Las declaraciones del presidente José Mujica vertidas en el sitio web de Presidencia sobre la ley interpretativa de la Ley de Caducidad a consideración en el Senado, fueron oportunas y acertadas. Más allá de las lecturas ­con sesgos variados- tendientes a afirmar que existió una suerte de "lavado de manos" del gobierno sobre la ley, o las que afirman que el Presidente desautoriza a algunos representantes del Poder Ejecutivo, creo que el Presidente coloca, o más bien recoloca, algunos puntos centrales.

Recapitulemos.

Primero. La solución encontrada para la anulación de la Ley de Caducidad, habida cuenta del fracaso del plebiscito del pasado año, fue la redacción de una ley interpretativa de la constitución. Así, la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados y aguarda su resolución en Senado, no repite la fórmula jurídica sometida a plebiscito sino que es de naturaleza jurídica diferente. En otras palabras, no se viola la voluntad popular en el sentido de imponer en el Parlamento una solución que fue desechada en las urnas. Lo que fue desechado en las urnas, y lo que está siendo sometido a consideración de los legisladores ahora, son soluciones jurídicamente diferentes.

Segundo. Más allá de la solución jurídica ahora encontrada, la búsqueda de una solución para erradicar la Ley de Caducidad de nuestro ordenamiento jurídico fue un compromiso que asumió la totalidad del Frente Amplio, no únicamente a través de un órgano, sino a través de todos su órganos: Congreso, Plenario y Mesa Política. Como señala el Presidente, quien no hubiera estado de acuerdo con este curso de acción debiera haberlo planteado en esas instancias, y debiera haber intentado convencer a sus compañeros (no uno, sino los ciento ochenta del Plenario y los casi dos mil del Congreso).

Tercero. Luego de tomada esa decisión, el Frente Amplio mandató a todos sus legisladores, diputados y senadores, a votar esta ley en el Parlamento, de ser posible, antes del 15 de noviembre (fecha en la cual se esperaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman). Es necesario aclarar que sólo en circunstancias muy especiales, el Frente Amplio mandata a sus legisladores; no es un dispositivo usado con frecuencia. La fecha del 15 de noviembre, por otra parte, fue una recomendación ya no del militante Almagro, sino de un canciller preocupado por los montos que el Estado uruguayo deberá comenzar a desembolsar (y que son millonarios en dólares) por ¡no respetar los derechos humanos!

Cuarto. Los diputados votaron todos la ley, sin que existiera fisura alguna en el conjunto de la bancada, y lo hicieron en los plazos acordados. Aquellos que no acompañaban totalmente el proyecto, se avinieron al principio de las mayorías que rige todo órgano democrático. Incluso algún diputado llegó a argumentar en contra, pero previno que "por mantener la unidad de acción" y en el entendido de que la Ley de Caducidad debía ser eliminada, se avenía a acompañar a la mayoría.

Quinto. El proyecto se trancó en el Senado, aunque recién ha entrado en la Comisión de Constitución y Legislación que comenzará su tratamiento luego de aprobado el presupuesto. Y ello fue porque algunos senadores, individualmente considerados, y a pesar de que los referentes en Diputados de sus mismos grupos (738, CAP-L, Espacio 609), habían votado a favor de la ley en su respectiva Cámara, declararon no estar convencidos con la ley, aunque hay enormes diferencias de actitud entre unos y otros. Es necesario señalar que estos senadores también están mandatados, al igual que los diputados, para votar a favor de la ley. El mandato imperativo del Frente Amplio se aplica por igual a todos sus legisladores, independientemente de la Cámara en la que se desempeñan (de lo contrario estaríamos reconociendo la existencia de diferentes márgenes de acción de los legisladores, lo cual sin duda violaría el principio de unidad de acción).

El presidente José Mujica ha señalado en su mensaje que "obedece y acompaña las decisiones que la fuerza política adoptara por mayoría". Si el mismísimo Presidente de la República lo hace, ¿por qué no deberían hacerlo los legisladores? Asimismo dice lamentar que "argumentos y posicionamientos surgidos en el Senado no se dieran en el Frente Amplio ni en el debate previo en la Cámara de Representantes". Y en efecto: nadie esperaba que una decisión tomada por el Frente Amplio en su conjunto, ratificada varias veces en todos sus organismos, y que concitó la unanimidad de los votos de diputados, fuera luego cuestionada por los senadores.

El Presidente es muy claro en su mensaje. Dice que "reafirma su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política que, por la vía de los procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la decisión de gobierno". Esta declaración, en sí misma, constituye el argumento fundamental para desestimar las supuestas lecturas sobre la "soberanía popular". Para empezar, vamos a explicitar algunas lecturas erróneas sobre la voluntad popular. A saber:

a) Es un error afirmar que la soberanía (o el cuerpo electoral) ratificó ya dos veces la Ley de Caducidad, ya que la votación negativa en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009 no implica ratificación, sino una decisión de no revocar la norma en los términos expuestos a votación.

b) También es un error interpretar la voluntad popular a partir de su silencio (sólo hubo papeleta por el "SI", por la cual se pronunció el 48% de la ciudadanía; no hubo en cambio, papeleta por el "NO", y ello impide saber exactamente cuál fue la voluntad expresa que manifestó el 52% restante), lo que constituye una interpretación contrario sensu no válida jurídicamente.

c) Es asimismo un error afirmar que la ciudadanía "se pronunció" por mantener la ley, ya que esta decisión es explícita cuando hay un pronunciamiento positivo (como el que hizo la ciudadanía cuando votó por el plebiscito del agua, de Ancap, de las empresas públicas o de los jubilados) pero no cuando no se consiguen los votos suficientes para (y para muestra baste un botón: la llamada "mini-reforma" que se plebiscitó en 1994 y que separaba las elecciones departamentales y nacionales, no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. Dos años después, el Parlamento aprobó la reforma constitucional de 1996 ¡que separaba las elecciones departamentales de las nacionales! sin que nadie se horrorizara por haber "violado" la voluntad popular).

