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El polvorín

Uruguay viola los DD.HH y no pasa nada

28 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

José Luis Vázquez 

José Luis Vázquez / InSurGente

 

 

 

La ciudad francesa de Grenoble fue escenario de violentos incidentes, con la quema de decenas de vehículos y disparos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, un día después de que un joven delincuente muriera en un tiroteo con la policía.

En total entre 50 y 60 coches, maquinaria de obra y dos comercios fueron incendiados, según la policía.

Todo comenzó tras la muerte de Karim Boudouda, de 27 años, durante un tiroteo cuando era perseguido por la policía en un barrio popular de Grenoble por haber atracado el casino de Uriage-les-Bains bajo la amenaza de armas.

El fiscal de Grenoble, Jean Philippe, afirmó que la policía había actuado en "legítima defensa", una versión que contradicen los jóvenes del barrio de Villeneuve, de donde era originaria la víctima.

La tensión subió en el barrio con el lanzamiento de proyectiles a la policía, que replicó con gases lacrimógenos, y se degeneró por la noche.

Los jóvenes la emprendieron a batazos contra casetas de paradas de autobuses y contra un tranvía y desataron incendios. Luego un manifestante abrió fuego, sin causar heridos, contra las fuerzas de seguridad que respondieron en cuatro ocasiones con balas reales para dispersar a la muchedumbre y "garantizar su seguridad", según una fuente policial.

(SUDAMÉRICA) EN URUGUAY NO PASA NADA

Una sola muerte en una Cárcel se trata de una muerte en una dependencia del ESTADO.

Un solo crimen en una Cárcel del Estado es un Crimen de Estado.

URUGUAL: 12 jovencitos de entre 19 y 28 años, presos en una Cárcel del Estado en el Departamento de Rocha a 200 kilómetros de la capital Montevideo murieron quemados porque la Guardia demoró en abrir la celda. Nadie lo dice, pero al parecer existe una “orden” nunca dada, para que cuando se origina un incendio, los dejen morir. ¿Por qué?.

Pues ya ha sucedido lo mismo en otras oportunidades. En agosto del año pasado en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, otra cárcel del Estado uruguayo (a 20 km de Montevideo) cinco reclusos como forma de protesta prendieron fuego los colchones de dormir, se les fue la mano, y se prendieron fuego otra cosas que tenían en la celda, pero la Guardia también los dejó morir, y solo abrieron la celda después que ya estaban carbonizados. Al mes siguiente sucedió algo parecido en el Otra Cárcel del Estado uruguayo, el Penal de Libertad. Sarcástico nombre, donde una cárcel del estado se llame Libertad. En ese caso dejaron morir a dos presos de igual manera. Esta cárcel está a 52 km de Montevideo.

En la Cárcel Departamental de Las Rosas (140 km de Montevideo) murieron otros presos, pero en este caso fueron acribillados a balazos (con balas de plomo y no de goma) a una distancia de pocos metros.

En Uruguay las cárceles están desbordadas de presos. Hay 9 mil presos en establecimientos que son para menos de la mitad. En la Cárcel de Rocha donde se quemaron los 12 jovencitos (todos presos livianos) que los atraparon enfermos por el consumo y venta de droga eran casi todos hijos de trabajadores. Algunos les faltaban dias para salir en libertad.

En esta cárcel construida hace más de 120 años fue levantada para un máximo de 48 reclusos, pero hoy tiene 151. Y así están todas las cárceles del Estado. Sin embargo los Militares que violaron los DDHH en Uruguay durante la dictadura fascista de 1973 a 1985, que persiguieron, torturaron, violaron, asesinaron, robaron están en una Cárcel Vip, construida nueva, para alojar a decenas y decenas de presos; pero solo hay 8 militares con computadoras, televisión, whisky y según dicen (nosostros no lo hemos podido comprobar) también tienen salidas en ocasiones especiales como cumpleaños familiares y fiestas tradicionales de fin de año.

Las muertes de los 17 presos quemados, y los muertos a balazos son crímenes de Estado que involucran a los Tres Poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Nadie sabía que esto sucede en Uruguay. Pues sí. Pero el gobierno del Frente Amplio (que tiene muchos ex presos politicos en sus filas) parecen paralizados.

Veamos…….

 

INFORME DE NACIONES UNIDAS

Manfred Nowak es Relator Especial desde el 1º de diciembre de 2004 designado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es independiente de cualquier gobierno y trabaja a título individual. 

27 de marzo de 2009 

Después de su misión a Uruguay del 22 al 27 de marzo de 2009, El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, emitió la siguiente declaración:

"Quisiera recalcar mi agradecimiento al Gobierno de Uruguay por la excelente cooperación brindada por el Gobierno de Uruguay. Durante la visita, tuve acceso a todos los centros de detención, incluyendo visitas sorpresa sin impedimentos, entrevistas en privado con los detenidos y acceso a documentación. Quisiera expresar mi agradecimiento al Coordinador Residente de las Naciones Unidas, a su equipo y a los organismos de Naciones Unidas por su excelente asistencia antes y durante la visita.

