Chile: Reforcemos positiva acumulación de rabia: par de certeros textos desnudan la Concertación

15 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

En dos días consecutivos –lunes y ayer– la edición electrónica de El Ciudadano publicó igual cantidad de valiosos artículos, cuya atenta lectura y profunda reflexión ayudará a mejor comprender la realidad del maltratado Chile, desde la vil Dictadura hasta las dos décadas de la progresista Concertación, administrando, fortaleciendo y desarrollando el inhumano modelo económico de esta y no cumpliendo, a plena cabalidad, sus obligaciones respecto a los derechos humanos:

►Difícil camino hacia la verdad ¿justicia y reparación?

►La consolidación de la Dictadura

El primero fue escrito por Paulina Acevedo Menanteau y Hervi Lara Bravo (periodista y docente, respectivamente miembros del Observatorio Ciudadano y de la CECT-Comisión ética contra la tortura); el autor del segundo es el sociólogo y ensayista (Chile: una democracia tutelada y Los mitos de la democracia chilena – Editoriales Sudamericana y Catalonia) Felipe Portales Cifuentes, también integrante de CECT.

Aunque se trate de textos periodísticos –por tanto, sin posibilidad de abarcar todos los temas, ni de análisis completos–, ambos no son, propiamente, tipo aquellos que se pueden leer de manera superficial, rápido y en diagonal, sino que exigen concentración, mucha, pues estructuran adecuada densidad, en datos y pistas, incluyendo nombres de protagonistas que no tenemos derecho de olvidar.

Para quienes se han preocupado en informarse con rigor, permanentemente, de los procesos que fueron determinando a Chile, en los dos artículos no encontrarán novedades; sin embargo, también para ellos, su atenta lectura será muy provechosa, pues ambos –de manera sintética y clara– sistematizan los hechos más relevantes, permitiendo mejor entendimiento de nuestro inicuo presente y de cómo –¡y por quienes!– él fue siendo erigido.

Considerando la fuerte consistencia de esos importantes textos, apenas me permito aflorar lo siguiente:

♦ Parte mayoritaria de dirigentes del Partido Demócrata Cristiano no se limitó a apoyar el traidor Golpe de Estado, dentro de Chile y en el extranjero, sino que, desde mucho antes del 11 de septiembre de 1973, lo impulsó y –en espuria conspiración con toda la Derecha, hasta la fascista– implementó pretextos supuestamente legales para que la canalla soldadesca ‘justificara’ la brutal destrucción del humanísimo proyecto de la Unidad Popular, pasando a la oposición sólo después de darse cuenta que el vil dictador no se retiraría, al cabo de algunos meses, dejándoles el Poder.

♦ Las histéricas y vergonzosas gestiones para intentar el salvamento del cobarde Pinochet, apresado en Londres, por fundamentadísimo pedido de Baltazar Garzón (juez español, ¡actualmente enjuiciado por querer investigar las masivas atrocidades del genocida franquismo!), incluyeron patéticas acciones de José Miguel Insulza –en muy extraño inglés– y de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, clamando –con descarada manipulación de La Araucana, denigrando la dignidad y el coraje de los hermanos mapuches–, en mitin callejero, por la liberación del ‘Presidente’*, asesino y ladrón, resumiendo su nauseabundo currículo. ¿Cuándo se harán públicos –con todos sus detalles– el proceso que gestó y estructuró la Concertación y los acuerdos ‘confidenciales’ que consensuó con la Dictadura?

* Esta semana, en días consecutivos –martes y miércoles– hubo dos noticias muy importantes en la lucha por los Derechos Humanos, de Uruguay y Alemania, divulgando las condenas a un asesino nazi y a un ex dictador de ese hermano país, Juan María Bordaberry y Heinrich Boere, a 30 años de prisión y a cadena perpetua, respectivamente.

Curiosas coincidencias, ambos criminales tienen 88 años de edad y están bastante enfermos, de manera que llegaron a los tribunales en sillas de rueda.

Estos ejemplares procesos, a la vez que satisfacen, hacen sentir enorme vergüenza por la impunidad que gobernantes chilenos garantizaron al infame y cobarde Pinochet, que murió –sin ninguna condena judicial– en la cama y que fue enterrado con obscenos homenajes públicos, cuando debería (¡por lo menos!) haber sido degradado a soldado raso, expulsado del Ejército y encarcelado hasta el último instante de su vil existencia.

