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Con siete detenidos, cuatro heridos menores y una persona con una herida de gravedad terminó la orden de desalojo de una vivienda, ocupada por un funcionario de la Secretaría de Justicia en Rapa Nui, conocida como Isla de Pascua.
“Una persona fue herida con perdigones y parece que perdió su ojo”, informó Fernanda Lizana, colaboradora del Parlamento Rapa Nui en Santiago, quien agregó que el número de detenidos y heridos es la cifra oficial, pero al parecer la situación sería más grave que lo anunciado.
Los hechos se generaron cuando la unidad de Fuerzas Especiales en la Isla desalojó la propiedad recuperada por el clan Tuko Tuki, que se ubica en el centro de Hanga Roa.
La acción policial comenzó minutos antes de las 6:00 de la mañana, con unos 45 efectivos fuertemente armados. Al momento de presentarse en el lugar, Claudio Tuki Hito les mostró una notificación hecha al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enviada el 3 de noviembre, en la que conmina a fundamentar los argumentos que tiene para realizar desalojos en terrenos ancestrales de los rapanui, recientemente recuperados, dado que ellos son los habitantes originarios de la Isla.
En un comunicado enviado por los rapanui, dicen que “los carabineros no tomaron en cuenta este documento y entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían. Así se llevaron a tres miembros del clan Tuko Tuki, que habían sido formalizados este 2 de diciembre por el juez de letras de Isla de Pascua, Bernardo Toro, en el contexto de un proceso judicial por amenazas y violación de morada con intimidación, que es conducido por el fiscal especial Guillermo Felipe Merino”.
En este momento la situación en la isla se ha endurecido y se esperan reacciones de la comunidad originaria de Rapa Nui, respecto de lo que ha sucedido y una posición del Gobierno ante la cruda represión ejercida en contra de los miembros de la comunidad que ocuparon la propiedad.
En la incursión policial se llevaron a tres miembros del clan Tuko Tuki, que habían sido formalizados este 2 de diciembre por el juez de letras de Isla de Pascua, Bernardo Toro en el contexto de un proceso judicial por amenazas y violación de morada con intimidación, que es conducido por el fiscal especial Guillermo Felipe Merino. Los imputados que fueron detenidos son: Roberto Ika Pakarati, Verena Ika Pakarati y Margarita Pakarati Tuki. También fue detenido Ricardo Hito. Ahora los detenidos se encuentran en la sexta Comisaría de Mataveri.
Se sabe que cuando terminó el operativo, Carabineros sacó las banderas rapanui que flanqueaban la propiedad en disputa y procedió a quemarlas. Lo mismo había hecho el pasado 7 de septiembre cuando desalojaron momentáneamente el hotel Hanga Roa.
REACCIÓN DE LOS RAPANUI TERMINA CON HERIDOS
Una parte importante de la comunidad de la Isla ha reaccionado con ira frente al actuar de los uniformados, de excesiva violencia, y dos horas después de este operativo, unos 25 rapanui intentaron recuperar el terreno desalojado en el que permanecía un contingente de Carabineros, usando piedras y palos. Fueron repelidos con balas y balines resultando heridas al menos cinco miembros del pueblo originario.
Ricardo Tepano (algo más de treinta años) es el isleño más grave. Recibió numerosos perdigones en el rostro. Uno de ellos ingresó por un ojo desvaneciéndose inmediatamente. A dos horas de ocurridos los hechos no recupera la conciencia. También resultó herido el presidente del Parlamento Rapa Nui Leviante Araki (50), quien fue estrangulado y golpeado en el suelo por cuatro carabineros. Además, le dispararon numerosos perdigones que tiene esparcidos por su cuerpo.
Gaspar Tepihe (42) también resultó herido por proyectiles disparados por Carabineros. Aunque sus heridas no parecen graves la falta de atención médica le ha hecho perder una gran cantidad de sangre. Dos miembros del Clan Hito recibieron proyectiles. Se trata de Rodolfo Hito (38) y Sita Hito (50).
Todos ellos se encuentran en el hospital de la Isla. Los más graves serán trasladados de urgencia al continente en el avión ambulancia.
LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA EN LA ISLA
Marisol Hito, vocera del Clan que lleva su apellido, responsabilizó al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter de lo ocurrido. Sostuvo que “aquí lo que se imponía era una solución política, basada en el diálogo y en el respeto de los derechos rapanui, no en la violencia”.
La representante de los Hito asegura que los instigadores de esta violencia “son un grupo de empresarios y ex autoridades locales encabezadas por Petero Edmunds Paoa, Daniel Platovsky y Alberto Hotus. Ellos realizan numerosas y diversas acciones con el fin de imponer la violencia en la Isla y así poder recuperar sus cuotas de poder y conseguir la privatización de la Isla de Pascua en su propio beneficio”. Y agregó que lo que intentan estas personas es sacar a la gobernadora Carmen Cardinali “con el fin de imponer la represión al pueblo rapanui”, enfatizó.
Minutos después de ocurridos los hechos, el vocero del clan Tuko Tuki, Muta Hey Tuki sostuvo, en la misma línea de Hito, que “lo que ocurre aquí es por culpa del Gobierno, por no querer resolver los problemas por medio del diálogo directo con las familias. Aquí hay un conflicto entre el pueblo rapanui y el Estado de Chile”.
Poco antes que se desatara la violencia policial, Muta había expresado: “Estamos a la espera del resultado de las mesas de trabajo en las que el Gobierno debiera devolvernos nuestras tierras. No puede ser que cuando queda tan poco para que esto ocurra –primeros días de enero- el Estado decida desalojarnos de nuestra tierra”, subrayó.
