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El polvorín

Uruguay violo el tratado del Río Uruguay

20 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Botnia seguirá funcionando

Lo veníamos diciendo

La Corte de La Haya concluyó que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay de forma y no de fondo, y por lo tanto no consideró pertinente el desmantelamiento de la planta ni una compensación económica por parte del gobierno. Para Uruguay se produce una "condena moral" sin mayores consecuencias aunque sí hubo un incumplimiento de las obligaciones procesales y se realiza una advertencia de cara al futuro.

Antes de comenzar con la lectura del fallo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya realizó un sentido homenaje al fallecido penalista uruguayo Héctor Gros Espiell, destacando su carrera y su labor en el ámbito del derecho internacional.

"La controversia está vinculada con la construcción de dos industrias de celulosa autorizadas por Uruguay. El código de utilización del río está en el artículo 7 del tratado, instituido en 1961 y el estatuto de 1975. El mismo precisa que las partes adoptan mecanismos comunes para la utilización del río", comenzó la Corte.

Tras mencionar a Ence (que finalmente no se instaló), la Corte se refiere a Botnia, explicando su ubicación. "La Corte debe resolver la interpretación del estatuto del Río Uruguay, y saber si Uruguay se ajustó a sus obligaciones procesales, acordando autorizaciones para la construcción de estas dos plantas, y si Uruguay se liberó de sus obligaciones de fondo en base al estatuto de 1975", continuó la lectura.

Contaminación visual y sonora

Al comienzo de la lectura del fallo, La Corte de La Haya aseguró que Argentina no ha dado ningún elemento de prueba" en lo que respecta a la contaminación visual y sonora". "No es competencia de la Corte los malos olores y los impactos posibles sobre el turismo", afirmó además.

"La Corte considera que las obligaciones de informar, notificar y negociar constituyen un medio apropiado para llegar al objetivo que se fijaron los países en el artículo 1 del estatuto de 1975. Esas obligaciones son indispensables cuando se trata de un recurso compartido como el río Uruguay. La Corte va a examinar el rol de la CARU y luego dirimir si Uruguay cumplió o no con la obligación de informar a la CARU sobre sus proyectos y notificar a la Argentina", explica el fallo.

"La Corte considera que dada la magnitud de funciones de la CARU, las partes hicieron de este organismo un elemento central para el cumplimiento de sus obligaciones de cooperar. La obligación de informar a la CARU es la primera etapa de los procedimientos comunes a las partes según el estatuto para el uso racional y óptimo sobre el río Uruguay", siguió leyendo el juez Peter Tomka.

"La Corte entiende que Uruguay no transmitió a la CARU la información requerida con respecto a lasa industrias pasteras, a pesar de todos los pedidos formulados por la CARU.
Las autorizaciones previas fueron otorgadas sin respetar el procedimiento previsto en el artículo 1 del estatuto del Tratado del Río Uruguay, de 1975", señaló Tomka.

"Se pronunció sobre el impacto ambiental sin preguntar a la CARU (...) Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 1 del estatuto de 1975", agregó.

 

"La obligación de notificar es esencial en este proceso", remarcó además el fallo.

Estas notificaciones deben suceder antes que el estado involucrado decida realizar el proyecto, pero las notificaciones en el caso de marras no llegaron por intermedio de la CARU y Uruguay no hizo las consultas antes de dar la autorización previa. Uruguay no tendría que haber dado los permisos de construcción, estimó la Corte.

Asuntos internos

La CIJ continuó señalando que Uruguay dio prioridad a su legislación interna por sobre el estatuto de 1975 y desconoció la regla del art. 27 del Tratado de Viena, dejando de lado una norma consuetudinaria. No cumplió con su obligación tal cual dicen los apartados del tratado.

La Corte continuó analizando si las partes acordaron una excepción en estos proyectos, tal cual sostiene Uruguay. Recordemos que luego que nuestro país dio la autorización sin que la CARU pudiera ejercer las funciones propias, los ministros de ambos países se pusieron de acuerdo sobre el procedimiento a seguir y esto fue reflejado en las actas de una sesión extraordinaria. La Corte sostiene que la existencia de este acuerdo no fue cuestionado por las partes, y que éstas consintieron en este arreglo.

 

La Corte va a observar que cuando este acuerdo tuvo lugar, no podía extenderse al proyecto de Botnia. Las dos plantas no fueron mencionadas en este acuerdo, sino a partir de julio del 2004.

"La Corte considera que Uruguay no tenía derecho ni de autorizar ni de construir las plantas ni la terminal portuaria. Esto sería contrario al objetivo del estatuto de 1975".

"Al autorizar, Uruguay no respetó la obligación de negociar prevista, Uruguay desconoció el mecanismo de cooperación previsto en los artículos 7 a 12".

Contaminación

"Argentina y Uruguay presentaron materiales científicos que respaldan sus pretensiones respectivas en cuanto a la calidad del proyecto.

La Corte ha prestado atención meticulosa al material presentado con respecto a la violación de las obligaciones de fondo.

