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El polvorín

Uruguay: LOS AMIGOS DE TABARÉ ¡QUÉ CASUALIDAD!

22 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

21 de octubre de 2010

 

MENSAJE DE LA 36

 

LOS AMIGOS DE TABARÉ
¡QUÉ CASUALIDAD!
EL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO PRESIONA A LA JUEZA FANNY CANNESA, QUIEN SE OCUPA DE LA CAUSA DE NIN NOVOA, DE LA DEL EX PROCURADOR DEL ESTADO PEREZ RIESTRA Y DE LA DE LOS CASINOS MUNICIPALES
“Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior y hermano del ex presidente Tabaré Vázquez, presentó una denuncia en la que acusa a la Jueza Fanny Canessa, Menoni y Scapusio de “presionar” a la directora y dos educadores del Centro Nacional de Rehabilitación, por la muerte de un recluso”
Un juez con mucha experiencia en materia penal comentó: “Esto es un tiro por elevación para pasar el mensaje de que hay determinados temas en los que conviene no meterse”

http://www.elpais.com/recorte/20080212elpepuint_1/LCO340/Ies/Tabare_Vazquez_derecha_vicepresidente_Rodolfo_Nin_Novoa_ayer_durante_presentacion_nuevo_Gabinete.jpg

 

Este jueves 21 de octubre aparece en el semanario Búsqueda un artículo escrito por el periodista Javier Benech donde se señala que la jueza Fanny Canessa, quien se ocupa de la causa de Nin Novoa, de la del ex procurador del Estado Pérez Riestra y de la de los casinos municipales; fue acusada de presionar a una directora de un centro penitenciario que reconoció haber omitido informar al juzgado sobre la muerte de un recluso.
Esta denuncia realizada por el Gobierno del Frente Amplio a una magistrada a cargo de varios casos de corrupción genera, según el semanario, sospechas en ámbitos judiciales.  

Esto es lo que documenta la nota mencionada.
La denuncia que el Ministerio del Interior presentó ante la Suprema Corte de Justicia contra la jueza penal Fanny Canessa y el actuario César Menoni; y ante el Ministerio de Educación y Cultura contra la fiscal adjunta Beatriz Scapusio, desató un conflicto con una magistrada que en los últimos años procesó a importantes jerarcas del oficialismo e investiga varias denuncias de supuestos casos de corrupción.

El martes 19 la fiscal Scapusio solicitó el procesamiento de la directora del Centro Nacional de Rehabilitación, Diana Noy, por su “omisión” en la muerte del recluso Mauro Bozzatta, para quien la justicia había pedido medidas de protección debido a que había sido agredido por otros internos y había denunciado el ingreso irregular de celulares al centro de detención.
Según fuentes de la investigación, Canessa esperará para tomar una resolución a que Noy se reintegre de una licencia médica, solicitada por un “pico de stress” y problemas psiquiátricos.

Mientras que el diario “El País” informó el martes 19 que Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior y hermano del ex presidente Tabaré Vázquez, presentó una denuncia en la que acusa a Canessa, Menoni y Scapusio de “presionar” a la directora y dos educadores del Centro Nacional de Rehabilitación, por la muerte de un recluso.

La denuncia del Ministerio del Interior fue recibida con “sorpresa” y levantó algunas sospechas en varios operadores judiciales. Un juez con mucha experiencia en materia penal comentó: “Esto es un tiro por elevación para pasar el mensaje de que hay determinados temas en los que conviene no meterse”.
El propio abogado de la familia del recluso muerto, Luis Compaña, dijo al  semanario Búsqueda que la denuncia del Ministerio del Interior es una “presión indebida” de un órgano del Poder Ejecutivo hacia la justicia.
“He sido abogado defensor en varios juicios en los que actuaron esta jueza y esta fiscal y en los que incluso me tocó perder. Debo decir que siempre me dieron todas las garantías necesarias y que son muy buenas magistradas”, expresó el letrado.

