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El polvorín

"Ley Ganzúa" pretende sacar de la carcel a coacusados de Fujimori y Alan García

10 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 
 
En el Congreso piden Derogatoria de "Ley Ganzúa"

“El
Congreso debe derogar de inmediato el Decreto Legislativo 1097, popularmente conocido como "Ley Ganzúa", que pretende facilitar la liberación de acusados por violaciones a los derechos humanos”, afirmó el congresista Washington Zeballos, al demandar a la Comisión de Constitución que ejerza su facultad de control político para dejar sin efecto el citado decreto legislativo.

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Fiscal preocupado por "Ley Ganzúa"

El fiscal Pablo Sánchez Velarde expresó su preocupación por el reciente DL 1097 y planteó su derogatoria, tras indicar que “genera un trato personal y preferente para ciertos acusados por violaciones a los derechos humanos y a la vez genera un trato desigual con relación a los procesados por los mismos delitos, pero que no tienen la condición de militar o policial, alterándose sustancialmente las normas de procedimiento existentes”.
 

Mensaje engañoso de Alan García
El DL 1097 resulta un mensaje engañoso para los miembros de las FF.AA. y policiales acusados de violaciones a los derechos humanos, pues los crímenes cometidos no van a quedar impunes ya que existen instancias supranacionales que lo evitarán, afirmó el general (r) Rodolfo Robles Espinoza, quien reveló la existencia del Grupo Colina.

García dictó norma a su conveniencia

 
Reiteran que además del grupo Colina, Decreto Legislativo 1097 también favorece a Fujimori. TC tardaría tres meses en pronunciarse sobre demanda presentada por nacionalismo. Familiares de las víctimas preocupados y piden a jueces y fiscales inaplicación de cuestionado dispositivo.
 
               
 
                Los ministros de Alan García reducidos a la condición de sirvientes

Pese a que los ministros de Justicia, Víctor García Toma, de Defensa, Rafael Rey, y el mismo presidente de la República, Alan García, han alegado que el Decreto Legislativo 1097 no alcanza a violadores de los derechos humanos, para el abogado Carlos Rivera la cuestionada norma beneficia directamente al propio jefe de Estado en el caso de la matanza de El Frontón. “Allí hay un hecho ilegal”, señaló.

El letrado explicó que hace algunas semanas el ministerio Público solicitó que los autores intelectuales en lesa humanidad sean incorporados en los juicios en condición de procesados. “En el caso de Alan García, las investigaciones del ministerio Público y en el juicio, establecen que el autor intelectual y quien dio la orden (en la matanza de El Frontón) es el presidente y la respuesta ha sido dictar una norma que lo beneficia personalmente”, anotó.

Rivera reiteró, además, que el decreto beneficia al ex presidente Alberto Fujimori y a los involucrados en casos de violaciones de los derechos humanos como al grupo Colina, el comando Rodrigo Franco, así como a militares y policías que en los años 80 y 90 cometieron violaciones a los derechos humanos.

“Hay que leer completa la norma pues la segunda disposición transitoria dice textualmente que las disposiciones procesales previstas en el decreto legislativo son a los procesos señalados en el artículo segundo; caso de violaciones de derechos humanos, tanto en el ministerio Público y en cualquier órgano jurisdiccional”, indicó.

Según Rivera eso demuestra que se trata de una ley de amnistía, pues en una norma dice que el plazo de instrucción y en la disposición complementaria “un poco caleta” dice que se aplica a todas las instancias y estados de proceso (la instrucción y el juicio oral) e incluso en los casos que están en investigación en el ministerio Público y se cierre la investigación antes que el caso sea denunciado.

“Este decreto debe ser derogado y dejar que el sistema de justicia actúe de manera imparcial, que se haga justicia y no que el poder político meta la mano de manera abusiva para que luego cierre los procesos judiciales que terminan generando burlas frente a las víctimas que esperan que los casos sean esclarecidos”, declaró.

Familiares indignados
Al respecto, ayer familiares de las víctimas de los casos Cantuta, Barrios Altos, Santa, Pedro Yauri, Frontón, Mariela Barreto, Putis, Cantoral-García, Castillo Páez, entre otros, representantes de organizaciones de afectados por la violencia política, expresaron su indignación por la promulgación del decreto 1097, el cual declara la prescriptibilidad en violaciones a los derechos humanos.


