Chile: Inmoral abuso de “fuerza mayor” y indecente colusión de plutócratas con gobernantes‏

Multisindical critica lenta reacción del gobierno

Oleada de despidos por “fuerza mayor” enciende alarmas

en la CUT

El secretario de negociación colectiva del organismo, Cristián Cuevas, solicitó al Ejecutivo que tome cartas en el asunto para, evitar que, como consecuencia del terremoto del 27 de febrero, las empresas se acojan al artículo 159 del Código del Trabajo, para reducir su personal. La Dirección del Trabajo ya cuenta con un listado de más de un centenar de firmas que han recurrido a este mecanismo, entre las regiones Quinta y del Bío Bío.

El Mostrador- 1 de Abril de 2010

La cada vez mayor cantidad de empresas que, tras el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero, y acogiéndose al artículo 159 del Código del Trabajo, han optado por despedir a empleados bajo el argumento de “fuerza mayor”, despertó la preocupación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),  que llamó al Gobierno a tomar cartas en el asunto y a los sindicatos que la conforman a estar alertas y a preparar una posible movilización.

Frente a esta contingencia, el secretario de Negociación Colectiva de la multisindical, Cristián Cuevas, encabezó, este jueves, una marcha de protesta  hasta el Ministerio del Trabajo, para pedir a la titular de esa cartera, Camila Merino, una acción rápida, para terminar con los despidos masivos.

“Ante la situación de emergencia y despido masivo de trabajadores, en las distintas zonas de catástrofes, donde han sido despedidos trabajadores por los artículo 159, 160 y 161, lamentablemente la respuesta de la autoridad política, el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido lenta, a pesar de que él entra al Gobierno de la mano de los empresarios” afirmó Cuevas.

El dirigente aseguró que, hasta el momento, la respuesta del Gobierno “es una respuesta de despojo de derechos y, en ese sentido, estamos llamando a los trabajadores del país a generar la mayor presión social, articulando y expresándolo en asambleas territoriales”.

Asimismo, afirmó que la reconstrucción del País debía partir de quienes “tienen y han ganado más” y no de los trabajadores.

“Desde hoy se inicia una articulación social y política, convocada por los dirigentes sindicales y movimientos sociales, porque no puede ser que la respuesta al terremoto la paguemos 16 millones de ciudadanos”, sentenció Cuevas.

El sindicalista fue acompañado por los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Textiles, la Federación de los Trabajadores de los Call Center, trabajadores metalúrgicos y trabajadores contratistas

Estas son las empresas que más han despedido amparándose en el terremoto

Cristóbal Peña y Matías Fouillioux, CIPER | 1 de Abril de 2010

A los estragos que dejó el terremoto y maremoto, entre los habitantes de la zona centro sur del país, se agrega un nuevo castigo: la aplicación del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, que deja a los trabadores, automáticamente, sin empleo y sin pago de indemnizaciones. Entre el 1 y el 30 de marzo, los despidos a nivel nacional por “caso fortuito, o fuerza mayor” sumaban 8.758. La controversia por los abusos cometidos, en el uso de dicha facultad, recién comienza, al tiempo que los vasos comunicantes entre política y negocios suben la temperatura de las negociaciones. Es lo que ocurrió en la Central Térmica Bocamina II, con los 938 despidos, por esa causal, de una empresa del nuevo intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría. Lo peor, diagnostican, es lo que viene: con despidos, o sin ellos, muchas pequeñas y medianas empresas no podrán pagar sueldos.

La segunda semana de marzo, a once días del terremoto, el empresario penquista Hernán Versluys Castro reunió a los empleados de la pastelería que lleva su nombre y les dio la noticia. Debido a que la fábrica, en Concepción, estaba prácticamente en el suelo, y a que la sucursal de San Pedro había sido saqueada, se veía en la obligación de despedirlos a casi todos, amparándose en el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, que permite, “en caso fortuito, o de fuerza mayor”, poner fin al contrato laboral, sin pagar indemnizaciones. De esta forma, la afamada pastelería, fundada en 1982, se deshacía de 306 trabajadores.

Los empleados recordarán que Versluys Castro se veía muy afectado y que, incluso, derramó algunas lágrimas. No era para menos. El empresario que, en 2005, recibió el Premio al Espíritu Emprendedor, de manos del entonces decano de la Universidad del Desarrollo y hoy ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, se declaraba en la ruina. Sin embargo, de acuerdo con los trabajadores, a los pocos días, el empresario echó a andar la fábrica de San Pedro y, para ello, recontrató a algunos de sus ex empleados, sin reconocerles la antigüedad. Es más, se queja el maestro pastelero Mauricio Denevis, despedido con fuero sindical y doce años de antigüedad: los pocos que se reincorporaron lo hicieron con una rebaja de sus sueldos y bajo el compromiso de marginarse del Sindicato.

