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El polvorín

Uruguay: Sobre la Ley de Caducidad (recopilacion de diversos articulos)

2 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Último momento: 

declaran inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para casos comprendidos en causa Bordaberry



 El Lunes, 01 de noviembre de 2010 a las 15:58

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) acaba de declarar por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para los veinte casos que están en manos de la fiscal Ana María Telechea.

 

Recordemos que el juzgado a cargo de la causa Bordaberry admitió un paquete de denuncias por muertes bajo tortura o prisión que se registraron durante el mandato del ex dictador. El expediente, caratulado "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian" incluye las muertes de Óscar Fernández Mendietta, Gerardo Alter, Walter Hugo Arteche, Gilberto Goghlan, Aldo Perrini, Iván Morales, Óscar Olveira, Amelia Lavagna, Carlos Curuchaga, Pedro Lerena, Carlos Argenta, Julián López, Nicanor Aldabalde, Eduardo Mondello, ivo Fernández, Silvina Saldaña y Humberto Pascaretta.

 

Al respecto, desde la SCJ informaron a LA 30 que "por cinco votos a cero se decidió declarar inconstitucional la Ley de Caducidad para estos casos".

Último Momento

Inconstitucionalidad para causa contra Juan María Bordaberry


La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró hoy inconstitucional la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985), para 20 asesinatos que forman parte de la causa contra el ex dictador Juan María Bordaberry.

La resolución comprende las muertes de Oscar Fernández Mendietta, Gerardo Alter, Walter Hugo Arteche, Gilberto Goghlan, Aldo Perrini, Iván Morales, Áscar Olveira, Amelia Lavagna, Carlos Curuchaga, Pedro Lerena, Carlos Argenta, Julián López, Nicanor Aldabalde, Eduardo Mondello, Ivo Fernández, Silvina Saldaña y Humberto Pascaretta.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad posibilita investigar sin las trabas que establece la propia norma, por lo que se podrían juzgar estos casos sin protección alguna para quienes participaron en los hechos.

Bordaberry fue procesado con prisión el 20 de diciembre de 2006 por una decena de asesinatos cometidos bajo su mandato, entre 1973 y 1976, y desde el 23 de enero de 2007 cumple la pena en su domicilio debido a sus frágiles condiciones de salud.

La ley fue promulgada en 1986 durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti tras el fin del régimen castrense en 1985 y refrendada en dos ocasiones por la ciudadanía; la primera en 1989 y la segunda el año pasado cuando se votó en simultáneo con las elecciones presidenciales que consagraron el triunfo de José Mujica.

El Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, busca aprobar en el Senado un proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad, iniciativa que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados pero no reúne los votos en la cámara alta. (ANSA).

El País Digital

El silencio de un “inocente”

PUBLICADO EN EL SEMANARIO AREQUITA DE LA CIUDAD DE MINAS, DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA, URUGUAY . 29 OCTUBRE 2010

EL GENERAL DALMAO Y EL HOMICIDIO DE NYBIA SABALSAGARAY EN 1974

El Comandante de la División de Ejército IV, general Miguel Ángel Dalmao, que esta semana se internó en el Hospital Militar con una afección cardíaca, se encontraba en una difícil coyuntura: ayer podía terminar procesado con prisión como “coautor” del delito de “homicidio especialmente agravado” de la estudiante Nybia Sabalsagaray en 1974, o (si fuera inocente, como dice) podía romper el “pacto de silencio” impuesto en las Fuerzas Armadas y revelar la verdadera identidad de quién asesinó en la tortura a la militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
 
  
Especial para Semanario Arequita 
POR ROGER RODRIGUEZ 
(rogerrodriguez@adinet.com.uy) 
  
“Yo no la maté” fueron las palabras con las que Dalmao cerró su testimonio en marzo de 2010, al ser interrogado por la fiscal Mirtha Guianze y el juez penal de 10º turno, Rolando Vomero. La frase, lanzada como un último intento de convencerlos de su inocencia (consciente de las contradicciones de su testimonio), también puede ser leída como un “Yo no fui, fue otro”, con el que Dalmao no sólo reconoce la muerte por torturas de Sabalsagaray, sino que insinúa saber la identidad del autor del crimen. 

