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Perú, Uruguay y la minería.
PERÚ: El Ministerio de Energía y Minas peruano anunció que la audiencia pública para estudiar el caso sería suspendida por la protesta de campesinos que se oponen a que la empresa Southern Perú Copper Corporation utilice sus reservas hídricas. Los campesinos denuncian que el proyecto gubernamental favorece a la transnacional minera y aseguran que contaminaría las aguas y las tierras de la región. URUGUAY: La minera Aratirí explotará unas 110.000 hectáreas, un área dos veces el departamento de Montevideo. Diputados de las zonas afectadas advirtieron sobre la necesidad de compatibilizar la inversión con la situación de los productores agropecuarios. El emprendimiento abarcará secciones de los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, en el centro-este del país, en una superficie dos veces mayor a la que la que ocupa todo el departamento de Montevideo.
Autoridades peruanas suspendieron este sábado una audiencia pública para exponer, el lunes próximo, el impacto ambiental del proyecto minero Tía María, acción que generó una nueva masiva movilización campesina en la provincia de Islay (sur), del Departamento de Arequipa.
Los campesinos se volcaron nuevamente a la carretera Panamericana Sur, en el kilómetro 1039 en rechazo al proyecto gubernamental que, según denunciaron, favorece a la empresa Southern Perú Copper Corporation (CPCC).
Los manifestantes aseguraron que el proyecto minero los dejaría sin agua para sus estanques, además de contaminar las tierras y el agua de la región.
"No queremos que desaparezca la chacra nada, nos quieren quitar el agua (...) vamos a estar ahí todos, presentes vamos a estar", afirmaba una de las manifestantes.
De igual manera los campesinos presentes en la manifestación denunciaron ante los medios de comunicación que han sido víctimas de represión policial, "hemos ido a que los suelten a los detenidos pero sin embargo la respuesta ha sido con bala (...) el gobierno aprista quiere sangre".
El Gobierno peruano sostiene que el proyecto no afectará a las reservas hídricas, ya que demandaría siete millones de metros cúbicos de los 160 millones en reserva en la zona, y subraya que dejaría 300 millones de soles (104 millones de dólares) por concepto de impuestos.
La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el Ministerio de Energía y Minas peruano luego de que recibiera un comunicado de la empresa Southern Perú, que solicitaba "disponer la cancelación de la audiencia pública" por la protesta de campesinos.
Esta audiencia pública, prevista para el 19 de abril, serviría para explicar a la población de Islay los supuestos beneficios del proyecto.
La empresa envió la carta a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del ministerio, y señaló que el alcalde provincial de Islay, Miguel Román Valdivia, declaró inhabilitado el local que se había elegido para la reunión y por ello se suspendió la misma.
En este sentido, el ministerio señaló que procederá "con los mecanismos que la ley señala frente a este tipo de circunstancias" y reiteró la disposición "a seguir dialogando" con la población involucrada en el proyecto minero.
La Defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, hizo un llamado urgente y exhortó "a la población (de Islay) a conducir sus reclamos por la vía del diálogo".
Campesinos de la región habían tomado en días anterior la misma carretera Panamericana Sur pero entre los kilómetro 947 y 952, donde aún permanece un número indeterminado de camiones y autobuses de pasajeros detenidos.
La protesta ha dejado hasta ahora dos civiles heridos y varios detenidos este jueves tras una refriega con la policía, presente en el lugar pero superada en número por los manifestantes.
Southern extrae cobre desde 1960 en Toquepala, en la región de Tacna, y desde 1976 en Cuajone, en la vecina Moquegua. Su proyecto de Tía María demandará una inversión de 949 millones de dólares y producirá unas 120 mil toneladas anuales de este mineral.
El presidente peruano, Alan García, consideró este viernes que las protestan eran obra de "ínfimas minorías que practican el terrorismo vial y que quieren chantajear al país tomando una carretera".
El mandatario vinculó esta acciones con la cercanía de las próximas elecciones regionales y municipales de octubre.
ARATIRÍ (BRASIL) ACAMPA EN URUGUAY
La minera Aratirí explotará unas 110.000 hectáreas, un área dos veces el departamento de Montevideo. Diputados de las zonas afectadas advirtieron sobre la necesidad de compatibilizar la inversión con la situación de los productores agropecuarios.
El emprendimiento abarcará secciones de los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, en el centro-este del país, en una superficie dos veces mayor a la que la que ocupa todo el departamento de Montevideo.
La consigna es recibir inversiones pero "no a cualquier precio", según coincidieron en afirmar a El País diputados oficialistas y de la oposición de esos departamentos, quienes piden que haya más involucramiento del Estado para que los productores con tierras comprometidas no queden librados a su suerte.
"Hay que conciliar la inversión con el interés de la gente que ha vivido ahí toda su vida. La inversión sí, pero no a costa de la gente. El Estado no puede permitir que la minera haga la negociación con la gente", observó el diputado frenteamplista Álvaro Vega (MPP), del departamento de Florida.
El nacionalista Dardo Sánchez (Treinta y Tres), dijo que "en el corto plazo" este emprendimiento "perjudica a los productores rurales". La actividad minera "puede ser muy importante para el país como inversión, pero en la actual etapa de prospección no hay indemnización. Los productores deben pasar así dos años", afirmó Sánchez.
En tanto, el diputado por Durazno Martín Tierno (MPP), tomó contacto con productores que le plantearon su preocupación. Adelantó a El País que promoverá un encuentro entre la empresa, los diputados, los intendentes, los productores y los organismos de gobierno involucrados para que se aclaren algunas dudas.