Muta Hey asevera que esta decisión es una “provocación del juez Toro, quien no quiere que los conflictos (por demandas territoriales) que sacuden a la Isla se resuelvan pacíficamente”. Y añade que “él sabe -el juez- que el pueblo rapanui tiene sed de justicia, sabe que mi familia ha esperado durante muchos años el momento de poder recuperar nuestras tierras. Y sabe que no estamos dispuestos a abandonarlas”.
Hey Tuki estima que detrás de la decisión del juez existe un grupo de empresarios y ex autoridades isleñas “que no aceptan haber perdido el poder”, entre los que señala a Petero Edmunds, Alberto Hotus, Benjamín Paoa y Petero Riroco. Dice que ellos, junto al presidente de Sasipa, Daniel Platovsky –quien actuaría como cabeza- estarían intentando una salida violenta a la crisis que vive la Isla. El objetivo: conseguir detener el proceso de recuperación de tierras, recuperar el poder y privatizar la isla en su favor.
Muta Hey informó, además, que Edmunds y Hotus presentaron hace una semana una querella contra la gobernadora Carmen Cardinali ante el Juzgado de Letras de Isla de Pascua, acusándola de promover “tomas ilegales”, causa por la cual deberá declarar el próximo 6 de diciembre. “Con esta acusación y sus ‘marchas por la paz’, buscan defenestrar de su cargo a Cardinali y volver a controlar el poder en la Isla”, dice Hey, quien asegura que su familia y el pueblo rapanui “quieren una solución pacífica, basada en el diálogo y en la restitución de tierras”. Pero también advierte que “el pueblo rapanui está unido y responderá como un solo cuerpo en caso de ser agredido”.
LAS TIERRAS OCUPADAS
Cabe tener presente que los Tuko Tuki poseen 5,5 hectáreas de tierras en el centro cívico de Hanga Roa, capital de Rapa Nui. Allí se ubica la Gobernación, la Municipalidad, gran parte de las otras oficinas estatales, así como el BancoEstado y Entel. Estas empresas, al igual que el Fisco, no pagan por el uso de estos terrenos.
Son numerosos planos y documentos emanados por la Armada –cuando no había Conservador de Bienes Raíces- los que acreditan la propiedad de esta familia respecto de estos terrenos.
Las recuperaciones de los Tuko Tuki y de los Hito (Hotel Hanga Roa), son las más emblemáticas por lo valioso y estratégico de los terrenos en disputa.
El clan Tuko Tuki cuenta con el respaldo de los 28 clanes, así como del Parlamento Rapa Nui.
El Ciudadano
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January 3rd 2011- More than 100 Police Special Forces violently evicted Rapa Nui indigenous groups from the Government Plaza in the center of Hanga Roa over the holidays, causing injuries to at least nine people, three of them serious.
According to witnesses, police beat dozens of clan members with clubs on Dec. 29.
Hito Clan spokesperson, Marisol Hito, said her people are shocked by the extreme violence with which they are being treated.
“Unfortunately, President Sebastián Piñera, the Interior Minister Rodrigo Hinzpeter, and Valparaiso Mayor Raúl Celis, have chosen the foolish path of violence against our people,” said Hito.
According to Rafael Tuki Tepano, a member of the Rapa Nui parliament, the eviction order came from Valparaiso Mayor Raúl Celis, under whose governmental jurisdiction Easter Island belongs despite the city being more than 2,000 miles away. Celis announced that 16 sites have now been evicted of Rapa Nui clans who claim ancestral ownership over the land.
Hugo Gutierrez, President of the Human Rights Commission of Chile’s Chamber of Deputies, questioned the actions of the police force in the renewed evictions that occurred last week and criticized the government for not facilitating dialogue with the islanders.
”I talked to islanders, and they told me about the unprecedented violence used by police who are evicting islanders using their legitimate right to recover what they believe belongs to them, which is the Island of Rapa Nui,” said Gutierrez.
Earlier in December, more than 20 Rapa Nui clan members were injured when police forcibly evicted the Tuko Tuki Clan from government owned judicial offices in Hanga Roa.
Several International human rights groups have condemned the government’s use of force and have asked Piñera to resolve the conflict peacefully, but the court ordered evictions continue.
In September, 29 Rapa Nui clan members asked the American Commission on Human Rights (IACHR) to take precautionary measures on behalf of Rapa Nui. The U.S.-based Indian Law Resource Center is currently representing these clans. “We expect the commission to grant protective measures in favor of the Rapa Nui clans soon,” said the Center.
But until then, the Center is concerned about the increasing seriousness of the violence, it said.
“The Chilean policy on Rapa Nui issues needs to be reformed,” said Armstrong Wiggins, director of the Center’s Washington, D.C. office. “It is time for Chile to observe international human rights standards and to avoid solutions by force.”
Meanwhile, the Save Rapa Nui U.S.A. coalition organized a protest at the Chilean Consulate in Los Angeles on Dec. 23. More than 80 people showed up to demonstrate against the escalating violence and recent land evictions.
With the latest violent incident last Wednesday, pressure from human rights groups is mounting. A communiqué by The National Institute of Human Rights spoke out against the excessive violence used by Chile. They called on the government to seek a peaceful solution in keeping with Convention No. 169 —of which Chile is a signatory—which protects the rights of indigenous people.
Citizens' Watch called upon the government to respect human rights and existing rights of indigenous peoples in Chile and to apply this policy to resolve territorial disputes that have historically faced Rapa Nui with the State.
Several national deputies and senators have also expressed concern about what has been happening on Easter Island.
By Dominique Farrell - Santiago Times
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