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Para salir de la dictadura se firmó el Pacto del Club Naval. El Frente Amplio, que reunía a la mayoría de los partidos de izquierda, y el Partido Colorado, que colaboró con la dictadura, rubricaron el documento. El Partido Nacional no lo hizo porque su principal dirigente, Wilson Ferreira, estaba preso.
“Golpe de Estado Técnico”
Poco después de recuperada la democracia, las víctimas de torturas y encarcelamiento ilegítimo y los familiares de los detenidos desaparecidos y de los asesinados, iniciaron procesos judiciales. En diciembre del ‘86 los militares respondieron con un desacato, también denominado golpe de estado técnico, al no acudir a los juzgados. En las horas previas al receso estival y a contrarreloj (el descanso llamaba a los legisladores y se temía que el golpe dejase de ser ‘técnico’), se votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
La izquierda, los sindicatos y los organismos defensores de los derechos humanos juntaron las firmas necesarias para convocar a un referéndum celebrado el 16 de abril de 1989. Pero el temor a los militares y el llamamiento de los colorados y del Partido Nacional, hicieron que el pueblo ratificase la denominada ’Ley de Impunidad’.
En el 2005, por primera vez en la historia, la izquierda gana la presidencia y obtiene la mayoría en las dos cámaras. Sin embargo, el programa de gobierno no incluye la derogación de la ley que impide el procesamiento de sospechosos de violar los derechos humanos. Nuevamente se juntan firmas y se convoca a un referéndum para octubre del 2009. Nuevamente el pueblo decide dejar vigente la Ley de Impunidad.
Tratados Internacionales
Los tratados internacionales ratificados por Uruguay adquieren rango constitucional, por lo tanto, el Pacto de San José de Costa Rica de noviembre de 1969, debió ser aplicado. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había llamado la atención al Estado Uruguayo sobre la Ley de Caducidad y Juan y Macarena Gelman llevaron su caso ante esa instancia (*). En marzo pasado, la Corte estipuló que la ley es un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".
La CDIH condenó a Uruguay por no actuar debidamente en el caso Gelman. Es decir, que Uruguay violó el Pacto y su propia Constitución al no cumplir con normas que están por sobre la Ley de Caducidad. Por otra parte, la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley en 20 casos.
Ética
Entonces aparecen los dilemas éticos, políticos y legales. Los ciudadanos decidieron mantener la Ley de Impunidad a pesar de su carácter injusto. Sin embargo, eso puede ser discutible, porque si en un país se plebiscita reimplantar la esclavitud y es aprobado, o se vota expulsar a una minoría, ese estado tendrá muchas dificultades en sus relaciones exteriores. En este caso Uruguay dejó de cumplir con compromisos internacionales y con su propia constitución. Esto es exagerado, pero los legisladores uruguayos debieron enmendar algo que nunca debió existir apelando a recursos rebuscados y argumentos abstractos y, lo más triste, desdiciendo al pueblo que los eligió.
El senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero y compañero del Presidente José Mujica, decidió renunciar a su escaño por coherencia política, pero acató la disciplina partidaria y votó la aprobación de una ley interpretativa que anula la controvertida norma. Se esté de acuerdo o no con la postura del senador, hay que reconocer su valentía aunque, como él dice en la entrevista, “no nació pegado a un escaño”. Lo importante de su actitud es que el Senado uruguayo cuenta con 30 escaños más el vice-presidente de la República, que preside el senado. Si Fernández Huidobro no hubiese votado como lo hizo, la ley interpretativa no se hubiese aprobado, ya que el resultado fue de 16 a favor y 15 en contra.
Fernández Huidobro dice en sus declaraciones que ahora lloverán reclamos de inconstitucionalidad de la ley interpretativa que deja sin efecto a la Ley de Caducidad. Por otra parte, los militares ya dieron muestras de incomodidad ante la previsible ola de denuncias por el hecho de “haber cambiado las reglas de juego”. Es extraño que individuos de un grupo armado primero presionen para que no se penalice el secuestro de adultos y niños, la tortura, la violación, la desaparición forzada y el atropello de todas las instituciones y luego recurran a las leyes. Es casi surrealista que se sientan traicionados porque los representantes del pueblo lo pongan a su misma altura: quien delinque será juzgado con todas las garantías. En dos oportunidades, el pueblo que les paga para que lo proteja no que los torture, decidió mantener la impunidad militar aprobada bajo amenaza, ahora los representantes desandan el camino legal, que resultó igual de tortuoso que la senda hacia la impunidad. Quizá también se haya tomado el rumbo hacia el infinito y el Nunca Más tan reclamado sea el de los juicios a los responsables. Quizá es hora de aprender que la represión no lleva a crear buenas leyes de impunidad para después redactar otras no menos esperpénticas, aunque sean bien intencionadas.
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