El gobierno peruano trata a balazos un conflicto minero

12 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

CrisisEconómica.blog, 08/04/10

Ocurrió cuando los policías de la Dinoes (División Nacional de Operaciones Especiales) arremetieron contra más de diez mil manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera Panamericana Sur a la altura del Km 600, en el puente Caleta del distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa

Seis personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito, romper el bloqueo de la carretera.

La principal acusación contra los mineros informales es que contaminan el ambiente, en particular los ríos.

Según las cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado 18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.

Y si bien es cierto que la minería artesanal a pequeña escala causa graves daños al medio ambiente y debe ser ordenada. Hay una evidente incoherencia (o doble discurso)del gobierno en su discurso: permisividad con las grandes empresas cuando éstas dañan el medio ambiente y un discurso ecológico cuando ese daño lo producen los mineros artesanales.

Sin embargo frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales protegidas

La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la gran minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras.

Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.

Una semana antes de la matanza del 5 de abril, los mineros artesanales exigían que se abra un diálogo con el gobierno pero el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no dio mayores esperanzas de que ese diálogo se pueda hacer realidad.

Un día después el gobierno declaró en estado de emergencia las provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica; Caravelí y Camaná en Arequipa; y en Madre de Dios, Tambopata y Manu.

Perú: Gobierno salvaje

Por Alberto Ampuero
SurySur, 08/04/10

Estableciendo las reglas de juego el gobierno desde un principio la protesta de los mineros artesanales del Perú devino en tragedia desde su primer día.

Seis personas murieron cuando la policía intentó, sin éxito, romper el bloqueo de la carretera.

La principal acusación contra los mineros informales es que contaminan el ambiente, en particular los ríos.

Una de las regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país, donde la explotación artesanal de oro en los ríos, que es la actividad que mueve la economía de la zona, ha ocasionado graves daños ecológicos en la selva amazónica, con la deforestación de bosques y la contaminación de ríos con mercurio

El decreto gubernamental que desató las protestas está dirigido a la minería artesanal de oro en Madre de Dios, sin embargo desató las protestas en cadena en al menos una docena de regiones del país, donde los mineros informales han visto en esta norma una amenaza a sus actividades.

No hay un censo sobre la minería informal, pero se estima que podría haber unas 300 mil personas dedicadas a esta actividad. En todo el país hay 19 millones 500 mil hectáreas explotadas por la minería, de las cuales unas dos millones corresponden a la minería informal.

Los mineros consideran que el tema ha sido politizado desde el gobierno central, que se niega a considerar el Plan Nacional de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesana, que no sólo debe abarcar a Madre de Dios, sino al resto de regiones donde se desarrolle la minería aluvial.

Los mineros aseguran que lo que quieren es sacarlos de esta actividad para otorgarles a las grandes empresas los yacimientos que ellos explotan, particularmente los de oro, que hacen de este país el quinto productor mundial.

Piden derogar las leyes 1010, 1040 y el Decreto de Urgencia Nº 012–2010, los cuales ponen en riesgo su trabajo.

El gobierno ha dicho que "No vamos a ceder".

Según las cifras del gobierno, esta actividad minera ya ha deforestado 18 mil hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.

Sin embargo frente a las grandes empresas el gobierno no actúa. Y ha otorgado muchas concesiones mineras en reservas naturales protegidas

En cambio la estadística de la “minería salvaje” , como el presidente llama al trabajo artesanal, hay que buscarla en los partes policiales. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública,etc. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.

Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de resolver los conflictos a balazos en vez buscar el diálogo con los sectores discrepantes.

Un día después el gobierno declaró en estado de emergencia las provincias de Nasca, Palpa y San Juan de Marcota, en Ica; Caravelí y Camaná en Arequipa; y en Madre de Dios, Tambopata y Manu.

No fue difícil adivinar que la suerte de los mineros estaba echada.

Llegó a traición, alrededor de las 7 de la mañana. “Estaban tomando desayuno a un lado del puente y la carretera, porque recién habían llegado los mineros de Ayacucho, Puno y Huancavelica, cuando de pronto fueron atacados en forma criminal por helicópteros de la Policía Nacional”.

