CONCORDIA, ENTRE RIOS: Destrucción de archivos de la dictadura militar
(AW)Luego de que se conociera que en la Jefatura Departamental de Policía de Concordia se habían quemado los archivos de tiempos de la dictadura militar, donde debía constar el paso por esa dependencia de una de sus víctimas, el desaparecido obrero ferroviario, Sixto Zalazar y de otros tantos que estuvieron detenidos y se haga público el acta de destrucción firmada por la directora de Archivo del año 2004, Graciela Bascourleguy, ésta formuló su descargo.
Concordia, viernes 16 de Abril de 2010 (Agencia Walsh) En una nota enviada a Diario Junio y antes que ninguna otra consideración, de modo de dejar claro lo importante de lo secundario, Bascourleguy afirma "niego enfáticamente ser la responsable de la destrucción de ese material" y a renglón agrega, "como titular del Archivo carecía de la autoridad necesaria para ordenar la destrucción de cualquier archivo privado o público existente en la provincia". Sin embargo, reconoce "haber firmado el acta que dispuso la quema de documentos policiales en 2004", publicada esta semana.
La lenta Justicia Federal entrerriana tendrá ahora la posibilidad de conocer más detalles y confirmar sí, como dice Bascourleguy, esto fue una decisión del entonces Jefe de Policía provincial, Ernesto Geuna o departamental Alfonso Rubén Gregorutti o sí, en cambio, estos recibieron la orden de una autoridad mayor. Como ya se dijera antes, Jorge Busti era gobernador, Sergio Urribarri Ministro de Gobierno y José Halle secretario de Justicia. Alguien debe responder.
Sixto Zalazar sigue desaparecido, el padre Servín acaba de contar que él le dijo al Obispo Ricardo Rosch que a Zalazar lo tenían en la celda 1 de la policía de Concordia y aún nadie ha pagado por ese brutal delito de lesa humanidad que es la desaparición de persona.
Carta textual de Graciela Bascourleguy
"En mi carácter de ex directora del Archivo general de la Provincia reconozco haber firmado el acta que dispuso la quema de documentos policiales en 2004 en la jefatura departamental de Concordia, pero niego enfáticamente ser la responsable de la destrucción de ese material. Como titular del Archivo carecía de la autoridad necesaria para ordenar la destrucción de cualquier archivo privado o público existente en la provincia.
Mi función era revisar el material existente en cualquier organismo público y, a pedido de los interesados, hacer un diagnóstico de su estado, aconsejando en algunos casos su expurgo para evitar la contaminación de otros documentos.
En el caso de los papeles incinerados en Concordia, el Archivo General nunca recibió ningún expediente que avale ese acto administrativo. Reconozco que fui convocada para observar el material que luego fue expurgado.
Los papeles y documentos estaban amontonados en la jefatura departamental de Concordia en un estado calamitoso. Los papeles eran ilegibles, con hongos, húmedos y mal olientes, posiblemente por la orina y excrementos de roedores y otros animales y por el efecto de agentes climáticos.
Aunque intenté revisar muchos de esos papeles, reconozco que técnicamente fue imposible recuperarlos debido a que el material se deshacía entre los dedos y era ilegible e imposible de manipular.
Quiero dejar expresamente aclarado que la incineración de los documentos no fue decidida por quien suscribe este comunicado ni por ningún otro integrante del Archivo General.
Yo solo constaté el estado irrecuperable del material, pero la decisión de expurgarlo excedía mis funciones, por lo que asumo que la medida fue dispuesta por las autoridades policiales del momento".
Diario Junio
AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
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