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El polvorín

Uruguay: Texto sin votos. El Frente Amplio continuó debate interno sobre Ley Interpretativa

28 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Nin Novoa ratificó que no lo votará

Los senadores frentistas bajaron un cambio en la marcha por la sanción de la ley interpretativa y se dio más tiempo para su análisis interno porque ya no es clave ir a las audiencias de la Corte con el proyecto sancionado. No obstante, los votos no están: Nin Novoa y Saravia lo votarán en contra.

El canciller Almagro. Explicó los ribetes jurídicos del caso Gelman ante la CIDH.
El canciller Almagro. Explicó los ribetes jurídicos del caso Gelman ante la CIDH.

El canciller Luis Almagro, el vice y Roberto Conde instruyeron ayer a los 16 senadores (Jorge Saravia no participó) sobre los temas vinculados a los derechos humanos en el ámbito internacional en el marco de las Naciones Unidas, de la OEA, acerca de la aplicación de los fallos de esos organismos, los derechos protegidos en la Convención Interamericana, sobre la reserva de los Tratados y los alcances de los referendos y plebiscitos.

Almagro dijo que básicamente se trató de un intercambio de opiniones con preguntas y respuestas y que "no se pretendió llegar a ninguna conclusión". Destacó que de no llegarse a aprobar la ley interpretativa "Uruguay estaría no solo violando los derechos humanos por su compromiso asumido ante los organismos internacionales, sino también estaríamos violando la Convención Americana de los DDHH y exponiéndonos a severas condenas". Almagro recordó que también podría llegar una "indemnización pecuniaria" del orden del millón de dólares contra el Estado uruguayo ante el juicio iniciado por el caso Gelman. El Senado le ha dio entrada ayer al texto interpretativo. En el Frente Amplio ya no existe la premura en terminar de sancionar el proyecto de ley interpretativo de la de Caducidad, que ya cuenta con el voto favorable de la mitad del Poder Legislativo, al punto tal que su ingreso oficial al debate de la Cámara alta, lo senadores le han impuesto un ralentí significativo. Luego de dos días de discusiones y asesoramiento jurídico que se dio el lunes y ayer martes, la bancada frentista resolvió que se volverá a reunir el próximo miércoles y ya para plasmar sobre un papel la forma en que se parará cuando el proyecto haga su ingreso formal al Senado. Para esto último aún no hay fecha ni hora pero se estima que será una vez aprobado el Presupuesto quinquenal; léase mes de diciembre. Pero ojo, teniendo en cuenta que el día 15 del último mes del año comenzará el receso parlamentario. No obstante, en el Frente Amplio los votos no alcanzan.

El senador y líder de Alianza Progresista Rodolfo Nin Novoa ratificó ayer que no votará el texto interpretativo. "Yo sigo firme en mi posición, de que no voy a votar esta ley", afirmó ayer a la salida del encuentro con el canciller Luis Almagro.

Dijo que los argumentos que manejó el canciller "no me conformaron, francamente, y lo digo en un tono muy fraternal, no me conformaron". Consultado sobre si estará en sala al momento de la votación.

"Y mi trabajo es ahí arriba, en la Sala. Y cada vez que me citan, voy", dijo. Por su parte, el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo que votará "lo que me mande la CAP-L". En este sentido, adelantó que votará por disciplina partidaria, y que está en contra del proyecto. "No es que yo eluda personalmente opinar sobre el tema. Porque opino de cualquier cosa y de todo lo que puedo. Pero en este caso, que es un caso muy delicado, yo me debo a la resolución que saque mi organización política", afirmó. "Nosotros tenemos una posición fijada, que la hemos expresado en la Cámara de Representantes. Hemos votado por disciplina. Estamos en contra de la ley", precisó. El senador de Asamblea Uruguay Carlos Baráibar dijo que argumentará en contra del proyecto de ley. No obstante, aclaró que "sin perjuicio de ese motivo, por el cual tengo fundamentos y que expondré en sala, voy a votar a favor por disciplina partidaria". "Más allá que se dé libertad de acción, mi concepción política, es que pertenecer a un partido te obliga a lo que las mayorías establecen, y yo voy actuar con esa disciplina, más allá de la convicción profunda que tengo, que es un proyecto absolutamente inconveniente", agregó.