A estos errores se le agrega la única afirmación válida universalmente sobre la soberanía popular, y es la que surge de las urnas en octubre y noviembre cuando no solamente le dio mayoría parlamentaria al Frente Amplio sino que además, votó para que el Presidente fuera José Mujica. Esta es la única mayoría clara, e inobjetable. El Frente Amplio ya había sancionado en su Congreso que debía buscarse la erradicación de la Ley de Caducidad, y ello estaba en su programa de gobierno. Las urnas dijeron explícitamente y a través de la inequívoca manifestación de la soberanía popular que le daban el gobierno a un partido que en su programa se había comprometido a eliminar la Ley de Caducidad. ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de la soberanía, el de votar a un partido comprometido con la eliminación de la Ley de Caducidad, con el de un soberano que explícitamente se habría manifestado en contra de ello? ¿Acaso el soberano es esquizofrénico? ¿No será más correcto interpretar que ese mismo soberano que le dio el gobierno al Frente Amplio confiaba asimismo en que la ley de caducidad sería anulada? Más aún, la mayoría consagrada en el Parlamento por el voto popular, ¿no habilita a interpretar que todos nosotros en cuanto parlamentarios, tenemos el deber y la obligación de llevar adelante el programa de gobierno con el que nos hemos comprometido?

Creo interpretar que si el propio Presidente de la República reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política, siendo él el responsable de la conducción del gobierno por inobjetables procesos electorales (esto es: sobre los cuales no puede haber más que una sola interpretación sobre la soberanía popular), está señalando un camino. No para los sesenta y cuatro legisladores que han votado o están dispuestos a votar la ley, sino para los eventuales tres que manifiestan reparo. Nada más distante a "lavarse las manos" del problema, o desconocer la resolución de la fuerza política a la que pertenece.

Y, por cierto, no le cabe en esto responsabilidad alguna al Frente Amplio, que en todo actuó con unidad y responsabilidad, sino al Senado, única y exclusivamente. Y si la bancada de senadores del Frente Amplio no está a la altura del mandato del partido, y de la propia actitud de acatamiento del Presidente de la República, ¿cómo habremos luego de manifestarnos preocupados por la suerte del partido, colaborar en sus congresos, enviar documentos, escribir en su nombre? Ninguna representación política en nombre del Frente Amplio nos competerá, en tanto senadores, si no estamos a la altura del mandato popular y político que hemos recibido, y en el nombre del cual hemos sido investidos.

|*| Senadora de la República,

De: "Otro Uruguay es Posible"

Uruguay: Señales confusas - El FA en el callejón de la impunidad

Samuel Blixen

"Olores de Dinamarca inundan el paisito", sospecharán los letrados; “mala tos le siento al gato”, traducirán los paisanos. Como sea: el entuerto de la eliminación de la ley de caducidad, más político que jurídico, tiene pliegues ocultos; de lo contrario, no se explica cómo el Frente Amplio se metió en este callejón.

Recapitulando: la necesidad de buscar una fórmula para resolver la eliminación de la impunidad insumió meses de discusiones y análisis de alternativas que permitieran superar el resultado del plebiscito de octubre del año pasado.
Se discutió en la Mesa Política del fa, en el Plenario y en el intercambio entre dirigentes de los distintos grupos.

Expresamente se afirma que nadie adelantó una posición extrema como la que anunciaron los senadores Jorge Saravia, del Espacio 609, Eleuterio Fernández, de cap-l y Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista, después de que la unanimidad de los diputados frenteamplistas votaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y en cuya elaboración tuvo una participación protagónica el canciller Luis Almagro.


La disidencia, que amenaza con romper la unidad de la fuerza política, fue inesperada y de último momento; tomó por sorpresa a los senadores frenteamplistas. En aquellas discusiones quedó claro que muchos legisladores y dirigentes tenían sus reparos sobre la iniciativa, algunos de carácter jurídico y otros de ética política.
Pero finalmente hubo un acuerdo, y un respaldo de la Presidencia, que implicó la presentación del proyecto en el Parlamento.
Ese acuerdo tuvo en cuenta que, a diferencia de otros temas –coordinadores departamentales, secreto bancario– la eliminación de la caducidad corría por exclusiva cuenta del oficialismo, y que las previsibles críticas de la oposición exigirían cerrar filas.

