
Marcia Facundo
BBC Mundo, Los Ángeles
La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Subcomandante Marcos.
|
Ricard Vinyes · · · · · |
21/11/10 |
![]() Disponemos de muchos refranes y proverbios políticos, pero ninguno ha funcionado tan bien en términos culturales como el de la muerte del general Franco en la cama. La evocación a su fallecimiento natural tiene la fuerza tonta de lo evidente, porque nadie negará que aquel anciano sanguinario terminó sus días en el lecho, adulado y ungido con aceites santos. El historiador Pere Ysàs, en un libro convincente publicado en 2004 –Disidencia y subversión es su título–, ha explicado que la popular frase sobre el pacífico expirar del dictador no es otra cosa que una metáfora ideológica. Lo es, y ha funcionado con eficiencia para establecer imágenes importantes del relato oficial sobre la fundación del Estado de derecho. Una de esas imágenes establecía la solidez del régimen –¿acaso no murió en cama el tirano?– y dictaba que la democracia fue producto del desarrollo natural de las cosas, de la evolución hacia la modernidad imparable. Un proceso dirigido por los hombres más innovadores y dispuestos del régimen, que llevaron su amor por la libertad en secreto desde que vestían pantalón corto; próceres generosos que permitieron la discreta y leal colaboración de una oposición imperceptible e incapaz, aunque, eso sí, molesta. Sobre lo que debía hacerse con esa exigua molestia opositora nunca hubo muchas dudas. Entre 1964 y 1976, más de 50.000 ciudadanos se vieron afectados por el Tribunal de Orden Público según el estudio de J. J. del Águila; y en esos años más del 80% de las conductas delictivas lo fueron contra la seguridad interior del Estado, sin olvidar que se mantuvo activa la jurisdicción de guerra, que actuó sobre más de 3.000 de aquellos molestos transgresores. Nada de todo eso fue accidental, era parte estructural de un régimen que, sin recursos políticos, sólo disponía de la violencia para mantener la vida que aquella exigua oposición –según la metáfora de la cama y la paz– le estaba destrozando. El viejo Estado no sabía cómo podía adecuar sus principios de siempre para sobrevivir, y los más listos andaban asustados a medida que percibían lo que realmente podía significar la palabra democracia con la que comenzaban a jugar. La oposición antifranquista sí sabía dónde ir, pero desconocía las etapas del trayecto condicionadas a las relaciones y negociaciones con quienes tenían el monopolio de la violencia, la capacidad de hacer daño intacta y los nervios a flor de piel. Todo era muy fluido y sólo hubo dos opciones: caminar –es decir, movilizar y negociar– o reventar –esto es la incapacidad de asumir transacciones–. Reventaron ellos, su Estado. Para mí, el mejor legado de la Transición lo ha contado Joaquim Jordà en un par de cintas, Numax presenta (1979) y Veinte años no es nada (2005), documentales precisos y preciosos sobre la experiencia popular y obrera de un tiempo de alta vitalidad política en el que la ciudadanía más participativa descubrió y usó herramientas que le permitían entender la naturaleza de las relaciones sociales y así devenir civilmente más sabios y, por tanto, más libres. Sin embargo, en una fecha imprecisa de los ochenta, aquel proceso histórico conocido como Transición fue transformado por el Estado y sus pompas en un mito sombrío orientado a justificar la impunidad. El antiguo y logrado proyecto de reconciliación mutó en una ideología de Estado cuyo principio ha consistido en dictar que todos fueron igualmente respetables en aquellos tiempos de dictadura; y que la memoria, lejos de ser un derecho, era un deber, el deber de recordar, permanentemente, que el país sólo podía avanzar si cultivaba una cierta indiferencia hacia el pasado gaseoso. Apareció así un inmenso vacío ético –no hay distinción entre el bien y el mal– y con este el alejamiento de una parte de la ciudadanía respecto a su valor y papel en el largo proceso de democratización del país. Desde ese extrañamiento apareció el desprecio hacia la Transición porque muchos creyeron la leyenda oficial sin preocuparse en averiguar las realidades de aquel proceso histórico. Desde luego, averiguar y razonar cuesta. En cambio, combatir tópicos y supersticiones con otros tópicos y nigromancias (por ejemplo, los complots compulsivos, o las “traiciones”, que todo lo cuadran y explican) es barato. La consecuencia de esta práctica ha sido la conversión de la Transición en un principio de determinación causal usado indistintamente por sus creadores para justificar impunidades, y por sus indignados detractores para vocear frustraciones o explicar injusticias presentes que proceden de otras fuentes. Es lo que tiene sacar de la historia un proceso social: el mito encubre el conocimiento y la superstición substituye la razón. Pero seamos positivos y en el día de hoy recordemos aquellos versos de Alberti: “Hay muertos cuya paz merecería / ser quebrantada todas las auroras”. Cumplamos su deseo. Ricard Vinyes es historiador Tomado de Sin Permiso |
Néstor Francia.*
¿Qué hacer cuando el dueño de un canal de televisión, prófugo de la justicia para más señas, arremete contra la Patria y además posee ese instrumento comunicacional que genera zozobra, ejerce el terrorismo mediático, conspira, origina violencia y un largo etcétera? El discurso de Chávez al final de la marcha estudiantil de ayer dio claves muy interesantes en torno al camino que ha tomado la confrontación política en Venezuela. Varios temas llaman la atención en ese sentido.
Uno de ellos se refiere a las impúdicas declaraciones de Guillermo Zuloaga en el aquelarre de la ultraderecha en Wáshington. Aquí hay una situación que no es fácil de resolver, pero que el presidente, como suele hacerlo en su condición de líder revolucionario, asume con coraje y decisión.
¿Qué hacer cuando el dueño de un canal de televisión, prófugo de la justicia para más señas, arremete contra la Patria y además posee ese instrumento comunicacional que genera zozobra, ejerce el terrorismo mediático, conspira, origina violencia y un largo etcétera?
Si se cerrara Globovisión la oposición perdería su principal escenario, esto provocaría una respuesta que incluirá, nadie lo dude, violencia. Chávez está consultando, como lo demuestran sus palabras, pero ha exigido acciones. Por supuesto estaremos resteados con la decisión que tome nuestro gobierno, sin temores ni timideces, porque como hemos dicho, la pelea es peleando.
Chávez fue claro: “Ese caballero debe dar la cara en los tribunales venezolanos, estaba en Washington pidiendo que intervengan a su país y eso es traición a la Patria. Yo sé que se está revisando el tema a ver qué hacemos aquí, o aparece aquí o habrá que tomar acciones contra sus empresas aquí, entre esas un canal de televisión”.