Al aplicarse este cronograma se estaría echando mano a una de los tres caminos políticos posibles que el lunes anunciara el senador Ernesto Agazzi. "Una posibilidad sería dejar el proyecto para un procesamiento más lento y analizarlo más detenidamente y aprobarlo en el mes de diciembre una vez sancionada la ley de Presupuesto", sostuvo ante la prensa. Por otro lado, a oídos de los senadores llegó ayer un comentario que recorrió el espinel del Poder Ejecutivo. Por allí se dijo que a las audiencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA a desarrollarse el 15 y el 16 de noviembre, Uruguay bien podría plantarse con la versión de que en el Parlamento Nacional ya existe media sanción de un proyecto que establecerá que la ley de Caducidad es letra muerta. Es un atenuante ante eventuales pronunciamientos condenatorios al Estado uruguayo por su incumplimiento a los tratados internacionales. Es decir, en Uruguay "seguimos participando" y como en el país existe la división de Poderes, el Ejecutivo no puede infligirle al Legislativo "sus" tiempos. "Sería bueno llegar a las audiencias del 15 y 16 en la OEA con la ley sancionada pero el Senado se dará el tiempo que entienda necesario", sostuvo ayer el canciller Luis Almagro luego de reunirse con la bancada del FA.

Caducidad. "El verdadero problema es la permanencia de la impunidad".

Texto interpretativo: "Hijos" critican trámite parlamentario

Los "Hijos" de ciudadanos detenidos-desaparecidos cuestionaron el actual debate legislativo sobre el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad.

Desaparecidos. "Si existen, es porque aún hoy continúan desapareciéndolos".
Desaparecidos. "Si existen, es porque aún hoy continúan desapareciéndolos".

Los jóvenes afirman que el verdadero problema no es el referéndum, sino la vigencia de una ley "indigna", por la cual se consagra la "impunidad".

El debate parlamentario sobre el proyecto de ley interpretativo para anular la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad, "se ha centrado en ejes que no son los sustanciales", por cuanto "el verdadero problema" es la "permanencia de la impunidad durante más de 30 años de los delitos más graves jamás cometidos ni más ni menos que por el Estado uruguayo", señala una carta publicada emitida por hijos, nietos y sobrinos de ciudadanos detenidos­desaparecidos, por el accionar represivo del Estado en dictadura.

Los firmantes se catalogan "Hijos" de la generación de los años 60 y 70, una generación "que soñó con un mundo más justo y actuó en consecuencia, con errores y aciertos", hecho que "los condenó a ser víctimas del terrorismo de Estado, el que los persiguió dentro y fuera del país, los secuestró, torturó, asesinó y finalmente los desapareció". Asimismo, "algunos de nosotros fuimos también secuestrados, se nos ocultó nuestra verdadera identidad y se nos privó de las figuras parentales que no tuvieron jamás un juicio justo", recuerda la misiva.

Los hechos narrados sucedieron "hace décadas", sin embargo "¿puede considerarse un tema concluso el hecho de que los desaparecidos por el Estado permanezcan al día de hoy desaparecidos?". "La desaparición forzada de personas es un delito de compleja perversidad que necesita de ejecutores y de múltiples cómplices, y si en Uruguay existen desaparecidos es porque aún hoy continúan desapareciéndolos, para lo cual ha sido y es necesaria la anuencia, complacencia y aquiescencia del Estado democrático. Por esta razón la impunidad repudiada no es una cuenta con el pasado, ni un asunto que exclusivamente nos afecte como familiares, ni un tema que se resuelva con pragmatismo jurídico y/o político", expresa la carta.

