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El polvorín

Uruguay - Sobre la Ley 18.831‏

15 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

No entiendo por que motivo a los delincuentes (en este caso ladrones, asesinos y torturadores) no se les debe de juzgar cuando se puede.

Suspensión de plazos de prescripción de delitos de la dictadura

La fiscal Diana Salvo aseguró que la Ley Nº 18.831, que suspendió los plazos de prescripción de los delitos cometidos en dictadura durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, es constitucional porque “hace volver las cosas a su cauce natural”.
Salvo contestó, como representante del Ministerio Público, la excepción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley Nº 18.831 por parte de la defensa del coronel (r) Tranquilino Machado, procesado por la muerte del militante de la UJC Ramón Peré en 1973.
La norma fue aplicada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno para ratificar el enjuiciamiento del militar por el delito de “homicidio simple”.

Ante esto, la abogada Graciela Figueredo alegó que los artículos 1, 2 y 3 de la norma violentan principios “básicos” del derecho por su aplicación retroactiva, y que la vigencia de la Ley de Caducidad supuso derechos adquiridos por parte de los funcionarios policiales y militares de que los posibles ilícitos no serían investigados.
Empero, la fiscal Salvo, que actuó como subrogante de la Fiscalía Penal de 1º Turno, solicitó a la Suprema Corte de Justicia rechazar la excepción de inconstitucionalidad.

“Contraria a la Constitución y sus principios lo fue la Ley 15.848 que quiso legitimar delitos aberrantes, conductas que como delitos nunca dejaron de serlo, por lo que la Ley 18.831 lo que hace es volver las cosas a su estado natural, restablece el orden jurídico”, expresó Salvo.
En este sentido, los responsables por acción u omisión de homicidios, desapariciones forzadas, privaciones de libertad y torturas, “no podían ignorar que se trataba de conductas ilícitas en la época en que se cometieron y ahora. La ley solo renunció a perseguirlos, no porque fueran conductas lícitas, sino por un artilugio jurídico para evitar su persecución”, agregó.
Asimismo, Salvo valoró que el Parlamento tiene la capacidad jurídica para anular la Ley Nº 15.848.

“No hay dudas de que el Parlamento puede expedir leyes de protección de todos los derechos humanos esenciales”, y tiene la potestad de anular la norma que “otorgó la impunidad a quienes violaron los derechos humanos esenciales de la persona humana”.
En este sentido, “la Ley 18.831 no es inconstitucional ni en la forma ni en el fondo. No puede invocarse que lo sea porque colida contra la Ley 15.848 (esta sí inconstitucional), ni contra la Constitución, ya que las disposiciones de la Ley 18.831 posibilitan el restablecimiento del orden jurídico nacional e internacional, protegido por la Constitución y tratados internacionales que el Estado uruguayo suscribió”, dijo Salvo.
La excepción de inconstitucionalidad será ahora analizada por el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, y posteriormente por los ministros de la SCJ. Las opiniones de la fiscal Salvo y el fiscal de Corte no son preceptivas para la Corte.
 

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"No creo en la democracia puramente formal... Lo que me parece imposible aceptar es una democracia fundada en la ética del mercado que, perversa y dejándose llevar sólo por el lucro, imposibilita la misma democracia" (Paulo Freire. Pedagogía de la Indignación. Ediciones Morata. Madrid. 2001, Pág. 59)

Reenvía:                                                                                      Julio-Néstor Sosa Benia (Garufa)                                                               Barrio de la Mondiola, Montevideo-Uruguay                                                      Albolote (al-Bulut), Granada - Andalucía (Estado Español)

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