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El polvorín

Uruguay: TIENEN RAZÓN PERO MARCHEN PRESO

5 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


 

TIENEN RAZÓN PERO MARCHEN PRESO
Informe parlamentario de Fabrizzio Acosta. 

Lunes 4 de octubre de 2010.

“Vamos a hacer un recorrido por temas como presupuesto, ley de Caducidad que está en la Comisión de constitución y códigos, el pedido del Partido Colorado -sector de Pedro Bordaberry- de la ley de imputabilidad. Son temas que hacen a lo que seguramente van a tener que estar analizando los parlamentarios sobre todo en el arranque de esta semana”

 

Fabrizzio: Hola, buenos días para todos. Vamos a hacer una recorrida con temas que tienen que ver con el Parlamento nacional y situaciones que se plantearán durante todo este tipo de sesiones.
Vamos a hacer un recorrido por temas como presupuesto, ley de Caducidad que está en la Comisión de constitución y códigos, el pedido del Partido Colorado -sector de Pedro Bordaberry- de la ley de imputabilidad. Son temas que hacen a lo que seguramente van a tener que estar analizando los parlamentarios sobre todo en el arranque de esta semana.
En la jornada de ayer domingo comenzó a votarse en comisión y quieren comenzar a votar en el pleno el próximo domingo 10.
Lo votaron en general únicamente el Partido Independiente y el Frente Amplio y los otros sectores además plantean una situación de falta de acuerdo bastante grande en el articulado, ya entrando en lo que es artículo por artículo.
Otro tema del que hablaremos es de la investigadora sobre el caso Gonzalo Fernández, investigadora que desde ya me adelanto a decirles que seguramente tendrá dos informes: uno en minoría y otro en mayoría porque allí también hay diferencias entre oposición y gobierno sobre el papel que jugó el ex secretario de la presidencia de la República a la hora de asesorar para la derogación del artículo 76, el tema de su esposa defendiendo justamente a uno de los beneficiarios de la derogación de este artículo vinculado a la dirección del banco Montevideo y también los hermanos Peirano que se vieron beneficiados de esta situación.
Comenzando por el presupuesto, escuchamos al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional hablaba con nosotros y planteaba una de las situaciones.

Abdala: "...el Poder Ejecutivo mantendrá el mecanismo previsto que a nuestro juicio es una pérdida de derechos salariales para los trabajadores, de manera que todo eso describe la situación de incertidumbre a la que yo me refería recién. Creo que evidentemente ha habido un apresuramiento ante determinadas definiciones y el Poder Ejecutivo no supo aprovechar los tiempos que se le vinieron encima y por eso hoy tenemos esta situación tan compleja aunque nosotros por supuesto nos pronunciaremos sobre lo que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento como corresponde. Veremos después qué ocurre en la instancia del senado.

--¿Se dialogó con Brescia sobre los coordinadores departamentales?

Abdala: No en el día de hoy; ese fue un debate que ya tuvimos cuando el Dr. Brescia compareció a explicar los artículos correspondientes al inciso 2 de la presidencia de la República, donde precisamente aparece ese artículo 87 que notoriamente tenemos una diferencia con el Poder Ejecutivo que es pública y notoria y hasta este momento el Poder ejecutivo más allá de algunas conversaciones que se han dado a otro nivel como es público y notorio, no ha dado señales  en el ámbito de la comisión de presupuesto de estar dispuesto a modificar el alcance de esa disposición.

-En el tema de los ajustes salariales, entre lo que había indicado Brescia y lo que había indicado Lorenzo había diferencias claras. ¿Hoy se alineó un poco más ese discurso?