Canessa procesó en diciembre de 2007 al ex director municipal y nacional de Casinos, Juan Carlos Bengoa por su supuesta responsabilidad en la pérdida de más de U$S 15 millones en los casinos de la Intendencia Municipal de Montevideo en el período 2000, 2005.
Además, recientemente la fiscal Scapusio y Canessa procesaron por “fraude” al procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, que fue designado por el anterior gobierno.

Adicionalmente, Canessa y Luis Bajac, titular de la Fiscalía en la que se desempeña como adjunta Scapusio, investigan la presunta responsabilidad del ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa por una serie de omisiones en sus declaraciones juradas, en la cancelación de una deuda con el Banco República y en la adquisición de un campo.

El  Ministerio del Interior denunció a las magistradas por el caso que comenzó con una golpiza al recluso Bozzatta, de 26 años, que luego murió en el CNR. De acuerdo con la vista fiscal Nº 276 fechada el 30 de agosto y firmada por Scapusio. Bozzatta “fue tomado a golpes de puño por varios internos pertenecientes a la habitación tres del tercer piso porque tenía el “chip” de un celular en su poder y a la mañana siguiente, otro recluso agredió a Bozzatta con una varilla de una de las ventanas del centro”.
De acuerdo con la fiscal “resulta incuestionable la conducta negligente de los educadores y de la guardia que controla el ingreso de objetos y alimentos para los reclusos, así como el uso de celulares dentro del segundo y tercer piso del centro”.
“Quedó clara la comisión de un delito de hurto y dos delitos de lesiones cometidos contra la misma persona, en un lapso de doce horas, si bien no existe semiplena prueba de la autoría de las mismas”, agrega la representante del Ministerio Público.
Y de inmediato concluye: “Dentro del contexto de reclusión que se vive en el centro tales episodios de ilicitud y violencia deben ser controlados por la autoridad responsable del mismo, la directora Diana Marina Noy López, quien debería tomar las medidas pertinentes dentro de sus potestades, por lo cual, se deja desde ya solicitado le sea notificada la resolución que la sede disponga”.
En base a esa vista fiscal, la jueza Canessa dispuso medidas de protección especial a Bozzatta. Sin embargo, el mismo día el recluso fue hallado muerto en una celda del CNR.              

El 31 de agosto Noy fue citada al juzgado para notificarle la resolución judicial de protección a Bozzatta, pero la jerarca omitió decir que el recluso había fallecido la noche anterior. Al día siguiente, la directora del CNR fue sometida a un interrogatorio por este punto. El tono de las preguntas de la jueza y de la fiscal fue uno de los motivos que molestaron a Noy y a las autoridades del Ministerio del Interior, que interpretaron las interrogantes como una “presión”.
A continuación transcribimos parte del interrogatorio aparecido en Búsqueda al que fue sometida la directora del CNR:

-Pregunta: ¿El día que usted compareció a esta sede la magistrada dispuso en su resolución protección especial para el interno Bozzatta?
Respuesta: Yo no sabía lo que dispuso. A mí no me comunicaron eso. Yo dispuse el cuidado de Bozzatta desde el día viernes 27, lo apartamos. Lo pusimos en un lugar donde sólo tiene acceso la guardia interna y algunos de los técnicos que vamos y pedimos que nos abran, el lugar está enrejado y con llave.

-Pregunta: ¿El día martes 31 usted viene al juzgado y se le notifica de una vista del Ministerio Público?
Respuesta: Sí. La vista Nº 276, alrededor de las 13 y 30 ó 14 horas.

-Pregunta: ¿Usted viene el 31 y la noche antes este hombre Bozzatta estaba fallecido?
Respuesta: Sí, a mí me comunican cuando me estoy yendo, alrededor de las 22 y 30 horas. Yo estaba llegando al centro de Montevideo, habré salido del CNR alrededor de las 22 horas.

