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EL CASO FRIPUR, Y LA AMISTAD DE MUJICA CON EL EMPRESARIO FERNÁNDEZ FISCAL DESARCHIVA DENUNCIA DEL DR. GUSTAVO SALLE Y ORDENA INVESTIGACIÓN.
La denuncia del abogado, fue archivada por decisión del juez, no obstante nuevos datos presentados por la Sra Fabaian Terrenoire, ex secretaria de Mujica, acerca de la desproporción de la multa cobrada a la Empresa Fripur por vender pescado en mal estado a la Unión Europea, y la consiguiente pérdida económica para el país por la suspensión de las exportaciones, Motivaron a Salle a pedir el desarchivo del caso (abajo en esta misma nota), al que hoy el fiscal hace lugar.
El Fiscal Ricardo Percivale resolvió el desarchivo de la denuncia presentada por Dr. Gustavo Salle a raíz de la colecta empresarial vinculada al financiamiento de los costos del acto de trasmisión de mando, al tiempo que ordenó una investigación pidiendo a la DINARA, le envíe todos los antecedentes vinculados a la multa aplicada a la empresa Fripur, del empresario Alberto Fernández, y llama como testigo a Fabiana Terrenoire, quien denunció la desproporción de la multa aplicada a la empresa 100 UR (unos 46 mil pesos) y el daño económico que la acción de la empresa provocó al país
La Juventud, consultó al Dr. Gustavo Salle –autor de la denuncia penal, por la colecta para financiar los actos de sunción de Mujica- acerca de la del significado de la resolución del Fiscal de desarchivo de dicha denuncia. La respuesta de Salles fue que “de hecho, la decisión del Fiscal Ricardo Percivale, supone una investigación penal referida a la colecta promovida por el Presidente de la República, José Mujica Cordano y sus eventuales e hipotéticas consecuencias”.
Salles explicó que el Fiscal Ricardo Percivale resolvió el desarchivo de la denuncia presentada por Dr. Guustavo Salle a raíz de la colecta empresarial vinculada al financiamiento de los costos del acto de trasmisión de mando. Asimismo el fiscal Percivale solicita el diligenciamiento de varias medidas investigativas como el envío de un oficio a la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) para que remita todos los antecedentes administrativos referentes a la multa aplicada a la empresa FRIPUR y solicita la declaración testimonial de la Sra. Fabiana Terrenoire.
Vale recordar, que la denuncia de Salles tuvo origen en expresiones públicas del entonces electo presidente de la República, en cuanto a que realizaría una colecta pública entre los empresarios para costear los actos entorno al tras paso de mando a realizarse el 1º de marzo de 2010, donde asumiría la Presidencia.
La denuncia del abogado, fue archivada por decisión del juez, no obstante nuevos datos presentados por la Sra Fabaian Terrenoire, ex secretaria de Mujica, acerca de la desproporción de la multa cobrada a la Empresa Fripur por vender pescado en mal estado a la Unión Europea, y la consiguiente pérdida económica para el país por la suspensión de las exportaciones, Motivaron a Salle a pedir el desarchivo del caso (abajo en esta misma nota), al que hoy el fiscal hace lugar.
El Sr. Alberto Fernández, dueño de la empresa Fripur, denunciada por sus trabajadores por no respetar los derechos laborales y pagar magros salarios, es amigo personal de José Mujica, quien en distintas oportunidades paseó en sus barco, y suó su helicóptero, como cuando fue a Brasil a visitar a Lula antes de asumir. Como muestra de la amistad entre Fernández y Mujica, solo basta recordar que fue el empresario quien obsequió al Mujica la banda presidencial.
Pedido de desarchivo
SEÑOR JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE PRIMER TURNO
Gustavo Salle Lorier compareciendo en el presumario ficha 2-3652/2010 al señor Juez me presento y digo:
Que vengo a solicitar el desarchivo de estos obrados y la incorporación de nuevos elemento de prueba, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:
I) Según emerge de los artículos de prensa que se adjuntan, ha tomado estado público una situación altamente alarmante, sugestiva, sospechosa e indiciaria íntimamente relacionada con la plataforma fáctica y consideraciones jurídicas que sustentaron la denuncia oportunamente incoada por el suscrito y que a juicio del Fiscal Especializado no ameritaban ningún tipo de investigación.