A pesar del volumen y complejidad de material, es responsabilidad de la Corte, después de analizar las pruebas, determinar cuáles son los hechos a considerar y que deben tener valor probatorio

De manera que la Corte hará su propia valoración de los hechos en base a las pruebas.

La Corte cree que no hay evidencia directa de modificación de la calidad de las aguas, como dice Argentina, por obra de la industria de celulosa. No se han presentado evidencias relacionadas con el cambio de calidad que se atribuible a Uruguay", sentenció Tomka en el fallo.

 

"La Corte cree que no hay evidencia directa de modificación de la calidad de las aguas, como dice Argentina, por obra de la industria de celulosa. No se han presentado evidencias relacionadas con el cambio de calidad que se atribuible a Uruguay", aseguró Tomka luego en el fallo.

Análisis

La Corte analizará si la planta causa algún tipo de efecto, teniendo en cuenta la obligación de las partes. Es opinión de la Corte que para que las partes cumplan sus obligaciones a los fines de proteger el medio acuático en actividades susceptibles, deberán realizar un estudio de impacto ambiental.

Debe recordarse que Uruguay repetidamente ha señalado que el carácter adecuado del emplazamiento fue evaluado cabalmente. La Corte señala que la corporación financiera internacional en su estudio de impacto demuestra que en el 2003 se evaluaron cuatro emplazamientos, incluyendo a Fray Bentos.

Las evaluaciones concluyeron que no debía instalarse en La Paloma por la cantidad de agua dulce limitada, tampoco en Nueva Palmira por su cercanía a centros culturales ni en Paso de los Toros por insuficiencia de caudal de agua en la estación seca.

En consecuencia, la Corte no ha quedado convencida de los argumentos argentinos de que no se realizó una evaluación sobre el lugar de la planta.

Efluentes y poblaciones afectadas

La Corte estima que antes y después del otorgamiento de autorización ambiental, Uruguay sí realizó actividades para tratar el tema de las posibles poblaciones afectadas, como reuniones con la participación de ONGS argentinas y encuentros abiertos.

Uso de elementos

La Corte determina con respecto a la tecnología usada que no hay pruebas que sustenten teoría argentina de que la papelera no cumple con las normas y no usa las mejores técnicas disponibles respecto a la descarga de efluentes.

No se presentaron elementos probatorios que acrediten que la planta no cumple con las normas aplicables con respecto a la concentración de efluentes.

La Corte estima que Uruguay presentó numerosos datos sobre la descarga de efluentes y Argentina expresó que Uruguay tenía un acceso exclusivo a los datos probatorios. Sin embargo, Argentina tuvo a su disposición el material en varias etapas del proceso, así que la Corte no considera que Argentina haya estado en desventaja con respecto a las pruebas.

 

No se han excedido los límites y parámetros de efluentes.

La Corte tiene ante sí los informes presentados por los peritos de las partes, pero al evaluar los datos que se le acercan, ante las diferencias entre las interpretaciones de las partes la corte debe analizar si Uruguay ha incumplido o no sus normas. Acto seguido, la Corte historió los distintos informes presentados en lo relativo a las descargas de efluentes y la calidad de las aguas del río.

La Corte estimó que las descargas del oxígeno y el fósforo proveniente de Botnia está por debajo de los límites establecidos en la legislación sobre la calidad de agua. La CIJ entiende que si está por debajo de los límites no puede entenderse que se violó el artículo 41 del Tratado del Río Uruguay.

A nivel ambiental, la Corte no encontró pruebas de ninguna modificación en el río por causa de Botnia, enumerando uno por uno los elementos químicos y los argumentos esbozados por Argentina.

"No hay evidencias claras que se hayan introducido elementos nocivos al río por obra del funcionamiento de Botnia", dijo la Corte

"Uruguay tiene obligación de continuar monitoreando a Botnia a nivel ambiental", afirmó sin embargo.

Conclusiones

"No hay motivo para ordenar el cese de la planta", concluyó el fallo. La reparación por parte de Uruguay adopta la forma de "medida de satisfacción", es decir, una suerte de "condena moral" sin mayores consecuencias.

Como Uruguay "no incumplió ninguna obligación sustantiva no se puede ordenar el desmantelamiento de la planta". Tampoco debe Uruguay compensar económicamente a Argentina, al no incumplir obligaciones de fondo.

"Uruguay debe proporcionar garantías y abstenerse en el futuro de evitar incumplir el Tratado (...) La Corte no ve una circunstancia especial como para ordenar una medida como la que busca la Argentina", concluyó.

La Corte señala que el estatuto coloca a las partes bajo obligación de cooperar a fin de cumplir con los propósitos establecidos, como el monitoreo continuo y compartido de Botnia.

La Corte resuelve

1) Por 13 votos a 1 determina que Uruguay ha incumplido obligaciones procesales de los artículos 7 a 12 del estatuto del río Uruguay y que nuestro país debe ser una "satisfacción adecuada".

2) Por 11 votos a 3, Uruguay no ha incumplido obligaciones sustantivas de fondo con respecto al Tratado. Uruguay no tiene obligación de desmantelar la planta.

3) Por voto unánime, se rechazan las demás presentaciones y pretensiones de las partes.

 

Montevideo Portal

 

 

 

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