Ya un día antes el presidente lo había señalado: “…hay un venezolano que anda huyendo de la justicia y tiene un canal que está transmitiendo desde Caracas y va a Washington a decir lo que le dé la gana, a decir que hay dictadura y prácticamente a hacer un llamado a que el imperio yanqui intervenga. He hecho un llamado a los poderes del Estado, a la Fiscalía, para ver qué hacemos porque se fue huyendo de la justicia y tiene un canal echando plomo. Algo tiene que hacer este gobierno, esa situación no puede continuar así”.
Con respecto a Zuloaga, Chávez afirmó que se maneja informaciones sobre actividades conspirativas de este delincuente:
“El dueño es un delincuente, anda huyendo, se presenta en el Congreso de los Estados Unidos a decir lo que le da la gana contra este gobierno y además anda conspirando contra este gobierno y anda recogiendo plata para pagarle lo que cobre al que me mate”. Además indicó que “tienen ya, según informaciones muy fidedignas, dicen que tienen 100 millones de dólares para dárselos al que me mate y él es uno de ellos. Es el dueño de un canal que en este momento está transmitiendo en Venezuela. Yo llamo a los órganos correspondientes a que revisen porque algo hay que hacer”.
Otro tema que tocó Chávez en su discurso ante los estudiantes fue el de la unidad, vinculado al llamado que se está haciendo a la realización de un congreso estudiantil nacional. A los estudiantes marchantes el presidente les dijo “que nadie caiga en el juego de la contrarrevolución, que nadie caiga en el juego divisionista”. También se refirió a quienes andan promoviendo la creación de corrientes en el partido, derecho que reconoció, no sin dejar de advertir sobre la posibilidad de que haya por detrás de esto intenciones divisionistas.
Ya en un análisis anterior adelantamos sobre ese tema lo siguiente: “…cuidado con los vendedores de baratijas, que tienen ya sus propias “corrientes” bien armadas y hablan de “fundar” una “corriente radical”. Muchos de ellos están compitiendo por apoderarse del PSUV e imponer sus propias ideas extremistas y subjetivas, presentándolas como las ‘ideas del pueblo’”.
Corrientes existen de hecho en todos los partidos revolucionarios, sin necesidad de andar creando “partiditos” a su interior. Ello se debe a que estos partidos no son ajenos a las corrientes sociales que normalmente se manifiestan también en el seno del movimiento revolucionario, desde las más radicales hasta las más conservadoras. Aquí el método, más que crear “corrientes”, es el debate abierto, generalizado, pero con la unidad como norte y principio rector. En relación con esto, el presidente insistió en la creación del nuevo Polo Patriótico ¿qué habrá pasado con esto?
El presidente fijó posición nuevamente ante las voces que hablan, en el campo revolucionario, de “diálogo” en el sentido de llegar a acuerdos con la burguesía y con sus representantes políticos. Reafirmando la justa línea principista revolucionaria, Chávez afirmó:
"…Si la burguesía pretende ir a la calle a incendiar al país, se conseguirá con nosotros, aquí no hay pacto posible con la burguesía, así que nadie esté acariciando la idea de que hay que hacer acuerdos con la burguesía. O ellos o nosotros, porque ellos son la anti-patria, son los enemigos de la Patria”. Claro como el agua.
La oposición busca una mano militar
Los planes desestabilizadores y conspiradores de la burguesía son evidentes. Por ejemplo, durante una rueda de prensa el derechista Enrique Mendoza anunció que “desde la Mesa de la Unidad Democrática estamos preparando no una sino 15 manifestaciones simultáneas en las estaciones del Metro de Caracas, así que deberían prepararse y diferir un poco las medidas que van a tomar porque tendrán que aplicárselas a miles de ciudadanos que estarán dispuestos a protestar en el Metro”. Como hemos afirmado, estas provocaciones abundarán en 2011, año escogido por la contrarrevolución para generalizar su ofensiva.
En esa misma rueda de prensa Mendoza anunció que el próximo sábado 27 de noviembre la oposición venezolana realizará una marcha para protestar contra el gobierno. Están calentando los motores para “el año que viviremos en peligro”. Unido a esto hay que tomar nota de la denuncia de José Vicente Rangel en el sentido de que sectores de la oposición venezolana, sobre todo aquellos vinculados con la llamada Mesa de la Ultraderecha, estarían contactando a militares activos a través de familiares u oficiales en situación de retiro para transmitir mensajes desestabilizadores y golpistas.
Rangel indicó que otro motivo por el cual altos personeros de la derecha venezolana estarían estableciendo contactos con la Fuerza Armada Bolivariana, es para “relacionarse cívicamente con vista al funcionamiento de la próxima Asamblea Nacional”. Como hemos señalado, la AN será el epicentro político de la acción desestabilizadora.
Chávez fue claro ayer cuando afirmó que si la burguesía pretende incendiar las calles, la respuesta del pueblo será igualmente en la calle. Hay que prepararse para ello, pues el plan de la burguesía no deja lugar a dudas.
* Analista de asuntos políticos.
Tomado de Sur y Sur
100 millones de dólares por matar a Hugo Chávez
Luego andan llorando porque les cancelan los permisos de transmisión para usar el espectro radioeléctrico de la nación pero, sería lo más elemental hacerlo cuando andan en USA conspirando para derrocar a un gobierno democráticamente electo.
Zuloaga y otros ofrecen $ 100 millones USD
—
Entrevista a Eva Golinger:
Parte 1
Parte 2
—
Entrevista a Jean Guy Allard:
Parte 1
Parte 2
—
Publicado en Pocamadrenews
BASTA DE IMPUNIDAD: Miércoles 24 hora 18 en Plaza Libertad
|
Por Constanza Moreira |*|
Las declaraciones del presidente José Mujica vertidas en el sitio web de Presidencia sobre la ley interpretativa de la Ley de Caducidad a consideración en el Senado, fueron oportunas y acertadas. Más allá de las lecturas con sesgos variados- tendientes a afirmar que existió una suerte de "lavado de manos" del gobierno sobre la ley, o las que afirman que el Presidente desautoriza a algunos representantes del Poder Ejecutivo, creo que el Presidente coloca, o más bien recoloca, algunos puntos centrales.
Recapitulemos.
Primero. La solución encontrada para la anulación de la Ley de Caducidad, habida cuenta del fracaso del plebiscito del pasado año, fue la redacción de una ley interpretativa de la constitución. Así, la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados y aguarda su resolución en Senado, no repite la fórmula jurídica sometida a plebiscito sino que es de naturaleza jurídica diferente. En otras palabras, no se viola la voluntad popular en el sentido de imponer en el Parlamento una solución que fue desechada en las urnas. Lo que fue desechado en las urnas, y lo que está siendo sometido a consideración de los legisladores ahora, son soluciones jurídicamente diferentes.