Tortura y malos tratos

Recibí pocas alegaciones de tortura en comisarías, las cuales fueron demostradas más allá de toda duda por exámenes forenses y otras pruebas. Sin embargo, recibí numerosas alegaciones creíbles de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en prisiones, comisarías de policía y centros de detención de adolescentes.

Condiciones de detención

a) Comisarías

Las condiciones de detención en algunas comisarías que visité eran malas, con celdas oscuras, húmedas e inmundas, algunas de las cuales se encontraban en un estado deplorable. Sin embargo, es alentador el hecho de que la custodia policial esté salvaguardada por el habeas corpus, y que las personas sean presentadas ante un juez durante 24 o 48 horas como plazo máximo, haciendo que su estancia en las comisarías sea de corta duración.

b) Prisiones

Las condiciones de detención en las cárceles han ido constantemente empeorando durante los últimos años. Esta preocupación ha sido expresada reiteradamente por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, e incluso ha sido reconocida por el Gobierno en 2005, cuando declaró un estado de emergencia humanitaria debido a la situación de las cárceles. Existe una necesidad urgente de tomar medidas contra dichas violaciones de derechos humanos a gran escala.

Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a sí mismos, para poder ver a un médico.

En algunos módulos de ComCar, donde el número de reclusos es cinco veces superior a su capacidad, los detenidos son alojados en condiciones deplorables, en celdas sobrepobladas que no tienen las instalaciones sanitarias adecuadas ni lugares para dormir. Asimismo, la situación de violencia inter-carcelaria es alarmante, ya que durante 2009, tres personas han muerto dentro del establecimiento.

Desafortunadamente, el sistema bastante liberal de visitas resulta socavado por el hecho de que a las visitas, incluyendo a mujeres y niños, se les someten a revisiones invasivas, incluyendo requisas en sus cavidades corporales, violando su derecho a la dignidad humana. En clara violación de las normales legales internacionales, no existe separación entre los presos procesados y los condenados. Existen también retrasos importantes en el sistema judicial, lo cual produce una situación en la que aproximadamente dos tercios de las personas privadas de libertad se encuentran procesadas y no condenadas. En vista que los niveles de criminalidad van en aumento, este porcentaje probablemente aumentará en los próximos años.

Estos dos factores dejan sin efecto al principio de presunción de inocencia y la privación de libertad como una excepción, tal como lo estipula el derecho internacional. Con la ley 17.897sobre la Humanización del Sistema Carcelario, el Gobierno ha dado un paso importante. Sin embargo, son necesarios algunos cambios fundamentales al sistema de justicia penal en su totalidad, con el fin de prevenir el colapso del sistema penitenciario.

En los distintos centros de detención, comprobé disparidades inmensas de condiciones. La separación y categorización de los detenidos, incluyendo los derechos que se les conceden,parece determinarse de acuerdo con el estatus económico y social de los detenidos.

Algunos, si no todos, los problemas que enfrenta el sistema penitenciario y el sistema de justicia juvenil, son el resultado de la falta de una política penal o penitenciaria integral. Los reclusos tienen pocas oportunidades de rehabilitación y preparación para su reinserción en la sociedad. En algunos casos, sólo salen de sus celdas durante dos horas por semana. Esta falta de actividad, aunada a las condiciones de detención, sólo perpetúa el problema y conlleva a un indice más alto de criminalidad.

El riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general. El pueblo de Uruguay, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario.

c) Adolescentes

La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último.

Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones.

d) Instituciones psiquiátricas

Tuve una impresión bastante favorable de las dos instituciones psiquiátricas que visité, el Hospital Vilardebó y la Colonia Etchepare, aunque aún resta mucho por hacer en cuestión de infraestructura, para asegurar que las personas con discapacidades mentales gocen del derecho a un trato humano.

Mujeres

Las facilidades penitenciarias para las reclusas se encuentran deterioradas. Sin embargo, puedo informar que las detenidas cuentan con mejores establecimientos y un régimen más liberal, aunque esto no elimina el hecho de que existen establecimientos que no son adecuados para albergar a los niños que permanecen en detención con sus madres.

Acojo favorablemente el Plan Nacional de Lucha contra la violencia doméstica, y aliento al Gobierno a que lo implemente en su totalidad. No obstante la creación de este Plan, me preocupa el alto número de casos de violencia doméstica reportados en el país, algunos de los cuales ocurren después de la imposición de medidas cautelares por el poder judicial. Hago un llamado al Gobierno de que asegure que el poder judicial se encuentra capacitado para tratar casos de violencia doméstica, sin someter a las mujeres a una revictimización a la hora de presentar una denuncia.

