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El polvorín

Congreso peruano debe promulgar Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas

28 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 
 
QUIERE REDUCIRSE CONSULTA PREVIA A MERO FORMULISMO
 
QUIERE QUE CONSULTA PREVIA NO SEA OBLIGATORIA EN CASO DE PROYECTOS PLANES O PROGRAMAS
 
QUIERE QUE CONSULTA PREVIA DISOCIE COMUNIDADES NATIVAS  DE COMUNIDADES CAMPESINAS



http://tierraylibertad-lima.blogspot.com/2010_04_01_archive.

 

HACE 17 AÑOS DEBIÓ IMPLEMENTARSE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ

 

La norma busca dar sustento legal a la obligación contraída por el Estado peruano en 1993 con la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 con la OIT), por la cual se obliga a consultar previamente con las comunidades nativas cualquier cambio que las afecte.

El Convenio fue ratificado en 1993 y desde entonces forma parte de nuestra legislación. Sin embargo, nunca se le dio forma viable, pese a que las comunidades reclamaron su implementación y lo convirtieron en bandera de lucha contra los Decretos Ley, ya en parte derogados, sobre la selva.

 

De haber existido la norma, de haber existido la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, el Estado no hubiera podido cambiar tan fácilmente la base legal que protege a las poblaciones originarias y, sin duda, no hubiera ocurrido la masacre de Bagua.

La situación en que el Ejecutivo ha colocado al Perú luego de las observaciones hechas a la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas es muy delicada.

 

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PROYECTO DE LEY DE CONSULTA TACHADO POR ALAN GARCÍA ERA AUNQUE SEA UN PUNTO DE PARTIDA PARA UNA INDISPENSABLE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 

El proyecto de ley que pacientemente trabajó el Congreso a lo largo de un año a partir de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo recoge en gran parte las conclusiones de la Mesa de Trabajo 3 instalada entre el Ministerio Ambiental y las comunidades indígenas luego de la tragedia de Bagua.

 

Aunque Proyecto de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas relativiza la propuesta de la Defensoría y va hacia lo genérico es considerado un punto de partida aceptable por los representantes de los pueblos originarios.

ALAN GARCÍA HACE RETROCEDER PROYECTO DE LEY A FOJAS CERO TRAS 17 AÑOS DE ESPERA DEL DICTAMEN

 

QUIERE REDUCIRSE CONSULTA PREVIA A MERO FORMULISMO

 

Sin embargo, y luego de esperar el máximo del plazo legal, ha sido devuelto por el Ejecutivo (léase Alan García) al Congreso con ocho observaciones que revierten la situación casi a fojas cero. La primera de las objeciones reduce la Consulta Previa a mera formalidad, ya que demanda que el resultado no sea vinculante para el Estado. Es decir que, con consulta o sin ella, el gobierno central hará lo que le venga en gana, asumiendo que “así conviene al interés general”.
QUIERE QUE CONSULTA PREVIA NO SEA OBLIGATORIA EN CASO DE PROYECTOS PLANES O PROGRAMAS
Otra de las observaciones contradice abiertamente lo establecido por el Convenio 169, ya que el Ejecutivo sostiene que dicho Convenio “no prevé la obligación de consulta respecto de planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y equidad” a sabiendas de que el artículo 7 del Convenio afirma expresamente que “dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

QUIERE QUE CONSULTA PREVIA DISOCIE COMUNIDADES NATIVAS  DE COMUNIDADES CAMPESINAS
 
Algo más. El Ejecutivo pretende distinguir allí donde el Convenio no distingue, pues plantea separar comunidades campesinas de comunidades nativas.
 
La situación es de enorme riesgo, pues resulta claro que por asumir la defensa ideológica del credo neoliberal y la validez de las tesis del Perro del Hortelano SE EMPUJA A LAS COMUNIDADES A UN ENFRENTAMIENTO CON EL ESTADO.
 
El Congreso debe evitarle al Perú este peligro, el Congreso debe rechazar las observaciones formuladas por Alan García y el Congreso debe ejercer su derecho a la insistencia, aprobando el proyecto de ley de Consulta Previa, que deberá ser promulgado por el propio Legislativo, tal como lo señala la Constitución.

 

 
     
 
 
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