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El polvorín

Uruguay: MENSAJE DE LA 36 LA VOZ DE LA SOBERVIA Y LA IGNORANCIA MUJICA SE LAVA LAS MANOS UNA VEZ MÁS

2 Junio 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

MENSAJE DE LA 36

 

36  

LA VOZ DE LA SOBERVIA Y LA IGNORANCIA
MUJICA SE LAVA LAS MANOS UNA VEZ MÁS
“Yo no soy juez, no soy Alta Corte, no puedo meter a nadie en cana, entonces no me pida cuentas”, resumió Mujica. “Yo le firmo y le doy a la Justicia y yo qué se lo que va a hacer la Justicia; es un problema de la Justicia. En este país está separado el poder: el Poder Ejecutivo es una cosa, el Judicial es otra, y el Legislativo otra. Yo firmé el coso y ya está”, concluyó Mujica.

 

 

El presidente uruguayo y su par de Brasil, Dilma Rousseff, firmaron este lunes 12 acuerdos vinculados a energía, vivienda, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, seguridad pública y defensa.

En conferencia de prensa tras la firma de 12 acuerdos bilaterales con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente José Mujica dijo que “va siendo hora que en el Mercosur nos vayamos planteando integrar un sistema conjunto de energía”.
“Brasil nos está ofreciendo la consideración de un acuerdo energético que nos va a dar seguramente trabajo, pero que significa tener el respaldo de un sistema enorme y que para quienes somos dependientes enormemente del clima es un factor muy importante”, señaló Mujica, quien no descartó que un acuerdo macro energético a nivel del bloque comercial “va a tener dificultades, pero por algún lado hay que comenzar”.
En materia energética el mandatario enfatizó que cuando Uruguay padece sequía suele padecerla también el sur de Brasil y, en este sentido, remarcó que “el respaldo de un sistema puede no solo tener que ver con los costos sino con la seguridad”.
“Tenemos que mirar a Brasil no solo como proveedor sino como gigantesco mercado para nuestras dimensiones”, insistió el mandatario.
Mujica, que manifestó su aspiración de poder reunirse con Rousseff “cada tres o cuatro meses para continuar con esta agenda”, dijo que “es la hora de juntar intereses” porque “los gobiernos pasan y los países quedan y las relaciones de Uruguay con Brasil son demasiado importantes para el hoy y mucho más para el futuro”.
“Creo que las relaciones con la región han entrado en un cauce y tengo que agradecerle al gobierno de Lula, de Dilma, y que las tenemos que cuidar. Son formas de multiplicar nuestra independencia; en el mundo de hoy para ser independiente hay que ser relativamente fuerte”, afirmó Mujica.
Mujica destacó además los acuerdos por una “universidad de frontera”, porque “nunca estaremos integrados en América latina si no logramos la integración de la inteligencia”, y el que plantea la creación de una “hidrovía”. Con respecto a éste último señaló que “la hidrovía nos acerca a una parte neurálgica de Brasil y la multiplicación de las conexiones tiene que ver con el desarrollo. Está muy cerca de que la caliza de Treinta y Tres se pueda sumar y haya una producción de cemento importante”.
El jefe de Estado uruguayo, que agradeció la presencia de la oposición en el evento en la Cancillería, agradeció a su par brasileña y a toda la delegación y le envió “un saludo a Lula a la distancia”.
Por su parte la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien saludó a la primera dama y primera senadora Lucía Topolansky, a los senadores oficialistas, al canciller Luis Almagro y a la oposición, en particular al ex presidente Luis Alberto Lacalle, dijo que este lunes ella y Mujica tomaron “decisiones que marcan una relación estratégica entre Brasil y Uruguay que debe mirar al futuro”.
“Mujica y yo pasamos revista a una gran gama de asuntos todos estratégicos para integración regional y cada uno de los países. Intercambiamos informaciones y opiniones sobre el Mercosur. Consideramos que somos una de las regiones que más creció en el mundo”, afirmó Rousseff.
Agregó que se ha conseguido “una gran integración regional en el marco de la Unasur” y se jactó de que “hoy tenemos el orgullo de poder decir que somos una de las regiones que más crece en el mundo”.
Sobre los acuerdos en concreto, la mandataria brasileña destacó que ambo gobiernos acordaron “un monitoreo de comercio, con periodicidad mas frecuente. Y establecer relaciones sistemáticas entre los presidentes”.
“Seguiremos adelante con proyectos de integración logística energética. Queremos crear una sinergia entre Brasil y Uruguay. Decidimos acelerar un segundo puente sobre el Río Yaguarón y activar la conexión ferroviaria de Livramento y Rivera hacia Montevideo”, anunció Rousseff, quien precisó que se procura lograr 1.800 kilómetros de integración entre la Laguna Merín y la Laguna de los Patos.
Asimismo, Rousseff señaló que se creará “un marco jurídico adecuado para el intercambio bilateral de energía eléctrica. En 2013 vamos a contar con una línea de transmisión de 500 kilovatios”, anticipó. Además, destacó un “plan de acción conjunta para la masificación del acceso a Internet”.
"Quiero agradecer a Mujica por su percepción de tener una estrategia común entre Brasil y Uruguay", señaló Rousseff.
Mujica y Rousseff suscribieron una serie de documentos relativos a acuerdos sobre enseñanza de portugués a la Policía, rehabilitación de menores infractores, sistema integrado de salud y televisión digital.
En concreto, los mandatarios firmaron un memorando entre el Ministerio de Vivienda de Uruguay y el Ministerio de Ciudades de Brasil, un Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y el Ministerio de Cultura de Brasil, una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mecanismo de cooperación en ciencia y tecnología e innovación, un Plan de Acción Conjunta para el avance y masificación de acceso a Internet de banda ancha y telecomunicaciones en general 2011, 2015, un acuerdo de intercambio de información en seguridad pública, un memorando de entendimiento en el área de salud y un memorando de entendimiento en el área de asistencia humanitaria y defensa civil, entre otros.
Diputados aprueba hoy nuevo instituto para recluir a menores.
La instauración de un nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente será aprobada seguramente por unanimidad en la Cámara de Diputados. Partidarios y detractores de la baja en la edad de imputabilidad dicen que el nuevo organismo “justifica” sus posturas. 