Tipificación y prevención de la tortura

La Ley 18.026 de cooperación con la Corte Penal Internacional es un avance positivo para llevar ante la justicia los crímenes de lesa humanidad en un futuro. A pesar de ello, es muy poco probable que la ley se aplique para crímenes individuales, como se refleja en la experiencia de los últimos dos años, desde que entró en vigor. Sin embargo, debe servir como inspiración para la reforma del código penal, donde la tortura debería estar tipificada como delito autónomo, en consonancia con la definición contenida en la Convención de la ONU contra la Tortura. Esto es, de hecho, una precondición para la lucha contra la impunidad de perpetradores de torturas.

En lo que concierne a la prevención de la tortura, quisiera felicitar al Gobierno por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y la reciente adopción de la ley que establece una Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se incluye el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Tengo la esperanza de que esta nueva institución se inspire del trabajo y experiencia del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Su actual mandato debería extenderse para abarcar todos los lugares de detención, y debería contar con los recursos necesarios para cumplir con esta importante labor.

Haciendo frente al pasado

El Gobierno ha llevado a cabo algunos esfuerzos positivos para afrontar los crímenes cometidos durante la dictadura. Exhorto al Gobierno a que se asegure de que estos crímenes sean llevados ante la justicia, que se haga justicia dentro de un plazo razonable, y que se preserve la memoria de los desaparecidos y de los muertos.

Recomendaciones preliminares

La invitación que me extendió el Gobierno de Uruguay es una muestra de su disposición de someterse a un escrutinio independiente y objetivo. En este sentido, me alegra observar la buena disposición del Gobierno para reformar el sistema de administración de justicia.

En particular, le recomiendo al Gobierno:

- Llevar a cabo una reforma del sistema penal judicial, con hincapié en la prevención del crimen y en la resocialización de los delincuentes, y no en medidas punitivas y en una política de encierro de presuntos criminales y condenados lejos de la sociedad;

- Establecer un Ministerio de Justicia, responsable del sistema penitenciario y englobado dentro de una reforma del sistema penal judicial y de una política penitenciaria integral;

- Incrementar el uso de medidas distintas a la encarcelación con el fin de reducir el hacinamiento en las prisiones;

- Separar a los procesados de los condenados en las prisiones;

- Limitar el plazo máximo de privación de libertad para los detenidos procesados;

- Proveer a los reclusos las necesidades básicas, tales como agua y comida suficiente, tratamiento médico, más oportunidades laborales, educación y recreación;

- Crear establecimientos adecuados para las reclusas que viven con sus hijos en las cárceles;

- Tipificar la tortura de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la

Convención contra la Tortura;

- Llevar a cabo una investigación efectiva sobre cada caso de tortura y malos tratos y llevar a los perpetradores de tortura ante la justicia;

- Establecer un mecanismo de denuncias accesible y efectivo para víctimas de tortura y malos tratos;

- Ampliar el mandato del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, para que incluya todos los centros de privación de libertad y asegurar que este Mecanismo Nacional de Prevención se integre plenamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual será creada próximamente.

Por último, invito a la comunidad internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas, a que apoye al Gobierno de Uruguay en la implementación de estas recomendaciones."

Anexo: reuniones y lugares visitados

a) Reuniones

El Relator Especial se reunió con:

Vicepresidente de la República; Sr. Rodolfo Nin Novoa, y Presidente del

Parlamento.

Sr. Dr. Pedro Vaz, Ministro Interino de Relaciones Exteriores /

Sra. Daisy Tourné, Ministra del Interior /

Sr. José Bayardi, Ministro de Defensa Nacional

 /Sra. María Simon, Ministra de Educación y Cultura /

Sra. María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública /

Sr. Jorge T. Larrieux, Presidente de la Suprema Corte de Justicia /

Sr. Rafael Ubiria, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación/

 Sra. Nora Castro, Presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Sr. Alvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario /_

Sr. Felipe Michelini, Subsecretario de Educación y Cultura /

Sr. Ricardo Bernal, Subsecretario del Interior /

Sr. Sidney Ribeiro, Director de la Policía Nacional /

Sra. María Elena Martínez, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de /Educación y Cultura /

Sra. Reneé del Castillo, Directora del Programa de Salud Mental, Ministerio de Salud Pública

Además del Gobierno, el Relator Especial se reunió con varios legisladores y con representantes de la sociedad civil. También se reunió con el equipo de país de las Naciones Unidas y con la Comunidad Diplomática.

b) Lugares visitados

* Establecimiento Carcelario Santiago Vázquez (Comcar).

* Penal de Libertad

* Cárcel Central, Montevideo (dos veces)

* Pabellón de Mujeres, Cárcel Departamental de Canelones

* Complejo Berro, Hogar Piedras y Hogar SER (Establecimientos de Menores)

* Centro de Ingreso y Derivación Puertas (menores)

* Comisaría Policial del Seccional 1ª (Ciudad Vieja)

* Comisaría Policial del Seccional 15ª barrio la Unión

* Hospital Psiquiátrico Vilardebó

* Colonia de Asistencia Psiquiátrica Dr. B. Etchepare

* Colonia Psiquiátrica Santin Carlos Rossi

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