En este sentido, la construcción del "Nunca Más" es "una imperiosa necesidad que tenemos como sociedad, y se hace con verdad y justicia", porque "no habrá garantías de que no se repita la violación de los derechos humanos mientras exista una ley que ampare a los responsables de delitos de lesa humanidad".

Por tanto, la vigencia de la Ley de Caducidad "sienta un precedente de horror tácitamente avalado, resiente y cuestiona los valores sobre los cuales pretendemos seguir avanzando y construyendo colectivamente (...) y cimienta una cultura que naturaliza la impunidad, con gran costo para las futuras generaciones", dicen los firmantes.

Asimismo, la norma violenta "nuestro derecho a saber qué fue lo que el Estado hizo con ellos y a la Justicia que de estos hechos se derive, sigue siendo día tras días vulnerado". En este sentido, "el problema a discutir, no es que haya habido un referéndum y un plebiscito, sino que el Parlamento haya promulgado una ley indigna que viola nuestros derechos fundamentales como afectados directos y como sociedad toda".

"El error/horror original surge en el Parlamento y éste es el que tiene el imperativo histórico de subsanarlo removiéndolo.(...) erradicando del orden jurídico la oprobiosa y vergonzosa ley".

La "obligación" de los legisladores de remover la Ley de Caducidad "no es sólo una deuda histórica, es una obligación ética que repercute en la posibilidad real de alcanzar una sociedad en donde la verdad y la justicia no sean utopías inalcanzables ni meras declaraciones de principios", concluye la misiva.

"UN DISPARATE"

Para el ministro Luis Almagro, no tienen asidero algunos de los comentarios hechos por el senador Saravia de que la izquierda aplica un "golpe de Estado técnico" al promover la ley interpretativa. "Es un disparate acusar a 50 diputados de dar un golpe de Estado técnico. Hay falta de solidez en sus argumentos".

El abogado y senador suplente Oscar López Goldaracena también le dedicó unos minutos a la posición de Saravia "Cuando el barco del Frente Amplio no está navegando fluidamente hay que soltar el alije", sostuvo, señalando además que "quien defienda la vigencia de la ley de Caducidad tiene clara intencionalidad política de defender la impunidad o devela un supremo desconocimiento de los Derechos Humanos". Goldaracena, que estará en sala el día en que el Senado vote el proyecto, recordó que en 1987 el Partido Nacional presentó un proyecto para anular la Ley de Caducidad "carpeta 1.792, repartido 366 de abril" de aquel año. "Y en el año 1993, gobierno blanco, el Estado uruguayo realizó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de DDHH sobre la Ley de Caducidad tras haber sido puesta a referéndum de la población. La Corte respondió que no importaba si había sido puesta a consideración de la ciudadanía. Importaba si violaba o no los Derechos Humanos". Para el abogado "por encima de la coyuntura política, la ley de Caducidad nació viciada de nulidad".

 

Sanción, por unanimidad. El comandante en jefe del Ejército reconoció error

"Amonestación leve" para Rosales; el gobierno le ratificó la confianza

El gobierno apercibió por escrito, en el grado de "amonestación", al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, por sus cuestionamientos al proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad, sin embargo lo respaldó en el cargo.

Comandante Rosales. Arriba a la sede ministerial en donde le fue comunicada la sanción.
Comandante Rosales. Arriba a la sede ministerial en donde le fue comunicada la sanción.

Las polémicas declaraciones de Rosales contra el proyecto de ley que deja sin efectos los artículos fundamentales de la Ley de Caducidad (constitucionalmente los militares tienen prohibida toda manifestación política, salvo el sufragio) fueron motivo de análisis del presidente José Mujica y sus secretarios de Estado durante la sesión del Consejo de Ministros de ayer.