Segundo. Más allá de la solución jurídica ahora encontrada, la búsqueda de una solución para erradicar la Ley de Caducidad de nuestro ordenamiento jurídico fue un compromiso que asumió la totalidad del Frente Amplio, no únicamente a través de un órgano, sino a través de todos su órganos: Congreso, Plenario y Mesa Política. Como señala el Presidente, quien no hubiera estado de acuerdo con este curso de acción debiera haberlo planteado en esas instancias, y debiera haber intentado convencer a sus compañeros (no uno, sino los ciento ochenta del Plenario y los casi dos mil del Congreso).
Tercero. Luego de tomada esa decisión, el Frente Amplio mandató a todos sus legisladores, diputados y senadores, a votar esta ley en el Parlamento, de ser posible, antes del 15 de noviembre (fecha en la cual se esperaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman). Es necesario aclarar que sólo en circunstancias muy especiales, el Frente Amplio mandata a sus legisladores; no es un dispositivo usado con frecuencia. La fecha del 15 de noviembre, por otra parte, fue una recomendación ya no del militante Almagro, sino de un canciller preocupado por los montos que el Estado uruguayo deberá comenzar a desembolsar (y que son millonarios en dólares) por ¡no respetar los derechos humanos!
Cuarto. Los diputados votaron todos la ley, sin que existiera fisura alguna en el conjunto de la bancada, y lo hicieron en los plazos acordados. Aquellos que no acompañaban totalmente el proyecto, se avinieron al principio de las mayorías que rige todo órgano democrático. Incluso algún diputado llegó a argumentar en contra, pero previno que "por mantener la unidad de acción" y en el entendido de que la Ley de Caducidad debía ser eliminada, se avenía a acompañar a la mayoría.
Quinto. El proyecto se trancó en el Senado, aunque recién ha entrado en la Comisión de Constitución y Legislación que comenzará su tratamiento luego de aprobado el presupuesto. Y ello fue porque algunos senadores, individualmente considerados, y a pesar de que los referentes en Diputados de sus mismos grupos (738, CAP-L, Espacio 609), habían votado a favor de la ley en su respectiva Cámara, declararon no estar convencidos con la ley, aunque hay enormes diferencias de actitud entre unos y otros. Es necesario señalar que estos senadores también están mandatados, al igual que los diputados, para votar a favor de la ley. El mandato imperativo del Frente Amplio se aplica por igual a todos sus legisladores, independientemente de la Cámara en la que se desempeñan (de lo contrario estaríamos reconociendo la existencia de diferentes márgenes de acción de los legisladores, lo cual sin duda violaría el principio de unidad de acción).
El presidente José Mujica ha señalado en su mensaje que "obedece y acompaña las decisiones que la fuerza política adoptara por mayoría". Si el mismísimo Presidente de la República lo hace, ¿por qué no deberían hacerlo los legisladores? Asimismo dice lamentar que "argumentos y posicionamientos surgidos en el Senado no se dieran en el Frente Amplio ni en el debate previo en la Cámara de Representantes". Y en efecto: nadie esperaba que una decisión tomada por el Frente Amplio en su conjunto, ratificada varias veces en todos sus organismos, y que concitó la unanimidad de los votos de diputados, fuera luego cuestionada por los senadores.
El Presidente es muy claro en su mensaje. Dice que "reafirma su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política que, por la vía de los procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la decisión de gobierno". Esta declaración, en sí misma, constituye el argumento fundamental para desestimar las supuestas lecturas sobre la "soberanía popular". Para empezar, vamos a explicitar algunas lecturas erróneas sobre la voluntad popular. A saber:
a) Es un error afirmar que la soberanía (o el cuerpo electoral) ratificó ya dos veces la Ley de Caducidad, ya que la votación negativa en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009 no implica ratificación, sino una decisión de no revocar la norma en los términos expuestos a votación.
b) También es un error interpretar la voluntad popular a partir de su silencio (sólo hubo papeleta por el "SI", por la cual se pronunció el 48% de la ciudadanía; no hubo en cambio, papeleta por el "NO", y ello impide saber exactamente cuál fue la voluntad expresa que manifestó el 52% restante), lo que constituye una interpretación contrario sensu no válida jurídicamente.
c) Es asimismo un error afirmar que la ciudadanía "se pronunció" por mantener la ley, ya que esta decisión es explícita cuando hay un pronunciamiento positivo (como el que hizo la ciudadanía cuando votó por el plebiscito del agua, de Ancap, de las empresas públicas o de los jubilados) pero no cuando no se consiguen los votos suficientes para (y para muestra baste un botón: la llamada "mini-reforma" que se plebiscitó en 1994 y que separaba las elecciones departamentales y nacionales, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. Dos años después, el Parlamento aprobó la reforma constitucional de 1996 ¡que separaba las elecciones departamentales de las nacionales! sin que nadie se horrorizara por haber "violado" la voluntad popular).
A estos errores se le agrega la única afirmación válida universalmente sobre la soberanía popular, y es la que surge de las urnas en octubre y noviembre cuando no solamente le dio mayoría parlamentaria al Frente Amplio sino que además, votó para que el Presidente fuera José Mujica. Esta es la única mayoría clara, e inobjetable. El Frente Amplio ya había sancionado en su Congreso que debía buscarse la erradicación de la Ley de Caducidad, y ello estaba en su programa de gobierno. Las urnas dijeron explícitamente y a través de la inequívoca manifestación de la soberanía popular que le daban el gobierno a un partido que en su programa se había comprometido a eliminar la Ley de Caducidad. ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de la soberanía, el de votar a un partido comprometido con la eliminación de la Ley de Caducidad, con el de un soberano que explícitamente se habría manifestado en contra de ello? ¿Acaso el soberano es esquizofrénico? ¿No será más correcto interpretar que ese mismo soberano que le dio el gobierno al Frente Amplio confiaba asimismo en que la ley de caducidad sería anulada? Más aún, la mayoría consagrada en el Parlamento por el voto popular, ¿no habilita a interpretar que todos nosotros en cuanto parlamentarios, tenemos el deber y la obligación de llevar adelante el programa de gobierno con el que nos hemos comprometido?
Creo interpretar que si el propio Presidente de la República reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política, siendo él el responsable de la conducción del gobierno por inobjetables procesos electorales (esto es: sobre los cuales no puede haber más que una sola interpretación sobre la soberanía popular), está señalando un camino. No para los sesenta y cuatro legisladores que han votado o están dispuestos a votar la ley, sino para los eventuales tres que manifiestan reparo. Nada más distante a "lavarse las manos" del problema, o desconocer la resolución de la fuerza política a la que pertenece.