Al teléfono, desde Concepción, el empresario Hernán Versluys admite que tras al terremoto “ha habido mucha gente que ha abusado” de la aplicación de ese artículo del Código del Trabajo, pero, a continuación dice que esa ley fue pensada para casos como el suyo: “¿Qué voy a hacer, si no tengo ni una posibilidad de armar el negocio, en un periodo breve?”, se pregunta el empresario. Mi situación es catastrófica, fui saqueado, tuve dos amagos de incendio y me obligaron a demoler el local de Concepción, “¿cómo, entonces, voy a pagar los sueldos y desahucios?”.

ENDESA Y LOS SUBCONTRATISTAS

El caso de la Pastelería Versluys representa, de manera ejemplar, la controversia generada por la aplicación masiva que se ha hecho –después del 27 de febrero– del artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo, para poner fin a contratos laborales. La mitad del negocio está en el suelo, pero la otra mitad sigue funcionando. Tiene seguros comprometidos y, en los próximos días, a instancia de la Dirección del Trabajo, su propietario deberá asistir a un comparendo de conciliación, que podría terminar, en caso de no llegar a acuerdo, en tribunales. El conflicto, en esta pastelería, se repite en muchos otros sectores productivos del centro y sur del país.

Entre el 1 y el 30 de marzo, los despidos a nivel nacional, por “caso fortuito, o fuerza mayor” sumaban 8.758. Hasta antes del terremoto y maremoto, en los dos primeros meses del año, se reportaban 547 de estas causales. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección del Trabajo, cerca del 85% del total de marzo fue generado en partes casi iguales entre la Región Metropolitana y la Octava (ver gráfico), aunque el impacto más severo al empleo está radicado en esta última: muchas de las grandes empresas que ejecutaban obras en la Región del Bío Bío tienen sus oficinas principales en Santiago, desde donde notificaron las cartas de despido, ante la Dirección del Trabajo.

La Octava Región concentra, entonces, más del 60% de los nuevos cesantes, a quienes se les aplicó la causal del artículo 159 N° 6. Los casos bordean los cinco mil y una sola industria contribuyó con la mitad: la Central Térmica a Carbón Bocamina II, en Coronel, un proyecto de Endesa Chile, por US$ 460 millones, que ha estado cruzado por la polémica desde sus inicios.

Al impacto ambiental producido por Bocamina II, en poblaciones aledañas, que la obligó a desembolsar US$ 9 millones en indemnizaciones, se sumó, ahora, el despido “por caso fortuito, o fuerza mayor” de la totalidad de las personas que trabajaban en la construcción de la planta. Los afectados fueron cerca de 2.500 obreros especializados, que dependen de empresas subcontratistas que, a la vez, prestan servicios para la filial chilena de la italiana Tecnimont, que actúa como ejecutante de Endesa.

La medida no sólo despertó polémica por el alto número de empleados desvinculados, sin derecho a indemnización. Los sindicatos asociados a las empresas subcontratistas pusieron en duda que la planta en construcción haya sufrido grandes daños, más aún porque en Coronel no hubo maremoto. En Endesa Chile indican a CIPER que “el proyecto está siendo evaluado, a través de una profunda ronda de seguridad, proceso en el que participan especialistas de Endesa Chile, filial del Grupo Enersis, y de las empresas contratistas, con el objeto de establecer la seguridad general de las obras y evitar cualquier tipo de peligro para los trabajadores”.

Pero, lo que terminó por darle relieve nacional al caso fue un sensible vínculo entre política y negocios, que los sindicatos se ocuparon de ventilar: Echeverría Izquierdo Montajes Industriales, empresa del nuevo intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, era uno de los subcontratistas de Bocamina II y responsable del despido de 938 trabajadores, bajo la causal del artículo 159 N° 6. La misma que el Gobierno había llamado a evitar.

Entonces, una vez que el hecho se hizo público, comenzaron a activarse las negociaciones para revertir la medida.