El 14 de octubre último, la fiscal Guianze pidió el procesamiento con prisión de Dalmao y del general (r) José Nelson Chialanza como “coautores” porque, aunque no se pudo establecer “la autoría material” del homicidio, se constató la responsabilidad de los dos imputados por el rol que desempeñaban en el Batallón de Transmisiones Nº 1 aquella madrugada del 29 de junio de 1974. Chialanza era jefe de la unidad militar y Dalmao el “S2” a cargo, porque el titular de inteligencia, capitán Mario Cegnini, estaba arrestado.
 

El general Dalmao quedó incriminado por documentos que firmó en 1974, por su declaración ante un Tribunal Militar que indagó el caso en la época, por los testimonios de otros detenidos aquel día en el hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1, y, curiosamente, por el propio general Chialanza, quien sostuvo ante el juez Vomero que los integrantes del “S2” eran los únicos que podían interrogar a los prisioneros en la unidad militar. Es decir, el entonces alférez Miguel Dalmao, que estaba a cargo.
 
  

Partes de muerte…

Dalmao se ha mantenido en la versión de los hechos que declaró ante el Supremo Tribunal Militar en 1974 y por la cual la dictadura militar oficializó la mentira de que Nybia Sabalsagaray se había suicidado en su celda con un pañuelo. Sin embargo, su parte de lo ocurrido parece un escrito “protocolar” que se asemeja mucho al que el mayor Manuel Cordero hizo cuando en el Regimiento de Caballería Nº 6 también fue muerto en la tortura el joven Iván Morales Generali el 21 de noviembre de 1974.

"Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscrito recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray Curutchet, y al asomarme a la celda número tres, notó que la mencionada se encuentra arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima (…) Una vez dentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho", escribía el alférez Dalmao en 1974.
“En estas circunstancias se suspende momentáneamente el interrogatorio por unos 15 o 20 minutos, en espera de trasladarlo a otras dependencias. En ese lapso se habla por 2 o 3 veces con el detenido el cual contesta, llegado un momento en que se nota que comienza a respirar con dificultad, se lo intenta reaccionar con masaje al corazón, mientras urgentemente se llama al enfermero de la Unidad, que llega a los pocos segundos. En ese instante, éste informa que el detenido presenta muestras de haber fallecido, comprobándolo instantes después, que así había sido. Sucedidos los hechos narrados se da cuenta al jefe de la unidad”, redactaba cinco meses más tarde el mayor Cordero para explicar la muerte de Iván Morales.

“La prisionera estaba aparentemente muerta” y “el detenido presenta muestras de haber fallecido”, constituyen frases que parecen sacadas de un libro de excusas. Ambos terminan dando la responsabilidad de “decretar” la muerte al enfermero de guardia. Ambos dan cuenta luego de lo ocurrido al jefe de la unidad. Ambos parecen mentir…
 

Las contradicciones

La versión que el general mantiene hoy sobre lo ocurrido, se contradice con sus propias declaraciones ante el mismo juzgado en 2006 cuando dijo que se enteró de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló apenas constatado su deceso”. Dalmao se rectificó luego de esos dichos que habría expresado “sin asesoramiento jurídico ni haber analizado la documentación sobre el tema”. “Dije lo que tenía en el alma”, intentó explicarse quien como “S2” de aquella unidad militar no puede dejar de saber qué pasó.
Sin embargo, la perspectiva de Dalmao se modificó el 19 de octubre de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley 15.848 de la “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” específicamente para el caso de Sabalsagaray y el general en actividad dejó de ser un testigo para transformarse en un indagado. A partir de entonces los testimonios de otras víctimas de tortura en aquel cuartel y una autopsia psicológica que contradice la versión dictatorial de un “suicidio”, son pruebas de cargo.

