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El polvorín

URUGUAY - ¿Prohibido debatir?‏

16 Abril 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

injusticiaLa Justicia en el banquillo
MARTÍN AGUIRRE

"Esto parece un zoológico". La expresión abatida del funcionario judicial era casi tan contundente como el panorama a su alrededor. Las paredes despintadas, las sillas rotas, el viejo y solemne escritorio tapado de expedientes atados con cuerdas, y los chirriantes gritos que venían del celdario, contribuían a dar una imagen caótica y hasta decadente de lo que debe ser uno de los tres poderes que garantizan la estabilidad democrática del país. En momentos en que, con la salida de los jueces Van Rompaey y Gutiérrez de la Corte Suprema, el Poder Judicial enfrenta uno de los cambios de autoridades más intensos de los últimos años, la inminente modificación del Proceso Penal, y los conflictos políticos desatados por las causas de la dictadura, han vuelto a ponerlo en el centro de la atención ciudadana.
"Visitar" la sede de un juzgado penal resulta una experiencia marcante. En la inevitable sucesión de horas que deben transcurrir para realizar cualquier trámite ante estas oficinas desbordadas, se puede ser testigo de escenas más propias de algún show bizarro que de la solemnidad de un tribunal de justicia. Un ascensor iluminado por una lánguida lámpara de bajo consumo que cuelga "pelada", los cables enmarañados que salen para afuera de la instalación eléctrica, la puerta despintada con miles de inscripciones entre las que sobresale una que dice "acá la brigada de asalto le rompió el lomo a la delincuencia". Y a esto hay que sumar a los personajes. En la sala de espera dominada por el gran espacio destinado a un extintor de incendios que ya no está, se puede ver de todo. Desde el abogado famoso de reciente paso por un ministerio, hasta el sufrido agente de policía que tanto cumple funciones de seguridad como de traslado de expedientes, al joven esposado de pies y manos con impecable uniforme del Barcelona, como al somnoliento repartidor chino del almacén de la esquina que llega con el pedido de leche y azúcar.
Y en general un ambiente de tensión permanente, con familiares de presos que aguardan noticias, agentes que trasladan detenidos entre la gente "común", y jueces que deben ir de sala en sala atendiendo las distintas causas. Algo que ayuda a entender un reciente estudio que reveló que el 90% de los funcionarios penales sufre de problemas físicos por el estrés, y casi un 60% ha sido víctima o testigo de maltratos.
En medio de este panorama, la Justicia se aboca a uno de los cambios más profundos de los últimos años, la implementación de un nuevo Proceso Penal, que modernice de alguna forma el injusto sistema actual. Un sistema donde el mismo juez que investiga a una persona es el que luego deberá decidir si es culpable o inocente, donde muchas garantías que prevé la ley están superadas por la realidad, donde los plazos promedio de una causa llegan a los 14 meses en Montevideo, y casi 20 en el interior, y cuyo abuso de la prisión preventiva ha llevado a que el país tenga un sistema penitenciario al borde del colapso, y numerosas y avergonzantes críticas internacionales. Sin embargo, el proceso no parece nada sencillo.
El proyecto redactado desde hace años, y modificado mil veces, sigue sin convencer a todos los operadores. Desde algunos ministros de la Corte que han dicho que los fiscales no estarían preparados para las tareas que el nuevo sistema les impone, hasta el mediático fiscal Viana que sostiene que el sistema acusatorio previsto es una burda copia del americano sin ninguna de las garantías que allí se otorgan. Esto sumado al gran costo económico del cambio (US$ 10 millones por año), lo que ha llevado a plantear que el proceso se haga paulatinamente, algo que tampoco es bien visto por algunos jueces que creen que ello violaría el principio de igualdad.
Sin embargo el último gran desafío que enfrenta hoy el Poder Judicial tiene que ver con la política. Primero, porque a raíz de la salida de Van Rompaey, por primera vez en mucho tiempo los partidos políticos negociaron públicamente su sucesión, en vez de apelar al criterio de antigüedad que venía rigiendo de hecho. Esto ha sido elogiado como una señal de madurez del sistema, pero otros han criticado que inserta un aspecto partidario en la elección de los jueces que puede ser altamente peligroso. Sobre todo en un poder que suele tener la última palabra en cuestiones políticas trascendentes, como pasó no hace mucho con la ley de Caducidad, o el Impuesto a la Renta. Episodio que generó una gran división en el seno de la Corte, con denuncias de que algunos jueces demoraron los plazos a la espera que un colega llegara a la edad de retiro y con ello cambiaran las mayorías.
Como si fuera poco, un nuevo hecho ha elevado los decibeles de conflictividad interna en el PJ, cuando la jueza Mariana Mota, que lleva adelante varias causas vinculadas a la dictadura, fue vista primero en una manifestación relacionada con el tema, y luego realizó polémicas declaraciones a un medio argentino criticando con dureza al gobierno y a la justicia de nuestro país.
Algo que motivó hasta la reacción del presidente Mujica, y la defensa cerrada de la jueza por parte de sectores políticos de la izquierda. Un nuevo dolor de cabeza que exige definiciones polémicas para un Poder Judicial que promete seguir en el ojo de la tormenta por un buen tiempo más.

 
 
 

EL PAIS

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