EL ÚLTIMO DESCONCIERTO. Tras la última sesión de la bancada, los senadores del fa se inclinaban por enfrentar la disidencia mandatando a sus integrantes a votar el proyecto de ley; simultáneamente, algunos senadores estimaban necesario reclamar un tribunal de ética política para Jorge Saravia quien, en su irreductible postura de rechazar el proyecto de ley, había injuriado a los diputados, a los que había acusado de dar “un golpe de Estado técnico”.

El mandato a los senadores –si finalmente llegaba a prosperar– era un intento de presionar a los disidentes, pero difícilmente pudiera considerarse un argumento para modificar posiciones.

En ese contexto, el presidente José Mujica declaró a la prensa que “el problema debe ser resuelto por el Parlamento”, lo que se interpretó como un “tomar distancia”. Sin embargo, en ocasión del viaje a Buenos Aires para participar en las ceremonias del sepelio de Néstor Kirchner, Mujica conversó el tema con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, y le señaló: “Denle para adelante”.

Esa posición del presidente fue informada por Brovetto en la reunión de la “agrupación de gobierno”, que integran los cabeza de grupo. Realizada el jueves 28 de octubre, participaron de la misma, entre otros, el vicepresidente Danilo Astori, los senadores Mónica Xavier, Ernesto Agazzi, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Rodolfo Nin Novoa, Daniel Marsiglia, Carlos Coitiño, Víctor Vaillant y el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Tras el informe de Brovetto, que resumió las instancias del proceso de discusión, los asistentes iniciaron una ronda de intervenciones.

Nin Novoa reiteró su postura conocida, aunque deslizó el matiz de que “por ahora” estaba dispuesto a no votar la ley. El líder de Alianza Progresista no asistió al intercambio de opiniones que insinuaba una definición común, en el sentido de “bajar la pelota al piso”, y abrir instancias de negociación que permitieran obtener las mayorías necesarias en el Senado.
Esas negociaciones girarán en torno a la propuesta de Michelini de promover, inmediatamente de aprobada la ley, la junta de firmas para convocar a un referéndum popular; también, la eventualidad de introducir algunas “modificaciones” en el texto que ya tiene la abrobación de Diputados.
 Hubo, además, consenso en que el senador Saravia debía ser sometido a un tribunal de disciplina política.

Al finalizar la ronda de intervenciones, el secretario de la Presidencia tomó la palabra. Aclaró que hablaba a título personal y que no comprometía la posición de Mujica. Dijo que la cuestión de la eliminación de la impunidad no era un tema prioritario en la población. Sugirió que el proyecto no debía votarse porque su aprobación podía interferir con la estrategia del presidente hacia las Fuerzas Armadas. “No se ha entendido adecuadamente el mensaje de Durazno”, habría dicho.
La intervención de Breccia generó desconcierto entre los asistentes.

 A pesar de la aclaración sobre el carácter personal de las afirmaciones, las palabras de Breccia fueron interpretadas, en principio, como un mensaje del presidente. Algunos de los participantes señalaron la eventual contradicción del secretario de la Presidencia con la información que había brindado Brovetto.

Éste reitero enfáticamente que Mujica le había dicho: “Echen para adelante”, lo que contradecía la interpretación de Breccia en el sentido de que la ley afectaba la estrategia del gobierno hacia los militares. Ninguno de los asistentes con los que Brecha conversó aceptaron formular comentarios explícitos. Las versiones sobre los dichos de Breccia difieren en algunos matices, aunque resultó notorio que existió un compromiso de “bajar el perfil”. Uno de los senadores consultados comentó: “Nos preguntamos a quién representaba Breccia con sus afirmaciones. Tenemos la convicción de que no representa la opinión del presidente Mujica.
En todo caso, si esto interfiere con la estrategia hacia los militares, queda clara cuál es la opción del presidente”.

EL FACTOR MILITAR.

Desde el encuentro de Mujica con un centenar largo de oficiales de las Fuerzas Armadas, en la unidad de la Fuerza Aérea de Durazno, la política militar del actual gobierno es objeto de múltiples y contradictorias interpretaciones. Particularmente desde que se presentó el proyecto de presupuesto, que impulsa una reducción de efectivos, el ala más cerril de los altos oficiales retirados insiste en que la política del gobierno tiene por objetivo “destruir a las Fuerzas Armadas”.
Ese concepto fue reiterado por seis ex comandantes del Ejército en una carta publicada ayer jueves por el semanario Búsqueda. La carta advertía sobre “otras medidas” a estudio, aunque fue redactada cuando todavía no se había concretado la decisión de eliminar la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), que pasará a la órbita de la Presidencia, según se anunció el mismo jueves.

El malestar militar, cuya extensión es difícil de estimar entre los oficiales en actividad, parece ser predominantemente económico. La eliminación de la impunidad no sería un elemento de “vida o muerte” para el grueso de la oficialidad, que quisiera desentenderse de una vez por todas de la “mochila” que lleva a cuestas por el protagonismo de quienes impulsaron el terrorismo de Estado.

Sólo algunos nostálgicos civiles, como los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, aprovechan la iniciativa de la eliminación de la impunidad
 (y las contradicciones internas del fa) para operar sobre aquel malestar, que no trasciende del ámbito corporativo a la dimensión de una amenaza al gobierno.