Un artículo del periodista Raúl Legnani, publicado en La República el 16 de abril de 2008, sintetizó entonces –con las fotos del cadáver de Sabalsagaray- los cargos y las dudas que la propia justicia mantiene hoy sobre aquel homicidio, que el médico militar de la dictadura, José Mautone, dictaminó como un “suicidio” por “ahorcadura” (sic), versión que desmintió el entonces joven estudiante de medicina Marcos Carámbula (hoy intendente de Canelones) quien confirmó las torturas sufridas por Nybia.
Un peritaje técnico forense ha demostrado que era imposible que Sabalsagaray se hubiera ahorcado con un pañuelo de un hierro que asomaba de la pared a 1.80 metros del suelo. No existe pañuelo que permita a una persona que medía 1.70 metros, ahorcarse en diez centímetros y yacer de rodillas colgada al ser encontrada por el alférez Dalmao. El médico forense Domingo Mederos explicó que Sabalsagaray debía medir 2.50 metros para ser hallada de esa forma.
 

La sangre de Artigas

Miguel Dalmao ingresó a la Escuela Militar el 1º de marzo de 1970 y egresó como alférez del arma de Ingenieros en la promoción “Con Libertad no ofendo ni temo”, el 15 de setiembre de 1973. Se desempeñó en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 3 (donde fue muerto por torturas Roberto Gomensoro Josman), en el Batallón de Transmisiones Nº 1 (donde murió Nybia Sabalsagaray), en el Estado Mayor del Ejército y en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 1, donde en 1981 ascendió a capitán.

Luego de la dictadura, continuó su carrera militar en distintos cargos hasta que el 1º de febrero de 2005 fue ascendido al generalato, con el respaldo del presidente electo Tabaré Vázquez. Se mencionaron entonces dos argumentos que le habría favorecido en el ascenso: por un lado, su condición de miembro de la masonería uruguaya y, por otro, su ascendencia, ya que Dalmao pertenece a una de las líneas de descendientes del prócer general José Gervasio Artigas.

Desde el generalato Dalmao pasó a la dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas y fue protagonista de dos incidentes “mediáticos” durante el gobierno del Frente Amplio. En 2006 recibió una sanción por participar, junto al comandante en jefe Carlos Díaz de una reunión no autorizada con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro Yamandú Fau. En 2007, protagonizó otro incidente en una reunión social al discutir con Gonzalo Nin Novoa, hermano del vicepresidente de la República, que le habría recomendado realizar una compra de armamentos con un proveedor específico.

El 1º de febrero de 2008 se le designó como comandante de la División de Ejército VI, con asiento en la ciudad de Minas. Hace una semana se reunió con el ministro de Defensa Luis Rosadilla para informarle de su situación judicial. Esta semana se internó en el Hospital Militar, según trascendió, con una afección cardíaca. Ayer debía comparecer ante el juez Vomero para responder las acusaciones de la fiscal Guianze. Su próximo destino puede ser la cárcel de Domingo Arenas
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Nacional

Caducidad: debate jurídico sobre alcance de la ley interpretativa

La discusión del pasado. Constitucionalistas cuestionan el proyecto interpretativo del Frente Amplio Abogados consideran que se reabrirán casos y presentarán nuevas denuncias | w Sanguinetti y Batlle dicen que el tema está laudado | w Coalición sigue sin contar con los votos en Senado


E. DELGADO / P. MELÉNDEZ

Constitucionalistas coinciden en que el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad viola la Constitución y la seguridad jurídica. Abogados prevén la reapertura de casos de violación a derechos humanos archivados y nuevas denuncias.

El proyecto que elimina los efectos de la ley de Caducidad no solo desató una crisis en la interna del Frente Amplio y fuertes críticas de la oposición, sino que además es cuestionado por constitucionalistas que fueron consultados por la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

En tanto, abogados que intervinieron en expedientes judiciales referidos a violaciones a los derechos humanos en la dictadura coinciden en que si es aprobada la norma interpretativa que declara sin valor jurídico tres artículos de la ley de Caducidad, se abrirá la puerta para la reapertura de antiguos casos y se presentarán nuevos. También podrían denunciarse tortura sufridas por presos políticos, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, consideró que el problema más importante del proyecto que impulsa el FA es su inconstitucionalidad, porque "vulnera la irretroactividad de leyes penales más gravosas". Risso también cuestionó que el texto del proyecto hable de ilegitimidad manifiesta. "Pensar que una ley aprobada por dos Cámaras, declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y convalidada por la población en dos ocasiones es de ilegitimidad manifiesta me parece un exceso", dijo Risso a El País.