-Pregunta: ¿A usted no se le ocurrió o no consideró su deber funcional informar a este juzgado de la situación del interno Bozzatta?
Respuesta: Yo llamo a la doctora Espino, que es la encargada jurídica del centro. Ella me manifiesta que me quede tranquila que ella desde su teléfono haría las comunicaciones. Cuando llega la doctora Espino al CNR yo ya había comunicado a la seccional 21 y había cumplido con lo que Espino me había transmitido, que la doctora Mota, jueza de penal 7, había ordenado. Cuando llega la doctora Espino al CNR labra actas y paso seguido yo comunico a los familiares.

-Pregunta: Se reitera la pregunta: ¿por qué no noticia al juzgado el día 31 cuando vino a notificar que el día anterior había fallecido Bozzatta?
Respuesta: Comuniqué el hecho al juez de turno, la doctora Mota, al ministerio, al Estado Mayor y a la seccional 21. Cuando me retiro de esta sede es que me doy cuenta que hay que comunicar a la doctora Canessa el suicidio.

-Pregunta: ¿Usted advierte la gravedad de su omisión?
Respuesta: Ahora, en este momento me doy cuenta.

-Pregunta: En atención a todo lo declarado, ¿usted considera que está apta para dirigir el CNR?
Respuesta: Sí.

Cuando le preguntaron a Noy si deseaba agregar algo en su declaración la directora del CNR dijo: “En ningún momento tuve la intención de omitir o de ocultar una información”.

En cambio fuentes del ámbito forense señalaron al semanario que el interrogatorio al que fue sometido la directora del CNR es “de rigor”.
“La gente tiene que entender que cuando viene a declarar a un juzgado penal no está en un picnic”, señaló un juez con más de 20 años de experiencia en lo penal.
Fuentes vinculadas a la investigación del caso añadieron que Noy psicóloga de profesión, no manifestó en ningún momento durante los interrogatorios que se sentía presionada.
“Una profesional tiene la suficiente cultura como para decir que quiere dejar sentado en actas que se la está presionando si así lo considera necesario”, estimó un receptor judicial.

Por si esto fuera poco, una reconstrucción realizada por las magistradas y un médico forense en el CNR contradice el resultado de una pericia inicial que concluyó que Bozzatta se suicidó.
En efecto, una pericia de Policía Técnica fechada el 31 de agosto sostiene que “de acuerdo a los indicios y evidencias halladas en la escena del hecho y en el cuerpo del fallecido, se pudo establecer que el hecho investigado se trata de muerte violenta de etiología suicida”.
Esa pericia está firmada por el agente de segunda Gustavo Mosteiro, por el sargento José Acosta y por el oficial ayudante Miguel Pereyra.
Empero, según la reconstrucción realizada en el CNR por Canessa, Scapusio, la fiscal adjunta Patricia Sosa y los médicos forenses Ruben Arias y Domingo Medero, la tesis del suicidio es improbable.

De acuerdo con el acta, labrada el 6 de octubre, “se procede a reconstruir la situación que fuera recogida por la Policía Técnica inmediatamente del fallecimiento y se coloca la sábana que tenía anudada en el cuello en la misma posición del relevamiento citado, se procede a anudar la misma de su soporte por el doctor Arias, de similar estatura al fallecido, quien tuvo que pararse en punta de pie sobre la silla que aparece en la foto”.
“Se puede apreciar que los nudos registrados en la secuencia fotográfica se pueden reproducir y que al tirar del resto de la sábana como si colgara un cuerpo humano, los nudos se ajustaron, lo que no condice con la secuencia fotográfica de los nudos tomada en el momento posterior al hecho”, agrega.
“Además, con el resto de la sábana que quedaba colgando, fue imposible anudar en el cuello del forense citado, de tal forma que pudiera ajustarse para producir el efecto inicialmente indicado en estos procedimientos, ya que tampoco la extensión de la sábana permitió hacer un nudo corredizo”, agrega.