¿Hay una debilidad del Ejecutivo frente a los militares? La sanción leve aplicada al general Jorge Rosales por sus opiniones sobre el trámite de la ley de eliminación de la caducidad es interpretada como una opción por no abrir nuevos frentes cuando el objetivo central es readecuar y modernizar a las Fuerzas Armadas, una política que inevitablemente afecta los islotes de poder asociados a la corrupción que facilitan las viejas estructuras.

En todo caso, si existe algún tipo de temor en las filas del gobierno, no se expresa en la decisión de los dirigentes de la coalición, dispuestos a agotar las instancias de negociación con los disidentes, para recomponer las mayorías necesarias en el Senado y, a la vez, la unidad de acción de la fuerza política.

 El último fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley de caducidad (véase nota aparte) introduce un nuevo elemento sustantivo en el arsenal de argumentos para disuadir a los senadores disidentes.

 “La Corte hace lo suyo –explicó un dirigente del fa integrante de la agrupación de gobierno–. Declara la inconstitucionalidad, pero no está en sus facultades derogar las leyes inconstitucionales. No está en las facultades del Parlamento fallar sobre inconstitucionalidad, pero sí es una obligación del Parlamento derogar las normas que la justicia declara viciadas.” 

Cuatro errores sobre la soberanía popular
por Constanza Moreira

La ley de caducidad tuvo como único objetivo impedir la punición de los delitos cometidos durante la dictadura por policías y militares. Para ello declara, simplemente, que el Estado no puede castigarlos, aunque asume que son delitos.

Para terminar de cerrar esta declaración de imposibilidad de ejercer su función primordial (la que da legitimidad y eficacia a la existencia del Estado como institución) tiene que negar a la justicia la capacidad de juzgar. Sin esto, no es completo el argumento. Para que el Estado no pueda castigar, tampoco la justicia puede operar. Y es por ello que la ley necesitaba “atar” la justicia al dictamen del Poder Ejecutivo.

Esta es la ley, y este es su contenido. Si alguien quiere defenderla, defenderá este contenido. Por ejemplo, diciendo que aún el Estado sigue siendo demasiado débil como para castigar estos delitos (un argumento de facto). O bien, que sin esta ley no hubiera sido posible la transición, y después de todo, que los delitos ya prescribieron (un argumento de derecho).

En cambio, difícilmente se pueda sostener que las acciones de los militares cometidas durante la “guerra” (la teoría de los dos demonios) no configuran delito alguno, porque son, justamente, acciones “de guerra”, ya que la misma ley dice que es delito matar, torturar, secuestrar o violar.

 Sólo declara que ha “caducado” la pretensión de juzgar y castigar esos delitos.
Y eso por una sola razón; la de que los militares no iban a presentarse a declarar en los juzgados. Y era en efecto así; cuando comenzaron a llegar las primeras citaciones a los militares para declarar ante la justicia, la corporación se cerró sobre sí misma y amenazó con desacato. Algunos sintieron, entonces, que nuestra recién recuperada democracia corría riesgo, ya que no podría tolerarse, sin más, el desacato de las armas.

Mucha agua ha corrido desde allí hasta acá.

Y desde la aprobación misma de la ley, el impulso contrario a su vigencia ha estado presente y ha conquistado el esfuerzo de muchos, durante muchos años. En estos días, el principal argumento que aparece es el del “respeto al soberano”. Extraño mensaje proferido, en general, por quienes nunca han visto con muy buenos ojos la democracia directa. Pero no importa el talante de quienes dicen defender al “soberano”: juzgamos argumentos, y no la bondad de quien los profiere. Y los argumentos sobre la “soberanía popular” adolecen de al menos cuatro errores, tanto sustanciales como de forma.

UNO. El primer error consiste en afirmar que la soberanía (o el cuerpo electoral) ratificó ya dos veces la ley de caducidad. Esta afirmación, que aparece como una evidencia insoslayable, es errónea tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista sustancial. En primer lugar, la votación negativa en el referéndum de 1989 no implica ratificación, ya que la ciudadanía entendió, en esa ocasión, que no correspondía revocar la norma en cuestión. No la ratificó, porque no estaba en juego su ratificación, y la interpretación a contrario sensu no corresponde (sobre esto ya hay una extensa literatura jurídica).

Las razones para volver a consultar a la ciudadanía veinte años después, en 2009, fueron al corazón mismo de la teoría de la soberanía. Ésta indica que el soberano puede pronunciarse cuantas veces sea preciso sobre los asuntos a los que se lo somete. Así, el pronunciamiento de 1989 no era obstáculo para solicitar un nuevo pronunciamiento, cuando ya la democracia no estaba “amenazada”.

Es por ello que llama la atención que muchos de quienes hoy defienden “al soberano” eran quienes manifiestamente descartaban la oportunidad de una nueva consulta en 2009. Ya el pueblo se había pronunciado en 1989, decían. Pero, ¿qué comprensión es esta de la soberanía popular?
¡El pueblo puede volver a decidir todas las veces que quiera, sobre todo tipo de asuntos!
Es para ello que se consagran los mecanismos de democracia directa.
Porque, ¿cómo podría, en nombre de la defensa de la soberanía, limitarse la consulta al soberano sólo porque “sobre esto ya se pronunció”?