Pero, claro, el inmoral ‘Tata’ ya era muy viejito (cuando lo detuvieron, en Londres, tenía sólo 84 años) y no estaba bien de salud…

Y, además, disponía de poderosos apoyos derechistas –¡no únicamente derechistas!–, como se verifica en el extracto da entrevista publicada, a los Rivadeneiras, hoy, en la revista El Sábado.

Dos condenas ejemplares que me satisfacen y avergüenzan... E-mail enviado el 29 de marzo.

♦ La llamada Constitución de 1980, absolutamente ilegal e ilegítima, por más parches superficiales que le haya introducido la Concertación (¡todos con acuerdo de la Derecha!), no pasa de ser –para mí– más un vulgar bando militar, impuesto por la abusiva tropa armada. Por eso, considero que una de nuestras batallas fundamentales, del todo prioritaria, es la de exigir una Asamblea Constituyente, mismo democrática y soberana, para elaborar la Carta Fundamental que Chile no tiene, desde el 11 de septiembre de 1973.

♦ La Dictadura persiguió, humilló, robó, encarceló, deportó, exilió, torturó y asesinó –usando armas que el pueblo había entregado a las Fuerzas Armadas y del ‘Orden’, para que lo protegiera– a incontables miles de chilenas y chilenos. Sin embargo, la Justicia ha condenado apenas a poco más cincuenta de sus criminales, enviándolos al placentero Penal Punta de Peuco*, concebido y montado –por la Concertación– exclusivamente para ellos, más centro de descanso que cárcel.

* Como “lujosas” calificaron los jueces las instalaciones que tienen los reclusos en el Penal Punta Peuco. Según el informe semestral, sobre la situación de las cárceles en Santiago, los militares detenidos poseen hasta computadores y celulares, en sus celdas, mientras cumplen sus penas, en la mayoría, por casos de violaciones a los derechos humanos. “Presenta condiciones de lujo, como una sala de living, ubicada en el módulo reservado para ex uniformados del Ejército, sin perjuicio de calefacción eléctrica al interior de las habitaciones, las cuales lucen el adorno de una residencia particular acomodada. Asimismo, una sala de comedor con muebles de estilo y un patio sembrado de césped con toldos y juegos”, indica el documento. La Comisión estaba integrada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Cornelio Villarroel; el ministro Omar Astudillo; la secretaria en lo criminal, Silvia Cancino; el juez oral, Roberto Orchard, y la jueza de garantía, Isabel Pastrán. “Cada interno posee llave de su habitación. En allanamientos, se han requisado teléfonos móviles, hecho que vulnera las medidas de seguridad, especialmente cuando los internos cuentan con equipos computacionales, que pueden ser conectados por esa vía a Internet”, manifiestan los jueces. La Nación, 26JUL07

♦ El Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que es imprescindible y debería haber sido hecho mucho antes, tiene innegables méritos, pero –también, lamentablemente– numerosos defectos: no es explícitamente didáctico, no contextualiza, omite a los torturadores y asesinos, comete errores (algunos gravísimos) en hechos ya definitivamente documentados e omite –o apenas sugiere– aspectos básicos… además de fallar bastante en términos museológicos, pareciendo, en varias de sus partes, que primó la ornamentación, no la potenciación de la muestra, educando al público con la verdad histórica… Y el Museo continúa cerrado, pues el sismo del 27 de febrero lo dañó harto, no obstante sea un edificio –proyectado y construido con esa específica finalidad– inaugurado a comienzos de este año, menos de dos meses antes del terremoto.

Paro aquí, porque ya es demasiado tarde, mas no puedo dejar de explicitar el privilegio que tuve, anoche, asistiendo a la exhibición y participando en el debate de Puente Llaguno: claves de una masacre, excelente documental que me impresionó por el extremo rigor de la investigación (con técnicas científicas, durante dos años) que fue necesaria para desmontar el inmoral embuste arquitectado por el Imperio y concretado por la Derecha venezolana, el 11 de abril de 2002, hasta sacrificando a varios de sus ingenuos seguidores, muertos heridos por francotiradores ‘amigos’, y asesinando bolivarianos, con tiros de los mismos profesionales fusileros. Lo más repugnante –en este alevoso plan– son los roles que tuvieron numerosos ‘periodistas’, fachosos encorbatados y siúticas barbies, que, con tan impostadas como ridículas voces y poses, mintieron, grosera y criminalmente. Estos impúdicos individuos –en mí opinión– son todavía peores que los policías asesinos, pues esos verdugos de venezolanos desarmados apenas destruyeron una persona, con cada disparo, mientras que aquellos manipulan a millones, cegándolas y arrastrándolas a acciones contra sus propios legítimos intereses, emulando así a su maestro Joseph Goebbels, porque no pueden repetir el incendio del Reichstag. Pero, tales repugnantes delincuentes –al igual que los ‘periodistas’ cómplices del Golpe de Estado y de la Dictadura, en Chile– se amparan en la ‘libertad de prensa’ para quedar impunes, completamente impunes…

A la salida de ese didáctico encuentro, recogí un papelito, muy simple y claro:

¿Y si Chile fuera

tan democrático

como Venezuela

y se consultara

al pueblo para

cambiar la

Constitución?