QUIÉN PAGA

La División de Montajes Industriales de Echeverría Izquierdo es la encargada de construir la caldera de Bocamina II. Sus casi mil trabajadores fueron notificados de su despido, a principios de la segunda semana de marzo. De acuerdo con el gerente de Administración y Finanzas de la Empresa, Nelson Azócar, la decisión pasó por los mandantes del proyecto, Endesa Chile, que invocaron la causal de “fuerza mayor” para interrumpir las faenas. Sin embargo, al ser consultados por CIPER sobre el tema, en Endesa afirman que “se ha solicitado a los contratistas mantener la continuidad laboral, sin realizar despidos por fuerza mayor a causa del terremoto”.

En los hechos, casi tres mil trabajadores quedaron cesantes y sin derecho a indemnización en la Central Térmica Bocamina II. Casi todos subcontratistas. A Echeverría Izquierdo se sumaron 390 obreros de Construcciones y Montajes Com, 786 de Constructora Tecsa y 463 de Servicios y Representaciones Tozzi Chile, entre otros. Era la segunda semana de marzo y los afectados no se sentaron a esperar la reacción de las autoridades. Organizados en torno al Sindicato Nacional de Montajes Industriales, uno de los más fuertes y organizados, se tomaron la Planta y dieron a conocer los vínculos de una de esas empresas con el Intendente de Santiago.

En Echeverría Izquierdo Montajes Industriales descartan que en la decisión de dejar sin efectos los despedidos de 938 trabajadores hayan intervenido factores políticos. Lo atribuyen a las negociaciones con los sindicatos y al efecto del dictamen del 19 de marzo, de la Dirección del Trabajo, que reaccionó ante la ola de despidos, especificando los requisitos que deberían concurrir para la aplicación del polémico artículo del Código del Trabajo. Ese dictamen es sólo una pauta sobre los alcances de la norma, pero su aparición coincidió con la resolución de algunos conflictos.

Según la Dirección del Trabajo, al acuerdo alcanzado por Echeverría Izquierdo con sus trabajadores, se sumó, en estos días, el de la italiana de Servicios y Representaciones Tozzi Chile. El resto de las empresas subcontratistas de Bocamina II aún está en proceso de negociación. No sólo con los sindicatos, sino, principalmente, con Endesa Chile, que está siendo presionada por las empresas subcontratistas para que amortigüe los gastos de la recontratación. Algo parecido ocurre en la Central Termoeléctrica Santa María, que construye Colbún, en Coronel, donde la firma de origen ecuatoriano Santos CMI Construcciones de Chile despidió a 60 trabajadores.

“Es una situación compleja, porque es como si tú construyes una casa y para ello contratas a un arquitecto y éste contrata a un jefe de obras y éste a sus obreros. ¿Qué hace el jefe de obras con sus obreros, a los que ha comprometido, si las faenas se detienen? ¿Quién debe responder?”, grafica, a CIPER, el gerente de Echeverría Izquierdo.

Mientras el tema es objeto de una intensa negociación, en esta última empresa han optado por asumir los costos y trasladar a cerca de 300 trabajadores de Bocamina II a otras faenas en la región. Otros cientos se encuentran paralizados, a la espera de que se normalicen las obras en Bocamina.

RECORD DE DESPIDOS

En la Dirección del Trabajo, creen que el decreto aclaratorio sobre la aplicación del artículo 159 N° 6 no sólo ha servido para bajar el número de despidos, sino, también, para animar negociaciones entre las partes. A las vías de solución acordadas en Bocamina se sumaron 113 recontrataciones en una empresa frutícola de Rengo y el pago de indemnizaciones para 140 trabajadores que quedaron cesantes en dos empresas forestales de Constitución. Pero, no es mucho más lo que se ha logrado revertir, a un mes del terremoto.

En Servicios y Representaciones Tozzi Chile se allanaron a dejar sin efecto el despido de 463 trabajadores en Bocamina II. Pero, la misma empresa se negó a hacer lo mismo con otros 685 empleados que despidió bajo la causal de “caso fortuito, o fuerza mayor” y que participaban en faenas en 11 comunas de la Octava Región. Es la empresa que más cartas de despido despachó por esta causal. La representación de esta firma italiana es una sociedad constituida, en 2009, perteneciente a Guiseppino Melis, Eduardo Cretier y Marlene Brokering. Los dos primeros, además, son socios de International Quality Systems, IQS, que registra otros 53 despidos, entre la Región Metropolitana y la Octava. Al ser contactado por CIPER, Guiseppino Melis, gerente de ambas firmas, rehusó referirse al tema.