La aprobación del Instituto de Responsabilidad Penal será el primero de tres proyectos surgidos del informe que la Comisión Bicameral sobre Minoridad Infractora elevó a la Asamblea General el mes pasado. El Frente Amplio, Alianza Nacional y el Partido Independiente tenían un compromiso de aprobarlos antes de junio. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja aprobó el lunes por unanimidad el texto que será sometido hoy a consideración del plano.

Mediante la nueva normativa se creará un sistema desconcentrado denominado Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, Irpa, que sustituirá al discutido Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción, Semeji y que tendrá a su cargo la ejecución de las medidas socioeducativas, de privación de libertad y de reinserción social y comunitaria destinadas a los jóvenes en conflicto con la ley. El nuevo organismo estará asesorado por una comisión interministerial y, hasta tanto no se instrumente su descentralización prevista para antes de que finalice este período, será dirigido por una “comisión delegada” designada por el Inau “con el máximo consenso posible desde el punto de vista político y técnico”.

Los fondos para su puesta en funcionamiento y para la capacitación de su personal están previstos en el vigente Presupuesto Nacional. A su vez, la comisión delegada dispondrá de un plazo de 60 días una vez promulgada la ley para proyectar todos los aspectos vinculados al instituto.

En comisión, el Partido Colorado y el sector herrerista del Partido Nacional, pese a aprobar la creación del Instituto expresaron una “salvedad”, que hoy reiterarán en el plenario. Desde estos grupos se reclama que la descentralización del nuevo instituto con respecto al Inau “sea inmediata”. Esto fue aprovechado por el oficialismo para criticar a estos sectores, promotores de la campaña de recolección de firmas para bajar a 16 años la edad de imputabilidad.

El diputado Aníbal Pereyra, MPP dijo a Ultimas Noticias que “recién ahora” surge esta discrepancia, con respecto a un asunto que ya había sido consensuado en el marco de la Asamblea General. Para el legislador, esta discrepancia surge por el mero hecho de “intentar justificar por qué están levantando firmas”. Pereyra sostuvo que es “un argumento político, no de contenidos”, ya que no hay diferencias sustanciales con los planteados inicialmente.