Y, por cierto, no le cabe en esto responsabilidad alguna al Frente Amplio, que en todo actuó con unidad y responsabilidad, sino al Senado, única y exclusivamente. Y si la bancada de senadores del Frente Amplio no está a la altura del mandato del partido, y de la propia actitud de acatamiento del Presidente de la República, ¿cómo habremos luego de manifestarnos preocupados por la suerte del partido, colaborar en sus congresos, enviar documentos, escribir en su nombre? Ninguna representación política en nombre del Frente Amplio nos competerá, en tanto senadores, si no estamos a la altura del mandato popular y político que hemos recibido, y en el nombre del cual hemos sido investidos.
|*| Senadora de la República,
Raul Legnani |
El 12 de diciembre hay Plenario Nacional del Frente Amplio. ¿Qué expectativa tienen en la Vertiente?
Estamos ante una reflexión pretendidamente autocrítica en el Frente, sobre toda la etapa electoral, pero creemos que hay que ir un poco más atrás.
Tenemos que hacer énfasis en la unidad de acción, que es un principio fundacional de nuestra fuerza política. Tenemos que recuperar aspectos fundacionales, que nos trajeron hasta acá.
En 1971 el Frente se sustenta en la unidad de acción, por eso tenemos que hacer un análisis retrospectivo global. Es que no podemos quedarnos en el tema de que perdimos 200 mil votos en las municipales de 2010. Eso fue una consecuencia de algo.
Hoy nos encontramos con muchos compañeros de los sectores políticos y de las bases. La expectativa que tenemos es que a punto de partida de esta reflexión, de rescate de los elementos fundacionales, se generen algunos cambios que habiliten, en primer lugar, el fortalecimiento del partido político, el Frente Amplio.
Esperamos que podamos poner todo en discusión: cuáles son las estructuras que nos permiten cumplir con la función de un partido, que es trabajar de cara a la sociedad con la estructura que se pueda tener. En el período 2005-2009 la estructura estuvo carente.
Hay que abrir, a la vez, canales de participación para que haya legitimidad de la estructura, en lo que tiene que ver con las distintas instancias de resolución.
Hay que poner en consideración las estructuras de base. El Comité de Base fue la novedad de 1971. Eso nos permitió dos cosas: discutir para hacer síntesis, pero a la vez para trabajar inmersos en la sociedad. Pero hoy carecemos de una estructura política que trabaje en la sociedad. Y esto está en el primer punto de la agenda.
Tengo la impresión de que en el FA hay muchos diagnósticos coincidentes. Ahora ¿cuáles son las soluciones?
Tenemos que reflexionar y dar validez a aquellos elementos fundacionales. Estoy hablando de los principios. En 1971 nos unimos comunistas, socialistas, demócrata cristianos, independientes, gente venida de los partidos tradicionales y nos comprometimos con un programa político y en trabajar unidos para llevar adelante acciones de naturaleza política para incidir en la realidad.
Esto se ha perdido un poco. En lo que tiene que ver con la acción común ha existido cierta tendencia a sectorializarse, despreciando o dejando de lado lo que son las estructuras comunes. Tenemos que hacer una fuerte apuesta a la reconstrucción de la utopía, vista como algo que permanentemente nos convoca para seguir avanzado para alcanzarla. La idea es reconstruir el factor emocional que la política tiene que tener, para integrar a la acción política a distintos sectores de nuestra sociedad.
Necesitamos el fortalecimiento de la estructura, en lo que tiene que ver con la razón de ser de la estructura. Hoy tenemos una estructura que mira el ombligo, que mira para adentro. Es cierto que cumple el papel de fiscalizar al gobierno y eso está bien. Nuestra actual estructura no tiene poleas de transmisión con la sociedad.
Hoy tenemos Comités de Base que tienen que ver con su razón fundacional, que han integrado a compañeros que tienen distintas formas de ver la política y a compañeros de distintas edades. Pero hay Comités de Base que son sólo sellos y no integran al trabajo político a nadie.
Como se dice ahora en economía: ¿hay una burbuja de Comités de Base que no es real?
Sí, sin duda hay una burbuja. Son sellos de Comités pero no tienen la capacidad de darle razón de ser al propio Comité: discutir, hacer síntesis y trabajar de cara a la sociedad.
No podemos darles los mismos derechos a los Comités que hacen y los que no lo hacen, estamos afectando a quienes efectivamente trabajan. Sobre este problema hay que trabajar, a la vez hay que integrar nuevas realidades de expresión de la sociedad, como son las redes, a las que hay que integrarlas a los niveles de resolución. Hay que legitimarlos como espacios de participación y de decisión.
Cuando se creó el Frente Amplio ningún sector llegó con la propuesta de crear los Comités de Base. Los mismos surgieron de una experiencia común. ¿Hasta dónde deben llegar las redes en la estructura, que son fruto de la experiencia común?
Está bien el intercambio a través de la telemática, pero habrá que entender que quienes participan en las redes deben tener alguna instancia presencial, de síntesis, donde termine designando compañeros que puedan llegar a representarlos.
¿No descarta que las redes vayan a ser aceptadas por la estructura?
No descarto que las distintas formas de organización que los frenteamplistas creen, vayan a tener instancias presenciales de resolución para la toma de posiciones, en la estructura. No lo descarto. Pero a esas nuevas formas de participación les exijo niveles de intercambio presenciales y acciones políticas concretas de cara a los entornos. Esto dotaría de legitimidad a la estructura a la hora de resolverlo. Muchos de los cuestionamientos surgen porque los ámbitos de resolución no tienen niveles aceptables de legitimación.
¿Qué tiene que pasar para que del Plenario del 12 de diciembre la Vertiente salga satisfecha?
Lo mínimo, en materia de logros, sería asumir los compromisos de realizar las transformaciones necesarias. Tenemos que caminar hacia determinadas transformaciones, que doten de fortaleza institucional a la estructura en lo que tiene que ver con los ámbitos de dirección, canalizando niveles de participación orgánica.
Hemos avanzado demasiado rápidamente en lo que tiene que ver con el proceso de tradicionalización de la acción política. Se ha expresado el FA, en términos electorales, de una forma muy tradicional...
Usted ha hablado de la reconstrucción del horizonte utópico. ¿Tiene que tener un contenido programático? ¿No hay demasiadas dudas programáticas en el FA?
Todos los puntos de vista son válidos y respetables, pero en un momento se toma una resolución, un camino legitimado por una estructura legitimada.
Hoy estamos reflexionado sobre cómo hacemos para que el crecimiento llegue de manera más significativa. Yo creo que es bajo la acción del Estado que el crecimiento termina combatiendo los desniveles de desigualdad y comportándose con mayor equidad. Eso lo decimos casi todos, pero hay que discutir los instrumentos que habiliten esto. Pero lo que se ha debilitado es el compromiso de la unidad de acción política. Yo en el FA gané y perdí muchas veces...