Igualmente controvertido es el caso de 122 trabajadores de la Clínica Providencia, en Santiago, también desvinculados por la causal del artículo 159 N° 6. Sus propietarios son los médicos asociados a la Isapre Más Vida, que tiene otros centros de salud en el país. Argumentan que se vieron obligados a cerrar el edificio de la clínica capitalina al presentar daños estructurales. A través de Mercedes Cáceres, representantes de los trabajadores, estos rechazan la gravedad de los daños y acusan que en los días posteriores al terremoto el edificio fue objeto de destrozos intencionales. La última oferta de la Empresa, consistente en el pago del 40% de las indemnizaciones, fue rechazada.

Una situación similar afecta a 242 trabajadores de San Francisco Investment S.A., propietaria del Casino Monticello, en San Francisco de Mostazal. La sociedad cerró el complejo, por tres meses, para someterlo a reparaciones y promete recontratar a los empleados, una vez que reabra el Casino. Mientras tanto, los 242 empleados deberán arreglárselas como puedan.

ESCASEZ DE RECLAMOS FORMALES

La controversia no sólo está centrada en las grandes empresas. De hecho, la mayoría de las industrias que operan en la Octava Región y que están ligadas a los principales grupos económicos del país han propuesto fórmulas alternativas para evitar la aplicación de este artículo entre sus trabajadores directos (ver recuadro). Adelanto de vacaciones, traslado a otras faenas, o el pago completo, o parcial de indemnizaciones son las que más se repiten. La controversia, también, involucra a pequeñas y medianas empresas, especialmente del sector comercio, servicios y construcción.

El caso más emblemático de la Octava Región es el de la Pastelería Versluys. Pero, hay también cientos de negocios y sociedades de menor tamaño, que apelaron al controvertido artículo del Código del Trabajo. En esa lista se cuentan hoteles, pubs, restoranes, talleres, líneas de buses, estaciones de servicio, centros de rehabilitación y comunidades de edificios, como Don Tristán, Castellón y Plaza Mayor, que fueron declarados inhabitables. La lista es abultada. De los 234 empleadores que invocaron el artículo 159 N° 6, como causal de despidos, hasta el 24 de marzo, cerca del 80% tenían menos de diez empleados.

Todos los despidos son apelables. Primero, ante la Dirección del Trabajo (DT), que ofrece la instancia de una audiencia de conciliación entre las partes en conflicto y, luego, ante la nueva Justicia Laboral. Pero, el problema es que, para llegar a esta última instancia, obligatoriamente, hay que pasar por la primera, y hasta el 24 de marzo la DT había recibido únicamente 20 reclamos formales, en todo el país, paso previo para la fijación de una audiencia.

El bajo número de denuncias ha causado extrañeza entre los funcionarios del organismo encargado de cautelar los derechos laborales. Lo adjudican a los efectos del terremoto que, además de provocar damnificados entre los propios trabajadores, dejó inutilizables locales y sistemas de comunicaciónes. También, al lento proceso de toma de poder del nuevo gobierno.

Recién el penúltimo día del mes, la funcionaria de carrera María Cecilia Sánchez fue nombrada a la cabeza de la Dirección del Trabajo. Pero, en la Octava Región, la más afectada por el desempleo, aún no se nombra al Secretario Regional Ministerial (SEREMI) del Trabajo. El cargo es ocupado, interinamente, por el Director del Trabajo, Mario Soto, quien asegura a CIPER que, pese a las dificultades derivadas del sismo, el servicio ha trabajado activamente y dispuesto las condiciones necesarias para la presentación de reclamos y consultas. Todo, en el caso de la capital de la región, desde una carpa de campaña instalada en el centro de la ciudad. El edificio central está inhabitable.

EL ESTALLIDO

Según señala una fuente de la Dirección del Trabajo, el artículo 156 N° 6 del Código del Trabajo no ha sido usado como única causal, para no pagar indemnizaciones, tras el terremoto. También, se ha esgrimido necesidades de la empresa, ausentismo laboral y hasta la muerte de trabajadores. El hecho ocurrió en Dalcahue, Chiloé, donde se denunció que la empresa Sudmaris S.A. había pretendido despedir a más de noventa trabajadores por la causal del artículo 159 N° 3, referida al deceso de un trabajador.

Como sea, la causal que invoca el artículo 159 N° 6 ha sido la más recurrente, como pretexto por efectos del terremoto. También, la más polémica. Por ello, la diputada Clemira Pacheco (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley, tendiente a anularlo retroactivamente. Sin embargo, el impacto de esta norma es marginal en la cuenta global, pues representa un 6,5% de los 135.468 despidos reportados ante la Dirección del Trabajo, en todo el país. A los 8.758 “casos fortuitos, o de fuerza mayor” se agregan miles de despidos negociados y pérdidas de fuentes labores en sectores independientes. De estos últimos, los más afectados son los pescadores artesanales, de las regiones Séptima y Octava.