Noticia todavía fresquita, que compensa el asco provocado por los ‘periodistas’ antipatriotas venezolanos, émulos de los chilenos que –especialmente entre 1969 y el fin formal de la Dictadura– pisotearon la ética profesional, tornándose criados de los represores y sus mandantes:

Mónica González, directora de CIPER, gana Premio Mundial de la Libertad de Prensa 2010

13 de Abril de 2010

La directora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), Mónica González, fue elegida como ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, 2010. El galardón rinde homenaje a personas, organizaciones o instituciones, defensoras o promotoras de la libertad de expresión, en cualquier parte del mundo, especialmente si han arriesgado sus vidas con su acción.

Como El Vaticano tuvo que desautorizar a su segundo jerarca, el homofóbico Cardenal Tarcisio Bertone ("Las autoridades eclesiásticas no consideran que sea de su competencia hacer afirmaciones generales de carácter específicamente psicológico, o médico, para las cuales se refieren, naturalmente, a los estudios de especialistas y a las investigaciones en curso sobre el tema"), tal vez nadie se enoje con la fotito anexa y sí hartos rían, saludablemente…

Jorge Araya

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Difícil camino hacia la verdad, ¿justicia y reparación?

12 de abril, 2010

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“Veinte años no es nada”, señala la canción; y, en materia de derechos humanos, las dos décadas de gobiernos concertacionistas dan cuenta de lo poco, o nada, que se ha avanzado.

Tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, el primer gobierno de la Concertación, encabezado por Patricio Aylwin –quien asumió el 11 de marzo de 1990–, se inicia con el gran desafío de hacer frente a las violaciones a los derechos humanos de la Dictadura y a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

En el intertanto, el Dictador impuso “leyes de amarre”, que impedían fiscalizar actuaciones de las autoridades anteriores a 1990, manteniendo, además, la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (N°2191, 1978) a los crímenes de los militares, así como “leyes secretas”, para garantizar su propia impunidad y la de otros miembros de las fuerzas armadas.

Se impuso la transición pactada a la democracia, negociada entre Aylwin, Cáceres [Carlos Cáceres, ex ministro de Pinochet], Jarpa [también, ex ministro de Pinochet y ex presidente de Renovación Nacional, el partido de Sebastián Pinera] y los militares. Los acuerdos se hicieron públicos en junio de 1989 y se aprobaron en un referéndum, del 30 de julio de ese mismo año: manteniéndose la inamovilidad de los comandantes en jefe y del general director de Carabineros; el Consejo de Seguridad Nacional, con igual número de miembros civiles y uniformados; el sistema binominal de elecciones; los senadores designados y vitalicios; y la posibilidad de que tribunales militares juzguen hechos que involucran a civiles.

En este contexto, la transición y el eje de la política gubernamental de derechos humanos se ve restringida a la búsqueda de los cuerpos de detenidos-desaparecidos, con posturas eufemísticas, tales como “justicia en la medida de lo posible”, “justicia con clemencia”, o “justicia para casos símbolos”, que tiende a equiparar a víctimas con victimarios.

VERDAD SIN JUSTICIA, SU REPERCUSIÓN EN LA DEMOCRACIA

En marzo de 1990, se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo informe (Rettig) [Raúl Rettig Guissen, presidente de la Comisión] establece el número de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos, permitiendo la apertura de procesos que sucumben ante la Ley de Amnistía, o la competencia a los tribunales militares. Luego, la Mesa de diálogo: hacia el reencuentro de todos los chilenos: ahí, las fuerzas armadas reconocen que hubo cuerpos arrojados al mar, nombrándose jueces especiales para investigar esos hechos, con la figura de secuestro calificado.

