforma del Código de Minería ya existe en el país un marco legal amplio, moderno y adecuado que da garantías (ambiental, minero, de ordenamiento territorial y gestión del agua), a nivel de la Comisión Multipartidaría se analizó que existían aún aspectos no considerados que requerían una nueva adecuación del marco normativo, en particular en lo que se consideraba la escala de trabajo de las actividades mineras y que se conceptualiza como minería metálica de gran porte (MGP).

La MGP se consideró en el mencionado Acuerdo aceptable y que generará un proceso de desarrollo sostenible si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo el proceso, incluyendo cierre y post-cierre.

Se valoró en el ámbito de la Multipartidaria la confianza en la institucionalidad del país -en particular en la gestión ambiental del Estado- para enfrentar el desafío del desarrollo de esta actividad económica en

una escala nueva para las condiciones nacionales. En un proceso de necesario fortalecimiento de las capacidades locales, que fuera también señalado como un tema relevante en la Multipartidaria, se ha gestionado cooperación internacional que acompañe los esfuerzos locales para el desarrollo de una minería responsable en el país.

Uruguay cuenta a la fecha con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y se preparan los instrumentos de ordenamiento previstos como Directrices Nacionales, Planes Departamentales, etc. permitiendo la inclusión de esta actividad productiva en el contexto de las actividades económicas del país.

La actividad de minería de gran porte debe constituir una oportunidad para desarrollar conocimientos, tecnologías y capacidades en el país, para generar nuevas oportunidades laborales para capacitar y especializar a los cuerpos de inspección de las instituciones del Estado y así garantizar que la actividad productiva se realiza de manera responsable y cumpliendo con toda la legislación vigente.

La minería de gran porte realizada con innovación y aplicación de las mejores tecnologías disponibles, con las debidas salvaguardas y garantías que el presente proyecto de ley propone, será posible implementarla en un marco de desarrollo sostenible no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras ya que se crea un instrumento económico intergeneracional que será una novedad en el resguardo de recursos para el futuro, más teniendo en cuenta que es un recurso finito y no renovable.

En cuanto a los aspectos ambientales cabe destacar que se incorpora la necesidad de realizar un Estudio de impacto ambiental completo el cual será a la vez auditado por una entidad internacional con reconocida trayectoria en la materia. El proyecto de ley enfatiza la necesidad del plan de cierre de forma de asegurar el reacondicionamiento de los sitios a niveles tales que posibiliten el desarrollo de actividades post-cierre u otros usos posteriores. De forma de asegurar esto se crean garantías de cumplimiento de la MGP.

En cuanto a los aspectos tributarios de la ley, y de acuerdo con las pautas emanadas del Documento de Acuerdo de la Comisión Multipartidaria de

Análisis de la Minería de Gran Porte, se propone: el establecimiento de límites respecto al alcance de los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas inversiones; la realización de ajustes en el régimen general de liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE); así como la incorporación de un adicional al mismo, específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte (MGP) incorporándose al cuerpo normativo de este impuesto.

A continuación se detalla el contenido sustancial a modo de síntesis de los diferentes Capítulos del proyecto de Ley de MGP a consideración del Poder Legislativo:

El capítulo 1: refiere al ámbito de aplicación y a las condiciones que requieren los proyectos de MGP para poder insertarse en un marco de desarrollo sostenible. Se incluye también el alcance de actividades mineras y conexas, así como el concepto de conjunto económico, aplicable en caso de realizar actividades mineras que resulten en MGP.

El capítulo 2: se refiere al Plan de cierre de MGP. El plan de cierre es un instrumento que garantiza desde el punto de vista ambiental el futuro uso sustentable del lugar (mina) donde se realizó una extracción minera. El tema de las oportunidades de uso futuro del sitio fue muy analizado a nivel de la Interpartidaria ya mencionada tanto desde el punto de vista ambiental, como social, como productivo. Para garantizar que las acciones contenidas en el plan de cierre se cumplan, se propone constituir garantías de cumplimiento que cubran, no solo los costos de implementar el plan de cierre, sino también el fiel cumplimiento de la normativa ambiental y la recomposición en caso de ocurrir daños al ambiente.