Hoy el diario El País señala sobre este tema que la jueza penal Fanny Canessa resolverá en noviembre si hace lugar o no al pedido de procesamiento de la directora del CNR, Diana Noy, que el martes 19 formuló la fiscal adjunta Beatriz Scapusio.
Ese día, Noy debía presentarse a declarar acompañada por un abogado. Sin embargo, hizo llegar al juzgado un certificado médico de Sanidad Policial que señala que hasta el próximo 4 de noviembre se encuentra de licencia por un pico de stress y problemas psiquiátricos.
Esta es la segunda vez que la jerarca alega dificultades médicas para no ir a declarar: el 5 de octubre también presentó un certificado en el que señaló que se encontraba con problemas lumbares.
La jueza Canessa aguardará a que Noy cumpla el lapso de reposo indicado por los médicos, y luego la volverá a citar. Si vuelve a surgir algún impedimento que no permita que la directora del CNR declare en el juzgado, la magistrada evaluará si ordena una pericia forense.
La investigación judicial continúa para establecer quién o quiénes fueron los responsables materiales de la muerte de Bozzatta. No se descarta ni que hayan sido reclusos ni policías.
La familia del recluso Mauro Bozzatta presentará una demanda civil contra el Ministerio del Interior al que reclamará una indemnización de US$ 50.000, dijo Luis Compañ, abogado de la madre del joven fallecido. El resarcimiento es por el “daño moral” y también por el sufrimiento previo a la muerte de Bozzatta, que se traslada a la madre, explicó el abogado.

Recordemos los casos en los cuales la Jueza Fanny Canesa, ha tenido participación.

 

- Acerca de la presunto tráfico de influencia del ex vicepresidente y actual senador de la República Rodolfo Nín Novoa.


De acuerdo a los números Nin se habría enriqueció en 5 millones de dólares en sus cinco años con Tabaré Vázquez.
En el año 2000, el hoy vicepresidente Rodolfo Nin Novoa tenía un patrimonio negativo de unos $ 379.000.
En 2002, el patrimonio negativo del senador frenteamplista era de unos $ 204.000 y en 2004 el saldo también era negativo: $ 210.000. En 2005, ya como vicepresidente, Nin Novoa declaró un patrimonio neto positivo de $ 300.000, en 2007 un patrimonio positivo de $ 3.387.360 y en 2009 de $ 5.450.138.Patrimonio: Nin admitió omisiones en declaración
En el año 2004, no declaró deuda ante el BROU: “Se me pasó”

El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa admitió que en el año 2004, en plena campaña electoral, omitió incluir en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública la deuda que tenía con el Banco República, aunque defendió su proceder en las diferentes declaraciones juradas y dijo que actuó con buena fe.

Según un informe del semanario Brecha, en el año 2000, al ingresar como senador, Nin declaró una deuda con el BROU por US$ 11.200, pero ya cinco años antes el banco lo había embargado por US$ 21.900.

En 2002, el embargo trepaba a US$ 135.210, pero Nin Novoa declaró que el saldo de la deuda era de US$ 1.600. “¿1.600? No puede ser. No recuerdo, pero no creo. No estaba dispuesto a aceptar lo que me quería cobrar el banco. Siempre reconocí la deuda, pero no lo que me querían hacer pagar”, respondió Nin en entrevista con el semanario.
Y en 2004, su declaración omitió esa deuda. “Sí, se me pasó, estábamos en plena campaña electoral”, reconoció Nin.

"Fue un error pero no lo hice de mala fe”, agregó, cuando se le recordó que sí declaró las deudas con Acac y Cofac. Al asumir como vicepresidente, en el año 2005, declaró una deuda de US$ 8.000, pero el fideicomiso la calculaba en US$ 16.000, siempre según el informe del semanario.

En la declaración de 2007, Nin declaró que en su parte del campo, que tiene con sus hermanos. la hectárea valía unos US$ 715, pero el informe advierte que la compró a unos US$ 800. “Nuestro cálculo es que la hectárea en ese momento costaba US$ 715”, respondió Nin. En la declaración del año 2009, Nin dijo que el valor de la hectárea era de US$ 1.200.
Nin
tampoco reflejó el valor que le agregó a su campo de Cerro Largo con la construcción de una casona con seis dormitorios, tres de ellos en suite. Según Brecha, esa obra vale por lo menos US$ 200.000. El vicepresidente advirtió al periodista: “Ni soñando cuesta esa plata”. Reconoció que pagó US$ 45.000 por la obra.