Abdala: Sobre eso creo que claramente hay un gran misterio. Por un lado se dice que hay negociaciones en el sentido de modificar este artículo y por lo tanto garantizarle a los trabajadores que en la medida que se de un 10 % de inflación en el último año móvil eso dispara imperativamente la aprobación de un segundo aumento en el año. Sin embargo, ayer el Ministro Lorenzo fue enfático -nosotros personalmente le preguntamos eso- en que ese aspecto para el Poder Ejecutivo es muy importante y que el Poder Ejecutivo considera que el artículo tal como está concebido es positivo y que eso incluye precisamente el inciso quinto que es donde se establece que en la medida que se dé ese 10 por ciento de inflación no hay un segundo aumento como lo dispone la ley vigente hoy sino que lo que hay es simplemente la obligación de negociar con los sindicatos del sector público. Y esto es lo que los sindicatos del sector público rechazan y resisten y las organizaciones de jubilados también, porque como se sabe las pasividades están atadas a los salarios públicos fundamentalmente en cuanto a la oportunidad de ajustar las mismas.
Es un tema clave que incluso a nosotros nos llama la atención que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha explicado con claridad por qué avanza en un camino que a nuestro juicio implica hacerle perder garantías a los trabajadores públicos y por añadidura a los jubilados en cuanto a la periodicidad de los aumentos.

-Ahora diputado, ¿hablamos de misterio o hablamos de doble discurso?

Abdala: Bueno, ahí ya entramos en el terreno de las valoraciones subjetivas. Yo creo que este presupuesto tiene muchas contradicciones desde el punto de vista político. Recién hablábamos de la sección 2, las normas vinculadas a los funcionarios públicos; es a lo que el gobierno denomina reforma del estado. Como reforma del estado me parece que tiene sabor a poco. Reflota algunos mecanismos de redistribución de funcionarios pero por otro lado crea nuevas figuras para contratar personal; incrementa el gasto en la contratación de adscriptos y eso es una clara contradicción.
Después están estas otras; es decir, lo que se supone fue un discurso histórico de protección y amparo de los derechos de los trabajadores y de garantizar las libertades sindicales bueno, ese discurso podría sostenerse, se da de bruces con disposiciones de estas características que esta del ajuste salarial del artículo cuarto es una medida de neto corte liberal y evidentemente apunta a la desindexación de la economía para dejarle las manos libres al Poder Ejecutivo en el otorgamiento de los aumentos salariales. Hoy el gobierno, de acuerdo a la ley vigente, está obligado a dar determinados aumentos de acuerdo a la inflación. Lo que el gobierno quiere es simplemente obligarse a dar un aumento por año y lo demás, en todo caso, negociarlo. Esa es una diferencia muy evidente

-¿Podría interpretarse entonces por sus manifestaciones que el Poder Ejecutivo  está negociando cosas que no están avaladas por el Ministerio de Economía?

Abdala: No, no. Yo no digo eso porque esto lo avala el Ministerio de Economía. Creo que en eso el Poder Ejecutivo no ha demostrado contradicciones hacia su propio seno...