Hugo Arancibia, dirigente de la Federación de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, calcula que en la región del Bío Bío sólo el 20% de ese sector está operativo. Hay cerca cinco mil pescadores sin poder trabajar y sólo un tercio de la industria pesquera está en condiciones de comprar sus productos. “Hasta el momento, no hay despidos masivos en las plantas, han aguantado, pero no sabemos hasta cuándo”, dice Arancibia.

El pronóstico es de cuidado, en las zonas más afectadas. A fin de mes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió sobre un seguro ciclo de alzas en el desempleo. “Hay que prepararse –dijo– porque las cifras de marzo, abril y mayo, y el resto del primer semestre, probablemente no sean buenas”.

Un diagnóstico más preocupante entregó, a puertas cerradas, el SEREMI (subrogante) de Trabajo en Bío Bío. En una reunión con dirigentes sindicales, celebrada la semana pasada, Mario Soto graficó la situación en los siguientes términos. De los cerca 800 mil trabajadores que hay en la región, más de 500 dependen de pequeñas y medianas empresas. Pues bien, dijo el SEREMI, es muy probable que a fin de mes la mayoría de esas empresas no tengan cómo pagar los sueldos a sus empleados.

Unos días, antes el presidente de la CUT, Arturo Martínez, había advertido al gobierno sobre la necesidad de implementar medidas efectivas al respecto, de modo de evitar “una gran manifestación de trabajadores” en las zonas más afectadas.

Menos resonancia tuvo el diagnóstico del SEREMI (subrogante) del Trabajo en Bío Bío, Mario Soto, quien puso las cosas en otra perspectiva. En una reunión con dirigentes sindicales de la región advirtió que, despedidos o no, muchos de ellos no van a recibir sus sueldos.

El presidente provincial de la CUT del Bío Bío, Jorge Fierro, reconoce que en esa región varias de las grandes industrias han realizado un esfuerzo para evitar despidos masivos, o aplicar el artículo 159 N° 6 del Código del Trabajo. Agrega que los más afectados son los pescadores artesanales, forestales y dependientes del comercio, “donde existe mucha informalidad”. El reconocimiento se corrobora en los informes entregados por los grandes grupos económicos del País.

Pese a ser uno de los más mayores afectados por el terremoto, el holding que reúne a Celulosa Arauco y Constitución, del Grupo Angelini, anunció que, salvo en Mutrún, donde se ofreció el pago de indemnizaciones a cerca de 150 trabajadores subcontratistas, no se realizaron despidos. Las principales plantas del conglomerado tienen daños severos. Al menos la Planta Valdivia de Celulosa Arauco, que emplea a cerca de 10 mil personas, ya se puso en marcha.

El sector forestal fue duramente golpeado. A los despidos en Aserraderos Mutrún y Forestal Santa Mercedes, que suman 140 trabajadores, se agrega la quiebra de Forestal y Bosques Santa Elena, con presencia en la Regiones Octava y Novena. Ambas empresas, de la familia Cortesi, dejaron cerca de mil trabajadores cesantes, quienes, de todas formas, gracias al proceso de quiebra, podrán optar a indemnizaciones.

En el caso de Siderúrgica Huachipato, que a mediados de mes había anunciado la desvinculación de 400 trabajadores, se logró un acuerdo con los sindicatos para que 800 de sus empleados tomaran vacaciones anticipadas. En Cap Acero estiman que la planta de Talcahuano permanecería paralizada por, al menos, tres meses.

Pero, las noticias no son optimistas para todos en Huachipato. Muchos de los trabajadores subcontratistas han sido desvinculados de sus empresas que, en varios casos, han invocado la causal de “caso fortuito, o fuerza mayor”. Coinfa Limitada es una de ellas. Especializada en la fabricación de utensilios de aluminio, la Firma, del empresario penquista Félix Adlerstein, dejó 33 trabajadores cesantes y sin derecho a indemnización. Varios de ellos tenían más de diez años de antigüedad. El representante del Sindicato, Cristián Paz, acusa aprovechamiento, más aún considerando que la fábrica de utensilios de cocina sigue activa.

La pesca industrial, también, presenta serios daños en la Octava Región. De catorce plantas especializadas en harina de pescado, nueve resultaron con daños graves, o medianos, que las mantendrán paralizadas por varios meses. Aparte de los empleados dependientes de estas plantas, donde ya se han producido despidos, los afectados, también, son los pescadores artesanales, que venden sus productos a esta industria. La Federación de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal calcula que en la región resultaron destruidas 800 embarcaciones menores.