Más aun cuando el principal argumento para defender la ley de caducidad era que el Estado no podía castigar los delitos cometidos en dictadura, y esto ya no era sostenible, dados los procesamientos realizados por la aplicación del artículo 4 durante la administración del doctor Tabaré Vázquez. Ellos mostraban, de manera evidente, que al Estado ya le habían sido restauradas todas sus facultades para juzgar y castigar.

Al plebiscito de 2009 también le competen los mismos argumentos sobre la falacia de interpretar que la norma se “ratificó”. La iniciativa no prosperó porque faltó un 2 por ciento de los votos requeridos (obtuvo 48 por ciento) para incorporar a la Constitución una disposición para anular los artículos 1 a 4 de la ley de caducidad. Pero ello no quiere decir que el 52 por ciento estaba “a favor” de mantener la norma. Esto es sobreinterpretar el comportamiento de la gente. Y claro está que es una interpretación sesgada.

Tres meses antes de la consulta, la consultora Factum arrojaba un dato revelador:
42 por ciento estaba a favor de la anulación, 32 por ciento estaba en contra. Pero más del 20 por ciento no sabía qué hacer. La diferencia de diez puntos entre una opción (a favor de la anulación) y la otra (en contra), a tres meses de las elecciones, difícilmente hubiera podido revertirse al punto de dar un resultado opuesto.

Lo más probable, en una lectura “política” del plebiscito, es que muchos se hubieran olvidado, hubieran continuado indecisos, o no hubieran querido tomar partido en esta decisión. Algo bien distinto a un “acuerdo” con el mantenimiento de la ley de caducidad. Para testear esto, la opción del No debería haber estado presente. Pero el artículo 331 de la Constitución y la reglamentación de la Corte Electoral no obligaban a que hubiera pronunciamiento por el Sí y el No: sólo contaba el Sí.

El Sí a la reforma no tuvo baja votación: de hecho obtuvo el mismo porcentaje de votos que tuvo el Frente Amplio en esas mismas elecciones en las que ganó la mayoría parlamentaria. Y cabe consignar que la principal mayoría en octubre de 2009 fue la que obtuvo el Frente Amplio, que luego ratificó en noviembre.

Y este partido ya había sancionado en su Congreso que debía buscarse la erradicación de la ley de caducidad del ordenamiento jurídico. Las urnas dijeron, entonces, otra cosa:
que le daban el gobierno al Frente Amplio, un partido que en su programa se había comprometido a eliminar la ley de caducidad.

 ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de la soberanía, el de votar a un partido comprometido con la eliminación de la ley de caducidad, con el de que la soberanía la ratificaba? ¿Acaso el soberano es esquizofrénico? Entre dos tesis, decía un filósofo, lo más probable es que la más verdadera sea la más simple.

Es más simple interpretar que ese mismo soberano que le dio el gobierno al Frente Amplio confiando en que llevaría adelante su programa no llegó a anular la ley, pero su manifestación más amplia (el 48 por ciento de los votos emitidos) fue a favor de su erradicación.

DOS. El segundo error refiere a la forma en que se pretende oponer no sólo al “soberano” contra sus representantes, sino también a éstos contra la justicia.
 En este momento histórico el Parlamento devuelve a la justicia su rol esencial y primordial, y es por ello por lo que la iniciativa de interpretación de la ley de caducidad, que está a consideración del Parlamento, va de la mano con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que acaba de fallar nuevamente a favor de una sentencia de inconstitucionalidad en veinte casos de delitos de lesa humanidad. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la declaración de inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabalsagaray es clara:

 “el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad en una norma legal viciada ab origine por transgredir principios consagrados en la Carta constitucional”.

La Suprema Corte de Justicia es clara con respecto a ambos aspectos de la ley de caducidad. Por un lado se declara inconstitucional una ley que consagra la pena de muerte (esto refiere a lo que el Estado hizo al asesinar individuos durante la dictadura, incluyendo ejecuciones en masa). Por otro, se declara inconstitucional una ley que “desplaza hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial”, refiriéndose a la obligación que los jueces tienen, mientras impere la ley, de pedir al Poder Ejecutivo que informe sobre si la denuncia a su consideración cae dentro de lo que compete a la ley de caducidad.

TRES. El tercer error es pensar que votamos una y otra vez la misma cosa, cuando hemos hecho cosas bien distintas.
En 1989 se buscó derogar la ley aprobada por el Parlamento, justificada en el Pacto del Club Naval, y justificada por la incapacidad que el poder político evidenciaba de someter a militares y policías al Poder Judicial.

En 2009 se buscó anular la ley, a través de la incorporación a la Constitución de una disposición por la que se anulaban y declaraban inexistentes los artículos de la esa ley.
Ahora, en 2010, se trata de votar una ley que declara como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley de caducidad son violatorios de la Constitución de la República, e incorpora al ordenamiento jurídico nacional las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por la República. ¿Pueden los legisladores hacer una ley interpretativa de otra ley?

Por supuesto. El artículo 12 del Código Civil dice: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo generalmente obligatorio”. Y si el Parlamento no puede hacer ley interpretativa, ¿cómo se explica que se encuentre a consideración del Senado una ley interpretativa de la derogación del famoso artículo 76 que permitió la clausura de los antecedentes de los Peirano?

