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Madrid. (EUROPA PRESS).- El sindicato Manos Limpias ha denunciado hoy ante el juzgado de instrucción de Madrid que se encuentre de guardia, al rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa y al ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo por el acto celebrado ayer en apoyo al juez de laAudiencia Nacional Baltasar Garzón en el que los dos intervinieron.
A Berzosa lo acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Jiménez Villarejo de injurias y calumnias. El juzgado de instrucción de Madrid llevará el caso a reparto y se conocerá en los próximos días a qué juez le corresponde.
El presunto delito de malversación de caudales públicos de Berzosa, según el sindicato, implicaría, por un lado, que la cesión del aula para que se celebrase ayer el acto, convocado por CCOO y UGT, fue dictada por el rector de la Complutense y, malversación de caudales públicos afecta, además de bienes económicos, a bienes inmuebles.
En cuanto al delito de prevaricación (que un funcionario público adopte una resolución injusta a sabiendas), Manos Limpias considera que se sustenta en la intención "deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado" del rector.
En relación con la denuncia a Jiménez Villarejo, alude a que "acusó públicamente" a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de ser "cómplices de las torturas" en la época franquista. También recuerda que "en el conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, es pieza fundamental la veracidad de la manifestación y, si la veracidad del hecho denunciado no tienen consistencia alguna, debe de prevalecer el derecho al honor".
Manos Limpias dice que el delito de calumnias supone la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, mientras que el de calumnias tiene que lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
En este sentido, el sindicato considera que el acto público, "en alguna de sus intervenciones, no está amparado en el derecho a la libertad de expresión".
Asimismo, a su juicio, el desarrollo del mismo "supuso un ataque y subversión" del sistema democrático español y "una coacción a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un llamamiento a la Sociedad Española de enfrentamientos, la comisión de delitos e injurias", es decir, "una incitación al golpismo" contra la democracia.
Lavanguardia.es
Investigación contra Garzón encienda polémica en España
La causa abierta contra Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes de la dictadura franquista, que podría suponer su suspensión como juez, suscita una gran polémica en España con posiciones muy enfrentadas y la Justicia española en medio de un agrio debate.
Garzón, de 54 años, es el juez español más conocido internacionalmente después de cobrar notoriedad en 1998 cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.
En España ha instruido algunos de los casos más relevantes, como el "caso GAL" en las décadas de los años 80 y 90, que investigó la llamada "guerra sucia" contra la organización terrorista ETA.
Pero pese a su trayectoria, Garzón podría verse en el banquillo de los acusados y suspendido en sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional española si prospera el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que le acusa de "prevaricación".
Varela sostiene que Garzón decidió investigar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, dos años después de la muerte de Francisco Franco (1975), en la Transición a la Democracia.
Las voces más críticas con la actuación del Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la denuncia subrayan que la querella ha sido interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española, una formación de extrema derecha y ligada al franquismo.
La polémica entorno a la actuación de Garzón y del Tribunal Supremo se acentuó tras un acto de apoyo celebrado este martes en la Universidad Complutense de Madrid, que reunió a miles de personas, muchos de ellos dirigentes sindicales, intelectuales y artistas.
Algunos participantes en este acto atacaron la actuación del Tribunal Supremo y a sus miembros, actuación que fue duramente criticada este miércoles por asociaciones judiciales y dirigentes del conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, que acusó a los participantes de desprestigiar y socavar las instituciones del Estado.
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo acaparó gran parte de las críticas después de haber afirmado que los miembros del Tribunal Supremo son un instrumento "de la actual expresión del fascismo español" por haber admitido la querella contra Garzón.
Estas palabras fueron respondidas tanto desde el Alto Tribunal como por distintas asociaciones judiciales, que las han considerado "un exceso", además de "insultantes" e "impropias".
La polémica en torno a Garzón ha traspasado las fronteras españolas y la prensa internacional ha terciado con duros editoriales en unos casos (The New York Times) sobre la actuación de la Justicia española, y en otros (The Wall Street Journal) sobre Garzón.
Los comentarios que se han suscitado preocupan al Tribunal Supremo que ha convocado a los corresponsales extranjeros en Madrid para el próximo viernes para explicarles las complejidades técnicas del procedimiento judicial español.
Además del caso sobre el franquismo, en el que Garzón ha recibido el apoyo de asociaciones partidarias de la recuperación de la Memoria Histórica y familiares de víctimas de la dictadura que han presentado una querella contra Varela, el magistrado tiene otras dos causas pendientes con la justicia española.
Este jueves, está convocado a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo por una denuncia relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.
Los querellantes relacionan la percepción de 300.000 dólares por el juez con su decisión de no admitir a trámite una querella contra directivos del Banco Santander.
En el Tribunal Supremo hay una tercera causa contra Garzón por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en una trama de corrupción conocida como el "caso Gürtel" y sus abogados.
La investigación de este caso, de gran repercusión política en España porque implica a personas vinculadas con el PP, fue abierta por Garzón.
El magistrado recibió este miércoles el respaldo de organizaciones humanitarias de España y Argentina que presentaron en Buenos Aires, junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, una demanda para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.
Los hechos por los que está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas comunes donde se sospecha que fueron enterradas personas desaparecidas.
Elcolombiano.com
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