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El polvorín

Argentina: Fumigaciones en Córdoba: "El problema tiene una envergadura que no se puede dimensionar"

14 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


Agrotóxicos

"Oncativo, ciudad cordobesa de 14.000 habitantes, no sólo se ve afectada por la fumigación de sus campos, sino también por la aplicación intensiva de agroquímicos en las plantas de acopio que han quedado encerradas dentro de la ciudad."

Oncativo es una ciudad cordobesa de 14.000 habitantes. En los últimos 20 años registra un crecimiento económico muy interesante, según cuenta Marcos Tomasoni, miembro de los Vecinos Autoconvocados de la Ciudad por un Ambiente Sano. En esa localidad, la zona urbana termina tras cruzar las calles de tierra que la separan de los campos. No hay ninguna hilera de árboles: está el campo, la calle y la casa, dice Tomasoni y agrega: El problema de la fumigación llega hasta el centro del pueblo. Oncativo no sólo se ve afectada por la fumigación de sus campos, sino también por la aplicación intensiva de agroquímicos en las plantas de acopio que han quedado encerradas dentro de la ciudad.

Tomasoni integra, además, el capítulo local de la campaña Paren de Fumigar. Es un colectivo de pueblos ―explica este ingeniero químico de 29 años―, de vecinos movilizados. El hecho que nos une a todos es la afección a la salud que implica el tema de las fumigaciones. Si bien se reconocen como afectados, Tomasoni aclara que en el grupo no hay personas que presenten algún tipo de enfermedad relacionada con la utilización de químicos agrícolas.

No hay aplicación segura

¿El problema con las fumigaciones surge por los productos que se utilizan o por la forma de aplicación? ¿O es una combinación de ambos factores?

Tomasoni.―Uno puede referirse a los estudios que demuestran la relación causa-efecto de una serie de enfermedades respiratorias, cánceres, malformaciones, pérdidas de embarazo. Hay una vasta bibliografía que explica la relación que esas enfermedades tienen con los plaguicidas. Después está el método: nuestro lema es que no hay una fumigación segura como plantea la ley que tiene la provincia de Córdoba, la 9164. Básicamente, permite fumigar frente a una vivienda. Nosotros demostramos con fundamentos técnicos que los residuos de los plaguicidas quedan dando vueltas en el polvillo de la tierra luego de una semana de aplicación. Por factores ambientales como la relación térmica algunos plaguicidas se vuelven a volatilizar y generan nubes en las ciudades.

Políticamente, sabemos que este flagelo está relacionado con el monocultivo, que es una forma de producción que ha invadido a toda la pampa agrícola. Esta realidad se traslada a, por lo menos, todos los pueblos de la zona sur de la provincia de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé y Buenos Aires.

¿Y si el uso de agroquímicos se hiciera de una forma correcta? En el largo plazo, ¿generaría los mismos impactos en la salud de las poblaciones?

Tomasoni.―Hay una vastedad de plaguicidas que son productos de alta volatilidad: llegarían por más que uno los aplicase a 10 kilómetros de una vivienda. Hay otra gama de productos que son menos volátiles, como es el caso del glifosato. Si uno pudiese correrlo a 1000 metros o más de una vivienda y poner un vallado de árboles, quizás el flagelo disminuiría, pero estamos hablando de disminuir la contaminación. No hay aplicación segura. Los millones de litros que se aplican en cada cosecha en los campos argentinos hacen que el problema tenga una envergadura que no se puede dimensionar. No hay una dimensión real porque los estamentos gubernamentales corren atrás del problema, haciendo oídos sordos en la mayoría de los casos.

Bajo el principio de la duda

¿Qué valoración hacen de los recientes fallos judiciales que limitan las áreas fumigables y piden estudios para determinar la peligrosidad de los agroquímicos?

Tomasoni.―Es irse acercando al principio precautorio, que es un principio contenido dentro de la Ley General del Ambiente, una legislación bastante nueva en Argentina porque tiene pocos años de creación. En su mayoría, los jueces y abogados la desconocen. Esto de invertir el peso de la carga, que quien compruebe la no nocividad de los productos sea el que los está vendiendo, quien los quiere aplicar, es bastante novedoso para el país. Para nosotros es potencialmente bueno porque reconoce nuestro derecho a la salud, lo potencia. Cuando uno empieza a luchar contra este flagelo tiene que andar buscando informes técnicos para demostrar la relación de estos productos con las afecciones a la salud. Eso no es lo que dice nuestro derecho ambiental: bajo el principio de la duda, el que tiene que demostrar es el que está siendo dudado.

Si recién ahora se determina que hay que estudiar si estos productos son inocuos, ¿cómo es que se aprobó su utilización en la agricultura?

Tomasoni.―La lógica y la dinámica que lleva el sistema legal no condice mucho con la lógica y la dinámica que lleva la realidad, más cuando esa realidad la mueve el poderío económico de estas empresas que vienen echando agroquímicos en nuestros campos, desde hace más de 30 ó 40 años en esta zona. Incluso en las áreas técnicas y científicas de las universidades el problema de la relación ambiental con las enfermedades no está muy difundido, no está todavía reconocido. En Córdoba hay apenas 2 ó 3 ciudades que han aprobado ordenanzas que restringen la aplicación de plaguicidas y el resto está con intendentes o concejales que niegan la problemática.