*Vea la lista de las empresas que han invocado el Artículo 159 Nº6

Los nexos del Gobierno con las empresas de la

reconstrucción

Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER | 1 de Abril de 2010

El primer desembolso del plan de reconstrucción Manos a la obra se asignó a dedo. Son $8 mil millones, que se repartirán entre tres grandes cadenas de materiales de construcción. No hubo licitación y tampoco se invitó a otras empresas del rubro que, con sus reclamos, obligaron al Gobierno a cambiar de planes y anunciar que se enviarían nuevos fondos para que las ferreterías locales pudieran participar. Eso no cambia la decisión inicial, que beneficia a Construmart, Easy –propiedad de Cencosud, donde el ministro de Minería, Laurence Golborne, fue gerente corporativo hasta el año pasado– y Sodimac. Uno de los propietarios de esta última es Dersa, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, era vicepresidente hasta hace un mes y tenía una inversión de más de $5 mil millones. Otro de los accionistas es Bethia, la sociedad de Liliana Solari, que la semana pasada se adjudicó la mayor parte del paquete accionario que Piñera mantenía en LAN.

Se cumplía justo un mes del terremoto cuando el presidente Sebastián Piñera, en su última visita a la Octava Región, anunciaba el programa gubernamental Manos a la obra, mediante el cual se destinaría un fondo de $8.000 millones para la reconstrucción de las zonas más afectadas del País. Pero, no dijo nada sobre cómo se iba a implementar. Cuatro días más tarde, Radio Bío Bío informaba que tres grandes cadenas de materiales para la construcción serían las encargadas de proveer los materiales necesarios a los municipios: Homecenter Sodimac, Easy y Construmart.

El Gobierno justificó la decisión por el tamaño de las compañías y la rapidez con que podían repartir los materiales para la tarea de emergencia. Sin embargo, no se explicó la ausencia de otras cadenas relevantes, como MTS, o Chilemat. Por supuesto, el anuncio provocó el inmediato reclamo de los dueños de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de las zonas devastadas, que podrían haber participado en una eventual licitación. Acusan que el mecanismo empleado es discriminatorio y que no se condice con el discurso gubernamental de apoyo al sector que representan. Y aseguran que están en condiciones de suministrar los insumos a los municipios de las zonas afectadas que los requieran.

Ante el aumento de las críticas, el Gobierno tuvo que reaccionar con un plan B. El jueves 1, anunció que se transferirían fondos para que las intendencias compraran más materiales a las ferreterías locales: “Escuché el planteamiento de las ferreterías regionales y me pareció sensato. Cuando las cosas son sensatas, cuando van en la línea correcta, no nos demoramos tiempo y tomamos las decisiones en forma inmediata”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

La decisión no influye en el convenio con las tres grandes cadenas, dos de las cuales han estado estrechamente ligadas a autoridades del Gobierno, en los últimos años. Y una de ellas, de cierta forma, en las últimas semanas.

Las antiguas empresas de los ministros

El sábado 6 de marzo, Sodimac donó, públicamente, mil millones de pesos en la cruzada, a nivel nacional, Chile ayuda a Chile. Luego, puso en pie una campaña que consistía en que. por cada ladrillo que se comprara en sus tiendas, la empresa pondría otro para la reconstrucción. Ahora, por el convenio del programa Manos a la obra, sus ganancias serán cercanas a los $2.666 millones.

Lo que no se ha dicho es que hasta sólo días antes de que asumiera en su cargo, como ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno invertía indirectamente en Sodimac, empresa de la que era director. Al mismo tiempo, era vicepresidente del Grupo Dersa que, según la memoria del año 2008 de la firma, mantiene el 22,31% de su capital social. Además, en 2008 Sodimac se fusionó con la gigante del retail Falabella.

El 11 de marzo, el mismo día del cambio de mando, el Diario Oficial publicó la desvinculación que Moreno hizo de Inversiones Dersa Tacas Tres Ltda., una sociedad que nació de una división de Dersa S.A. en octubre del año pasado y que es parte del grupo de accionistas de S.A.C.I. Falabella. En ese movimiento, Moreno retiró la suma de $5.802.856.219.

Por otro lado, la empresa Falabella-Sodimac también se ha visto vinculada, en las últimas semanas, aunque no con el Gobierno, sí con el Presidente. El Grupo Bethia, ligado a la accionista de Falabella, Liliana Solari, fue el que compró, la semana pasada, el 99,9% de los derechos de Axxion, una de las dos sociedades a través de las cuales Sebastián Piñera mantenía sus acciones de LAN. Según la memoria de 2008, de Sodimac, ese mismo grupo posee el 12,61% de su capital social.