23 abril 2009 Jueza que ahora presiona el gobierno, pide a fiscal que diga si pide procesar a Nin

El caso volverá a estudio de la Fiscalía para nuevo dictamen el BROU le adjudico una estancia en Cerro Largo que estaba endeudada, en forma directa y sin licitación. Nin oculto la información del campo en su declaración de impuesto a la renta
Gonzalo Nin su hermano pedirá a la Justicia que lo investiguen por tráfico de influencias
La abogada de Gonzalo Nin, la doctora Hebe Martínez Burlé, presentará, el próximo lunes, una denuncia ante la Justicia para que se investigue el caso que involucra al hermano del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en un presunto tráfico de influencias en la compra de armas para el Ejército.

- El hermano de Tabaré Vázquez obtuvo a su vez un préstamo del Banco Hipotecario por 130 mil dólares.
Esto se conoció en el mes de noviembre de 2009.
El presidente de la Junta Nacional de Drogas defendió su decisión  de acogerse a un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay, por US$ 130.000  para comprar una casa en el marco de un acuerdo con la oficina de Presidencia.
 
“En realidad no es un préstamo en exclusiva para mí, sino que responde a un plan que venimos realizando desde hace un tiempo en la Junta Nacional de Drogas, de protección de las personas  que están involucradas en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero”,
  dijo el prosecretario de la Presidencia.

- El otro caso de la doctora Canessa ha sido es escandaloso caso de los Casinos Municipales en el que cuando fue a declarar el ex intendente Mariano Arana quien aún no se había interiorizado de las declaraciones del ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, y entonces decía  a Ultimas Noticias que tanto él como la ex secretaria de la comuna, María Julia Muñoz, están “siempre dispuestos, cada vez que nos soliciten algunas consideraciones que nosotros tengamos a mano, y que las recordemos además, porque estamos hablando de 8 o 9 años atrás, a participar en el esclarecimiento de lo que esté a nuestro alcance”.

Bengoa señaló que “las decisiones de un cambio de política en la administración de los Casinos, son por resolución del intendente”. En entrevista con el diario El País, Bengoa sostuvo que en ocasión de un careo en febrero de 2009, Arana “dijo que la política en cuanto al plan de negocios de casinos fue diseñada con anterioridad” a que el jerarca procesado asumiera su cargo y que él, en consecuencia, lo único que hizo fue “administrar una decisión anterior”.

Arana manifestó que “ni siquiera se acuerda que haya dicho eso” durante el careo. “No estoy en condiciones, tendría que revisar papeles, si es que tengo alguna cosa de estas”, apuntó y reiteró: “¡Estamos hablando de tantos años atrás! Y con todo el enredo que uno descubrió que había entre operadores y algunos funcionarios, que es lo que la jueza y supongo que también el fiscal han detectado, para sorpresa de muchos de nosotros”.

Consultado sobre sus expectativas para los careos del 15 de junio, en el que se contrarrestarán sus declaraciones y las de Muñoz con las de Bengoa, Arana expresó que “no tienen la menor idea” de en qué se profundizará. “No sé sinceramente sobre qué aspectos nos van a consultar, pero con mucho gusto participaremos en todo aquello que está a nuestro alcance”.

Arana enfatizó que “seguirá estando” a las órdenes “en todo aquello que se entienda puede facilitar la acción de la Justicia”. Concluyó que “no es conveniente estar polemizando públicamente en aquellos aspectos que me parece que tienen que ser con entera libertad y con la objetividad que sé con la que actúa la Justicia”. “Nunca entendí que hacer declaraciones era conveniente. Si otros las quieren hacer, allá ellos”.

Por su parte el abogado del ex director de Desarrollo Económico de la IMM, Alberto Roselli, negó que las expresiones de Bengoa afecten a su cliente. “El cambio en la política de los casinos no es un delito y no fue juzgado. Es una decisión política legítima”, afirmó el defensor Diego Camaño, para quien quedó probado que Roselli “no tuvo ninguna responsabilidad” en las irregularidades.