Fabrizzio: En el tema planteado lo que sí genera dudas y ya lo hemos dicho, es la forma de analizar y votar el articulado que tiene que ver con el aumento y el ajuste para los empleados públicos cuando la inflación llegue a los dos dígitos. Igualmente esto sigue funcionando igual; y cuando digo sigue funcionando igual es que sigue funcionando igual que las rendiciones de cuentas, igual que los presupuestos quinquenales anteriores. Ya se anuncia que algún tipo de modificación por lo menos en la redacción y algunos acuerdos todavía se pueden llegar a hacer en la cámara de senadores que es la más fuerte, aunque los diputados a veces se me enojen. En realidad no es lo mismo Pablo Abdala o Gandini o quien esté en la comisión, que Lacalle o Larrañaga o que el propio Francisco Gallinal.
No es lo mismo en el Frente Amplio, Doreen Javier Ibarra que Alberto Couriel o Enrique Rubio, por el peso que tienen en este caso dentro de la situación planteada a nivel justamente de las comisiones. No es lo mismo la representación del Partido Colorado a través de Ricardo Berois que la que puede ser Pedro Bordaberry o el propio Ope Pasquet porque en realidad son los propios líderes de la fuerza política por lo tanto en la cámara de senadores por lo general es donde se intentan hacer las modificaciones. Después no es que tiene que volver todo proyecto, se vota en el pleno de la Cámara de diputados por lo menos durante 2 ó 3 días, comenzará el domingo, depende de la rapidez con que se vote, se harán algunos cuestionamientos, pero reitero, el oficialismo tiene la garantía de poder votar solo varios de ellos porque no necesita mayorías especiales en este caso. Y por otro lado el tema de la situación planteada a nivel de que una vez aprobado en diputados cuando vuelve al senado vuelven solamente las modificaciones. Este artículo se modificó en tal redacción, este otro no... Igualmente el gobierno sigue insistiendo en que es muy poco lo que se puede dialogar en el Parlamento y que el presupuesto está casi cerrado.
Otra cosa: investigadora, que en este caso tiene que ver con la situación planteada a raíz de la derogación del artículo 76 de una ley que determinó, entre otras cosas, que los hermanos Peirano y también otros altos directivos del ex- banco Montevideo, quedaran sin antecedentes y sus delitos prescribieran o se eliminaran directamente. Esta situación que se da primero con una advertencia de que esto podría haber sucedido y todos reconocen en el año 2006, pero que en el 2009 concretamente dicen que hubo un asesoramiento del propio Gonzalo Fernández que era el que había hecho aquella advertencia, diciendo que no pasaría nada o que no debería pasar nada. Justo cuando su señora Cecilia Salón, tenía como uno de sus clientes a una de las personas que se vio beneficiada con este "consejo". Y esto generó justamente una investigadora en donde, por parte del Frente amplio se defiende de que en realidad el Parlamento hizo lo que debía hacer porque en este caso recordamos a todos que se deroga este artículo bajo la iniciativa de beneficiar al CASMU que estaba en una situación conflictiva y de concurso y casi en quiebra. Por eso la urgencia y por eso muy pocos leyeron lo que tenían que leer, terminaron levantando la mano y esto fue lo que pasó. Eso dice el oficialismo, mientras que del otro lado se habla de una ingeniería casi, en donde en realidad aprovechando una urgencia se termina generando este hecho. Nadie se anima a decir provocado pero sí dejan planteada la duda, sobre todo cuando escuchamos creo que el jueves, al senador Ope Pasquet que fue el que hizo las preguntas al Dr. Tabaré Vázquez y tenía en el ojo de que Vázquez había contestado con monosílabos las 3 preguntas que le hicieron y no agregaba nada más, como que tenía temor de desarrollar más porque eso podía generar elementos que sirvieran para que la oposición cuestionara al oficialismo.
Por el lado del Frente Amplio se dice que Vázquez contestó lo que se le pidió, nada más y nada menos. No se le va a volver a preguntar y se está jugando a los documentos, que están tardando en llegar, que tendrían que venir esta semana a la investigadora; documentos que según el presidente de la comisión investigadora, senador Jorge Saravia del Frente Amplio, son los siguientes:

Saravia: "(...) en todo el proceso que ha llevado en esta semana. Quedamos en esperar los expedientes que están faltando, que es el expediente de economía, que llegue a la Suprema Corte de Justicia los elementos del expediente del juicio. Se hizo una nota a presidencia de la República, a la secretaría de presidencia para visualizar y ver el expediente que en ese momento tuvo que ver con la ley de concursos y la derogación del 76 y a partir de ahí vamos a decidir si hace ha lugar a convocar a más personas a la comisión o ya empezamos a redactar la resolución para el senado. A esta altura lo que queda claro, me parece que no hay discusiones, que el Parlamento actuó bien en el tema de la ley de concurso y la derogación del 76. Técnicamente no hay nadie que diga lo contrario y no hay nadie que hoy pueda decir en el Parlamento que algún legislador haya sido influenciado por alguien para aprobar esta ley. Lo que quedan son los aspectos políticos, las vinculaciones políticas que están todavía en investigación y discusión, que pueden ser las que algunos legisladores que participaron en la ley directamente como el senador Abreu o el propio Gonzalo Fernández, es el único tema que todavía está para visualizar con los últimos aportes que vengan de la Suprema Corte, del Ministerio de Economía o de la presidencia de la República.

-¿Qué conclusión saca usted de las últimas respuestas a las preguntas formuladas al ex presidente de la República Tabaré Vázquez, para usted hay responsabilidad política del Dr. Tabaré Vázquez?