Empezó perdiendo...
Fue cuando el pacto del Club Naval. Yo pensaba y lo sigo pensando hoy, que había condiciones para forzar una salida de distinto tipo. Esa posición fue minoritaria. Y se perdió porque no había tiempo para tomar las resoluciones, se perdió en la explanada municipal con el discurso del compañero general Seregni, que marcó la cancha a favor de los acuerdos. Pero nosotros perdimos y nos alineamos. La mayoría de la IDI se alineó.
Perdí en otra oportunidad. Yo discutí cuando la propuesta del balotaje, en la reforma constitucional. Dijo que el balotaje era un instrumento que nos permitía entrar legitimados en un gobierno de cambios. Fui al Plenario Nacional en el SMU y perdí. Después hice campaña contra la reforma constitucional, porque fue lo que resolvió el FA. Hice eso porque hay que salvaguardar el principio de la unidad de acción política.
Eso Hugo Batalla no lo entendió y por eso se fue...
Batalla no lo terminó entendiendo. Es que no se entiende que la unidad no es un principio abstracto, es la unidad en la acción política, que es lo que hoy no se entiende.
Todas sus declaraciones, en esta entrevista, están pintadas por la unidad de acción política. ¿Está muy caliente con las diferencias surgidas en el FA en torno a cómo anular la ley de caducidad?
Sí, estoy, estoy, estoy bastante caliente... Porque esto tuvo un proceso, que se llevó adelante, de la fuerza política, luego fue al Parlamento, estuvo en la Mesa Política, en el Plenario Nacional. En Diputados discutimos el tema, se hicieron algunas modificaciones al proyecto. Volvimos a reunirnos. Hubo compañeros que legítimamente manifestaron sus diferencias y que no pidieron la libertad de acción. Fuimos al plenario de Diputados, fundamentaron su voto, pero todos mantuvimos el principio de unidad de acción. Pero ahora hay compañeros que no se sienten contenidos... ¡Así no se puede!
Además estoy enojado porque se sostienen cosas, con las que no estoy de acuerdo del punto de vista de los contenidos. Se puede decir que políticamente no es conveniente meternos en este tema. Pero querer hacerle decir a la Constitución de la República cosas que la Constitución no dice, no estoy de acuerdo.
Decir que un plebiscito tiene más valor que lo que haga el Parlamento, no está dicho en ningún lado. Bastaría leer a Justino Jiménez de Aréchaga. En nuestro país el cuerpo electoral no es la soberanía. La soberanía radica en la Nación, que se expresa a través de distintos mecanismos: directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los poderes representativos. La Constitución no dice que una cosa prima sobre la otra.
¿No faltó discutir más si es conveniente políticamente o no?
Se debió discutir más en el seno de la fuerza política, hoy parece que eso es así.
El FA está en la cruz de los caminos: o los tres senadores que están contra el proyecto de ley cambian o no hay ley...
Nos comprometimos todos a bajar la pelota al piso y generar mecanismos de discusión y resolución interna para terminar resolviendo. Estamos en esa etapa. Una vez que se resuelva voy a reivindicar el principio de unidad de acción política.
¿El que no acata se tiene que ir?
El principio de unidad de acción política tiene que ser garantizado de alguna manera. Los mecanismos del Frente habilitan a que si alguien discrepa pida libertad de acción y si no la obtiene, tiene que votar con la mayoría. Y si no vota con la mayoría se está colocado afuera del Frente Amplio, pero vamos a cruzar el puente cuando lleguemos al río.
Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.
Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.
Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales. Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad. Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006. “Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.
Guianze afirma que “ahora” no recibe presiones en su trabajo, “ni explícitas ni implícitas”, incluso en casos conflictivos como lo fue el procesamiento del militar en actividad Miguel Dalmao. En cambio, “en este país hubo épocas en que supuestamente la Justicia funcionaba de forma independiente, pero por otro lado se hacían llamadas telefónicas para tratar de que se procediera de determinada manera”, sostiene. “Cada cual sabe si aceptó o no en su conciencia”, agrega. Para la fiscal, el Poder Judicial “funciona de forma independiente, pero también, como cualquier otro organismo del Estado, tiene que aceptar las críticas”. “Por mí, el comandante [Jorge] Rosales, como persona, puede decir si yo no actué bien. Cualquiera, incluyendo el Centro Militar, puede opinar si estuve bien o mal. Todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento. No es presión la crítica”, considera.
-¿Qué evaluación hace de la instancia de la Corte IDH?
-Muy interesante. Estas instancias de juicios orales existen en toda América; en Uruguay todavía conservamos el proceso escrito. Además, la corte es muy garantista: dan instancias de preguntas después del interrogatorio y después de los alegatos. Todos los jueces interrogan sobre lo que se dijo en los alegatos y les dan a las partes la oportunidad de que vayan armando el suyo en relación con lo que a la corte específicamente no le quedó claro. Hay una función orientadora.
-Durante su comparecencia advirtió que los crímenes en dictadura podrían prescribir el 1º de noviembre de 2011 dado que la figura de “homicidio muy especialmente agravado” se aplica en la mayoría de las condenas.
-Lo que la corte preguntó en mi peritaje fue si la jurisprudencia uruguaya utiliza los instrumentos de derechos humanos como base para sus sentencias y si se tenían en cuenta los criterios interpretativos de la corte sobre la Convención Americana, que es lo que en general se utiliza en todos los países y lo que Uruguay está obligado a usar como pauta. Acá en general no se ha utilizado, salvo en excepciones. En el caso de [Nelson] Bardesio la jueza, si bien no lo entendió como desaparición forzada, dijo que era crimen de lesa humanidad.
-¿Por qué le parece importante que se tipifique “desaparición forzada”?
-Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad.
-¿En nuestro marco jurídico dónde está contemplada esta tipificación?
-Desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo. Establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026.
-El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año.
-La SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento.
-¿Cómo se vincula, entonces, la vigencia de la Ley de Caducidad con la prescriptibilidad?
-La Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario. Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención. Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad.
-¿Qué opinión tiene del texto interpretativo de la caducidad?
-Prefiero no emitir una opinión. Uruguay tiene que encontrar el camino para eliminar la Ley de Caducidad. Podrá ser consensuado entre determinados grupos políticos pero yo no puedo pronunciarme sobre eso, me lo impide la Constitución. Hay que buscar la solución más acorde para que no deje fisuras a la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad.
-¿El Parlamento uruguayo puede anular?
-Yo entiendo que sí. Hay antecedentes. También sé que el punto es discutible. Es un camino que hay que buscar, pero no es mi rol interferir en que lo pueda hacer el Parlamento.