CUATRO. El cuarto error sobre la “soberanía popular” viene de un cierto sentido oportunista en la forma en que se usa el término. Y para ello voy a citar otra supuesta “violación” de la soberanía popular que no despertó escándalo alguno, y fue aceptada muy pacíficamente: la llamada “minirreforma” sometida luego a la consulta popular en 1994.

Esta reforma, votada por más de dos tercios de los parlamentarios, obtuvo sólo el 28,46 por ciento de los votos del soberano. Eso sí, ahí hubo dos papeletas: una por Sí y una por No (en esta instancia, entonces, sí se pudieron diferenciar los votos en blanco y los anulados, de los votos por No).

Sin embargo, algunas de las cosas que allí fueron rechazadas, el Parlamento las votó poco tiempo después. La primera y más importante era la separación de las elecciones nacionales y departamentales.

En 1996 el Parlamento votó una reforma constitucional que las habilitaba. ¿No estaba yendo contra la manifestación expresa de la ciudadanía?

Es más, el rechazo a la minirreforma estuvo en buena medida vehiculizado a través de los jubilados que entendían que una normativa relativa al bps incluida en la misma terminaría con la privatización de la seguridad social. Sin embargo, poco tiempo después, se aprobó en el Parlamento la reforma de la seguridad social. ¿Debía esto ser entendido como violatorio de la soberanía, manifestada por ese gran margen (¡63,11 por ciento!) en el plebiscito del 94? Nadie lo entendió así, sin embargo.

Me consta que la diferencia entre la derogación de 1989, la anulación de 2009 y la ley interpretativa ahora a consideración del Parlamento puede ser demasiado sutil a simple vista, y se me dirá: ¡pero la intención es la misma! Sí, es verdad, la intención es la misma, pero los tres instrumentos jurídicos son absolutamente distintos. Y se los hizo distintos justamente para no violentar la soberanía popular.

 Para que cada vez, la iniciativa sometida a la consideración política fuera de una índole distinta. Y de la primera derogación a la iniciativa parlamentaria hoy a consideración del Parlamento media una distancia tan grande como grande ha sido el avance en materia de derechos humanos en la región y en el mundo. 

De: "La Republica"

ENTREVISTA. "Reivindico el principio de unidad de acción política"

En el Frente, "el que no vota con la mayoría, está afuera", dijo Bayardi

Fue dirigente estudiantil durante la dictadura. En democracia asumió como diputado y fue ministro de Defensa de Tabaré Vázquez. Para el vertientista José Bayardi hay que legitimar las estructuras del FA y abrir la participación.

Raul Legnani |

Ombligo. "Hoy tenemos una estructura que mira el ombligo, que mira para adentro".

Diputado José Bayardi. "En el FA gané y perdí muchas veces".

­El 12 de diciembre hay Plenario Nacional del Frente Amplio. ¿Qué expectativa tienen en la Vertiente?

­Estamos ante una reflexión pretendidamente autocrítica en el Frente, sobre toda la etapa electoral, pero creemos que hay que ir un poco más atrás.

Tenemos que hacer énfasis en la unidad de acción, que es un principio fundacional de nuestra fuerza política. Tenemos que recuperar aspectos fundacionales, que nos trajeron hasta acá.

En 1971 el Frente se sustenta en la unidad de acción, por eso tenemos que hacer un análisis retrospectivo global. Es que no podemos quedarnos en el tema de que perdimos 200 mil votos en las municipales de 2010. Eso fue una consecuencia de algo.

Hoy nos encontramos con muchos compañeros de los sectores políticos y de las bases. La expectativa que tenemos es que a punto de partida de esta reflexión, de rescate de los elementos fundacionales, se generen algunos cambios que habiliten, en primer lugar, el fortalecimiento del partido político, el Frente Amplio.

Esperamos que podamos poner todo en discusión: cuáles son las estructuras que nos permiten cumplir con la función de un partido, que es trabajar de cara a la sociedad con la estructura que se pueda tener. En el período 2005-2009 la estructura estuvo carente.

Hay que abrir, a la vez, canales de participación para que haya legitimidad de la estructura, en lo que tiene que ver con las distintas instancias de resolución.

Hay que poner en consideración las estructuras de base. El Comité de Base fue la novedad de 1971. Eso nos permitió dos cosas: discutir para hacer síntesis, pero a la vez para trabajar inmersos en la sociedad. Pero hoy carecemos de una estructura política que trabaje en la sociedad. Y esto está en el primer punto de la agenda.

­Tengo la impresión de que en el FA hay muchos diagnósticos coincidentes. Ahora ¿cuáles son las soluciones?

­Tenemos que reflexionar y dar validez a aquellos elementos fundacionales. Estoy hablando de los principios. En 1971 nos unimos comunistas, socialistas, demócrata cristianos, independientes, gente venida de los partidos tradicionales y nos comprometimos con un programa político y en trabajar unidos para llevar adelante acciones de naturaleza política para incidir en la realidad.

Esto se ha perdido un poco. En lo que tiene que ver con la acción común ha existido cierta tendencia a sectorializarse, despreciando o dejando de lado lo que son las estructuras comunes. Tenemos que hacer una fuerte apuesta a la reconstrucción de la utopía, vista como algo que permanentemente nos convoca para seguir avanzado para alcanzarla. La idea es reconstruir el factor emocional que la política tiene que tener, para integrar a la acción política a distintos sectores de nuestra sociedad.