Saravia: No, de ninguna manera, me parece que las respuestas son las correctas ante las preguntas que le hace el Partido Nacional sobre el tema del veto yo creo que son correctas porque en el momento que se discutió el tema del 76 fue en el 2006 cuando los Peirano estaban presos y cuando se advirtió de que no se debía sacar. Después ya no tenía sentido el veto porque los propios juristas, incluso  la nota diciendo que hay una  derogación tácita por el 248 de la ley de concurso. Por lo tanto, incluso antes de la derogación del 76 ya estaba derogado el 76, entonces no correspondía para el Dr. Tabaré Vázquez un veto en ese sentido porque habían especialistas que estaban diciendo claramente otras cosas. Y estamos hablando del 2008, 2009.
En el caso de la respuesta a Ope Pasquet que fue la última que llegó a la comisión, es muy claro, el presidente dice que sí, que estaba informado del tema y que además era público y notorio por la propia prensa. Esa es la respuesta de él y creo que es correcta.

-¿Cómo se enteró si Gonzalo Fernández le había informado...?

Saravia: Es muy clara la pregunta y muy clara la respuesta. El senador Ope Pasquet pregunta si lo había informado el Dr. Gonzalo Fernández y él dice que sí y era público y notorio. Claro que es muy clara la respuesta. En la segunda parte de la respuesta se repite la primera pero  es muy claro que el Consejo de ministros estaba informado y que él lo había comentado.

Fabrizzio: Igualmente yo creo que para la valoración del presidente de la República no debe ser lo mismo que hable del tema un diario y lo lea en cualquier matutino, a que el propio Gonzalo Fernández se lo hable,  por más que él diga que en ese momento estaba en los medios de prensa la situación.

- ¿Usted cree que de alguna manera está en cuestionamiento esta doble función que también cumple con el gobierno y también defiende a alguien que estaba en contra?

Saravia: Decir sí no es avalar; decir sí es de que estaba informado, ésa es la pregunta.
Ahora, el tema de la discusión yo creo que ese es uno de los elementos que hoy está surgiendo,  en la comisión ayer lo estuvimos conversando. ¿Hasta dónde van las prohibiciones -por ejemplo en el caso nuestro, de los legisladores- para participar en actividades privadas, por ejemplo en el ejercicio de la abogacía y que no sean contradictorias con el ejercicio del senado o de la Cámara de representantes. Ese es uno de los elementos para discutir. En el Uruguay no existe una ley que claramente diga bueno, esto o aquello, sino que hay determinadas prerrogativas que nos marcan a los legisladores participar de determinados aspectos que sean vinculantes con nuestro ejercicio en el senado.