-Algunos juristas, como el constitucionalista José Korzeniak, han sugerido como salida la presentación caso a caso de un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ.
-No es el camino. Porque la mayor parte de las causas que se iniciaron en el 85 interpusieron el recurso en su momento y fue rechazado por mayoría. En esos expedientes, la inconstitucionalidad ya no se puede volver a plantear. Pero además sigue vigente el obstáculo.
-El Partido Independiente propone una reforma constitucional que permita a la SCJ realizar pronunciamientos generales. ¿Qué opina?
-De ninguna manera. Le damos un poder omnímodo a la SCJ para cualquier ley que se promulgue. Hay otros organismos en otros países, las cortes constitucionales, que tienen un componente más democrático porque tienen otro sistema de elección, por ejemplo. Pero en el caso de la SCJ sería colocarnos bajo el gobierno de los jueces.
-¿Cómo han salido otros países de la región ante situaciones similares?
-Todos fueron buscando el camino modificando su legislación interna. Algunos dieron más potestades a los jueces. No hay que ir a la SCJ, sino que cada juez va desaplicando la ley por ser incompatible…
-¿Y eso es jurídicamente viable en nuestro país?
-Hay muchos que piensan que sí, yo pienso que se podría hacer. Pero no hay antecedentes. Hay que repensar cómo se aplican los instrumentos de derecho internacional. Caminos jurídicos para encontrar una salida existen.
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la corte que se pronuncie, por primera vez, acerca de que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a democracia directa. ¿Concuerda con este punto?
-Sí, eso es claro. Los derechos fundamentales no son plebiscitables y eso lo dijo la SCJ [en la declaración de inconstitucionalidad de Nibia Sabalsagaray]. Que se busque los mecanismos de democracia directa no quiere decir que se renuncie a esos derechos. No hay manera de que la voluntad popular pase por encima de determinado núcleo de derechos humanos indisponibles e irrenunciables.
El pasado viernes 19 de noviembre, una delegación de Crysol se entrevistó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, con el propósito de expresarle en forma directa la opinión del colectivo con respecto a la necesidad de erradicar del sistema jurídico uruguayo la Ley de Caducidad para afirmar la institucionalidad y profundizar la democracia.
Asimismo se le expresó el reconocimiento personal y el apoyo del colectivo a las gestiones que ha venido llevando a cabo a tales efectos.
Durante la reunión, también se le solicitó su colaboración para las iniciativas que Crysol viene desplegando para que el Poder Ejecutivo reconsidere el Decreto 297/10 del 6 de octubre que cercena el derecho a la libre elección del prestador de salud para las ex presas y los ex presos políticos, consagrado por el Artículo 10 de la Ley de Reparación Nº 18.596.
Por último, se le entregó una nota requiriendo que el ministerio a su cargo proporcione la información disponible en sus archivos a la Comisión Especial de la Ley Nº 18.033 para facilitar las peticiones de quienes estuvieron detenidos en los centros clandestinos de detención, en el marco del Plan Cóndor, fuera de las fronteras nacionales.
La delegación de Crysol estuvo integrada por Gastón Grisoni, Julio Martínez, Brenda Falero y José Silva, integrantes de la Comisión Directiva.
De izquierda a derecha: Julio Martínez, Gastón Grisoni,
Ministro Luis Almagro, Brenda Falero y José Silva
en el despacho de cancillería.
HACEMOS QUE LAS COSAS SUCEDAN
Salió el Nº 5 de Noteolvides
|
Lex homini.
Hagámosla antes de que sea historia, Señores Jueces.
La Justicia Verdadera no existe, pero se le parece bastante si se la aplican los "vencedores" a sí mismos.
Lo otro es "fistro duodenal" o "leche cacharra".
Los destrozos en una subestación de UTE dejaron sin energía eléctrica a la vieja quinta de Santos ubicada en Prado norte.
Además de dañar el tablero de luz, los desconocidos rociaron con nafta las conexiones eléctricas, y de haberse encendido la llave hubiera provocado una explosión.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, mientras el local era visitado por decenas de personas que asistían a la inauguración de una muestra de afiches de 1980, en el marco de las actividades previstas por la Comisión Nacional de Homenaje a la victoria popular de aquel año.
Elbio Ferrario, director del Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME), vinculó este hecho -al que calificó como un "atentado"- al contenido de la muestra, sobre los 30 años del plebiscito del NO en el que resultó derrotada la reforma constitucional impulsada por los militares. La denuncia fue presentada ante la UTE, la Dirección Nacional de Bomberos y efectivos de la Seccional 8ª, dándose cuenta en el correr de la tarde al juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, como forma de sustanciar las primeras averiguaciones en la causa.
En diálogo con LA REPUBLICA, Ferrario no dudó en señalar que "se trató de un acto con una directa intencionalidad en contra de la exposición por los 30 años del plebiscito".
La muestra fue inaugurada poco después de las 15 horas y alrededor de las 16 horas el local se quedó sin energía eléctrica y a oscuras.
Las autoridades del Museo no entendían lo que ocurría y fueron a ver al contador de luz, ubicado a unos 50 metros del edificio, encontrándose con que en el piso había una botella de un refresco de dos litros, con nafta. Los desconocidos habrían lanzado el combustible al contador lo que habría provocado un corto circuito.
Ferrario explicó que el contador fue destrozado, arrancando la puerta del tablero. Para ello debieron traspasar el portón de entrada. Los guardaparques dicen haber visto a unos jóvenes en actitud sospechosa merodeando la zona minutos antes del atentado.
El director del Museo agregó que se trata de un hecho "pensado y hecho a propósito" y señaló que funcionarios de UTE le explicaron que si en esa situación alguien levantaba la llave general, "reventaba el contador", produciéndose una explosión similar a una "bomba Molotov".
El juez Tapié recibió la información y dispuso la presencia de efectivos de Policía Técnica en el lugar para efectuar un relevamiento pericial de la zona, con la intención de constatar la posible existencia de huellas dactiloscópicas en los restos de la botella, el contador de luz u otros objetos ubicados en las inmediaciones, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
"El magistrado recién comenzó la instrucción de la indagatoria como forma de determinar si el hecho reviste características delictivas. La información todavía es fragmental, no habiendo ni personas sospechosas ni detenidas o demoradas", explicaron las fuentes. Asimismo, allegados al Museo de la Memoria informaron sobre la intervención de efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en el lugar.
La exposición sobre los 30 años del Plebiscito de 1980 exhibe volantes, recortes de prensa e imágenes del histórico debate televisivo emitido en canal 4 en 1980 con motivo del plebiscito. La población rechazó en dicha instancia la propuesta de reforma constitucional impulsada por el gobierno dictatorial de la época.