El capítulo 3: refiere a las disposiciones especiales aplicables a la Minería de Gran Porte, en particular la firma de un Contrato de la Concesión para explotar de MGP. La celebración de un Contrato de MGP entre el Poder Ejecutivo y el titular del proyecto, será condición necesaria para el otorgamiento del título de concesión para explotar, pautándose en este capítulo los contenidos que necesariamente deberán fijarse en el mismo. Se destaca la obligación de constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato previo a la firma del mismo, la cual deberá ser mantenida hasta un año después de la finalización de la vigencia del Contrato.

Finalmente, se establecen disposiciones referidas al destino de minas, áreas mineras e información ante posibilidad de caducidad de los derechos mineros y/o el no otorgamiento de la concesión para explotar.

El capítulo 4: refiere al Régimen Tributario especial aplicable a la Minería de Gran Porte. El Estado, como propietario de los recursos del subsuelo y en particular de aquellos no renovables, debe participar de las rentas económicas generadas por su explotación, en el marco de que resulte para el inversor una Tasa Interna de Retorno (TIR) acorde a los niveles internacionales.

En este marco es que se crea el denominado "Adicional del IRAE específico a la renta proveniente de la explotación de la Minería de Gran Porte", cuya estructura fue diseñada luego del análisis de legislación comparada de países con larga tradición minera -básicamente la vigente en Chile y Perú, que cuentan con normativa actualizada recientemente (2010 y 2011) respectivamente-. El mismo contribuye a la obtención de un sistema tributario aplicado a la MGP con imposiciones convergentes al benchmarking internacional.

Entre las principales del Adicional se destaca:

 La aplicación de una tasa progresiva sobre la renta neta operacional minera del ejercicio fiscal, contingente a la realidad de precios.

 La renta neta operacional minera es obtenida de la diferencia entre ingreso operacional minero y costo de producción, permitiéndose deducir cierta categoría de gastos y pérdidas.

 Se dispone que el Canon de producción que debe abonar el titular del derecho minero de explotación devengado en el ejercicio fiscal, se puede imputar al pago del Adicional. Por esa razón, dicho Canon no es deducible para su liquidación.

 El producto minero se grava en cualquier etapa de la actividad minera definida en la presente ley, incluso cuando constituye insumo de un proceso industrial manufacturero.

 

 Se establece un precio de referencia -en atención al precio en el mercado internacional- por el cual, el ingreso operacional minero a considerar, no puede ser inferior a la valoración a dicho precio de la cantidad de unidades físicas enajenadas.

Finalmente, se establece que las inversiones realizadas correspondientes a las actividades mineras y conexas reguladas por la presente ley, no podrán ser objeto de la aplicación de regímenes promocionales por los que se otorguen exoneraciones en materia de IRAE.

El capítulo 5: refiere al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII). Este capítulo establece que todos los ingresos tributarios provenientes de emprendimientos MGP, así como el canon de producción obtenido por el Estado, se identificarán en el Presupuesto Nacional como Ingresos por Minería de Gran Porte. Un 30% de los mismos será incluido en instancias presupuestales por parte del Poder Ejecutivo para atender objetivos trazados en la Comisión Multipartidaria referidos al financiamiento de inversiones en zonas geográficas de influencia de los proyectos MGP, así como de proyectos productivos, de infraestructura y ambientales, y al fortalecimiento de capacidades técnicas de organismos de control y seguimiento de proyectos MGP. El restante 70% formará el FSII, contribuyendo a asegurar la solidaridad y la mejora del bienestar intergeneracional. Dicho fondo estará dirigido por un Comité de Dirección gubernamental, siendo administrado por el Banco Central del Uruguay quien invertirá los recursos entre una lista taxativa de instrumentos financieros, no obstante la opción de participación en proyectos enumerados en el articulado, a propuesta del Poder Ejecutivo. Finalmente, se prevé la creación de indicadores para el seguimiento y control del FSII, así como la solicitud de realización de auditorias internacionales por parte del Poder Ejecutivo o Legislativo, como fuera acordado.

