¿Sera que tristemente tendremos que ver que hasta despues de muerto Franco tenga que ganar la última batallita?
El proceso se relaciona con la investigación de los desaparecidos del franquismo
El juez Luciano Varela considera que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar los hechos
El juez podría ser suspendido en sus funciones de forma cautelar e inhabilitado, si resulta culpable
Baltasar Garzón, fotografiado a su llegada a la Audiencia Nacional. REUTERS
EFE Y COLPISA. MADRID Jueves, 8 de abril de 2010 - 04:00 h.
"Ha lugar a proceder contra don Baltasar Garzón", señala Varela en su escrito, que tendrá como consecuencia la suspensión cautelar del juez, ya que el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé apartar de sus funciones a los magistrados "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", como el delito de prevaricación.
Juicio oral
La suspensión debe ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial, que examinará el asunto en el pleno que se celebrará el próximo día 22.
Lo que Varela notificó ayer es una resolución en la que transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.
Aunque sólo después de recibir esos escritos llegará el momento de sentar a Garzón en el banquillo o archivar el caso, Varela ya rechazó el pasado 4 de febrero sobreseer la causa al entender que en la actuación del juez concurren todos los elementos del delito de prevaricación, opinión que reiteraba en el auto notificado ayer. De hecho, Varela dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado "con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años".
Fin de las pruebas
El magistrado también considera que no es necesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos -que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS- y deniega todas las solicitadas por Garzón.
Éste puede todavía recurrir el auto notificado ayer, pero el recurso será examinado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el pasado 25 de marzo ya mostró su respaldo a la instrucción de Varela y decidió que la causa siguiera adelante argumentando que "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".
En la resolución notificada este miércoles, Varela admite que existen múltiples teorías y propuestas sobre la perseguibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pero añade que ese debate sólo puede enriquecer "a quienes tienen la responsabilidad política de conformar el ordenamiento jurídico".
En ese sentido, añade que "quienes consigan la mayoría parlamentaria suficiente al efecto bien tienen a su alcance hacer efectivos aquellos anhelos de Justicia promoviendo y aprobando las oportunas modificaciones legislativas".
De espaldas a la ley
"Esta es su responsabilidad, que no puede transmitirse, desde su pasividad, al juez penal", señala el auto, que concluye que el Poder Legislativo podrá, en el futuro, derogar la Ley de Amnistía de 1977 y "redefinir el alcance de la retroactividad de las normas sobre su prescripción".
Hasta entonces, sin embargo, los jueces deben atenerse a lo dispuesto por esa norma y, según Varela, Garzón no lo hizo, sino que abrió una causa "consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal", haciendo caso omiso "de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía".
En eso consiste la prevaricación imputada por Luciano Varela a Baltasar Garzón. Porque de acuerdo con la legislación penal comete ese delito la autoridad, juez o funcionario público que dicte una resolución a sabiendas de que no tiene competencia para ellos o es contraria a las leyes vigentes.
Diariodenavarra.es
Fraga denuncia el proceso contra Garzón: "un intento de la Falange de cargarse al juez"
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El senador y presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, ha asegurado que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue el que "se metió en política innecesariamente" y denunció que ahora se quiera presentar el proceso abierto contra él como "un intento de la Falange de cargárselo".
Fraga valoraba así la situación del juez Garzón, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado seguir el proceso contra el magistrado por investigar el franquismo, despejando así la vía para sentarle en el banquillo por presunta prevaricación.
En una entrevista concedida a Europa Press, el ex presidente de la Xunta señaló que los jueces "no so soberanos" y que, por lo tanto, sus actuaciones también está sometidas a control. "Están sujetos como los demás a la crítica y a las acciones correspondientes", enfatizó.
Fraga subrayó que lo que habría que criticar en todo caso es "la campaña que se ha montando en favor de Garzón" que, en su opinión, es "clarísimamente un intento político" de entrar a valorar si jueces "se pasan o no se pasan en sus funciones, que también se pueden pasar".
Dicho esto, criticó que se haga hincapié en que detrás del proceso contra el juez de la Audiencia Nacional está la Falange, dado que el Supremo investiga al magistrado a raíz de las querellas presentadas contra él por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, a las que se sumó otra querella de la Falange Española de las JONS.
"Entiendo que no se puede plantear este tema como un intento de la Falange de cargarse al señor juez Garzón. No lo es. El señor Garzón es el que ha sabido hasta donde podía llegar", afirmó tajante el presidente fundador del PP.