La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (Proceso).- Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.
Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.
El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.
![]() |
“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.
“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”
ENCOBIJADO
Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.
A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1774 de la revista Proceso, ya en circulación.
La solución para enfrentar el problema de la inseguridad y el narcotráfico es elevar el nivel de vida de los mexicanos
Xalapa, Veracruz.- Viernes 31 de julio de 2009
La solución para enfrentar el problema de la inseguridad y el narcotráfico es elevar el nivel de vida de los mexicanos, consideró el escritor Carlos Fuentes Macías, quien criticó que el presidente Calderón se haya lanzado “contra todos” en su guerra contra el crimen.
“La solución es elevar la calidad de vida de los mexicanos, esa es la fórmula para evitar crímenes”, destacó al ser entrevistado luego de iniciar la cátedra que lleva su nombre en la Universidad Veracruzana (UV).
Si bien aseguró que siempre han existido en México el narcotráfico y crimen organizado, “antes se escogían a los enemigos”, mientras que hoy el gobierno se lanzó contra todos.
“Calderón decidió meterse con todos, a ver cómo le va”, afirmó, tras lamentar que el gobierno federal se haya arrojado a una guerra “de todos contra todos, que no tiene rumbo”.
Méxicoarmado, el portal de armas más grande en habla hispanaCuerno de chivo: AK-47, the preferred weapon of drug cartels. Some (e.g. Roberto Saviano) have claimed that the AK-47 has been used to kill more people than any other weapon. 90% of arms used in Mexico originate from the United States and arms dealers in Arizona and Texas. narcocartels.blogspot.com
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro Profesor de la UPV-EHU e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina
Dotar de un marco jurídico a las inversiones, que garantice la estabilidad de las mismas y que atraiga otras inversiones en el futuro». Según sus propias palabras, ése ha sido el principal objetivo del viaje que acaba de llevar a la ministra de Asuntos Exteriores a Bolivia: Trinidad Jiménez reclamó a su homólogo boliviano una mayor seguridad jurídica para los negocios que tienen en el país andino multinacionales como BBVA, Repsol, Abertis, Red Eléctrica y Santillana. Así pues, a pesar de que la ministra haya declarado que «el gobierno trabaja en beneficio de los pueblos», parece que entre sus máximas preocupaciones no se sitúa la defensa de los derechos de la mayoría de hombres y mujeres de Bolivia sino, por el contrario, la tutela de los intereses de las empresas transnacionales que tienen su sede central en el Estado español.
Tampoco se trata del algo demasiado novedoso: ya en mayo de 2006, cuando Evo Morales promulgó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos y podían verse afectados los contratos de Repsol en Bolivia, el gobierno español puso en marcha una intensa actividad diplomática para presionar en favor de la multinacional petrolera.
Y es que, tanto entonces como ahora, cuando se está elaborando una ley de inversiones que ha de fijar las nuevas condiciones a las que habrán de someterse las compañías extranjeras que quieran invertir en Bolivia, se ha hecho habitual el recurso al concepto de «seguridad jurídica» para defender las inversiones de las corporaciones transnacionales. Siempre con argumentos como los del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que sostiene que «la necesidad de que los marcos regulatorios para el inversor sean claros y vengan acompañados de la suficiente seguridad jurídica y estabilidad económica es fundamental para poder rentabilizar a largo plazo las inversiones».
En este mismo sentido, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado se aprobó a principios de este año -con el voto favorable de todos los grupos excepto el de la Entesa Catalana de Progrés- el informe de la ponencia sobre el papel de las empresas españolas en América Latina. En él se recogía una clasificación de los países de la región en base al «grado de seguridad jurídica»: los más seguros, México, Perú y Colombia; los calificados como inseguros, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al mismo tiempo, en el informe también se agrupaba a los países según el grado de oportunidades de negocio y las facilidades a la inversión extranjera directa que ofrecen, dándose el hecho de que los países con mayor seguridad jurídica son los que, precisamente, brindan las mejores perspectivas para las actividades de las grandes empresas. Sin embargo, no parece muy adecuado ampararse reiteradamente en este concepto para justificar que se antepongan los intereses comerciales al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Y resulta preocupante que se considere como ejemplos en materia de seguridad jurídica a Colombia, el país del mundo más peligroso para el ejercicio del sindicalismo; a México, donde varios dirigentes sociales han sido asesinados en los últimos meses, y a Perú, con una fuerte represión del Gobierno a las organizaciones indígenas.
Con todo ello, parece claro que esta utilización del concepto de seguridad jurídica únicamente hace referencia a un nuevo Derecho Corporativo Global, que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI. De este modo, sólo parece entenderse la idea seguridad jurídica en el marco de esta lex mercatoria, ya que su único fundamento resulta ser la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Un caso paradigmático de ello, siguiendo el caso boliviano, es el Tratado Bilateral de Inversiones España-Bolivia: en vigor desde 2002 -el Gobierno español lo firmó con representantes gubernamentales anteriores a Evo Morales-, representa un régimen jurídico de «protección unilateral» de la inversiones españolas frente al resto de derechos y garantías nacionales e internacionales del pueblo boliviano, con unos principios jurídicos que reflejan una completa asimetría y desigualdad entre las partes.
Pero no por reiterada resulta menos cuestionable esta interpretación de lo que debe significar la seguridad jurídica. Vale la pena insistir en que la seguridad jurídica es un principio internacional no vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. Es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. Las medidas que ha tomado el Gobierno boliviano -Venezuela y Ecuador también han llevado a cabo reformas similares- deben servir para ilustrar que el Estado se encuentra facultado para modificar las leyes y contratos con las empresas transnacionales si éstos establecen un trato que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Todo ello por imperio de la nueva Constitución del país y del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece que las normas imperativas sobre derechos humanos y ambientales prevalecen sobre las normas comerciales y de inversiones.
Al final, el hecho es que en Bolivia, tal y como dicen Erika González y Marco Gandarillas, coordinadores del libro «Las multinacionales españolas en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio» (Icaria Editorial, 2010), «las actividades de las corporaciones transnacionales no se han traducido en un beneficio real para los bolivianos y bolivianas, sino que únicamente han buscado el propio beneficio empresarial». Y es que el progreso que se asocia a su inversión no se ha hecho realidad: por citar un dato a modo de ejemplo, basta comprobar cómo en las zonas rurales de Bolivia apenas el 15% de la población tiene acceso a hidrocarburos y sólo el 47% dispone de electricidad.