El capítulo 6: refiere a otras disposiciones a legislar concertadas en la Comisión Multipartidaria. Este capítulo establece el mecanismo de distribución del Canon de Producción correspondiente a los propietarios de predios superficiales del área de concesión para explotar, incorporando a los predios linderos a la misma. Por otra parte, se establece la obligación del Poder Ejecutivo de impulsar la creación de un Consejo Sectorial

Minero para MGP de carácter tripartito; su obligación de promoción del ejercicio del derecho a la información y la participación de los ciudadanos durante todo el ciclo de vida del proyecto; así como lo acordado respecto a la promoción para que el Estado uruguayo integre organizaciones internacionales que apliquen herramientas de medición de transparencia respecto a la gestión del FSII. Finalmente, se establece un régimen especial de infracciones y sanciones aplicable a los proyectos MGP, y la obligación de presentación regular de información por parte del titular del proyecto de MGP a las autoridades competentes.

El capítulo 7: refiere a disposiciones transitorias que afectan a proyectos en explotación al momento de entrada en vigencia de la nueva normativa, en particular el período otorgado para estar alcanzados por la misma.

Proyectode Ley de Minería de Gran Porte

Capítulo 1 . Minería de Gran Porte

Artículo 1. (Declaración).

La Minería de Gran Porte (MGP) es aceptable y genera procesos de desarrollo sostenible del país si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el cierre y el post-cierre de minas.

Artículo 2. (Ámbito de aplicación).

El Poder Ejecutivo calificará como MGP previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), todo proyecto de explotación de minerales metálicos, se encuentre o no en ejecución, que por sí solo o anexado a otros proyectos de la misma naturaleza, pertenecientes a una única empresa o a un conjunto económico, se ajuste al menos con una de las siguientes condiciones:

a) Ocupación de una superficie superior a 400 hectáreas.

b) Inversión superior a 830 millones de UI (ochocientos treinta millones de Unidades Indexadas) en fase de construcción y montaje de las obras e infraestructuras necesarias para la explotación.

c) Valor anual de comercialización (plaza o exportación) del producto obtenido de actividad minera (producción) mayor a 830 millones de UI (ochocientos treinta millones de Unidades Indexadas).

Artículo 3. (Consideración especial).

El Poder Ejecutivo podrá, asimismo, en consideración especial, otorgar la calificación de MGP a proyectos mineros que presenten alguna de las siguientes condiciones:

a. Uso de sustancias o productos químicos peligrosos.

b. Requerimiento energético anual superior a 500GWh.

c. Producción de drenaje ácido.

En estos casos, se exceptúa a dichos proyectos de las disposiciones contenidas en los Capítulos 3 y 4 de la presente ley.

Artículo 4. (Buenas prácticas mineras).

La MGP deberá guiarse por las mejores prácticas mineras internacionales, incluyendo en su gestión social y ambiental mecanismos para la participación de los actores involucrados.

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arlette 10/01/2012 10:24


."No esperamos nada del gobierno
que juega al desgaste"


En un debate en el Senado uruguayo sobre el nuevo
Código de Minería, donde en todo momento estaba presente el proyecto de Zamin Ferrous, integrantes del gobierno de José Mujica y
líderes de la oposición no asumen los impactos sobre el ecosistema de una mina de hierro a cielo abierto de gran porte en el centro del país y lo
conciben, a lo sumo, como un diferendo entre intereses económicos particulares.


http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-uruguay/nuevo-codigo-de-mineria-uruguayo-y-proyecto-aratiri


Por Víctor L. Bacchetta


Uno de los puntos principales de la
propuesta oficial de reforma del Código de Minería es la extensión física y cronológica de los derechos mineros, es decir, el incremento de las superficies abarcables y de los plazos de vigencia
de las llamadas 'servidumbres mineras' en las tres fases -prospección, exploración y explotación-, durante las cuales el propietario del campo está obligado por el código actual, una vez que lo
decide el Poder Ejecutivo, a permitir a la minera operar libremente en su territorio



Con una mina de hierro a cielo abierto de 40 mil hectáreas de extensión, con franja de seguridad incluida, no hay convivencia ni remediación posible







Por una parte, los daños irreparables a los pobladores que, de forma voluntaria o forzada, serán evacuados del lugar. Por la otra, el legado de
enormes pozos y depósitos de desechos, contaminación de las napas subterráneas y cursos de agua del sistema hídrico nacional, son daños irreparables al país que no hay dinero que lo pueda
compensar  los pueda compensar.



Víctor L. Bacchetta, Uruguay


 -http://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/09/reforma-del-codigo-de-mineria-ii/