El otro ministro que ha estado ligado a las empresas designadas para la reconstrucción es el titular de Minería, Laurence Golborne. Gran parte de su carrera profesional ha estado ligado al holding Cencosud, propietario de Easy, donde fue la mano derecha del empresario Horst Paulmann. En diciembre de 2008, presentó su renuncia como gerente general corporativo, ante el directorio de Cencosud, aunque esta se hizo efectiva recién al finalizar enero de 2009.

La expansión de Chicharro

Construmart, antes de ser Construmart, era Chicharro S.A. Es la tercera de las tres grandes cadenas que se adjudicaron, directamente, el programa de reconstrucción del Gobierno y la única que no registra ningún tipo de vínculo con sus miembros.

Nació en 1986, bajo el nombre de Calixto Chicharro S.A. y un capital que sus socios, Oscar Legarreta Ruiz y Calixto Chicharro e Hijo Ltda., fijaron en $45 millones. Cinco años después, ese monto se había multiplicado hasta llegar a los mil millones de pesos. Desde entonces, la empresa fue en franco crecimiento.

Para 1995, cuando cambió su nombre a Chicharro S.A., la empresa ya contaba con más de $2.000 millones de patrimonio. Tres años después, luego de fusionarse con Comercial Eguiguren S.A. y Comercial Corbella Ltda., se convirtió en Construmart S.A. En 2006, cuando se dividió por segunda vez, quedó con un capital superior a los $34 mil millones, después de reducirlo para otorgar parte a la sociedad que nacía: Construmart Emprendimientos S.A.. Actualmente, según su sitio web, con 28 sucursales (tanto de tiendas Construmart, como de Ferrexperto) tienen presencia en 11 de las 15 regiones del país.

Los complicados conflictos de interés que enfrenta el nuevo Fiscal

Nacional Económico

Francisca Skoknic, CIPER | 1 de Abril de 2010

Felipe Irarrázabal asume con la misión de velar por la libre competencia en los mercados. Hasta ahora, era abogado de importantes empresas cuestionadas en casos de colusión, competencia desleal, o abusos de posición dominante, lo que le generará conflictos de interés, que deberá resolver en sus nuevas tareas. Socio del ESTUDIO PHILIPPI, que representa causas emblemáticas para la FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE), deberá abstenerse en varias de ellas.

Abogado de la UNIVERSIDAD DE CHILE, master en YALE y experto en libre competencia, es el nuevo fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal Philippi. Aunque sumirá como suplente, mientras el Sistema de Alta Dirección Pública define el nombre del titular –que, probablemente, sea él mismo–, su trayectoria profesional lo expone a importantes conflictos de interés. Y ello porque Irarrázabal es socio de uno de los más importantes estudios jurídicos del país, PHILIPPI, YRARRÁZAVAL, PULIDO Y BRUNNER, el que ha representado a empresas en causas emblemáticas para la FNE, la mayor parte de ellas a cargo del nuevo fiscal.

CENCOSUD, Kaufmann y el controlador de VRT, John Malone, figuran entre sus clientes cuestionados por la FNE y a quienes ha defendido ante el TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA (TDLC). Como comenta un abogado, que destaca el profesionalismo de Irarrázabal, el problema no es que tenga conflictos de interés, lo importante es cómo los resolverá. A su juicio, no se trata de un tema ético, sino que práctico: tendrá que inhabilitarse, en demasiados casos.

La Ley de Bases de Procedimiento Administrativo consagra el principio de abstención, que le impide intervenir en asuntos que tengan relación con quienes ha prestado servicios profesionales en los últimos dos años. El profesor de Derecho Administrativo de la UNIVERSIDAD DE CHILE, Luis Cordero, explica que el alcance de la norma lo obliga a salir de toda la línea de información y conocimiento de asuntos en los que debe abstenerse.
El profesional agrega que, también, le son aplicables ciertas disposiciones de la Ley de Probidad, que le impiden intervenir en asuntos en los que él o sus familiares tengan interés.