Carmen Asiaín, profesora de Derecho Constitucional y Público de la Universidad de Montevideo, coincidió con Risso en que el proyecto "estaría haciendo retroactiva una ley penal más perjudicial al reo", lo que es ilegal.

Asiaín agregó que de aprobarse el proyecto, se violaría la separación de poderes. "La Constitución atribuye a la SCJ la competencia exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de la ley al caso concreto. Si el legislador hace eso, se está extralimitando, invadiendo la separación de poderes", declaró a El País.

Asiaín mencionó además que el proyecto "vulnera la cosa juzgada", la que "es inmutable", lo que da "certeza y seguridad jurídica". "Si siempre se podría revisar la cosa juzgada, no habría la más mínima seguridad jurídica", destacó.

Juicios. El abogado Pablo Chargoñia, que actuó como denunciante en casos contra militares, dijo a El País que de aprobarse la modificación en la ley de Caducidad "hay casos archivados que podrían reactivarse", por lo que estimó que "podría haber un cierto impacto práctico".

Adelantó que de aprobarse la norma interpretativa, pedirá que se desarchive el caso que indaga la desaparición de Elena Quinteros en relación a militares. Por este expediente fue acusado el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien en su condición de civil no está amparado en la ley de Caducidad.

Para Asiaín, en cambio, "los casos en que hubo cosa juzgada, que hubo un procedimiento judicial en que ejerció un juez, son intocables. Eso es un principio general de Derecho, esencial al Estado de Derecho y al Derecho Internacional".

Por su parte, el abogado Jorge Pan, miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) señaló que si se deja sin efecto la ley de Caducidad, los casos que se presentaron entre el fin de la dictadura y la aprobación de la norma en 1986 y que debieron ser archivados, podrían retomarse.

Ielsur fue la organización que patrocinó las primeras denuncias por delitos de lesa humanidad. En su momento, fueron unos 20 expedientes iniciados ante juzgados penales, de los cuales la gran mayoría fueron archivados por la posterior aprobación de la ley de Caducidad, y luego por las primeras sentencias de la SCJ que con su integración de 1988 declaró constitucional la norma.

Según Risso, de aprobarse la ley interpretativa, cada caso requerirá un análisis jurídico. "Si fuera sentencia con cosa juzgada no se puede revisar. Si es un mero archívese, en ese caso sí; pero si hay un caso que dispone el archivo con fundamentos creo que no", opinó.

Pan vaticinó que todos los casos que se reabran volverán a pasar por la Suprema Corte, ya que como estrategia de defensa, los militares que sean indagados plantearán la inconstitucionalidad de la ley interpretativa. "En los hechos, seguramente habrá una catarata de recursos", dijo.

A su vez, si se aprueba el proyecto, se presentarán denuncias penales por casos de tortura en prisión, que con la norma vigente no se formulan, al considerarse muy difícil que se indaguen. Waldemar Tarocco, presidente de la asociación de ex presos políticos (Crysol), dijo a El País que "si se deja sin efecto la ley de Caducidad, se presentarán denuncias por casos de tortura, porque hay muchos compañeros que hace tiempo están esperando esa posibilidad".

El abogado Óscar López Goldaracena (suplente del senador comunista Eduardo Lorier), dijo días atrás a El País que "cualquier víctima de derechos humanos que haya padecido tortura o agresión sexual y no lo haya denunciado en su momento, lo podrá hacer y los jueces estarán obligados a dar curso a estas causas, ya que no correrán los términos de prescripción para los crímenes de lesa humanidad".

"Atentado contra la institucionalidad"

Los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle firmaron juntos un documento fijando su posición contraria en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad promovido por sectores del Frente Amplio y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el documento, titulado "Un alerta a la conciencia ciudadana", Sanguinetti y Batlle recuerdan que la ley de Caducidad ya pasó por el filtro de dos consultas populares, y que en ambas fue ratificada por la ciudadanía. "O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral", afirman los ex presidentes.

"Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", concluyen los líderes colorados.

Sanguinetti fue presidente dos períodos: 1985-1990 y 1995-2000. Batlle gobernó entre 2000 y 2005.

A continuación se publica íntegro el documento firmado por Sanguinetti y Batlle:

Un alerta a la conciencia ciudadana

"Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.

En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.

En el pasado noviembre, la ciudadanía eligió libremente un nuevo gobierno y rechazó al mismo tiempo un recurso presentado para anular la ley de caducidad. Su vigencia ya había sido cuestionada, hace 20 años, en otro referéndum que procuró su derogación. O sea que el tema está jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral.

Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Ese debate terminó y todos estamos obligados a acatar lo que los pronunciamientos democráticos han determinado. Intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía.

Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista.

Julio María Sanguinetti

Jorge Batlle

Montevideo, 27 de octubre de 2010".

Comite Allende-Cavani

Justicia y Nueva Palmira - Barrio La comercial - Montevideo - Uruguay

horario: Lunes, Miercoles y Viernes de 19hs en adelante.


lunes 1 de noviembre de 2010

Da zi bao Nº 1 / Sanguinetti-Batlle / Golpe de Estado Técnico

Último momento: fue subrogado el Secretario General del Partido Colorado. Asumieron en su lugar los ex-presidentes Sanguinetti y Batlle. La razón de esta imprevista acción del dúo, obedece al silencio cómplice y falta de vehemencia, guardado por el primero, en relación a la ley interpretativa de la Ley de Caducidad.

Ambos ex-presidentes emitieron un comunicado de desaprobación y condena a los legisladores del FA que promueven dicha ley, por considerar que las cuentas con el pasado de dictadura, tortura y desaparición, están saldadas por la ley que se aspira a derogar y dos plebiscitos fallidos.

En una clara actitud desafiante al joven lider colorado Bordaberry, ambos ex-presidentes mediante un golpe de “estado técnico”, lo desplazaron de la dirección del Partido, al marcar la verdadera línea predominante dentro del PC, de apoyo a los militares golpistas.

Los comentaristas han hecho notar la coincidencia entre las actitudes asumidas por
Huidobro, Saravia y Nin que consideran técnicamente un “golpe de estado” la propuesta de ley interpretativa sobre la ley de caducidad, que permitiría entre otras cosas sortear el escollo de los 30 años a cumplirse al año que viene, y donde prescribirán los delitos de lesa humanidad que se pretende juzgar.

¿Quién tiene razón, la mayoría de legisladores frenteamplistas, o la alianza de los disidentes frenteamplistas con el Partido Colorado?
Ud. Es un hombre grande y sabe decidir: no se calle, haga conocer su posición a su familia, amigos, militantes.

Daymán Cabrera
Publicado por Comite Allende Cavani en 06:49

División en el FA y posible consulta

Las propuestas para someter la ley de Caducidad a una tercera consulta popular y la falta de votos para sancionar el proyecto interpretativo en el Senado, están haciendo que en el Frente Amplio se busque darle largas a este asunto a fin de no ahondar la crisis interna que se desató en la coalición de izquierda.

Ayer, el sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, la CAP-L, aprobó una declaración en la que expresa que "es condición ineludible de todo acuerdo y consenso en torno a un proyecto de ley, someterlo inmediatamente a consulta popular". De esta forma, la CAP-L -que en la Cámara de Diputados votó el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad por disciplina partidaria, pero que en el Senado no adoptaría la misma actitud- se suma a los sectores que están abiertos a volver a plebiscitar por tercera vez la polémica norma.

Además de Fernández Huidobro, tampoco votarían el proyecto los senadores Jorge Saravia (Espacio 609) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Con que dos de estos tres senadores no voten, el proyecto fracasaría.

Ante esta situación, la bancada de senadores del Frente Amplio analizará el miércoles si declara "asunto político" el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, lo que obligaría a todos los legisladores de la coalición a votarlo.