Por último, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, con un nuevo informe (Valech) [Monseñor Sergio Valech, presidente de la Comisión], donde prestan testimonio 35.868 personas y se caracterizan los mecanismos de represión aplicados en todo el país, en un total de 1.132 recintos, y se proponen medidas de reparación. Sin embargo, se estableció el secreto sobre la identidad de los perpetradores, por 50 años, lo que se traduce en impunidad, desatendiéndose, hasta hoy, la recomendación del Consejo de DDHH de la ONU, para que se traslade esta información a los tribunales de Justicia (como se hizo con el Informe Rettig), a fin de sancionar a los culpables.

Se aceptó avanzar en verdad, pero no en justicia. Tolerancia que tendrá serias repercusiones en años venideros, pues, al no instalarse desde el inicio una sanción ejemplificadora, quedó abierta la puerta para que nuevos hechos de tortura y muerte involucren a uniformados y policías en democracia.

Desde el año 2000, una avalancha de informes de relatores especiales y comités de expertos de la ONU dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos en Chile, durante los gobiernos de la Concertación, en particular en contra del pueblo mapuche y en situaciones de detención, por el uso de leyes especiales para criminalizar demandas sociales (antiterrorista y de seguridad nacional) y la persistencia de la Justicia Militar, con su manto de impunidad.

Los recientes esfuerzos de reubicar el tema de los derechos humanos en el escenario político han sido instrumentales y, por decir lo menos, faltos de proyección. Limitándose a la construcción de un Museo de la Memoria tibio, que refresca una visión de la dictadura, pero, tampoco, alude a señalar e identificar a los culpables [Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, inaugurado por Michelle Bachelet, el pasado 11 de enero]. Y un Instituto de Derechos Humanos [dos meses después de su creación, el 1 de febrero de este año, se eligieron los actuales consejeros, reemplazando aquellos que habían sido designados irregularmente], que ha sido cuestionado, hasta el cansancio, por sectores que tienen un trabajo histórico, siendo desoídos, siguiendo la costumbre.

“Veinte años no es nada”, señala la canción; y, en materia de derechos humanos, las dos décadas de gobiernos concertacionistas dan cuenta de lo poco, o nada, que se avanzó.

DEMOCRACIA SIN CIUDADANÍA: EL SINO DE VEINTE AÑOS

Tras dos largas décadas en el Gobierno, uno de los aspectos de mayor rezago entre los compromisos adquiridos por los partidos de la Concertación, pese a ser consustancial a la democracia, es la implementación y garantía de derechos ciudadanos. Ello, en elementos tan básicos, como el derecho a voto, pero, también, frente a aquellas transformaciones indispensables para un desenvolvimiento democrático efectivo, como es la necesaria reforma a la Constitución impuesta por la Dictadura, contar con una Ley de Participación Ciudadana y el establecimiento de la figura del Defensor del Pueblo.

En efecto, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado y vigente en Chile desde la década de los setenta, garantiza a los ciudadanos el derecho a la participación política y al voto.

Específicamente, la posibilidad de: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Sin embargo, existe hoy un número importantísimo de chilenos –capaz de modificar, sustancialmente, el curso de una elección– a quienes se les impide ejercer este esencial derecho a sufragio. Es el caso de los chilenos en edad de votar que se encuentran en el extranjero, y que asciende a cerca de un millón de personas, quienes, por más de una década, han visto frustrada su lucha por recuperar el derecho a participar en los designios del país, situación agravada por el hecho de que muchos de ellos fueron sometidos a un exilio forzado por la Dictadura y el de las personas privadas de libertad, sin condena –llega al 50% de la población penal del país–, como sí ocurrió en las cárceles argentinas, durante la pasada elección presidencial.

Tampoco se ha establecido el voto electrónico, pese que Chile es un país que ostenta el mayor número de usuarios de Internet en América Latina; ni el voto de los mayores de 16 años, como lo han adoptado diversos países desarrollados.

No obstante, la Concertación no sólo mantuvo, sino que, además, hizo uso (con el mismo fin represor y de control), de la restricción antidemocrática impuesta por la Dictadura –mediante Decreto Supremo N°1.086, de Pinochet, en 1983–, al derecho a la “reunión pacífica, sin permiso previo”, garantizado en la Constitución (Art. 19, N°13). Decreto que obliga, hasta hoy, a solicitar autorización, a las intendencias, para manifestarse en espacios públicos, plazas o calles. Es decir, la paradoja (incongruente) de pedir permiso al Estado para manifestarse en contra de él mismo; limitando y criminalizando, a su vez, el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Ello, en un país sumergido en el discurso homogenizante y tendencioso de los medios de comunicación que controla, casi en su totalidad, la derecha política.