"La inversión es muy importante en caso de encontrarse la calidad y cantidad de hierro. Pero hay que cuidar a los productores y el medioambiente. Se puede generar mano de obra y mejorarse rutas y caminos departamentales, pero no a cualquier precio", indicó.
ZONA GRIS. El principal de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), Pier Rossi, dijo a El País que la empresa se encuentra en la etapa de exploración y que ha perforado 62.000 metros cuadrados en pocos meses. En términos de dinámica de trabajo, inversión y volumen de producción, se espera generar 10 millones de toneladas por año.
Pese a que la prospección es una realidad que ya tiene meses, Rossi admitió que las reglas de juego no están del todo claras aún (ver entrevista), dado que la actualización del Código de Minería que rige esta actividad podría no estar lista antes de fin de año. La idea del gobierno es presentar modificaciones en la ley de Presupuesto.
Aratirí ha invertido entre US$ 15 millones y US$ 20 millones en esta etapa y las tareas de prospección se están llevando a cabo a profundidades de entre 200 y 400 metros. Hablando en términos geológicos, los terrenos en cuestión son los más antiguos del Uruguay, con una edad de tres millones de años.
Fernando Puntigliano, gerente general de Aratirí, se instaló durante tres días en la zona de Valentines donde dialogó con varios productores que al contrario de lo esperado no le plantearon inquietudes, confió el empresario. Indicó que quienes ya trabajan con la empresa están "conformes" y que percibe que la inquietud mayor procede de aquellos que aún no acordaron con Aratirí. "Si hay una información inadecuada la realidad se distorsiona", precisó. "La gente no está informada. Sería bueno que el Estado participara", añadió.
La idea es, precisamente, que el presidente José Mujica concurra al lugar para hablar con los productores y que lo haga con los responsables de las áreas de Minería y de Medioambiente del Estado.
Aunque los resultados sobre la prospección no se conocerán hasta entrado el año próximo, Puntigliano advirtió gran expectativa entre la población local por las perspectivas laborales que se abren. "Si hay hierro suficiente, el empleo y la inversión van a ser mayores que en Botnia", aseguró el empresario.
La inversión piso que tiene prevista Aratirí es de US$ 1.500 millones.
Lacalle. En la mañana de ayer, el senador y presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, se reunió con productores agropecuarios de Valentines. Lacalle conoce a varias de las familias de productores por haber sido candidato a diputado por Treinta y Tres. Tras su visita, reflexionó que en este caso existe "una típica colisión de intereses, ambos legítimos, como la minería y la agricultura. Los productores no están conformes con la información dada por el gobierno", declaró a El País.
Para el ex mandatario se trata de un proyecto muy importante para el país, por lo cual recomendó "tomar el tiempo necesario para establecer las condiciones en que se concretará, y tener en cuenta la lesión de los intereses a estos productores rurales". El lunes 5, Lacalle devolverá al presidente Mujica el informe sobre la inversión de Aratirí que le hizo llegar con sus observaciones. "Si Mujica entiende conveniente que amplíe los apuntes, nos reuniremos", sostuvo.
Pier Rossi (Dinamige) "Detrás de todo hay un manejo político"
-¿El Código de Minería comprende todas las situaciones que puedan derivar de la relación entre la empresa que quiere explotar los campos y los dueños de las tierras?
-No, el Código no da respuestas a muchas situaciones. Estamos elaborando un marco legal complementario al Código para tratar todos estos temas. La dinámica de aceleración de este proceso (Aratirí) ha tomado al Estado un poco desprevenido. En el Gabinete Productivo lo tienen claro. Aratirí ha hecho convenios con algunos superficiarios (dueños de los terrenos), pero puede haber casos que escapen al acuerdo y donde la gente quede desconforme. El gobierno tiene claro que ese es un problema. Pero la idea es que el Estado intervenga en la regulación para no dejar al superficiario abandonado a su suerte.
-¿Cómo se resolvería un contencioso entre una empresa que quiere explotar mineralmente un predio que tiene una plantación forestal y el dueño del campo?
-Hasta ahora no ha habido mayores problemas. Cuando se elaboró el Código de Minería, en 1982, no se hablaba de forestación. El Código no va con la coyuntura.
-¿Qué piensa del reclamo de algunos productores?
-Detrás de todo eso hay algún manejo político que no da los tiempos necesarios para resolverlo. No digo que los reclamos no sean justos. El Estado no está preparado para recibir este tipo de inversiones y la dinámica que ella conlleva.
-¿Por qué no se ha mostrado hasta ahora un interés tan fuerte por explotar a fondo esa superficie?
-Cuando se hicieron evaluaciones en las décadas del `50 y del `70, para las condiciones de mercado y precio de la época ese yacimiento era chico. Ahora la coyuntura cambió, el mercado cambió y la presión sobre los recursos minerales es muy distinta. Uruguay tuvo que ingresar en una etapa de la que no estaba enterado.
-¿Se tiene algún indicio de resultados positivos en la exploración?
-Por los lugares que explora la empresa, en el gobierno tenemos claro que no lo está haciendo por las dudas.
Campesinos Peruanos que logran parar la audiencia publica
La Minería en Uruguay (Minas de Corrales) extraen 56 millones de dólares al año.
Fuente: Telesur/InSurGente/El Pais-Uruguay
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