Gisela Ortiz, representante de los deudos de los estudiantes de La Cantuta, refirió que con estas “nuevas leyes de impunidad se intenta garantizar la amnistía, el olvido y el perdón en nombre del Estado para quienes acabaron con la vida de sus familiares”.

Tras anunciar que hoy por la tarde y el próximo martes harán un plantón en el Palacio de Justicia, Ortiz sostuvo que el miércoles 15 estarán en la audiencia del caso Barrios Altos, donde la sala presidida por Inés Villa Bonilla que lleva el caso se pronunciará al respecto. “Esa será LA PRIMERA demostración sobre si los jueces están para defender a los criminales o a las víctimas”, señaló Ortiz.

En el TC
Luego de una conferencia de prensa, los familiares de las víctimas de derechos humanos acudieron al Tribunal Constitucional donde la bancada nacionalista presentó la demanda de inconstitucionalidad del decreto 1097.

En diálogo con LA PRIMERA, el presidente del TC, Carlos Mesía, sostuvo que el Tribunal actuará con celeridad e independencia de manera que se garantice que no haya impunidad contra las víctimas de violaciones a los derechos humanos pero también para que haya equilibrio en los procesos a los militares involucrados.

Mesía estimó que en tres meses, el máximo intérprete de la Constitución se pronunciará sobre inconstitucionalidad de DL 1097. “Son 30 días para que el Ejecutivo responda la demanda, otros 30 días para llamar a la vista de la causa y 30 días para resolver”, precisó.

Dijo también que ha pedido apoyo a la Defensoría del Pueblo para que actúe como “amigo jurídico”, porque este caso está “embarrado de politicidad” .

Lo grave del asunto, es que en este periodo varios de los casos de violación de los derechos humanos podrían acogerse a lo establecido por el cuestionado decreto y quedar impunes.

Hay que recordar que aprovechando la coyuntura, el pasado viernes 3, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), general (r) Juan Rivero Lazo, solicitó el archivamiento de su proceso judicial por la matanza de Barrios Altos. El último lunes, hicieron lo mismo los agentes del grupo Colina y el propio Vladimiro Montesinos.

Hace dos días hizo lo mismo Agustín Mantilla y hoy lo harán los marinos acusados por el caso El Frontón. Ante ello, el clamor de los familiares es uno solo; que jueces y fiscales declaren su inaplicabilidad.

Relator ONU ve un clima de impunidad
El relator de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martín Scheinin, dijo ayer que observa un clima de impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad que favorece a ex funcionarios y que el actual gobierno parece estar fortaleciendo con el DL 1097. “Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el nuevo Decreto Legislativo 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 9 de noviembre de 2003”, dijo Scheinin en conferencia de prensa.

Indicó que el mencionado decreto “dará pie a violaciones del derecho internacional”, y añadió: “Hay una división muy clara acerca de si se debe seguir adelante con los enjuiciamientos o si sería mejor poner debajo de la alfombra (estos procesos), lo que sería equivalente a la impunidad”.

Helio Ramos
Redacción
diario La Primera
 
 
 
 ¿Estaba Mantilla al tanto de que se venía una ley para la prescripción de sus delitos y que se le retiraría el carácter de delito de lesa humanidad a los cometidos durante las décadas de los 80 y 90? Es lo que sospechan varias personas, entre ellas el colaborador eficaz, Miguel Exebio, que no puede ocultar su sorpresa por la audacia del juez suplente Juan Changanaquí que se ha avocado a una causa que se encuentra en niveles muy superiores al suyo, en la etapa previa a ingresar a juicio oral.

-Es como si le hubieran avisado. Por eso Mantilla recurrió al juez de manera sigilosa en el mes de agosto y el fallo que “manda al archivo” los crímenes de la organización paramilitar que funcionó durante el primer gobierno de García, se produjo en septiembre cuando estábamos discutiendo sobre los nuevos decretos de impunidad, afirma Exebio.

En efecto, el expediente del caso Rodrigo Franco que comprende al ex ministro del Interior Agustín Mantilla y a ocho integrantes de la organización criminal se encuentra bajo estudio por el titular de la 3ª Fiscalía Superior en lo Penal, Dr. Landa, que debe emitir su informe acusatorio ante la Sala Penal Nacional. Changanaquí, sin haber visto el expediente, es decir sin notificarse del caso, ha dado la razón a Mantilla, tumbando toda la jurisprudencia sobre estos delitos, y el propio hecho que los encausados ya habían pedido prescripción ante el 4º Juzgado Penal Supraprovincial y la Sala Penal Nacional y les había sido denegada.