Rosales había exhortado a que se "acate el resultado de las urnas" ya que la ciudadanía en dos oportunidades rechazó la posibilidad de dejar sin efecto la Ley de Caducidad. En tal sentido ayer, durante el acuerdo ministerial en Suárez y Reyes, el presidente José Mujica inició la sesión solicitando al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, un informe sobre la situación. El mandatario dijo que era un tema para "conversar y asumir", y aseguró que se sentía "preocupado".

En tal sentido Rosadilla dijo que no tenía dudas de que Rosales había cometido una "transgresión" a lo que las normas le permiten. Informó que el jerarca militar le comunicó personalmente el viernes pasado el tenor de sus declaraciones en las que entendió que se vio "desbordado" por las preguntas efectuadas por parte de la prensa. Dicha actitud de Rosales fue vista como un gesto positivo. El secretario de Estado también comentó que el hecho fue analizado el sábado por la mañana por él y el presidente Mujica, resolviéndose informar al Consejo de Ministros sobre la situación y la medida a adoptar.

Luego volvió a hacer uso de la palabra el mandatario para señalar que hubiera deseado que Rosales no realizara tales comentarios públicos para evitar una sanción. Pero agregó que era inevitable sancionarlo, aún cuando fuera mínima, porque cometió una falta importante a la disciplina. Dijo que Rosales es una "pieza importante y un referente serio" que ha desempeñado un papel preponderante desde el gobierno de Tabaré Vázquez. A la vez el mandatario recordó que como Presidente de la República ha venido planteando la necesidad de establecer un nuevo vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas con lo cual pensaba insistir. En ese marco, durante la reunión de ministros de ayer el gobierno aprobó por unanimidad la sanción establecida por parte de Rosadilla referida a un "apercibimiento" por escrito, en el grado de "amonestación", Luego de la decisión del gobierno, Rosadilla se reunió por la tarde a solas en su despacho del Ministerio de Defensa con Rosales para informarle la decisión del Ejecutivo. Rosadilla le comunicó al jefe castrense, que fue apercibido en el grado de amonestación por escrito por sus declaraciones sobre la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad, actualmente a estudio del Senado, pronunciamiento que le está vedado por las normas constitucionales vigente. Rosales reconoció el error y no aclaró la sanción, mecanismo por el cual un oficial puede recurrir ante su superior.

El jefe del Ejército, se reunió luego en la sede del Comando con todos los generales a quienes explicó la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. El secretario de Estado, aclaró en conferencia de prensa que esta es la sanción "más leve" que puede aplicarse dentro de la estructura disciplinaria militar, sanción que queda anotada en su legajo por estimarse que las declaraciones vertidas fueron "inconvenientes", pero que no traen aparejada otra consecuencia. Rosadilla manifestó que más allá de este episodio puntual, el gobierno tiene "plena confianza" en el comandante en jefe del Ejército, quien "continúa trabajando en su cargo, ya que una sanción no es la pérdida de la confianza en él depositada". En cuanto a las manifestaciones realizadas por Rosales, en referencia a la situación del general Miguel Dalmao, sobre quien recae una solicitud de procesamiento de la Fiscalía por el crimen de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, Rosadilla dijo que esta declaración estuvo "encuadrada correctamente, expresando su solidaridad con este militar".

Agregó que "en ningún momento Rosales se expresó sobre la causa ni sobre el trabajo de la Justicia, ni lo declaró inocente, sino que evidenció su preocupación personal frente a este episodio", por lo cual no existe razón alguna para sancionarlo.

 

Política

27.10.10

El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, ayer, cuando se retiraba de la sede del Ministerio de Defensa. Foto:
El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, ayer, cuando se retiraba de la sede del Ministerio de Defensa. Foto: Nicolás Celaya

Especies protegidas

Rosales recibió sanción leve por cuestionar el proyecto sobre la Ley de Caducidad; Saravia y Nin, ni eso.