II) Sin embargo, el tiempo y los hechos estarían indicando la necesidad y pertinencia de una exhaustiva investigación, según habrá de verse.
III) La historia se remonta al 24 de julio de 2007, cuando una inspección de rutina de la DINARA constató irregularidades en la planta procesadora de pescado de la empresa privada FRIPUR SA cuyo propietario es el empresario Alberto Fernández.
IV) El primero de febrero de 2008, la Unión Europea suspendió casi todas las compras de pescado a Uruguay por razones sanitarias.
V) La decisión de la Unión Europea, causada por el obrar negligente de FRIPUR SA, afectó a ocho empresas procesadoras del sector, a cientos de trabajadores que pasaron a seguro de paro, y paralizó el noventa por ciento de las ventas de pescado a Europa, estimándose los perjuicios en el orden de los ochenta millones de dólares.
VI) Según emerge de la prueba obrante en autos, el Sr Alberto Fernández, dueño de FRIPUR SA, con posterioridad a los hechos reseñados, prestó su apoyo a la campaña electoral del Presidente Mujica y fue uno de los “colaboradores” en la mentada colecta para solventar los costos de la trasmisión de mando del 1 de marzo de 2010, la cual, luego de que tomara estado público nuestra denuncia, fue vetada por el Presidente de la República saliente por lo menos en lo que respecta a su finalidad de solventar los costos de la parte pública del acto, no obstante, la colecta se realizó, ignorando el suscrito el fin que se le dio al dinero percibido.
VII) El día 6 de mayo del corriente año, el semanario “Búsqueda “publica un artículo donde se da a conocer la sanción pecuniaria que amerito la negligente conducta empresarial de FRIPUR SA, a la cual se le impuso una multa de cien unidades reajustables, equivalente a unos cuarenta y seis mil pesos.
VII) En la misma nota, se consigna la falta de proporcionalidad entre la naturaleza del comportamiento negligente, la cuantía de los daños emergentes y la sanción pecuniaria aplicada.
VIII) En nota periodística del diario “El País” del día 7 de mayo del corriente año, la señora Fabiana Terrenoire “ex asesora de Mujica”, al respecto manifiesta: “es indignante que un empresario, después de que los resultados de laboratorio detectaron la presencia de cadmio ( metal con toxicidad y riesgo a contraer cáncer) y altos registros de coniformes fecales y enterobacterias en sus productos, reciba 100 UR de multa cuando el máximo a aplicar son 5000 UR”.
IX) Inmediatamente, en los medios periodísticos de nuestro país, se asoció la ridiculez de la sanción aplicada a la empresa de Alberto Fernández con sus actitudes de “cabilderismo político “, tales como la colaboración en “la colecta” como haber proporcionado su avión particular para traslados de Mujica en la campaña electoral y haber solventado los costos de la confección de la banda presidencial
X) El clima de suspicacias, conjeturas y sugestivas inferencias se apoderó rápidamente de la opinión pública, sobre todo a partir de programas radiales que profundizaron en el tema y luego en los distintos periódicos de la capital e interior.
Naturalmente, el mismo está plenamente justificado en base a los elementos objetivos de la realidad, aspectos que se ven agravados por la resistencia que demostró la administración de justicia especializada a investigar los hechos oportunamente denunciados por el suscrito, de los cuales, los que hoy se verifican en la realidad nacional podrían ser directa consecuencia.
XI) Además, el tema asume ribetes institucionales, pues los propios funcionarios públicos involucrados en la polémica, como el caso del actual Director de la DINARA, Daniel Gilardoni, públicamente, a través de los medios de prensa, introduce por la vía de la negación una posible vinculación entre el monto de la multa y “las cosas” que el dueño de esa empresa Alberto Fernández “ha proporcionado” al Presidente de la Republica José Mujica.
XII) Considera el compareciente, que los hechos son extremadamente graves, que causan alarma pública, que afecta la legitimidad institucional del Estado y fundamentalmente, que revisten apariencia delictual, por lo que su dilucidación constituyen en un imperativo jurídico ético y moral
Por lo expuesto al señor Juez pido:
Se proceda al desarchivo de estos obrados y se le confiera vista al Ministerio Público de los nuevos elementos de prueba aportados por el suscrito.
Dr. Gustavo Salle Lorier
Abogado. Mat 4296
Cx 36 Radio Centenario
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