Actualmente la banda del Rodrigo Franco, entre ellos Mantilla, Chito Ríos, Huamán Alacute, Melgar Moscoso, y otros, se encuentra bajo caución luego de haber pagado 5 mil soles cada uno y con prohibición de salida del país. Esta situación jurídica, así como el proceso abierto siguen adelante, a pesar del fallo prevaricador de Changanaquí. Consultado Landa confirmó que presentaría su informe en los siguientes días.

El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, y el de la Corte de Lima, César Vega Vega, no se han pronunciado hasta ahora ante esta interferencia en un proceso en marcha con fines de favorecer a elementos ligados al actual gobierno.

En franca contradicción con el ministro de Defensa, Rafael Rey y el espíritu del controvertido DL 1097, el procurador Daniel Figallo, declaró ayer que el fallo del juez suplente Juan Changanaquí, aceptando un hábeas corpus para la prescripción de los delitos imputados al ex ministro Mantilla y los miembros del Comando Rodrigo Franco, por exceso de tiempo, es improcedente porque de acuerdo a las convenciones internacionales suscritas por el estado peruano, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Figallo, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, indicó que no sólo se debe tomar en cuenta la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sino también la Convención Americana de derechos humanos y los fallos de la Corte Interamericana de derechos humanos. Esta posición inequívoca repercute sobre el debate actual que intenta separar los casos de violaciones graves de derechos humanos anteriores al 2003, de los alcances de la ley internacional.

Raúl Wiener
Redacción diario La Primera
 
 

       

ALAN GARCÍA EN SU SALSA: Es obvio que el dos veces presidente Alan García es un zorro viejo y que jamás fue sorprendido con lo del indulto a Crousillat. García simplemente no hizo caso a los informes originales sobre la salud del vladicaster, y tomó la decisión. El indulto es potestad del presidente.                                                 En caricatura de Carlín con el indultado empresario televisivo vendido al FujiMontesinismo. Crousillat y el virtualmente indultado y tenebroso Vladimiro Montesinos

La Ley Colina: Decreto Legislativo 1097

 Escribe Mario Huamán Rivera
 
 Si el primer gobierno aprista fue considerado como uno de los más funestos de la historia del Perú, el segundo será catalogado, a parte de corrupto, como el más nefasto para la democracia y el respeto a los valores humanos y sociales. Esto se expresa con la impunidad para corruptos y criminales, la profundización de las desigualdades, la exclusión social, la violencia y la precarización de las condiciones de vida, flagelos que azotan al país a pesar del crecimiento económico. Nada de esto ha cambiado con el actual régimen sino todo lo contrario.

Teniendo esta realidad como marco, el Presidente García no contento con arrebatarles a los trabajadores y trabajadoras diversos derechos con la dación de los Decretos Legislativos 1057 y 1086, ha promulgado el DL 1097, “La Ley Colina”, con la finalidad de brindar impunidad a los asesinos de miles de peruanos y peruanas, además de protegerse él por los crímenes que provocó su primer régimen, como es el caso de El Frontón. Este dispositivo es un premio a quienes ejecutaron el siniestro plan de imponer un modelo económico (neoliberal) “eliminando” a las voces disidentes y a muchos inocentes.

Uno de los primeros efectos de esta lesiva norma ha sido el archivamiento del proceso contra Agustín Mantilla acusado de liderar el denominado Comando Rodrigo Franco, brazo paramilitar del Primer Gobierno Aprista, que asesinó a diversas personalidades como el líder minero, Saúl Cantoral, hecho que motivó una sentencia por parte de la Corte Interamericana de derechos humanos exigiendo al estado peruano, el resarcimiento correspondiente y la sentencia a los responsables.

Tal vez lo mismo ocurra en el caso de Pedro Huilca, líder sindical asesinado por el Grupo Colina, durante la dictadura del hoy reo, Alberto Fujimori y de otras víctimas del terrorismo de Estado propugnado por los gobiernos neoliberales. La impunidad para los “Colinas” está en marcha y junto a otros responsables celebran la “amnistía encubierta” regalada por García a través del DL 1097, que también podría darle la libertad a Fujimori y hasta Montesinos.