El 62% de los uruguayos se siente cada vez más inseguro. Esa fue la conclusión de la encuesta de Interconsult realizada entre abril y mayo y publicada ayer por Ultimas Noticias. Esta es una de las principales causas de la disconformidad con la gestión del actual gobierno y la baja en la popularidad del presidente José Mujica.

Las tres cuartas partes de los uruguayos mencionaron a la inseguridad como uno de los dos problemas más importantes del país y que deberían ser solucionados cuanto antes. Casi la mitad atribuye sus causas a la droga y la tercera parte a la falta de represión o penas más severas. Solo el 16% se la adjudica a la pobreza.

El Frente Amplio hará pesar sus mayorías y con sus votos aprobará el mantenimiento del legajo de los jóvenes por dos años en los casos de delitos graves como homicidio, rapiña, secuestro y copamiento. Asimismo, dará a la Justicia la potestad de considerar estos antecedentes si eventualmente esos menores cometen un delito una vez mayores. El oficialismo consensuó su postura luego de varios meses de ardua discusión.

El Partido Nacional propondrá en su informe conservar los antecedentes por cinco años en este tipo de delitos y obligar a la Justicia a considerarlos. A su vez, establecerá que en caso de reincidencia, sea denegada la posibilidad de medidas alternativas a la privación de libertad.

 

Entre los intendentes se ve con buenos ojos la propuesta del gobierno nacional de establecer un impuesto al agro que se destine a caminería rural. El presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Tacuarembó, el nacionalista Wilson Ezquerra, explicó al diario  Ultimas Noticias que el estado de las carreteras y de los caminos rurales necesitaba una pronta solución. Considera que un fondo destinado a su arreglo es una buena opción. “El que rompe paga”, sentenció Ezquerra.

Fuentes del gobierno expresaron que la propuesta del presidente Mujica atiende una iniciativa del Congreso de Intendentes. Estos pidieron en distintas oportunidades en el marco de la comisión de caminería y en las reuniones de la Comisión Sectorial de Descentralización una solución inminente. Estos plantearon en ese ámbito la posibilidad de un subsidio, lo que fue rechazado de plano por el gobierno central. Desde ese momento se manejó la posibilidad de crear un impuesto o tasa para grabar la producción con el objetivo de reparar las carreteras.

La misma fuente indicó que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Mgap está realizando un relevamiento de la situación actual de los caminos rurales y rutas nacionales para definir los fondos que son necesarios destinar.

Los intendentes manifestaron en reiteradas ocasiones su preocupación por los problemas de infraestructura y por los pocos ingresos que el agro y la producción forestal dejaban a las arcas municipales.

Ezquerra declaró que el aumento del flujo productivo y los pocos ingresos destinados en este sentido son quienes determinaron la situación actual de la caminería.

El intendente de Cerro Largo, el blanco Sergio Botana, indicó a que es fundamental establecer un impuesto para reparar las carreteras. “Si no hay buenas rutas, no hay producción”, declaró el intendente.

Ambos coincidieron en que el peso de los caminos y la frecuencia con la que pasan son fundamentales; “las carreteras no están preparadas para camiones tan pesados”, dijo Zimmer.

Desde el Congreso de Intendentes se trabaja con el objetivo de mejorar la construcción de las rutas nacionales para soportar el tránsito pesado. Ezquerra declaró que los gobiernos departamentales negocian en este sentido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Mtop. El objetivo es aumentar la durabilidad de los caminos y rutas.

El intendente de Tacuarembó expresó que, por ejemplo, su departamento recibe del gobierno nacional por caminería forestal unos U$S 500.000 por año con los que repara 40 kilómetros. Todo el departamento tiene 4.500 kilómetros de caminos. “En algunas rutas pasamos una vez cada 10 años”, indicó el jerarca.

Desde la comisión de caminería los intendentes manejan la posibilidad de que una vez creado el fondo, cada intendencia negocie con los productores las necesidades y prioridades.

Los jerarcas municipales consideran que el precio de la Contribución Rural es insuficiente. El precio por el cual se graba la contribución es “inexistente”, manifestó Ezquerra, quien considera que ese es otro de los puntos que desde el gobierno nacional deben tener en cuenta.