No podemos estar esperando

¿Y quiénes tendrían que hacer los nuevos estudios?

Tomasoni.―Cuando se piden estudios el ojo de la credibilidad cae en las universidades públicas, que entendemos que sí están capacitadas porque las conocemos. Sabemos que existe dentro de las áreas nacionales de investigación la capacidad técnica, tanto material como intelectual, para llevar adelante estos estudios. En la mayoría de las líneas de investigación, más con respecto a las cuestiones agrícolas, los recursos monetarios los están poniendo las empresas privadas. El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) termina autorizando los productos con las investigaciones de las propias empresas. Si alguien debe hacer estas investigaciones, es el Estado. Pero con la celeridad que el problema demanda.

¿Qué opinás sobre el reciente informe de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA)? Sus conclusiones indican que utilizando el glifosato y sus formulaciones responsablemente y cumpliendo con las condiciones de uso autorizadas no implicaría riesgo para la salud humana o el ambiente.

Tomasoni.―Ése puede ser un párrafo que resalten las empresas, porque otros párrafos siguen echando dudas sobre la peligrosidad de estos productos. De hecho, una resolución que salió el 9 de febrero crea un sistema de vigilancia sobre plaguicidas. El primer párrafo de los fundamentos comienza diciendo: Todos los plaguicidas son perjudiciales para la salud humana. Si bien uno puede echar mucha duda sobre cómo ha funcionado la Comisión o si ha estado a la altura de las circunstancias, lo que hace es crear otra serie de organismos para controlar, vigilar y difundir la problemática, algo que en este país no se estaba haciendo. El vecino vive la realidad de que al lado le pasa la fumigadora... Los problemas repercuten y se ven. No podemos estar esperando tanto movimiento o tanta discusión a nivel jerárquico-científico cuando el problema necesitamos resolverlo.

Cuesta encontrar apoyo en las instituciones

¿Están trabajando con médicos? En tal caso, ¿se muestran interesados en participar analizando el tema o existe cierta reticencia?

Tomasoni.―En todo este proceso, que ya lleva más de dos años, se han sumado médicos, biólogos, bioquímicos e ingenieros agrónomos, incluso que están planteando otro modelo agropecuario. Tenemos un grupo de médicos que participa activamente. Como siempre, lo hacen más por la urgencia del vecino preocupado, por saber que son ciudadanos que tienen que participar y movilizarse, que desde la institución a la que pueden pertenecer. Hemos estado tratando de instalar algunas líneas de investigación epidemiológica en la provincia. Eso está en proceso de llevarse a cabo. Hoy cuesta encontrar apoyo en las instituciones: dentro del mismo INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hay líneas encontradas. Estas estructuras son muy grandes, muy difíciles de mover.

En las denuncias que reciben, ¿existen casos de gente afectada por el consumo de alimentos contaminados con agroquímicos? ¿O mayormente sufren la fumigación directa en el lugar donde viven?

Tomasoni.―La fumigación tiene más repercusión porque uno ve al mosquito que le pasa frente a su casa, se siente rociado, ve que sus plantas y su huerta se secan. En Córdoba hubo denuncias por parte de un fiscal que encontró residuos de pesticidas en frutas y verduras por fuera de los límites permitidos. Hubo toda una discusión en torno a eso que se encendió y se apagó lentamente. Dentro del grupo Paren de Fumigar hoy no es la discusión principal. La alternativas que empiezan a quedarnos, además de tratar de alejar las fumigaciones de nuestras viviendas, son empezar a consumir orgánico, a producir nuestras propias huertas, como lo hacían nuestros padres. Son conceptos que en paralelo comienzan a circular por los grupos.

Los temas ambientales se hilan todos

¿Como Paren de Fumigar qué están pidiendo? ¿Mayor control, el cese total de las fumigaciones...?

Tomasoni.―Estamos pidiendo el cese total de las fumigaciones en la periferia de las casas, de los pueblos. La consigna más fuerte que resuena en el Paren de Fumigar es lograr una ley provincial que pueda alejar las fumigaciones de nuestras viviendas para que no sea una lucha aislada de pueblos, sino que sea una cuestión provincial. Luego sí, estamos poniendo en tela de juicio la fumigación y el modelo productivo sojero y de los transgénicos.

¿Ven posible alcanzar esos objetivos?

Tomasoni.―Estamos en eso. Dos años atrás uno veía bastante lejana la posibilidad de instalar la discusión y hoy estamos con una dinámica muy avanzada. Ha sido producto de la lucha. Vemos muy posible a corto plazo una ley provincial y, por qué no, una ley nacional. En el marco en que se vaya reconociendo la peligrosidad de estos productos, sea cual fuere su categoría toxicológica, creemos que vamos a ir avanzando hacia una producción más sustentable y armónica con la naturaleza. Atrás de esto y mancomunados vamos discutiendo los desmontes, la problemática del agua..., los temas ambientales se hilan todos. Al fin y al cabo estamos poniendo en tela de juicio el modelo capitalista de consumo y producción.

 

Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.

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