Necesitamos el fortalecimiento de la estructura, en lo que tiene que ver con la razón de ser de la estructura. Hoy tenemos una estructura que mira el ombligo, que mira para adentro. Es cierto que cumple el papel de fiscalizar al gobierno y eso está bien. Nuestra actual estructura no tiene poleas de transmisión con la sociedad.

Hoy tenemos Comités de Base que tienen que ver con su razón fundacional, que han integrado a compañeros que tienen distintas formas de ver la política y a compañeros de distintas edades. Pero hay Comités de Base que son sólo sellos y no integran al trabajo político a nadie.

­Como se dice ahora en economía: ¿hay una burbuja de Comités de Base que no es real?

­Sí, sin duda hay una burbuja. Son sellos de Comités pero no tienen la capacidad de darle razón de ser al propio Comité: discutir, hacer síntesis y trabajar de cara a la sociedad.

No podemos darles los mismos derechos a los Comités que hacen y los que no lo hacen, estamos afectando a quienes efectivamente trabajan. Sobre este problema hay que trabajar, a la vez hay que integrar nuevas realidades de expresión de la sociedad, como son las redes, a las que hay que integrarlas a los niveles de resolución. Hay que legitimarlos como espacios de participación y de decisión.

­Cuando se creó el Frente Amplio ningún sector llegó con la propuesta de crear los Comités de Base. Los mismos surgieron de una experiencia común. ¿Hasta dónde deben llegar las redes en la estructura, que son fruto de la experiencia común?

­Está bien el intercambio a través de la telemática, pero habrá que entender que quienes participan en las redes deben tener alguna instancia presencial, de síntesis, donde termine designando compañeros que puedan llegar a representarlos.

­¿No descarta que las redes vayan a ser aceptadas por la estructura?

­No descarto que las distintas formas de organización que los frenteamplistas creen, vayan a tener instancias presenciales de resolución para la toma de posiciones, en la estructura. No lo descarto. Pero a esas nuevas formas de participación les exijo niveles de intercambio presenciales y acciones políticas concretas de cara a los entornos. Esto dotaría de legitimidad a la estructura a la hora de resolverlo. Muchos de los cuestionamientos surgen porque los ámbitos de resolución no tienen niveles aceptables de legitimación.

­¿Qué tiene que pasar para que del Plenario del 12 de diciembre la Vertiente salga satisfecha?

­Lo mínimo, en materia de logros, sería asumir los compromisos de realizar las transformaciones necesarias. Tenemos que caminar hacia determinadas transformaciones, que doten de fortaleza institucional a la estructura en lo que tiene que ver con los ámbitos de dirección, canalizando niveles de participación orgánica.

Hemos avanzado demasiado rápidamente en lo que tiene que ver con el proceso de tradicionalización de la acción política. Se ha expresado el FA, en términos electorales, de una forma muy tradicional...

­Usted ha hablado de la reconstrucción del horizonte utópico. ¿Tiene que tener un contenido programático? ¿No hay demasiadas dudas programáticas en el FA?

­Todos los puntos de vista son válidos y respetables, pero en un momento se toma una resolución, un camino legitimado por una estructura legitimada.

Hoy estamos reflexionado sobre cómo hacemos para que el crecimiento llegue de manera más significativa. Yo creo que es bajo la acción del Estado que el crecimiento termina combatiendo los desniveles de desigualdad y comportándose con mayor equidad. Eso lo decimos casi todos, pero hay que discutir los instrumentos que habiliten esto. Pero lo que se ha debilitado es el compromiso de la unidad de acción política. Yo en el FA gané y perdí muchas veces...

­Empezó perdiendo...

­Fue cuando el pacto del Club Naval. Yo pensaba y lo sigo pensando hoy, que había condiciones para forzar una salida de distinto tipo. Esa posición fue minoritaria. Y se perdió porque no había tiempo para tomar las resoluciones, se perdió en la explanada municipal con el discurso del compañero general Seregni, que marcó la cancha a favor de los acuerdos. Pero nosotros perdimos y nos alineamos. La mayoría de la IDI se alineó.

Perdí en otra oportunidad. Yo discutí cuando la propuesta del balotaje, en la reforma constitucional. Dijo que el balotaje era un instrumento que nos permitía entrar legitimados en un gobierno de cambios. Fui al Plenario Nacional en el SMU y perdí. Después hice campaña contra la reforma constitucional, porque fue lo que resolvió el FA. Hice eso porque hay que salvaguardar el principio de la unidad de acción política.

­Eso Hugo Batalla no lo entendió y por eso se fue...

­Batalla no lo terminó entendiendo. Es que no se entiende que la unidad no es un principio abstracto, es la unidad en la acción política, que es lo que hoy no se entiende.

­Todas sus declaraciones, en esta entrevista, están pintadas por la unidad de acción política. ¿Está muy caliente con las diferencias surgidas en el FA en torno a cómo anular la ley de caducidad?

­Sí, estoy, estoy, estoy bastante caliente... Porque esto tuvo un proceso, que se llevó adelante, de la fuerza política, luego fue al Parlamento, estuvo en la Mesa Política, en el Plenario Nacional. En Diputados discutimos el tema, se hicieron algunas modificaciones al proyecto. Volvimos a reunirnos. Hubo compañeros que legítimamente manifestaron sus diferencias y que no pidieron la libertad de acción. Fuimos al plenario de Diputados, fundamentaron su voto, pero todos mantuvimos el principio de unidad de acción. Pero ahora hay compañeros que no se sienten contenidos... ¡Así no se puede!