Zimmer, además, agregó que el gobierno no solo debe tener en cuenta las tierras productivas y lo que estas generan, sino que también debe observar a aquellos terratenientes dueños de grandes superficies de tierras sin provecho. “Los que tienen tierras cimarronas deben pagar más todavía”, expresó el intendente

 

Tabaré Vázquez recogerá ideas de Astori en su planteo de reestructura del Frente Amplio.

En un Plebiscito interno. Buscan reducir peso de los comunistas en los órganos.
“Democratizar al Frente Amplio”. Este concepto ha sido manejado por Danilo Astori públicamente y por Tabaré Vázquez en conversaciones con dirigentes de la coalición de izquierda. La reforma del Frente Amplio que prepara Tabaré Vázquez recoge ideas de Astori.
Asamblea Uruguay lidera una movida junto a sus aliados del Frente Líber Seregni, Nuevo Espacio y Alianza Progresista, para que en dos meses el Frente Amplio convoque a un plebiscito interno y defina su nueva estructura, con menos pesos de las bases y más presencia de los sectores.
Se busca reducir el peso de las bases dentro del Congreso, órgano que elige al candidato a Presidente de la República y aprueba el programa de gobierno, que responden en su mayoría al Partido Comunista. Si bien el número de integrantes del Congreso es variable, apenas 85 de pertenecen a los sectores políticos, mientras que los representantes de las bases pueden llegar a 1.800.
Bajo el concepto de “democratización” del Frente Amplio también trabaja el ex presidente Tabaré Vázquez, que ya trasmitió a sus allegados, su “coincidencia en grandes líneas” con el vicepresidente Danilo Astori.
Tabaré Vázquez planteó en más de una oportunidad su preocupación respecto a la actual estructura de la izquierda y trasmitió a sus allegados la necesidad de hacer una “renovación profunda e inevitable” para superar la crisis institucional que vive la izquierda.
Fuentes cercanas al ex mandatario dijeron al diario El País que Tabaré Vázquez entiende que “el plebiscito es el único camino para recuperar la confianza del pueblo frenteamplista”.
Astori fue el primero en hablar de “democratización del Frente Amplio”, en el acto del 17° aniversario de Asamblea Uruguay el pasado sábado 21 de mayo.
Allí sostuvo que el proceso recorrido por el Frente para anular la Caducidad, dejó en descubierto “la contradicción que existe entre la estructura del FA y el pueblo frentista”.
En el mismo tono, Astori agregó: “No podemos ignorar que ya son demasiados los ejemplos de que esto nos puede volver a pasar en el futuro. Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente”.
El fracaso de la anulación de la ley de Caducidad dejó al descubierto el desequilibrio interno entre las bases y los sectores políticos que integran la coalición.
El Plenario Nacional del Frente Amplio es el máximo órgano de dirección de la coalición. Tiene 170 integrantes: 85 de los sectores y los 85 de las bases, que responden mayoritariamente al Partido Comunista.
El Movimiento de Participación Popular, MPP y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del Frente Amplio. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo apenas el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009.
Para ajustar la estructura del Frente Amplio al caudal electoral, el senador Carlos Baráibar, Asamblea Uruguay, planteó la realización de un plebiscito interno.
Hace un mes, Baráibar se encontró con Tabaré Vázquez en la Asociación Española y ambos conversaron acerca del planteo de reestructura que presentó Asamblea Uruguay.
“Me dijo que había leído unas columnas mías en un medio de prensa y que en términos generales compartía la línea de trabajo”, contó el senador oficialista.
Algunas semanas después del encuentro, Baráibar se comunicó con Eduardo Bandeira, secretario personal de Vázquez, y se puso a disposición para cualquier consulta acerca del planteo de reestructura del Frente Amplio. Pero hasta ahora, no recibió ningún llamado de parte del ex presidente para concretar una entrevista formal.