La idea de aprobar el proyecto interpretativo y de inmediato recolectar firmas (o apoyar a quienes lo hagan) fue sugerida por el senador Rafael Michelini y el jueves 28 planteada en la Agrupación de Gobierno por el ex senador Víctor Vaillant, del grupo Claveles Rojos (Espacio 609).

El procedimiento que se maneja es la llamada "vía rápida": dentro de los 150 días de promulgada la ley, se presenta ante la Corte Electoral una solicitud de consulta con el 2% de las firmas de los inscriptos para votar; si la Corte avala las firmas, convoca a dos consultas voluntarias para que al menos el 25% de electorado diga si se debe convocar al referéndum. Si una de éstas es afirmativa, hay referéndum obligatorio.

El senador del MPP Ernesto Agazzi dijo a El País que someter la ley a la ratificación popular "es una posibilidad viable". Aclaró que el tema "está en discusión", pero "no hay nada decidido". Y la senadora socialista Mónica Xavier indicó: "Si hay que salir a juntar firmas, saldremos".

El País Digital

"Exabrutos"; "oportunistas". Piden explicaciones a Batlle y Sanguinetti de por qué se mantiene la "impunidad" en el país

Desde el Frente Amplio rechazan dichos de los ex presidentes sobre Caducidad

Desde el Frente Amplio, de forma monolítica, se fustigó el contenido de una misiva publicada ayer en el diario El País y firmada por los ex presidentes Jorge Batlle y Julio Sanguinetti. Ambos acusaron al Frente Amplio porque "está recorriendo un camino peligroso" de "desprecio a la voluntad ciudadana".

Sanguinetti-Batlle. En la carta, acusan al FA de poner en peligro la institucionalidad.
Sanguinetti-Batlle. En la carta, acusan al FA de poner en peligro la institucionalidad.

Sanguinetti y Batlle afirmaron que el debate sobre la Ley de Caducidad está "jurídica y políticamente laudado por el órgano mayor del sistema que es el cuerpo electoral" y advirtieron que "intentar ahora, por un tortuoso método indirecto, dejar sin efecto lo que ha consagrado el voto popular, atenta contra la institucionalidad del país y agravia a la ciudadanía".

"Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista", señalaron en la carta, que fue el título principal de portada del matutino afín al Partido Nacional, ayer domingo.

En radio El Espectador, que ayer dialogó con ambos ex presidentes, señaló que Sanguinetti y Batlle acusaron al Frente Amplio de buscar "mecanismos endiablados" para alcanzar objetivos ya laudados por las urnas, a raíz del proyecto de ley interpretativo cuyo contenido discute la izquierda.

Desde el Frente Amplio, se señaló que ambos ex presidentes volvieron a echar mano a la vieja receta de agitar fantasmas, en coincidencia con el día de Halloween.

El senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo que Batlle y Sanguinetti actúan como unos "oportunistas" por invocar la defensa de las consultas populares, cuando nunca antes estas personas utilizaron esta herramienta.

Agazzi señaló ayer que ambos ex mandatarios omiten el centro de la cuestión, y es determinar si están de acuerdo o no con la impunidad y los crímenes de lesa humanidad, incluidos en el Tratado de Roma y en la jurisprudencia internacional.

Agazzi recriminó tanto a Batlle como a Sanguinetti por manifestar que defienden y dicen estar de acuerdo con la democracia directa pero "nunca utilizaron este mecanismo, y los únicos que sí lo usamos fuimos nosotros para salir a defender lo que considerámos injusto". Agregó que sus opiniones no son válidas porque en el fondo no se expiden sobre "si están de acuerdo o no con la impunidad, y ponen al Poder Ejecutivo como filtro del accionar del Poder Judicial".

Por este motivo, sostuvo que tanto Batlle como Sanguinetti son "oportunistas", porque salen a hablar de una herramienta como la consulta popular, cuando nunca nunca la utilizaron, salvo en la década de los 50, en oportunidad del plebiscito del vintén.