En este sentido, la seguridad jurídica habría de referirse también a los derechos fundamentales de la población boliviana, que se ha visto afectada por la llegada masiva de compañías multinacionales desde los años noventa, y cabría hacerse al respecto muchas preguntas: ¿cuáles han sido los beneficios obtenidos por estas compañías? ¿Cuánto pagaron por las empresas bolivianas privatizadas? ¿Qué cantidad de empleo han creado?, ¿Cuáles han sido los impuestos que han pagado? ¿En cuántos territorios indígenas y en cuántas reservas naturales desarrollan sus actividades?
Cada vez que algún gobierno latinoamericano intenta modificar las reglas dictadas por el neoliberalismo se pone de manifiesto la férrea armadura jurídica que protege los intereses de las compañías multinacionales. Por eso, si se quiere avanzar en el camino hacia la superación del sistema capitalista, parece necesario acotar el poder de estas corporaciones transnacionales. Así, dado que el actual encuadramiento jurídico de las empresas transnacionales pone en evidencia la diversidad, la heterogeneidad, la fragmentación y, a veces, incluso la contradicción de las normas vigentes del Derecho Internacional, se hace urgente establecer una cierta coherencia en las mismas: invertir la pirámide normativa internacional, de manera que en su vértice se sitúen los derechos de las mayorías sociales en vez de los de las minorías que hoy prevalecen, es una reivindicación impostergable. Por ello, sería deseable que, en esta línea, la nueva ley de inversiones boliviana sitúe en el centro de su regulación a la soberanía nacional, normativa y judicial, así como a los derechos de las mayorías sociales, y que sirva para profundizar en los pasos hacia un nuevo modelo de desarrollo.
Gara
Foto El Polvorín
En su proceso de reclutamiento la CIA ha puesto la mira en los latinos.
La CIA busca a jóvenes latinos que sean graduados universitarios.
Con el propósito de incrementar el número de empleados de origen hispano, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estableció un convenio con la Asociación Hispana de Universidades (HACU, por sus siglas en inglés).
La agencia busca especialmente a jóvenes hispanos que sean graduados universitarios que residen en EE.UU. y que han manifestado un interés en temas internacionales.
Mediante un memorando de acuerdo firmado entre la CIA y HACU ambas instituciones se comprometen a trabajar juntas para dar a conocer a estudiantes hispanos las oportunidades de servicio público dentro de la Agencia.
El acuerdo entre el director de la CIA, Leon Panetta y el presidente de la HACU, Antonio Flores, busca además ampliar las vías de acceso a los estudiantes latinos en universidades de EE.UU. para ser contratados por la CIA.
La HACU, cuya sede se encuentra en San Antonio, Texas, representa a más de 450 centros de estudios superiores en EE.UU., América Latina y Europa cuyo alumnado de origen hispano supera el 25%.
La CIA aseguró que el incremento de esfuerzos para reclutar más latinos tiene como objetivo lograr mayor diversidad dentro de la agencia.
Los hispanos estadounidenses contribuyen de manera importante en toda nuestra agencia
Paula Weiss, portavoz CIA
La meta de la agencia para el año 2012 es que hasta el 30% de su personal sea de minorías étnicas, indicó Panetta en un reciente comunicado. La agencia no revela las características de su fuerza laboral por lo que se desconoce el número de hispanos que actualmente trabajan en la institución.
“Los hispanos estadounidenses contribuyen de manera importante en toda nuestra agencia, en la sede de la CIA y en todo el mundo”, indicó a BBC Mundo la portavoz de la CIA, Paula Weiss.
“Entre otras cosas, valoramos sus conocimientos culturales, habilidades lingüísticas y su patriotismo”, añadió la representante de la agencia de inteligencia estadounidense.
A principios de este año una hispana, la puertorriqueña Carmen Medina, fue nombrada subdirectora adjunta de inteligencia de la CIA, en una medida que fue interpretada por los expertos como muestra de que una replanteamiento sobre la forma en que la agencia reúne y da a conocer la información sobre inteligencia.
Harold Smith, profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley encomió los esfuerzos de la CIA de ampliar la presencia hispana en sus filas.
El idioma español es una parte importante del mundo
Harold Smith, profesor eméritos, Universidad de California, Berkeley
Pero más allá del factor de diversidad, Smith consideró que la medida busca mejorar las operaciones internacionales de la CIA.
“El idioma español es una parte importante del mundo y la CIA necesita tener (en su personal) una considerable semejanza”, comentó a BBC Mundo el educador, experto en seguridad e inteligencia.
“Ellos (la CIA) deben tener una buena base de entendimiento hispano, yo los felicito”, añadió Smith.
A pesar de ser la principal minoría de EE.UU., es reducido el número de hispanos que trabajan en instituciones del gobierno. Según cifras de la Oficina de Administración de Personal, los latinos son apenas el 8% de la fuerza laboral gubernamental.
Tomado de BBC Mundo
Mapuches en huelga
Una docena de presos mapuches, parte del grupo que mantuvo un ayuno por más de 80 días, advirtió hoy que podría retomar la huelga de hambre en protesta por la aplicación en sus causas de la ley antiterrorista.
La determinación de los encarcelados fue dada a conocer por sus familiares y por el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal chilena y arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, en Santiago de Chile.
Los comuneros todavía aguardan que se cambie la tipificación por la ley antiterrorista, pero el Ministerio Público sigue utilizando dicha normativa, alertó Ezzati.
Entre los argumentos expuestos por los detenidos para volver al ayuno es que en los procesos judiciales se mantiene la utilización de los testigos sin rostro, figura jurídica cuestionada por los mapuches junto a la mencionada legislación que data de los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Este lunes se conoció una declaración pública de mujeres mapuches, en la que se llamó al cumplimiento por el Estado chileno de los convenios internacionales vigentes en relación con los pueblos originarios.
Las indígenas denunciaron el tratamiento “sesgado, manipulador y discriminatorio en la cobertura de los hechos reivindicativos de nuestro pueblo” por parte de los medios de comunicación en Chile.
“Las Mujeres Mapuche Lafkenche (abuelas, madres, hermanas e hijas) exigimos la NO aplicación de la Ley Antiterrorista como recurso y estrategia de Estado para la persecución al Pueblo Mapuche”, indicó el citado documento.
(Con información de Prensa Latina tomado de Cubadebate)
En otras noticias de Afganistán, el Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo dio a conocer una nueva encuesta de opinión entre hombres jóvenes afganos de las provincias de Kandahar y Helmand.
Según la encuesta, el 92% de los hombres jóvenes de esas regiones no sabe nada acerca de los atentados del 11 de Septiembre, el 40% cree que las fuerzas de la OTAN están allí para “destruir al Islam”, el 61% piensa que las fuerzas nacionales de seguridad afganas no podrán afrontar la situación sin el apoyo internacional, y el 56% sospecha que los policías afganos colaboran con los talibanes.
(Con información de Democracy Now! tomado de Cubadebate)