Tomado de Socialismo o Barbarie

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Profesor Bertoldino

04/13/2010 02:54

34 muertos después, Gobierno de Alan García retrocede en leyes de Amazonía Junio 16th, 2009 Treinta y cuatro muertos después -incluyendo el operativo con el mayor número de muertos de la policía en la historia- el gobierno de Alan García retrocede y pedira la derogación de las leyes de la discordia de la Amazonía. Nadie asume la responsabilidad política del error aún, pero recaen de príncipe a paje. Yehude Simón anuncia que se va pero no se escucha que dirá Mercedes Cabanillas o Mercedes Araoz -quizás la mayor responsable de todos, quien no calibró el impacto social de sus consejos técnicos- El corresponsal para Sudamérica de el diario “El universal” y Premio María Moors Cabot, Jose Vales, nos reitera que antes de ser un “país modelo” en la región somos una democracia joven machada de sangre: BUENOS AIRES.— La matanza de indígenas en el Amazonas peruano sacudió al mundo la semana pasada y dejó grietas en el gobierno de Alan García. Al menos en su relación con un vasto sector de la sociedad. Cuando aún los habitantes de Bagua buscan desaparecidos, cuando la solidaridad llega por doquier para las etnias amazónicas y el silencio —muy parecido a la censura— sobreviene en la comunidad internacional, se impone un somero repaso por las incursiones violentas y violatorias de los derechos humanos que, como marcas a fuego, fue acumulando la democracia peruana desde su recuperación en 1980. En ese año, tras la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, sobrevino la segunda gestión de Fernando Belaunde Terry. Un quinquenio, aquel, de ordenamiento institucional, de lucha a brazo partido contra la inflación y contra la creciente ofensiva de Sendero Luminoso. Se estima que más de 5 mil personas perdieron la vida en aquella coyuntura de guerra contra la insurgencia. Pero si hay un hecho violento que marca aquel gobierno de Belaunde, como hoy sobresale el de Bagua para el García II, es la matanza de Uchuraccay, departamento de Ayacucho, cuando ocho periodistas y un guía fueron asesinados en confusas circunstancias, mientras reporteaban la ofensiva de Sendero. Después llegó el primer gobierno de Alan García. Una gestión de Corte socialdemócrata, cuestionadora del FMI y de los organismos multilaterales de crédito que decidió enfrentar sin éxito una hiperinflación que galopaba al ritmo de las sangrientas ofensivas de Sendero y la represión indiscriminada del Ejército, con los campesinos siempre como víctimas inocentes. Los muertos en esa coyuntura se multiplicaron y aquel quinquenio también tuvo su marca represiva en las matanzas de las cárceles de El Frontón y San Juan del Urigancho, donde sendos motines de senderistas detenidos, el 18 y 19 de junio de 1986, fueron reprimido de tal forma que American Watch y otros organismos de derechos humanos estiman en más de 300 los muertos en esos episodios. Al frente de las fuerzas de la Marina que ingresaron a sangre y fuego en El Frontón, se encontraba el contralmirante Luis Giampetri. El mismo que desde 2006 es el vicepresidente de García. Casi dos años más tarde, el 13 de mayo de 1988, en Cayara, departamento de Ayacucho Sendero embosca a un convoy militar en el que mueren un capitán del Ejército, tres soldados y cuatro insurgentes maoístas. La represalia de las fuerzas regulares no se hizo esperar. Pero el blanco militar no fueron las huestes comandadas por el hoy detenido Abimael Guzmán, sino los habitantes de Cayara. Con el general Luis Valdivia Dueñas al frente, un pelotón militar entró a Cayara sin reparar en convenciones de guerra ni humanitarias. “La violación de los derechos humanos es algo que parece latente en Perú desde la recuperación de la democracia. Los niveles de representación para el diálogo como solución de conflictos es muy débil y todo termina en hechos como los de Bagua o los de La Cantuta o Barrios Altos, opina el sociólogo peruano Enrique Fernández Maldonado. “La Cantuta y Barrios Altos, fueron los dos aberraciones más importantes de todas las que cometió el régimen de Alberto Fujimori y las que terminaron convirtiéndolo en el primer presidente peruano en ser condenado por ello, con una pena de 25 años de prisión. De la matanza en los penales García siempre se dijo inocente. Argumentó una y otra vez que había prestado declaración ante la justicia “las veces que se me lo requirió y siempre se ratificó mi inocencia”, llegó a decir. Fujimori, su aliado político de los últimos años, terminó en prisión justamente por violación de derechos humanos. Lo que muestra que a pesar de los esfuerzos políticos, las instituciones en Perú progresan. La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, prometió el viernes una investigación parcial y justa de los hechos de bagua. Si así fuera, mientras se aboca a salir del atolladero político al que llevó a su gobierno, García no debería descartar la historia reciente en materia de condenas por violación de derechos humanos, después de esta última marca sangrienta que su gobierno le imprimió a la historia democrática del país. Heduardo http://www.reportajealperu.com/2009/06/34-muertos-despues-gobierno-de-alan-garcia-retrocede-en-leyes-de-amazonia.html bertoldoybertoldino@gmail.com