En este punto, insistió en que ha sido el propio juez Garzón el que ha dado lugar a esta situación "con todo lo que está haciendo" y recordó que en la decisión de seguir adelante con este proceso han participado "muchísimos magistrados importantes y respetables". "Merece todo el respeto por mi parte", concluyó.
Europapress
Garzón al banquillo por investigar al franquismo
EL MAGISTRADO ESPAÑOL SE ENFRENTA A UNA PENA DE HASTA VEINTE AÑOS DE INHABILITACION
Los sindicatos mayoritarios españoles convocaron a un acto de apoyo al juez Garzón para el próximo día 13.
Imagen: EFE
El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dio un paso definitivo en la causa en la que Garzón está acusado de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura. Habrá un acto de apoyo al magistrado.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela, que instruye la causa más famosa de las tres que afronta el magistrado Baltasar Garzón, en la que se lo acusa de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura franquista, dio un paso definitivo para llevar al acusado al banquillo. Varela transformó ayer el procedimiento judicial en un proceso abreviado, confirmando su auto emitido en febrero en el que sugiere una pena de hasta veinte años de inhabilitación a Garzón, lo que se traduciría en la práctica en el fin de la carrera judicial del juez que ha llevado la Justicia española más allá de sus fronteras, en célebres procesos contra dictadores latinoamericanos y ejecutores de políticas represivas en medio mundo.
El acusado había solicitado la comparecencia de personalidades judiciales a nivel mundial, entre ellos algunos jueces argentinos, como el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, pero Luciano Varela ayer las declaró improcedentes. No cesan las repercusiones políticas y hasta se ha organizado una manifestación en apoyo de Garzón para el próximo 13 de abril en Madrid convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
La resolución de Luciano Varela hecha pública ayer es una auténtica jugada de manual sobre cómo proceder cuando se quiere reventar la carrera de un juez. Al tiempo que negaba la comparecencia de los testimonios que Garzón llamó al estrado para que lo defiendan, Varela instruyó un procedimiento abreviado con el objetivo de acelerar los tiempos de la causa y hacerla coincidir con los otros dos procesos que enfrenta Garzón, uno por haber ordenado escuchas telefónicas a los implicados en el escándalo de corrupción que afecta al PP, conocido como “el caso Gürtel”, y otro por haber recibido dinero en concepto de pago por unos seminarios que dictó en una universidad norteamericana que estaban patrocinados por el Banco Santander, al mismo tiempo que instruía una causa contra Emilio Botín, presidente de la entidad bancaria.
Esta decisión de Varela de abreviar el procedimiento es un guiño directo al Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy en Madrid y que puede dictar la suspensión provisoria de Baltasar Garzón ante la inminencia del juicio, una medida considerada habitual y que en los medios judiciales madrileños se da prácticamente por descartada.
Luciano Varela es un juez que proviene curiosamente del colectivo progresista Jueces para la Democracia, pero tiene un odio personal contra Garzón al que acusa de tener demasiado ego. Amigo personal de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Varela ha emprendido una cruzada contra el popular magistrado sabiendo que no está solo, sino que más bien cuenta con la anuencia de gran parte del sistema judicial en el que florecen las envidias y enconos contra Garzón.
Por si fuera poco, el juez que intentó llevar al estrado al dictador chileno Augusto Pinochet se ha quedado sin amigos políticos. Los socialistas han intentado una tibia defensa, incluyendo palabras elogiosas hacia él de parte del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el Partido Popular le han hecho la cruz luego de la instrucción del caso Gürtel, en el que aparecen implicados muchos de sus más importantes dirigentes.
Con la resolución tomada ayer Varela le da ahora diez días a las partes implicadas en el proceso, entre ellas el seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, Falange Española –una organización sobreviviente de los tiempos de la dictadura franquista– y Libertad e Identidad, otra organización de ultraderecha fundada en 2006.
Una de las organizaciones que sí salió en defensa de Garzón es Amnistía Internacional, que ayer a través de su director en España, Esteban Beltrán, consideró “insólito” que el juez se tenga que sentar en el banquillo por haber intentado juzgar al franquismo. Se estaría enviando “un mensaje tremendo a otros países”, considera la organización que recuerda además que “las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por tribunales supremos o por tribunales internacionales”.
Los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras también han decidido salir en defensa de Garzón y han convocado a un acto en su apoyo en la Facultad de Medicina el próximo 13 de abril. “Es muy importante que un país no sufra amnesia”, manifestó ayer Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, quien hizo además una comparación muy pertinente al afirmar que “es un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas hoy, de suceder esto en aquel país, estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España”. Los sindicatos también recogerán firmas en apoyo del juez en todas sus filiales provinciales
Tomado de Página/12