Fabrizzio: Igualmente hay una cuestión ética que sobre todo en estos dos últimos gobiernos del Frente Amplio, seguramente en los otros sectores partidarios no se dio porque tal vez no había, en especial desde el punto  de vista del estado, complejidades a la hora de que notorios ámbitos jurídicos fueran contratados porque no estaban vinculados con el gobierno. Sabemos que en el gobierno de Batlle había estudios como el de Ignacio De Posadas, el de Juan Andrés Ramírez, el propio estudio del Dr. Gonzalo Fernández, que no tenían problemas en llevar este caso contra el estado, porque no pertenecían ni estaban vinculados con el estado, con el gobierno de Batlle.
Ahora, todo cambia cuando sectores del gobierno del Frente Amplio, estudios vinculados y no digo militantes del FA, sino que estoy hablando de cargos de gobierno, gente del estado vinculada al gobierno, que comienzan a estar de los dos lados del mostrador, allí es donde comienza el problema porque además de ser poco ética la situación,  el problema aquí es que la información a la que se puede acceder desde ese cargo político puede ser privilegiada a favor del cliente que él está defendiendo y en desmedro de nosotros, que somos el estado, que después tiene que poner la plata para pagar.
Por eso digo que no es tan fácil y que va a haber dos informes, o quizás 3, pero que no va a haber ningún acuerdo sobre el papel que cumplió Gonzalo Fernández en este asesoramiento al Parlamento referida a la derogación de este artículo.
Pasamos a otro tema, propuesto en el Parlamento por el Partido Colorado y que es la baja de la ley de imputabilidad.
Como yo decía la otra vez, este mundo del revés a veces no es tan del revés porque en realidad si uno ve, las fichas muestran que todos se han colocado finalmente donde se han querido colocar. El Partido Colorado está por salir a juntar firmas, o por lo menos dicen que van a salir a juntarlas, para un referéndum a fin de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. Saldría a juntar firmas en caso de que no logre convencer en el Parlamento a los otros legisladores para que aprueben el proyecto. El sector de Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, del Partido Colorado, a través del diputado Germán Cardozo se queja de que no le han dado mucha expectativa al proyecto de ellos en relación a este tema que habla de la seguridad, tema muy complejo del cual también el ministro del Interior Bonomi ha salido a hablar, que tiene varias aristas. Cárceles que no generan contención ni recuperación de los presos; sabemos cómo están las cárceles, sabemos que todo el mundo quiere mejorarlas según el discurso pero en los hechos las cosas siguen a un ritmo demasiado lento; situaciones de robos y violencia que son reales y a veces también terminan no solamente con la víctima maltratada o dañada sino que últimamente ha terminado también con la muerte de las personas que han ido a robar ya que el comerciante o la persona que se vio víctima de este hecho se ha defendido con un arma y ha terminado ultimando a aquel que realizaba el atraco. Y la justicia últimamente ha determinado en estos casos dar el beneficio de la legítima defensa y por lo tanto no han tenido penalizaciones aquellos que han hecho estas acciones.
Es un hecho que genera -sobre todo por el manejo, hay medios de comunicación que dedican 80, 85 y 90% de su informativo a resaltar noticias que tienen que ver con el ámbito policial, yendo desde los más graves hasta los que tienen que ver con un robo de un carrito de choripanes, lo que obviamente genera un clima importante en relación al tema y esto políticamente se suele aprovechar desde todo punto de vista porque también hay que destacar que en el Frente Amplio también se habla de eso. Y en este caso el Partido Colorado a través de Vamos Uruguay  está manejando bajar la imputabilidad a los 16 años, lo cual tampoco llega a cerrarnos porque lamentablemente muchos  de los que son asaltados dicen que quienes los roban tienen 12, 13, 14 años; por lo tanto vean ustedes que la solución no pasaría por eso porque si tienen esos años bajar a 16 la ley tampoco resolvería la cosa, máxime cuando dicen que los mayores mandan a los menores a delinquir porque los menores terminan saliendo en libertad de manera que esto no resolvería porque esos mayores no mandarán a uno de 16, mandarán a uno de 15 o de 14. Creo que los pasos son más importantes y difíciles de tomar, y es ir a buscar a la gente que está en situación dramática, que todo el mundo sabe donde están porque el gobierno frenteamplista ha hecho un mapeo de dónde están los sectores donde hay más pobreza e indigencia, que la hay. Sabemos que Vázquez dijo en algún momento que no había pero después levantaron la alfombra y aparecieron 500 mil indigentes, este propio gobierno del FA tuvo que salir a reconocer eso. Entonces, si saben donde está la gente que más necesita y que muchas veces no tienen motivaciones, ni siquiera motivaciones para seguir viviendo ¡imaginen tener motivaciones para encarar una situación laboral! Porque además si la gente preparada no consigue trabajo porque le piden experiencia, imagínense aquel que no está preparado! Claro, yo veo que es mucho más difícil que los políticos puedan ir a esos lugares, con programas concretos, donde estén ellos mismos vigilándolos, no importa que falten 2 ó 3 días al Parlamento, que se queden ellos mismos en el lugar viendo a ver cómo pueden llevar adelante el programa y de esa manera conseguir que esa gente de a poco pueda tener una casa mejor   y no tener que depender de alguna ONG que haga alguna casa promocionada por algunos medios de comunicación. El propio gobierno puede ir resolviendo el tema. Darles saneamiento necesario para no vivir como decía un oyente el viernes que muchos vivían entre la materia fecal. Todos sabemos de una situación muy concreta de un asentamiento donde en las escuelas ven que los niños vienen con parásitos que adquieren debido al lugar donde viven. Que Salud Pública se instale ahí mismo, a no tener vergüenza. Todos sabemos que aunque en la campaña del FA se dice Uruguay país de primera, sabemos que no somos de primera entonces hacer lo mismo que hacen las supuestas misiones de paz en Haití: coloquen carpas del MSP dentro de ese mismo asentamiento, atiendan los médicos a esos niños, coloquen carpas con educadores, eduquen a los niños y a las familias, pero instálense allí, no se queden dentro de esos palacetes que tienen.
Escuchamos a Germán Cardozo:

Cardozo: (...) en el Parlamento nacional que apunta a bajar la imputabilidad a las personas mayores de 16 años. Sabido es por toda la población que el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias por lo cual este como tantos proyectos más que con una actitud muy constructiva Vamos Uruguay ya ha presentado en lo que va de la legislatura, están en las comisiones a estudio y no hay demasiadas novedades, por lo cual nosotros en nuestra Asamblea nacional hemos tomado la decisión de darle prudencial tiempo al gobierno de lo que queda del año 2010 para tratar este proyecto de ley de baja de la imputabilidad a los 16 años que hemos presentado; de lo contrario, de no tener noticias, Vamos Uruguay el primero de enero del año 2011 comienza a recorrer todo el país a recoger firmas para convocar a una consulta popular para reformar la Constitución de la República  e incluir un artículo constitucional que claramente establezca que en el Uruguay las personas mayores de 16 años son responsables penalmente y que aquellas personas que como menores hayan cometido delitos en el momento de cumplir la mayoría de edad sus antecedentes le serán mantenidos.

-¿El sector ha hecho algún sondeo entre la gente como para saber qué apoyo tendrían a esa segunda iniciativa?

Cardozo:  A lo largo y ancho del país cada lugar que vamos permanentemente es un reclamo que diría contundente de la población de personas de todos los estratos sociales, de diversos ámbitos, desde que estamos trabajando en este tema se nos acercan para consultarnos sobre novedades de este proyecto

Fabrizzio: Evidentemente es un reclamo de la gente porque además de ser muy promocionado se trata de un hecho real la inseguridad. Pero digo, ¿a dónde los van a llevar a esos menores, cuando ya no había lugar donde colocar a los menores que había y tuvieron que empezar a hacer estas cajas prefabricadas en las afueras del hogar Puertas para poner a los menores que ya esta ley determina que pueden ser detenidos? Imaginen si se rebaja la edad a 16 años y se suman más menores.
La falta de interés y atención hace que tengamos un índice de reincidencia altísimo: 70 % de reincidencia en mayores. Quiere decir  que de cada 10 que salen de la cárcel, 7 vuelven a delinquir, lo dijo el propio ministro Bonomi hace un mes atrás.  Obviamente esas cárceles no recuperan a nadie por eso trabajemos en conjunto, pero trabajemos en serio. No a ver qué rédito político podemos sacar.