La Comisión de Reestructura del Frente Amplio, que tiene a estudio la propuesta del Frente Líber Seregni, se volverá a reunir el próximo viernes, para ajustar detalles de nuevos cambios a artículos del estatuto del Frente Amplio.
Hasta la semana pasada se acordaron cambios a 80 artículos, pero quedan por ajustar otros 36 puntos que refieren a la representatividad de las bases en los organismos de dirección de la coalición.
Las modificaciones deben ser presentadas primero ante un Plenario Nacional y si no hay acuerdo podrán ser sometidas a consulta entre los afiliados a la coalición. De todas formas, el resultado no es vinculante.
“Pensamos que dentro de dos o tres meses podríamos estar convocando a un plebiscito y en principio nuestra idea es llamar a elecciones este mismo año, pero con una nueva estructura”, indicó Baráibar.
A su vez, el legislador explicó que hablar de quitarle poder a las bases “genera mucha irritación en las propias bases, así como en el Partido Comunista”, por lo que prefiere hablar de “reducir las orientaciones que tienen hoy los comités de base que las vinculan dentro del Plenario a los comunistas”.
Baráibar insistió en la necesidad de generar una paridad entre los miembros que representan a las bases y a los sectores dentro del Congreso Nacional de la coalición.
“Tiene que haber un mismo criterio, en la Mesa son mitad y mitad y en el Plenario también; lo que decimos es que se corresponda con el mapa político actual”, argumentó Baráibar.
El MPP, sector del presidente José Mujica, dará a conocer en los próximos días un nuevo planteo para reestructurar a la coalición de izquierda.
El coordinador de bancada de Diputados del sector, Gonzalo De Toro, dijo al diario El País que se está elaborando un proyecto que modifica la estructura de funcionamiento del Frente Amplio.
“Estamos analizando qué cosas tomamos de lo que está arriba de la mesa, acá lo que hay que hacer es sumar propuestas que permitan que el Frente se adecue a la realidad actual en las condiciones de segundo gobierno”, explicó De Toro.
La iniciativa está siendo trabajada en el Ejecutivo y en el Secretariado del sector y será presentada formalmente al resto de la izquierda luego de que se realice la reunión de la Dirección Nacional del MPP.
¿Qué Frente Amplio se quiere? ¿Para qué? ¿Quién lo conforma? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son los acuerdos políticos necesarios entre la fuerza política? Esas son las preguntas que intenta responder el informe ideológico que prepara el principal sector de la izquierda.
Por otra parte, De Toro explicó que se entiende que la elección de las nuevas autoridades dentro del Frente Amplio “debe reunir una participación importante de la masa frenteamplista, para conducir las transformaciones que se necesiten”.
El MPP había planteado con anterioridad la necesidad de elegir al presidente y vicepresidente de la coalición por “elección a padrón abierto con adhesión simultánea”.
Los cambios en la estructura pueden sugerir también modificaciones a las mayorías que se requieren para la toma de decisión. Así como a la metodología y funcionamiento de los órganos de dirección, como lo son el Plenario y el Congreso.
El Congreso tiene a su cargo la elección de los candidatos presidenciales y el programa.
“El tema es serio, es importante y el MPP va a asumir esto con la responsabilidad que tiene y merece el Frente, pero estamos trabajando para que esta reforma de la estructura se concrete este mismo año”, señaló De Toro.
El legislador remarcó que se busca llegar a 2012 con una nueva estructura, que permita continuar trabajando “para brindarle sostén y apoyo al gobierno y asegurar una proyección hacia adelante”.
Por otro lado, el senador Enrique Rubio, Vertiente Artiguista, también anunció la entrega de otro planteo. Según dijo, el plan que presentará permitirá “una mayor coordinación del trabajo del gobierno y la fuerza política”.