Tras las declaraciones que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, hizo el viernes sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el Poder Ejecutivo decidió sancionarlo “de la manera más leve”. La infracción y su castigo fueron discutidos por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y por el presidente José Mujica el sábado, y resuelta ayer en el marco del Consejo de Ministros.

Rec

En octubre de 2006, hace casi exactamente cuatro años, fue aplicada la última reprimenda a un comandante en jefe del Ejército. En aquella oportunidad el desfavorecido fue el teniente general (ahora retirado) Carlos Díaz, quien fue removido por el gobierno de Tabaré Vázquez. Su sustituto fue Rosales. La infracción de Díaz había sido mantener una reunión -asado incluido- con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau, sin haber pedido autorización a sus superiores. En aquel encuentro también había participado Dalmao, que pagó con cinco días de arresto domiciliario.

Tras un mano a mano de casi una hora de duración, que mantuvieron ayer Rosales y Rosadilla, el ministro hizo pública la medida. Según comentó el jerarca, el día después de las afirmaciones de Rosales se reunió, “antes de las 9 de la mañana”, con Mujica para analizar el tema, y definieron la posible reprimenda que ayer se trató junto al resto del gabinete.

Rosales había opinado que el Parlamento debía respetar la decisión de la ciudadanía de no anular la Ley de Caducidad, a partir de los resultados del referéndum de 1989 y del plebiscito de 2009. El jerarca también dijo confiar en la “honorabilidad” del general en ejercicio Miguel Dalmao -jefe de la División IV del Ejército con asiento en Minas-, cuyo procesamiento fue pedido por la fiscal Mirtha Guianze el 13 de octubre por el “homicidio muy especialmente agravado”, en 1974, de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Rosadilla detalló que la sanción consiste en un “apercibimiento, en el grado de amonestación”, y constituye “la más leve de las que se encuentran a disposición a nivel disciplinario”. “Un llamado de atención”, clarificó el jerarca, quien además justificó el tipo de medida en el entendido de que “la falta fue leve y no grave”. El secretario de Estado transmitió que Rosales le argumentó que “se vio superado en la rueda de prensa”. Rosadilla explicó además que el comandante fue amonestado sólo por sus dichos acerca del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, por “haber hecho declaraciones que no debía”.

Por el contrario, el ministro aclaró que las opiniones de Rosales sobre la “honorabilidad” de Dalmao “estuvieron encuadradas correctamente”, ya que “expresó su solidaridad personal, su convicción de que Dalmao dijo la verdad, pero no cuestionó a la Justicia ni lo declaró inocente”. La levedad de la sanción también está sustentada en que el gobierno “mantiene la confianza” en el comandante en jefe, quien, según narró Rosadilla, “asumió la medida y luego seguimos trabajando en otros temas”.

Voces de enfrente

El presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, José Amy (Partido Colorado), entendió que “no le corresponde a la oposición abrir juicio de valor sobre si es necesario sancionarlo o no”. Un poco más lejos fue el nacionalista Javier García, miembro de dicha comisión, que se limitó a decir que el tema generó “mucho ruido, pero pocas nueces”.

 

Política

27.10.10

El humo blanco

Nin y Saravia no votan interpretativo, y proyecto naufragaría en el Senado.

Aunque anoche en Buenos Aires el ex presidente Tabaré Vázquez reiteró su compromiso en la lucha “por abolir” la Ley de Caducidad, los senadores Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia mantienen su posición de no votar el proyecto interpretativo. “Los dos plebiscitos son superiores a cualquier tratado internacional”, reiteró Nin Novoa, a la salida de la reunión con el canciller, Luis Almagro. Ya conocida la postura de Saravia, sin la voluntad del ex vicepresidente, el Frente Amplio no aportaría los 16 votos necesarios para la aprobación. Consultado por la diaria sobre la posibilidad de retirarse de sala, Nin declaró que no vota “con los pies” y se desentendió de la idea de no asistir. “Me pagan por ir”, aclaró.

