Chiapas: Desaparición forzada en impunidad

11 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

A solicitud de los firmantes compartimos la siguiente denuncia pública con relación a los once años de impunidad por la desaparición forzada de José Hidalgo ocurrida en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Como autor material fue señalado un oficial del Ejército Mexicanos que hoy goza de impunidad.

Saludos cordiales,
Área de Sistematización e Incidencia / Denuncia Pública

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 10 de junio de 2010

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN DEL CUERPO DE JOSÉ HIDALGO

11 AÑOS DE IMPUNIDAD

• Oficial del Ejército Mexicano responsable de desaparición forzada

A 11 años de la desaparición forzada y ejecución de José Hidalgo Pérez, el caso continúa en

la impunidad, lo que refuerza su interpretación dentro de la versión urbana de la “Guerra de

Baja Intensidad”, como estrategia gubernamental para intimidar a la sociedad civil participativa

y retardar los cambios sociales, después del levantamiento zapatista de 1994. A partir de que

el militar, responsable directo, señalado como autor material de la desaparición de nuestro ser querido obtuvo su libertad en el año 2001, no hay ningún detenido y el Ministerio Público no ha continuado con las investigaciones, a pesar de que en el propio expediente y desde la

línea de investigación oficial quedan por citar a declarar al menos a otro oficial del Ejército

Mexicano y algunas autoridades civiles de ese entonces, implicadas en este descomunal

crimen (Toca Penal, págs. 64, 66, 70, 76) que conmovió a la sociedad local.

Como es del conocimiento público, el 10 de junio de 1999, fecha simbólica de la represión

practicada por el sistema político mexicano - masacre estudiantil 1971 e incursión militar en El Bosque y Chavajeval- 1998, entre otras, el Teniente de Infantería Juan López Vázquez,

experto en inteligencia castrense y en labores de contrainsurgencia, militar supuestamente

retirado, sacó a José Hidalgo Pérez de su negocio mediante engaños, y ésta fue la última vez

que se le vio con vida, ya que 14 días después, la entonces Procuraduría Estatal del gobierno

de Roberto Albores presentó solamente un cráneo y dos huesos largos totalmente

descarnados, mismos que fueron reconocidos por expertos de la UNAM y ratificados por la

PGR como correspondientes al desaparecido (AL40/90), en un caso de esqueletización

artificial, practicada por profesionales, con fines de amedrentar y aterrorizar a los seres

queridos de la víctima y a la población.

Debido a la presión social, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y

ejecutó la detención del militar, principal implicado como actor material, pero debido al

contubernio entre autoridades, dejó a partir de entonces las investigaciones en manos de la

Procuraduría Estatal, la que preparó las condiciones para consumar un mecanismo típico de

impunidad, que consistió en aportar pruebas insuficientes y mal sustanciadas que dieron

como resultado, primero un dictamen condenatorio a 30 años de prisión para el militar Juan

López Vásquez (Exp. 247/999), para que en menos de un año fuera decretada su liberación

absoluta (Toca 739-C/200), con lo que se perdió un eslabón importante de la indagatoria.

Las autoridades nunca atendieron la línea de investigación de fondo político ni agregaron las

quejas anteriores por amenazas de muerte a la familia Hidalgo Pérez, como aquella grabada

en la contestadora telefónica de las oficinas de la Coordinadora de Organismos NO

Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) el 7 noviembre de 1996, donde anuncian que serían

castigados por el gobierno donde más les duele. Esta amenaza pudo ser cumplida cuando

prevalecía un ambiente de provocación durante el período del Ex Gobernador Roberto

Albores.

El señalamiento especial a la familia Hidalgo Pérez, con su secuela de hostigamientos y

agresiones antes, durante y después de la desaparición de su ser querido, se debe a que

desde los primeros días de 1994 varios de sus miembros se incorporaron a las iniciativas

ciudadanas para exigir una solución pacífica y política al movimiento zapatista y a la

promoción de la participación social. Estuvieron en la formación de los movimientos

“Ciudadanos Sancristobalenses por la Paz” (CIUSPAZ), “Barrios y Colonias de San Cristóbal”

(BACOSAN) y el “Comité Ciudadano para la Defensa Popular” (COCIDEP) que, junto con

otros, contribuyeron a marcar un tiempo nuevo en la construcción de ciudadanía.

Por todo lo anterior, al no existir ninguna otra explicación fundada razonablemente para que

se diera la desaparición de su familiar, y sobre todo, por las circunstancias en las que se

dieron los hechos y por el hostigamiento y amenazas de que han sido objeto, ASUMIMOS

QUE LA DESAPARICIÓN, EJECUCIÓN, ESQUELETIZACIÓN Y OCULTAMIENTO DEL

CUERPO DE JOSÉ HIDALGO ES UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS CIUDADANOS QUE NOS ENCONTRAMOS PARTICIPANDO EN EL MOVIMIENTO POR UNA PAZ CON

JUSTICIA Y DIGNIDAD.

Por consiguiente, 11 años de impunidad en el presente caso, constituye un grave

incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad de procurar e impartir justicia, como

un signo preocupante de la incapacidad o la falta de voluntad de los gobernantes para

caminar hacia la búsqueda de la convivencia pacífica a través de la institucionalidad en el

Estado de Chiapas. La falta de resultados lleva el grave mensaje de impunidad y de peligro de que hechos como este se repitan, sobretodo en los actuales momentos en que vuelven las

tensiones en la región.

Por ello, continuamos exigiendo:

1.- Que la fiscalía del Estado, a cargo del Lic. Racial López Salazar, reactive la

indagatoria del asesinato de José Hidalgo Pérez, para que dé a conocer la verdad

de los hechos y que sean castigados los autores intelectuales y materiales de este

descomunal crimen;

2.- Que sea entregado a sus familiares el cuerpo completo de José Hidalgo Pérez,

para darle cristiana sepultura, de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo.

ATENTAMENTE

Familiares y amigos de José Hidalgo

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