Nos queda el tema de la ley de Caducidad, que está en la Comisión de Constitución y Códigos; ley interpretativa sobre la ley de Caducidad. El planteo aquí pasar porque se dice que muchos de los artículos que está planteando el Frente Amplio generarían, entre otras cosas, violaciones constitucionales y que la Suprema Corte de Justicia haría lo mismo que hizo con algunos pedidos que hicieron los jubilados con respecto al IRPF o mucho más cerca en el tiempo con el reclamo de los juicios laborales, que el proyecto tuvo que volver al Parlamento porque varios de sus artículos según la Suprema Corte eran inconstitucionales y por lo tanto quedó trabajo.
Recuerdo escuchar a Iván Posada y sus argumentos eran los mismos que escuchaba de Gonzalo Aguirre el día anterior. Entre otras cosas Iván Posada decía que en Holanda si uno hace un acuerdo internacional sobre Derechos Humanos, ese acuerdo toma el tenor de un acuerdo a nivel local. En la Argentina, cuando Menem cambió la Constitución para poder ser reelecto, también hicieron lo mismo. Entre las cosas que hizo Menem parece que hizo algo como la gente, con todo respeto, y pusieron en la Constitución que tenían magnitud de ley local los acuerdos internacionales que se hicieran sobre Derechos Humanos. En la Constitución uruguaya no existe eso, por eso es que cada vez que se les pregunta si la ley de Caducidad no viola los acuerdos internacionales que el Uruguay está firmando lo que dicen los que defienden la ley de Caducidad es que no importa porque no tiene magnitud constitucional lo que se firma afuera porque eso no está puesto en la Constitución uruguaya. ¿Pudo haber estado? sí, pudo haber estado, porque el Frente Amplio tuvo mayorías especiales el gobierno pasado como para haber hecho solo ese tipo de reformas. Mayorías especiales que ahora no tiene, ahora tiene mayorías pero son mayorías simples. ¡Qué oportunidad se perdieron! Y uno se pregunta ¿se perdieron o quisieron perdérsela? Ese es el gran tema. Entonces ahora se hace cuesta arriba  porque ahora hay que negociar para votar muchas de las cosas como en este caso una ley especial. Tenés que negociar con Bordaberry, con Lacalle, ¿y qué va a salir de esa negociación? Es complicado, es complejo. También hemos escuchado al diputado Gandini decir que la gente ya ha dicho dos veces que no quiere derogarla en lo que fue la votación.
Recordemos cómo fue la primera porque yo tuve la oportunidad en aquel momento que justo cumplí los 18 años y participé como delegado en la Corte Electoral y la segunda sabemos el papel que jugó el FA de desinformación casi, cuando debió haber sido la manija para que las cosas salieran, por algún temor político de que eso se viera en contra de la posibilidad que Mujica fuera electo presidente de la República, se dejó no en un segundo plano sino en un quinto plano el tema de la ley de Caducidad. Y así fue la respuesta.
Igual pasó con el voto epistolar, el voto de la diáspora uruguaya en el extranjero y tampoco logró los votos necesarios para salir.
Vamos a escuchar lo que decía el diputado José Bayardi de la comisión de Constitución sobre este tema y sobre el pedido que habría de denuncia ante organismos internacionales por el mal papel que han jugado en relación a su caso, por parte del poeta Juan Gelman y su nieta Macarena.

Bayardi: (...)  para que se entienda, hace una semana apenas que estuvo el articulado de ley en la comisión de Constitución. Nosotros le dimos a todos los sectores políticos y a todos los legisladores el texto de los artículos que íbamos a presentar; faltaba la exposición de motivos pero el contenido de los artículos ya se conoce desde hace 8, 10 días y nosotros lo que planteamos ayer fue una metodología del tratamiento que implicaría en primer lugar que se invitara a las consultas que se quisieran hacer a la comisión y se hicieran esas consultas en el correr de la semana que viene, con los problemas que tenemos fácil de entender desde el punto de vista de los procedimientos parlamentarios, de que entre el domingo 10 y el viernes 15 la Cámara va a estar aplicada a tratar, a discutir y a votar el presupuesto nacional por lo cual  no vamos a tener sesión entonces lo que dijimos es que en el correr de la semana que viene se reciba a quienes se entienda que se quiere recibir, que sobre ese fin de semana votaríamos el proyecto en Comisión para poder ser tratado en el plenario de la Cámara el 19. Efectivamente desde que se entregó el proyecto borrador hasta el día que llegue al cuerpo, va a haber un mes pero en realidad de consultas y de toma de posiciones. No comparto mucho aquello de <a marcha camión> y ustedes que son periodistas parlamentarios saben que acá ha habido, históricamente, sin hablar de la ley de caducidad, en su momento, no marchas camión sino marchas muy aceleradas en este caso, en un tema que ha ido y venido muchísimas veces y que yo creo que todo el mundo a esta altura tiene posición.

-De fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en el juicio de María Claudia García de Gelman, Uruguay tendría que pagar una multa de 800 mil dólares  y podría desencadenarse una cadena de demandas

Bayardi: A ver; más allá de los costos que puedan surgir desde el punto de vista de las demandas el Uruguay tiene algo de mucho más valor intangible desde el punto de vista de la comunidad internacional que es el prestigio que el país tiene...

Fabrizziio: Bueno, no me queda muy clara la defensa que acaba de hacer Bayardi. Lo que dijo además es que si hay que pagar vamos a pagar porque nosotros pagamos. En realidad yo creo que esto no se arregla con el pago, pero cada uno piensa como quiere.
Les informó Fabrizzio Acosta Machuca.

 

Tomado de Cx 36 Radio Centenario

 

 

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