Otros senadores del FA, sorprendidos por sus declaraciones, recordaron que Nin Novoa había transmitido en la bancada que “no menoscabaría la unidad de acción del FA”. “Pero hoy los votos no están”, asumió anoche un senador oficialista.

Almagro, en tanto, calificó como “disparatado” que Saravia haya hablado de un “golpe de Estado técnico” en caso de que se apruebe el proyecto. “Ha faltado solidez en estos temas”, dijo a El Espectador.

Saravia no demoró en responderle: “Los disparates los está haciendo él”. “Los burócratas a veces creen que el poder del sillón y de la tecnocracia están por encima de las decisiones del pueblo y los legisladores, pero la democracia no tiene precio”, sostuvo. Respecto a las convenciones internacionales, el senador citó al jurista Justino Ximénez de Aréchaga. “Dice que ante una circunstancia de éstas Uruguay debe hacer valer su derecho nacional, por encima de las comisiones supranacionales”, manifestó Saravia, que fundamenta su decisión en principios “saravistas y artiguistas”.

 

El caso Saravia

El senador Jorge Saravia ha expresado reiteradamente, en los últimos días, que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad presentado por el Frente Amplio -FA- (partido que él integra y por el cual fue elegido para ocupar su banca), aprobado en la Cámara de Representantes con el voto de los diputados de esa fuerza política, es inconstitucional, y que su transformación en ley constituiría un “golpe de Estado técnico”. Con esos argumentos fundamenta su decisión de no votar la iniciativa en el Senado, contra lo definido por el FA en su programa de gobierno 2010-2015 (aprobado por el V Congreso Extraordinario en diciembre de 2008, p. 130) y en sendas resoluciones de su Plenario Nacional y su Mesa Política (aprobadas el 12 de setiembre y el 18 de octubre de este año, respectivamente). Esta situación plantea cuestiones básicas desde el punto de vista político, con independencia de la opinión que cada uno tenga sobre el proyecto en cuestión.

1. Si el senador Saravia considera que el Congreso, los organismos de dirección nacional y la amplísima mayoría de la bancada del FA están integrados por personas dispuestas a dar un “golpe de Estado técnico”, debería concluir que está rodeado de totalitarios decididos a violar la Constitución, y/o de ignorantes contumaces, que no entienden el alcance de sus actos aunque él ha tratado de ilustrarlos al respecto, y/o de demagogos inmorales, que buscan popularidad en forma irresponsable. Si llega a esa conclusión, siendo él, a diferencia de quienes lo rodean, un político demócrata, ilustrado y prudente, debería abandonar de inmediato el Frente Amplio sin esperar a que lo expulsen.

2. Si el senador Saravia no adopta esa decisión, el propio FA deberá decidir si le parece aceptable mantener en sus filas a un legislador que no sólo desacata al Congreso, al Plenario, a la Mesa Política y a la bancada, sino que además difunde una opinión tan negativa sobre los integrantes de esos organismos.

3. En cualquier caso, es oportuno recordar que el senador Jorge Saravia acompañó la decisión adoptada el 25 de febrero de 2009 por la Asamblea General, con los votos de los legisladores frenteamplistas. En esa ocasión, la asamblea, ante una consulta de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Nibia Sabalsagaray, declaró que hacía suya la respuesta elaborada por el entonces vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, en la cual se aceptaba que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Sería muy interesante saber cómo explica el senador Saravia que, si bien esa norma viola la Constitución (como aceptó declarar el año pasado), también es inconstitucional establecer que la viola (como dice ahora). O sea, que la caducidad es inconstitucional, pero dejarla sin efecto también es inconstitucional. Conocer su opinión en esta materia sería una valiosa oportunidad para verificar que el senador procede con coherencia y es escrupuloso en el cumplimiento de sus compromisos, como corresponde a un demócrata ilustrado y responsable.

Marcelo Pereira

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