Además estoy enojado porque se sostienen cosas, con las que no estoy de acuerdo del punto de vista de los contenidos. Se puede decir que políticamente no es conveniente meternos en este tema. Pero querer hacerle decir a la Constitución de la República cosas que la Constitución no dice, no estoy de acuerdo.

Decir que un plebiscito tiene más valor que lo que haga el Parlamento, no está dicho en ningún lado. Bastaría leer a Justino Jiménez de Aréchaga. En nuestro país el cuerpo electoral no es la soberanía. La soberanía radica en la Nación, que se expresa a través de distintos mecanismos: directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los poderes representativos. La Constitución no dice que una cosa prima sobre la otra.

­¿No faltó discutir más si es conveniente políticamente o no?

­Se debió discutir más en el seno de la fuerza política, hoy parece que eso es así.

­El FA está en la cruz de los caminos: o los tres senadores que están contra el proyecto de ley cambian o no hay ley...

­Nos comprometimos todos a bajar la pelota al piso y generar mecanismos de discusión y resolución interna para terminar resolviendo. Estamos en esa etapa. Una vez que se resuelva voy a reivindicar el principio de unidad de acción política.

­¿El que no acata se tiene que ir?

­El principio de unidad de acción política tiene que ser garantizado de alguna manera. Los mecanismos del Frente habilitan a que si alguien discrepa pida libertad de acción y si no la obtiene, tiene que votar con la mayoría. Y si no vota con la mayoría se está colocado afuera del Frente Amplio, pero vamos a cruzar el puente cuando lleguemos al río.

Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.

Caminos hay

Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.

Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales. Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad. Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006. “Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.

sábado 20 de noviembre de 2010

Hacerle el juego a la derecha...

Diego Mena | Repúblika Toskal | Hoy a las 14:39 |

GRAVE. INTENTARON INCENDIAR SUBESTACIÓN DE UTE QUE ALIMENTA EL LUGAR

Los destrozos en una subestación de UTE dejaron sin energía eléctrica a la vieja quinta de Santos ubicada en Prado norte.

Además de dañar el tablero de luz, los desconocidos rociaron con nafta las conexiones eléctricas, y de haberse encendido la llave hubiera provocado una explosión.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas, mientras el local era visitado por decenas de personas que asistían a la inauguración de una muestra de afiches de 1980, en el marco de las actividades previstas por la Comisión Nacional de Homenaje a la victoria popular de aquel año.

Elbio Ferrario, director del Centro Cultural y Museo de la Memoria (MUME), vinculó este hecho -al que calificó como un "atentado"- al contenido de la muestra, sobre los 30 años del plebiscito del NO en el que resultó derrotada la reforma constitucional impulsada por los militares. La denuncia fue presentada ante la UTE, la Dirección Nacional de Bomberos y efectivos de la Seccional 8ª, dándose cuenta en el correr de la tarde al juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié, como forma de sustanciar las primeras averiguaciones en la causa.

En diálogo con LA REPUBLICA, Ferrario no dudó en señalar que "se trató de un acto con una directa intencionalidad en contra de la exposición por los 30 años del plebiscito".

La muestra fue inaugurada poco después de las 15 horas y alrededor de las 16 horas el local se quedó sin energía eléctrica y a oscuras.

Las autoridades del Museo no entendían lo que ocurría y fueron a ver al contador de luz, ubicado a unos 50 metros del edificio, encontrándose con que en el piso había una botella de un refresco de dos litros, con nafta. Los desconocidos habrían lanzado el combustible al contador lo que habría provocado un corto circuito.

Ferrario explicó que el contador fue destrozado, arrancando la puerta del tablero. Para ello debieron traspasar el portón de entrada. Los guardaparques dicen haber visto a unos jóvenes en actitud sospechosa merodeando la zona minutos antes del atentado.

El director del Museo agregó que se trata de un hecho "pensado y hecho a propósito" y señaló que funcionarios de UTE le explicaron que si en esa situación alguien levantaba la llave general, "reventaba el contador", produciéndose una explosión similar a una "bomba Molotov".

El juez Tapié recibió la información y dispuso la presencia de efectivos de Policía Técnica en el lugar para efectuar un relevamiento pericial de la zona, con la intención de constatar la posible existencia de huellas dactiloscópicas en los restos de la botella, el contador de luz u otros objetos ubicados en las inmediaciones, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

"El magistrado recién comenzó la instrucción de la indagatoria como forma de determinar si el hecho reviste características delictivas. La información todavía es fragmental, no habiendo ni personas sospechosas ni detenidas o demoradas", explicaron las fuentes. Asimismo, allegados al Museo de la Memoria informaron sobre la intervención de efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) en el lugar.

La exposición sobre los 30 años del Plebiscito de 1980 exhibe volantes, recortes de prensa e imágenes del histórico debate televisivo emitido en canal 4 en 1980 con motivo del plebiscito. La población rechazó en dicha instancia la propuesta de reforma constitucional impulsada por el gobierno dictatorial de la época.