Bengoa volvió a referirse a una reunión que mantuvo con el actual presidente José Mujica antes de asumir la Dirección de Casinos Municipales, en la cual el entonces senador le pidió que incorporara como asesores a José Luis Antúnez y Orestes González. “No recuerdo que Mujica lo haya negado. Siempre leí que “fuentes oficiales” decían que nunca ocurrió lo que él y yo sabemos que ocurrió”, dijo Bengoa.
Al respecto, el dirigente del MPP Osvaldo Ronqui opinó que “no sé si es cierto, pero si lo fuera, no sé qué importancia tiene. En caso de que Bengoa haya aceptado gente que fuera propuesta, después la gente fracasó por  X motivo y bueno”. El dirigente Evaristo Coedo estimó que “habría que volver a preguntarle a Mujica” y que el tema “no se trató políticamente porque quedó en manos de la Justicia”.

El abogado de Bengoa, Víctor Della Valle, negó que las expresiones de su cliente sobre la incidencia de la ex fiscal Olga Carballo en la demora del proceso puedan perjudicarlo en la causa judicial aún abierta.

“No habla mal de los magistrados actuales, sino de una que no está más y que estaba bastante desprestigiada porque se fue con el marido, que estafó a la Cooperativa de Previsión Social en 10 millones de dólares”, señaló Della Valle.

Bengoa manifestó que Carballo, quien en diciembre de 2007 solicitó su procesamiento con prisión y el de los otro cuatro encausados por las irregularidades de los casinos municipales, tuvo intencionalidad de demorar la investigación. “Perdió el expediente y después se fue intempestivamente del país. Después estuve seis meses sin que se nombrara un fiscal y entonces el proceso estuvo parado casi nueve meses”.

Fuentes judiciales estimaron que “es la opinión de un detenido” y descartaron que tenga consecuencias. También recordaron que el tiempo de la indagatoria “fue uno de los elementos que la jueza tuvo en cuenta para concederle la excarcelación” y que el nombramiento del fiscal Diego Pérez, “fue uno de los más rápidos en cuanto a las venias”.

En junio la sede penal de 6° turno sometió a un careo al ex director de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, al ex intendente Mariano Arana y a la ex secretaria municipal María Julia Muñoz.

Sin embargo, un segundo careo entre los funcionarios de la cooperativa Mozlui, quienes donaron dinero para la refacción del Parque Hotel, la arquitecta Cecilia Agós, contratada por el empresario Felipe Ruiz para dirigir la obra, los ex asesores de Casinos José Luis Antúnez y Orestes González y Ruiz quedó pospuesto hasta la realización de una inspección ocular en el Parque Hotel.

La medida tiene por objeto determinar el alcance de las obras de remodelación de la sala de juegos de ese casino. El auto de procesamiento señala que Ruiz propietario de una empresa que realizaba mantenimiento de los slots, se encargó de recolectar U$S 10.000 de la cooperativa, que se usó para la refacción.

Además, está pendiente una solicitud de ampliación de las pericias de las contadoras que ya en su momento se expidieron sobre las pérdidas en los casinos municipales. “Hubo puntos que por carencia de información no pudieron ser evacuados, entre ellos la cifra exacta de las pérdidas en los casinos, uno de los aspectos centrales”, confió al diario Ultimas Noticias una fuente judicial.

Las contadoras del Instituto Técnico Forense, Élida Pardo y Paula Barbagelata, elaboraron en abril de 2008 un informe a pedido de la jueza Canessa, en el que dieron cuenta de movimientos sin justificación en cuentas bancarias de Bengoa e irregularidades en la donación de U$S 270.000 para refaccionar el Parque Hotel.

También señalaron que las pérdidas de los casinos municipales entre 2000 y 2005 ascendieron a U$S 13.077.510. Sin embargo, durante la primera intendencia de Arana entre 1995, 2000 la ganancia equivalió a U$S 15.691.588,65.