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auxilio alcalde

04/13/2010 02:50

Perú: Gobierno de Alan García solo conoce el lenguaje de la muerte "Quedó demostrado el 5 de junio del 2009 con la Masacre de Bagua. Se confirmó el 2 de diciembre del mismo año con el asesinato de dos comuneros, a quienes la policía les disparó por la espalda en Huancabamba. Y hoy se ratifica con seis muertos más en Arequipa, en una acción represiva contra las movilizaciones de los trabajadores de la minería informal: el gobierno de Alan García Pérez solo habla el lenguaje de la muerte". Responde con brutal represión a las protestas populares, mientras se multiplican y agudizan los conflictos en todo el Perú. Quedó demostrado el 5 de junio del 2009 con la Masacre de Bagua. Se confirmó el 2 de diciembre del mismo año con el asesinato de dos comuneros, a quienes la policía les disparó por la espalda en Huancabamba. Y hoy se ratifica con seis muertos más en Arequipa, en una acción represiva contra las movilizaciones de los trabajadores de la minería informal: el gobierno de Alan García Pérez solo habla el lenguaje de la muerte. La estrategia es sistemática: se desoyen los llamados al diálogo de las organizaciones, se incumplen compromisos pactados en mesas de diálogo, se ignoran adrede los conflictos para que se agudicen, y entonces se reprime, se encarcela, se enjuicia, se asesina. En el colmo del cinismo, Alan García argumenta que está defendiendo el medio ambiente de los impactos de la minería informal. Los comuneros andinos de Huancabamba defendían el agua, sus territorios, la vida. Y los asesinaron. Los indígenas amazónicos defendían el agua, sus territorios, la vida. Y los asesinaron. ¿Por qué esta sed insaciable de sangre? ¿A quién defiende realmente el gobierno peruano? La respuesta es obvia: a las grandes empresas extractivas, principalmente mineras, petroleras, forestales y de monocultivos, para cuyo servicio dicta normas que vulneran todos los derechos territoriales, de consulta y participación, y los derechos humanos: porque da a las fuerzas del orden licencia para matar a fin de imponer proyectos que además saquean y depredan la Madre Naturaleza. Es cierto: la minería informal contamina y gravemente. Pero también lo hace la gran minería formal. Los casos se multiplican en todo el Perú, donde los territorios comunales son arrebatados, las fuentes de agua envenenadas, el aire contaminado con metales tóxicos, dejando ciento de víctimas, principalmente niños, con los pulmones colapsados y la sangre infectada, como lo demuestran incontables estudios independientes y de la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Así que no venga a decir el doctor García Pérez que los cinco trabajadores mineros y un mototaxista que ni siquiera participaba en el bloqueo de la Panamericana Sur el domingo 4 fueron asesinados en defensa de la naturaleza. Esa es una herejía en boca de un gobierno que se esfuerza minuto a minuto en superar el entreguismo, la corrupción y la violencia criminal de la dictadura fujimorista de la última década del siglo pasado. Alan García También habla de la ausencia de derechos laborales en la minería informal. Como si la gran minería respetara derechos elementales como la jornada laboral, la sindicalización, la seguridad en salud. La minería informal es un problema grave que debe ser enfrentado con racionalidad y participación de todos los involucrados: sus trabajadores, las poblaciones afectadas, los empresarios, las autoridades. Como todos los conflictos, su solución debe alcanzarse a través del diálogo, el respeto a los derechos humanos y colectivos, y el cumplimiento de los acuerdos a los que este diálogo llegue. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) expresa su repudio a estos asesinatos, su solidaridad con las familias de las víctimas y con sus organizaciones, su exigencia de una investigación seria e imparcial y sanción a los responsables. Y llama a los organismos internacionales de derechos humanos a denunciar estos hechos en los foros internacionales para contener la insaciable sed de sangre del gobierno de Alan García Pérez. Lima, 6 de abril de 2010 Miguel Palacín Quispe Coordinador General CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas Fuente: Enlace Indígena http://biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Peru_Gobierno_de_Alan_Garcia_solo_conoce_el_lenguaje_de_la_muerte Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Geopolítica y militarismo auxilio.alcalde@gmail.com

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