 

La Corte de Justicia ratificó que delitos de la dictadura no son considerados de lesa humanidad.

Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre. Piden anulación de lo actuado en el caso Gelós Bonilla.
La Suprema Corte de Justicia ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.
En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.
La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ, que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.
Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.
La respuesta de la Corporación ante ese planteo ratificará la posición de los ministros en cuanto a que se trata de ilícitos comunes. Los ministros de la SCJ acordaron ayer el texto de la contestación que enviarán a Guianze, el cual será firmado en las próximas horas, dijeron fuentes judiciales al diario El País.
De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.
Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.
Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto, entre 1973 y1985, la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.
Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.
En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados, entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao, sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.
La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la “irretroactividad de la ley penal”, previsto en el artículo 15 del Código Penal.
Para la mayoría de los ministros de la Corporación, “al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...”.
Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del “principio de legalidad”, establecido en la Constitución.
Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.
Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque “se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales”.
“Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando”, opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación.
Los abogados de cinco militares retirados indagados por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, ocurrida en 1976, plantearon ayer la recusación de la jueza penal Mariana Mota, quien tiene a su cargo el expediente.
El planteo de los defensores es causado por la presencia de la magistrada en la “Marcha del Silencio” que tuvo lugar el pasado viernes 20 por la avenida 18 de Julio, donde se reclamó conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura.
Mota reconoció que estuvo en la movilización en la última edición del semanario Búsqueda. Incluso, el abogado Óscar López Goldaracena, denunciante en varios de los expediente por violaciones a los derechos humanos, relató que en el lugar se encontró con la magistrada.
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia le pidió a Mota que confirmara oficialmente si estuvo o no en la marcha. Los ministros de la Corporación analizan la situación de la jueza desde el viernes pasado.
Según fuentes de la Suprema Corte de Justicia, la situación generó gran molestia entre los ministros del máximo órgano del Poder Judicial. Incluso, los ministros pidieron a la jueza que amplíe algunos aspectos del informe que presentó inicialmente.
Los informantes estimaron que en virtud de la “gran molestia” que generó el hecho entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es altamente factible que la magistrada sea sancionada por la Corporación.
Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo y Rosanna Gavazzo, hija del militar José Gavazzo, recusaron a Mota en el marco de la causa que indaga la desaparición de Gelós Bonilla.
Para los abogados, que patrocinan a cinco militares, si la magistrada continúa a cargo del expediente “no se estarían dando las garantías del debido proceso”.
En el escrito de recusación, los abogados señalan que su presencia en la “Marcha del Silencio” fue “expresamente” reconocida por la jueza, por lo que no se trata de un hecho “controvertido” sino de “una realidad”.
A su vez, los defensores solicitaron que “se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de hoy así como las futuras” que realice Mota en caso de que continúe a cargo del expediente que indaga el caso de Gelós Bonilla.
Según Mikolic, Figueredo y Gavazzo, la recusación y nulidad de todas las pruebas “es el único camino hábil y legítimo para salvaguardar las garantías del debido proceso y los indagados en esta tan particular causa”.
En tal sentido, los abogados advierten que en el expediente que investiga la desaparición de Gelós Bonilla “existen circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza”.
Al respecto, los defensores señalan no solamente la participación de Mota en la “Marcha del Silencio” sino que relatan que la jueza ha interrogado a militares sin la presencia de ninguno de ellos en las audiencias, a pesar de haber sido designados como defensores.
Eso obedeció a que, según Mota, esos militares fueron citados en calidad de testigos y no de indagados. Pero los abogados dicen que ello no es así, por lo que se les impide “ejercer una digna defensa”.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT respaldó a Mota por su presencia en la “Marcha del Silencio”. Para la central obrera, el reclamo de “verdad y justicia” es “responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos de este país máxime si son integrantes del Poder Judicial”.

 

En el programa de Canal 10 de Subrayado:

El presidente José Mujica respondió en Cerro Largo a los reclamos de la gente sobre la búsqueda de Julio Castro, desaparecido durante la dictadura.
 
 En la ceremonia de entrega, uno de los oradores, Maestro Miguel Soler hizo referencia a Julio Castro, maestro de la zona que fue desaparecido durante la dictadura.
 
En esa línea dijo “donde esta Julio Castro el primer misionero?”
 A esta inquietud el mandatario respondió caliente y fuera de sí, como acostumbra normalmente eludiendo responsabilidades, lavándose las manos como Pilatos:
“Yo no soy juez, no soy Alta Corte, no puedo meter a nadie en cana, entonces no me pida cuentas”, resumió Mujica. “Yo le firmo y le doy a la Justicia y yo qué se lo que va a hacer la Justicia; es un problema de la Justicia. En este país está separado el poder: el Poder Ejecutivo es una cosa, el Judicial es otra, y el Legislativo otra. Yo firmé el coso y ya está”, concluyó.