Por su parte, el diputado del PVP, Luis Puig acusó a Batlle y Sanguinetti de ser artífices de la impunidad. "Ambos deberían explicarle a la gente porque motivos no hay justicia en el país", acotó Puig, quien calificó a Sanguinetti de ser el "estratega de la impunidad". No obstante, auguró que esta norma será finalmente erradicada de la normativa uruguaya, "para asegurar un futuro democrático para el país". Señaló que "no hay posibilidad que la sociedad esté sana, basada en la impunidad y la mentira."

El diputado frenteamplista replicó a los ex mandatarios que el eje del debate está centrado en "si se mantiene o no la impunidad a los terroristas que asesinaron, entregaron niños a los integrantes de la dictadura y sembraron el terror en la sociedad."

Sostuvo que "la impunidad que construyó Sanguinetti se está resquebrajando", y argumentó que si no se castigan a los delitos de lesa humanidad, es como que en nuestra legislación no se castigue los delitos de narcotráfico.

La senadora socialista, Mónica Xavier sostuvo ayer que cuando en las argumentaciones se apelan a términos como "diabólicas" o "tortuosas" huelgan hacer comentarios. Sostuvo que lo dicho por los ex mandatarios es descalificante, y de gravedad por intentar mantener en la normativa nacional esta ley "que todos sabemos que contradice las normas jurídicas internacionales"

La legisladora hizo un llamado a que finalmente se encuentre una solución logrando estar a la altura de las circunstancias. "No debemos seguir postergando el diálogo y la negociación", indicó Xavier.

El senador Enrique Rubio (V.A.) catalogó de "exabrupto" las declaraciones de Sanguinetti y Batlle respecto al planteo del FA de dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El legislador aclaró que "acá no está en juego problemas de seguridad jurídica, "ni es cierto que esté laudado en la sociedad uruguaya la impunidad. En buena parte de la población hay una sensibilidad ética y posturas que están absolutamente vigente y en la piel."

Rubio rechazó los pronunciamientos de los ex mandatarios, por "ser responsables de haber mantenido y extremado los efectos de la Ley de Caducidad.

Carecen de autoridad para hablar de estos temas, por haber aplicado la propia ley, y ser copartícipen en la intención de esta máquina infernal que es la norma de la Caducidad".

publicado en "La Republica"

Nacional

FA trata de bajar la pelota al piso

La idea de un nuevo referéndum gana adhesiones

Después de haber concitado la atención de la clase política nacional sobre el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, el Frente Amplio intenta ahora "bajar la pelota al piso" y poner paños fríos a la situación, al advertir las elocuentes diferencias internas en su bancada de senadores.

Los más significativos dirigentes sectoriales rehúsan hacer comentarios públicos sobre el tema mientras no se tenga claro cuál será la salida a este atolladero político en que se ha visto envuelto el partido de gobierno en su intento de anular los efectos jurídicos de la ley 15.848.

A la reunión de la bancada de Senadores fijada para el miércoles 3 de noviembre para analizar si declara "asunto político" el proyecto interpretativo, no asistirá uno de los principales "disidentes": el senador Rodolfo Nin Novoa, quien partió el sábado de viaje y regresará a Uruguay el fin de semana.

REFERÉNDUM. El Partido Socialista se reunirá también el miércoles 3 para analizar la situación y considerar el eventual apoyo a la reciente iniciativa de promover un nuevo referéndum, adelantó a El País el secretario general, Eduardo Fernández. "Hasta entonces, no hay mayores comentarios", dijo desde Brasil, donde se encontraba ayer.

Por su parte, la CAP-L, sector de Eleuterio Fernández Huidobro, hizo circular un manifiesto en el que hace saber su voluntad de que el tema sea sometido a una nueva consulta popular.

También el senador Jorge Saravia, que el sábado se reunió con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, manifestó luego de ese encuentro que aceptaría que la ley de Caducidad fuera derogada por los 2/3 de la Asamblea General Legislativa y luego puesta a consideración popular.

La ley de Caducidad, cuya anulación "la reclama el país", según afirma el abogado y político Óscar López Goldarecena, fue sometida ya a dos consultas populares, y el cuerpo electoral se pronunció por su mantenimiento.

El País Digital

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