Esto, debido a que aún si el nuevo fiscal vende su participación en el ESTUDIO PHILIPPI, su padre,
Jaime Irarrázabal, también es abogado fundador y consejero del mismo, lo que sitúa, además,
al bufete en una compleja situación.
El ESTUDIO PHILIPPI, YRARRÁZAVAL, PULIDO Y BRUNNER ya tiene tres de sus socios en importantes
tareas del nuevo gobierno. A Felipe Irarrázabal se agregan los abogados Germán
Subercaseaux, quien asumió como jefe de gabinete del ministro de Justicia, Felipe Bulnes; y
Ricardo Irarrázabal, asesor del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
En entrevista con LA SEGUNDA, el Fiscal anunció que se abstendrá de participar los casos que le
ha tocado conocer, pero dijo no sentirse inhabilitado en la acusación de colusión contra las
cadenas de farmacias, pese a que su estudio representa al dueño de FASA, José Codner, en
juicios derivados de la investigación de la FNE. Irarrázabal manifestó estar preocupado,
también, por el respeto del secreto profesional, respecto de sus antiguos clientes y anunció una
guía interna sobre estas materias.
Irarrázabal solía llevar casos de empresas en conjunto con Ramiro Mendoza, que dejó el
Estudio al asumir como Contralor. Quienes conocen a Mendoza, comentan que desde que
asumió ese cargo se ha inhabilitado de ver temas que, de alguna forma, involucran a ex
clientes. Y subrayan que, a diferencia de la FNE, cuya función es supervigilar al sector privado,
en la Contraloría el grueso del trabajo está relacionado con el sector público.
La institucionalidad de la FNE fue reforzada, recientemente, y cuenta con poderosas
herramientas para su acción fiscalizadora, como la delación compensada, o la facultad de
requisar documentos en recintos privados. Hasta ahora, el nuevo fiscal ha estado al otro lado
del escritorio, defendiendo a quienes la FNE ha acusado de colusión, de concentrar el
mercado, o de otras faltas que afecten la libre competencia.
“Si estás con las responsabilidades del fiscal nacional, tienes que tirarte contra los grandes
grupos económicos. Y aunque Felipe sabe mucho del tema, sus conflictos de interés no lo
hacen la persona ideal para el cargo”, opina un abogado que ha trabajado con Irarrázabal.
Otro abogado del área comenta que, considerando que el Gobierno tiene una mirada más
empresarial y ya había decidido que el Fiscal saldría de entre los defensores de privados en
casos de libre competencia, el nombre de Irarrázabal es el mejor del mercado: “Soy muy crítico
de los conflictos de interés que se han generado en las designaciones de este gobierno, pero
me tranquiliza Felipe, porque no es un liberal a ultranza, tiene mirada de política pública y
entiende que hay cosas que hay que regular. De todos los nombres que sonaban es, lejos, el
más serio”.
Los clientes del nuevo fiscal
Una de las últimas actuaciones de Felipe Irarrázabal, ante el TDLC, fue a fines de enero
pasado, en representación de John Malone, el dueño de LIBERTY, la empresa controladora de
VTR. La FNE presentó un requerimiento en su contra, debido a que habría incumplido con las
condiciones que se le impusieron para su fusión con METROPOLIS, luego de que, en Estados
Unidos, LIBERTY comprara la matriz de DIRECT TV, afectando indirectamente la concentración del
mercado chileno. En ese caso, Irarrázabal argumentó que el TDLC no tiene jurisdicción para
juzgar transacciones materializadas fuera de Chile.
Pero, sin duda, el cliente más emblemático de Irarrázabal es CENCOSUD, la matriz con la que el
empresario Horst Paulmann controla los supermercados JUMBO, SANTA ISABEL, la multitienda PARIS
y, también, EASY. Como abogado del Grupo, él encabezó el duro proceso que enfrentó la
supermercadista por abuso en contra de sus proveedores y, también, la famosa “guerra del
Plasma”, en la que él representaba a PARIS y el actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a
FALABELLA, ambos acusados de colusión.
El ESTUDIO PHILIPPI asesora a CENCOSUD en distintas materias legales y no sólo de libre
competencia. Además, sobre el sector de supermercados, la FNE ha puesto duras reglas para
evitar la concentración, lo que, seguramente, hará que tenga que enfrentarse, con cierta
frecuencia, a este tipo de problemas.
Entre los casos aún abiertos en el TDLC, Irarrázabal participa en la defensa del director de la
ASOCIACIÓN CHILENA DE PUBLICIDAD (AChAP), Rodrigo Fontaine Cox. A juicio de la FNE, las agencias
se coludieron para hacer fracasar licitaciones de servicios de publicidad.
También representa a la empresa KAUFMANN S.A. VEHÍCULOS MOTORIZADOS, cuestionada por la
FNE, porque se habría coludido con otros proveedores, en una millonaria licitación de
ambulancias de la CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO (CENABAST).