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"No hay sociedad civil posible en Colombia"
/http%3A%2F%2Felturbion.modep.org%2Fdrupal%2Ffiles%2Fimages%2FClaudia%20Julieta%20Duque%20y%20Hollman%20Morris.preview.jpg "Foto: Andres Gómez")
Por: Fermín Romero - 18 de febrero de 2010
Estas fueron las palabras con las que describió Claudia Julieta Duque, el 9 de febrero, día del periodista en Colombia, el estado de la libertad de expresión en en país. Ella y Hollman Morris denunciaron que el DAS y la presidencia han vulnerado los derechos humanos de periodistas y de personas de la oposición, usando el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G3), y afirmaron que este no es un grupo clandestino creado en el DAS por delincuentes y que no actuó de forma independiente, sino que es parte de una estratégia que contaba con directrizes claras que involucran al presidente de la república, entidades del DAS, el Programa de Protección de DDHH del Ministerio de Interior, el Ejercito y las Autodefensas Unidas de Colombia. Junto con la presentación de pruebas que sustentan sus palabras, le exigieron al presidente que asuma la responsabilidad de las acciones de ese cuerpo del DAS, ya que los directores y subdirectores de la policia secreta del Gobierno, han sido nombrados por el mismo, y en su administración los directivos de la policia secreta del presidente, se han visto involucrados con paramilitares y se les juzga acusa de realizar actos de espionaje a la Corte Suprema, periodistas, ong, organizaciones sociales y defensores de DDHH.
Hollman Morris pidió a los medios y a los periodistas, que se reflexione sobre el calificativo de interceptaciones ilegales del DAS, y se cambie por el de cacería ilegal en contra de la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Colombia. Respaldando los argumentos del periodista de Contravía, Claudia Julieta Duque mostró pruebas recolectadas por la fiscalía, con las que se busca demostrar que el G3 mantenía informado a Uribe de las acciones de la oposición, situación que el presidente ha negado y que al parecer defiende de forma velada, al afirmar que él simplemente ordenó hacer seguimiento al terrorismo. Sin embargo, ambos periodistas, piden además se explique cuales fueron los mecanismos de elección de los directores del DAS y cuáles fueron los filtros que se usaron para escogerlos, personas como Jorge Noguera Cotes, quien fue elegido por Uribe directamente, está siendo juzgado por paramilitarismo y homicidio.
Las pruebas, que ya están ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte suprema de justicia, se espera logren determinar la responsabilidad del presidente en acciones sistemáticas contra la oposición en Colombia: desde el DAS se atacó al periodista Hollman Morris elaborando videos que lo vinculaban con las FARC, se presentó robo de documentos, bloqueo de financiaciones para su trabajo, seguimientos y amenazas; a Claudia Julieta Duque se le han realizado amenazas desde 2001, cuando investigaba los nexos que tenían el DAS con el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, y se puede comprobar que en contra de ella, se uso un manual que tenía el G3 para intimidar y amenazar;Carlos Lozano, director del periódico Voz, fue sindicado de ser de las FARC, y Dick Emmanuelson, periodista sueco ha tenido que salir del país por la ejecución de estratégias que van desde el borrar los datos de sus computadores y memorias magnéticas en aeropuertos del país, hasta seguimientos y otros tipos de acosos.
Pero los ataques contra la prensa por parte de Uribe no terminana en Colombia y el DAS parece seguirlo a donde el dirige sus ataques públicos. En entrevistas radiales en Colombia, el Presidente, ha afirmado que en Suecia hay residentes al servicio de la guerrilla y ordena públicamente “a todos tenemos que acabarlos”, palabras usadas de nuevo cuando se refirió a los cineastas argentinos que presentaron el documental de las FARC. Por su parte el DAS, según denuncias de Dick Emmanuelson, ataca semanalmente la emisora en suecia, Radio Café Stéreo, que pertenece a la Asociación Jaime Pardo Leal, lider político de la Unión Patriótica que fue asesinado el 11 de noviembre de 1987.
Así la situación de derechos humanos y de libertad de prensa en el país, se espera que los estrados judiciales permitan esclarecer la magnitud de las acciones, y responsabilize de forma clara a los culpables de la persecución y violación de derechos humanos de cientos de colombianos, ya que de no haber pronunciamiento sobre la estratégia que parece obedecer a una política de Estado, la situación de los periodistas se agudizará y la libertad de prensa y de expresión continuara difuminandose en el eufemísmo que es, sino preguntarle al director y periodistas de la revista CAMBIO.
17 de febrero de 2010
El pasado 6 de febrero entre las 10 am y la 1 pm, se llevo a cabo un operativo conjunto de las FFMM, el CTI de la Fiscalía y la Dijín, en la zona rural del Municipio de Teorama, Convención, y de las FFMM en el casco urbano del municipio del Tarra. La operación en la que participó la brigada 30, capturó 16 campesinos y campesinas de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. Ante la detención masiva, la organización campesina, convocó a una comisión de verificación de la situación de derechos humanos en el Catatumbo del 12 al 15 de febrero. Los pobladores y diferentes organizaciones campesinas, aseguran que el gobierno ha usado las dentenciones masivas para desarticular organizaciones sociales, y así realizar negocios que solo benefician a multinacionales o grandes terratenientes.
El personero, Wilfredo Cañizares, aseguró durante el desarrollo de las comisiones de verificación, que de 140 capturas que se han realizado desde hace seis años, cuatro han sido sentenciados, y que el Estado enfrenta 90 demandas por detenciones ilegales; además, se realizaron denuncias de ocupación ilegal de predios por parte del ejercito: la señora Adelaida Sierra ha tenido que ver tropas desde hace cuatro años en su finca Villa María.A pesar de los abusos y de las comprobadas falsas incriminaciones contra la Asociación campesina, el presidente de ASCAMCAT, José del Carmen Abril Abril y Jonny Abril Salcedo, Directivo de la organización y Coordinador del Refugio Humanitario, tienen orden de captura y se les acusa de concierto para delinquir, rebelión y terrorismo. La comunidad se encuentra intranquila por la seguridad de los campesinos detenidos y por la posibilidad de que las detenciones se sigan produciendo, temen además, que como en ocasiones anteriores, el Estado use delincuentes y presuntos desmovilizados para acusarlos, y de esta manera continuar la persecución contra las organizaciones campesinas en el país.
Las personas detenidas fueron: Gabriel Quintero, inspector de Policía; Aleida Angarita, ex presidente de la Junta de Accion Comunal, del corregimiento de San Pablo; Diorgen Acosta, de la Junta de Accion Comunal del corregimiento La Cecilia; Olinto Salazar Pabon, Jesús Antonio Quintero Salazar y José Alberto Quintero Salazar, campesinos del corregimiento del Aserrio municipio de Teorama. En el corregimiento de la Trinidad, municipio de Convención, las tropas del Ejército Nacional con agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Dijin, detuvieron a: Roimar Carrascal, José De Dios Benites y Edilson Márquez, todos campesinos del municipio; y en el municipio de Tarra, las FFMM detuvieron a siete campesinos más.
Tomado de Periódico El Turbión
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