El gobierno del Frente Amplio va de mal en peor. Ya son muchos los frenteamplistas que comienzan a darse cuenta de la traición. Ya no somos solamente nosotros los que nos damos cuenta, hay un pueblo que comienza a abrir los ojos, por que ya están sufriendo en carne propia los efectos de la traición imposible de ocultarse.

La Suprema Corte de Justicia acaba de dar el golpe final a la grave situación de los derechos humanos, los desparecidos y las víctimas de la dictadura.
¿Quién se responsabiliza ahora por haber hecho creer al pueblo que se iba a hacer justicia con un referéndum?
¿Quién debe dar la cara frente a la militancia del Frente Amplio, por haber hecho creer a los frenteamplistas que el 20 de mayo se celebraría sin ley de caducidad?
¿Acaso no es eso lo que aún sigue pintado en los muros de Montevideo?
¿Quién es el responsable ahora de blanquear esas paredes nuevamente?
¿Es que nadie tiene sangre en las venas de esas organizaciones del Frente Amplio, para salir a borrar tanta mentira?
¿Y ahora cuando la Suprema Corte de Justicia reafirma que a partir de noviembre se terminaron los juicios por que prescriben esos delitos comunes, quien sale a confrontar con esa idea?
Al mismos tiempo que se ponen de acuerdo los legisladores del Frente Amplio, con los blancos para procesar a los botijas menores de edad. Al tiempo que entran a los cantegriles golpeando las puertas y pateándolas, generando terror a los niños, mujeres y ancianos, sobrevolando con helicópteros comos i estuvieran en la franja de Gaza.
Entra la policía matando, ajusticiando a la gente arrodillada como ha pasado recientemente.

Mujica diciéndole a la brasilera que debemos unirnos con la burguesía paulista, volviendo a la Cisplatina, el ex jefe guerrillero, vergüenza de la izquierda.
¿Y ahora que dicen los renovadores de siempre Astori, Baraibar, Tabaré Vázquez, y Valenti?
Hay que reformar el Frente Amplio. Hay que democratizarlo. Hay que quitarle peso al Partido Comunista. Hay que achicar la influencia de las bases. 
En definitiva hay que terminarlo de hacerlo pelota de una buena vez.
¿Y la militancia que dice?
¿Y los frenteamplistas que dicen?
¿Y los electores que dicen?
Si señor Astori, Si doctor Tabaré Vázquez, si “señor paradoja”, es hora de que en el Frente Amplio se haga justicia de una buena vez, y manden los jefes y nadie más.  

Mujica gobierna el país, y gracias a dios, con los tres poderes independientes.
A Chávez le pide un barquito.
A Vilma un puentecito y un poco de energía eléctrica.
A los oligarcas porteños cien dólares por cabeza para el Hospital de Maldonado.
A los estancieros y terratenientes unos dólares para construir carreteras.
Y a los vecinos colaboración para pintar y techar las escuelas.
Ahora pide a los asesinos y torturadores de compañeros que colaboren con la justicia para que “las viejas encuentren los huesos que andan buscando”.

Pero Mujica no está solo. Y eso es lo que tampoco ve el pueblo. Y tal vez sea lo más lamentable.
Ese mismo pueblo que se quiere convencer a si mismo, de su propia mentira.
Cuando el final de gobierno de Tabaré Vázquez, la gente dijo hay que votar a Mujica por que ese hombre es más de izquierda que Tabaré Vázquez.
Y ahora está pensando que Tabaré es más serio y más capaz que Mujica.
Y siguen sin darse cuenta en su propio autoengaño que Tabaré Vázquez, Mujica y Astori son lo mismo, que detrás de ellos está el imperialismo norteamericano, las Fuerzas Armadas la Justicia, la oligarquía nacional y los mismos intereses. 

ES CIERTO QUE SE PUEDE ENGAÑAR A UN PUEBLO UN TIEMPO.

TAMBIÉN QUE SE LE PUEDE ENGAÑAR DURANTE MUCHO TIEMPO.

PERO QUE NO SE LE PUEDE ENGAÑAR ES TODA LA VIDA.
PERO FALTÓ DECIR AL FILÓSOFO OTRA COSA.

NO SE LE PUEDE ENGAÑAR TODA LA VIDA SIEMPRE Y CUANDO EL PUEBLO NO QUIERA SER ENGAÑADO TODA LA VIDA. 

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