La CGTP rechaza la impunidad otorgada por García a los violadores de derechos humanos y exige justicia para las miles de familias enlutadas por el accionar de estos asesinos. Asimismo, demanda a las instancias correspondientes, como el Congreso o el Tribunal Constitucional, dejar sin efecto el DL 1097 y evitar que estos criminales sigan dañando la moral y la paz del país. Caso contrario la movilización ciudadana tendrá que hacerlo. No cesaremos en esta lucha.

saludamos la creación del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ONGs y Afines.
 
 
 
 

            

El vivaracho felón Alan García sigue rápido cuando se trata de aplicar la demagogia

 
 En Diario La Primera Columnistas Raúl Wiener - Fecha:2010-09-08
 
 
 ¿Puede haber mejor demostración de lo que significa el actual sistema de gobierno-comunicación, que lo ocurrido estos últimos meses cuando se nos convenció del riesgo de que los terroristas abandonarán la prisión en plazos más o menos cortos, por efecto del cumplimiento de sus condenas o de la aplicación de beneficios carcelarios preestablecidos, sin haberse arrepentido, mientras se preparaba en secreto (con el manto protector de las facultades extraordinarias) una ley para facilitar la salida en masa de los violadores de derechos humanos, no sólo no arrepentidos, sino convencidos que hicieron lo que se debía hacer?

El DL 1097 es la síntesis de muchas de las hipocresías con las que estamos viviendo: (a) que el APRA gobierna realmente el país, cuando lo hace en función de diversos grupos de presión, entre ellos intereses económicos (véase el caso de los pasajes aéreos y el poder de LAN), y en este caso el núcleo duro militarista que encabeza Giampietri y es sostenido por Cipriani y Rey; (b) que el aprismo-alanismo es un partido de la democracia, opositor a las dictaduras, cuando lo que realmente es un partido de la conciliación con el autoritarismo, que ha ayudado a blanquear al Fujimorismo que ahora se postula como una alternativa de fuerza para las siguientes elecciones, y ha adherido a todo su programa, incluido el de la impunidad para los actores de la guerra sucia que ya intentaron ser salvados con una amnistía en 1995 y ahora están recibiendo el salvavidas del DL 1097; (c) que los demás partidos de la derecha representan algo diferente al APRA gobernante, cuando lo que hacen es ingeniarse la manera de entregarle constantemente facultades para que legisle lo que le da la gana o como le reclaman los grupos de poder.

A ellas se agregan otras dos nuevas: primero, que el gobierno afirma no estar favoreciendo a Fujimori, Montesinos, el Grupo Colina, el Rodrigo Franco y a Giampietri y García (comprometidos en el caso El Frontón) porque establece normas de sanción para delitos de lesa humanidad cometidos desde 1998, cuando se aprueba el nuevo Código Penal que asume este concepto. Ciertamente, pero lo que se está haciendo en realidad es separar el mismo tipo de delitos en dos categorías, según la época en que sucedieron, con lo que pretende sustraer los casos anteriores de las condiciones de imprescriptibilidad, no amnistía o indulto, que están definidas por acuerdos internacionales suscritos por el Perú.

Segundo, que existe alguna necesidad de aplicar las normas de temporalidad de procesos del nuevo Código de Procedimientos a los delitos cometidos por militares y funcionarios estatales durante la guerra, para facilitar la salida acelerada de los procesados sin condena que han venido maniobrando con el tiempo desde hace varios años. Paralelamente, sin embargo, se posterga la aplicación a escala nacional y en Lima, del mismo Código para los demás tipos de delito, probablemente porque no están Seguros de manejar las consecuencias de procesos más rápidos, con fuerte presión sobre los fiscales y los jueces. ¿Por qué celeridad para los delitos contra los derechos humanos y lentitud para los casos comunes? Una sola explicación cabe: hay un plan en marcha para convertir el DL 1097 en una plataforma de entendimiento entre el APRA, el Fujimorismo y el núcleo duro militarista.

La paradoja de una sociedad de muchos miedos a la que le quieren hacer pasar el contrabando de numerosos asesinos confesos volviendo a la calle con pretextos legales y en medio del barullo electoral, es la peor despedida que podía darnos Alan García de su segundo gobierno. Pero ahí está.

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