En un segundo informe entregado en febrero de 2009, las peritas indicaron que “de la documentación no surge apoyo formal que permita acreditar o justificar el incremento del patrimonio del Cr. Bengoa”, en el lapso entre la primera y última declaración jurada que presentó ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, período que va del año 2000 al 2007.

- El otro caso de la Doctora Fanny Canessa es el más reciente, de setiembre de 2010 y se trata de Gualberto Pérez Riestra. Un fiscal deshonesto nombrado por Tabaré Vázquez.

La Justicia emitió en el correr de ese mes una orden de captura para el procurador en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, quien se fue del juzgado donde iba a declarar por una maniobra de fraude contra la Fundación Peluffo Giguens.
El jerarca concurrió al Juzgado Penal de 6º Turno, donde se le tomaron pruebas gráficas para pericias caligráficas.
Aproximadamente a la hora 17.30 fue llamado a declarar pero no estaba en la sala de testigos.

Los magistrados y funcionarios pensaron que quizás el procurador en lo Contencioso Administrativo había “bajado a fumar fuera del edificio”, pero transcurrido un tiempo prudencial no apareció, dijeron a El País fuentes judiciales. Llamaron a su celular pero se les cortaba la llamada. Tampoco fue ubicado cuando se telefoneó a su casa y al domicilio de un familiar cercano.

Tras confirmar que abandonó la sede judicial en que se indagaba su eventual participación en una maniobra con una casa donada a la Fundación Peluffo Giguens, se emitió una orden de captura.
El expediente judicial a cargo de la jueza penal Fanny Canessa, comenzó con la investigación de una maniobra referida a una casa de un valor que ronda los US$ 130.000 cuyo fallecido propietario donó a la Fundación Peluffo Giguens, pero que fue embargada por un grupo de individuos con documentación falsa.

Una persona con antecedentes penales y que tuvo a su cargo el manejo de parte de la documentación con que se concretó la maniobra, fue procesada el sábado pasado por la jueza Canessa, a pedido del fiscal del caso, Luis Bajac.
El día miércoles, se tomaron declaraciones y al día siguiente  jueves se recogieron documentos y nuevos testimonios. Una de las personas que dio su testimonio con antecedentes por estafa, quedó detenida y en hoy se define si es procesada o dejada en libertad, informaron fuentes del caso al diario mencionado.


Hay datos que se investigan sobre más maniobras fraudulentas similares con bienes de fallecidos o personas incapaces, en las que pudieron participar varios de los indagados en este caso, incluido el procurador en lo Contencioso Administrativo, añadieron las fuentes.
Pérez Riestra fue consultado inicialmente para ejecutar el supuesto vale y así trabar el embargo, ante lo cual se excusó y derivó el caso a otra abogada.
Pero, en la investigación judicial, se probó que elaboró escritos y documentos en la maniobra, expresaron las fuentes. Pérez Riestra declaró como testigo el domingo pasado, tras lo cual había sido citado por el juzgado.

La casa por la que comenzó este caso está ubicada en la zona de Montevideo Shopping. Su propietario la donó en su testamento a la Fundación Peluffo Giguens, que da atención a unos 1.000 niños que padecen cáncer.
Cuando comenzaron los trámites de sucesión, la propiedad fue embargada por un grupo de personas que presentaron un conforme firmado presuntamente por el occiso. Uno de los herederos dudó del documento, presentó una denuncia para que se investigue, y se constató que el conforme era falso.

La Fundación Peluffo Giguens espera desde el año 2008 por la casa. “No hemos podido hacernos con la propiedad por la existencia de un embargo que, según parece, es parte de una maniobra fraudulenta”, dijo la gerenta general de la fundación, Mirtha Casales.

En junio de 2009, Tabaré Vázquez designó al entonces fiscal de Gobierno Gualberto Pérez Riestra, procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que interviene en los procesos en los que se solicita la anulación de actos del Estado y controla la actividad estatal. En la asunción de Pérez Riestra, la entonces ministra María Simon destacó su trayectoria, formación y criterio en el desempeño de la actividad profesional.

 

Tomado de Cx 36 Radio Centenario

 

Foto El Polvorín

 

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