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El polvorín

Uruguay: Actual interpretación (de los delitos de la dictadura) implicaría la prescripción de causas en 2011

16 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

LA SOCIEDAD TIENE DERECHO

 

URUGUAY. TODOS Y TODAS CONTRA LA IMPUNIDAD.

"La sociedad tiene derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables"

Organizaciones sociales llevaron adelante la Semana de la Impunidad. Bajo la consigna "todos y todas contra la impunidad" debatieron sobre la vigencia de la "impunidad", consagrada con el terrorismo de Estado, en el actual contexto uruguayo y regional. La vigencia de la Ley de Caducidad como manto de fondo.

Las acciones del Terrorismo de Estado fueron "un genocidio".

Amnistía Internacional, Crysol y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otras organizaciones sociales, realizaron durante toda la semana una ronda de coloquios, mediante los que se procuró "ir desarmando, entre todos, la impunidad de hoy y de ayer".

En los mismos, connotadas personalidades de la lucha por la verdad y la justicia disertaron sobre los aspectos centrales del proceso represivo, que hoy permanecen. La vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", y las formas de eliminarla permearon la amplia mayoría de las intervenciones.


En este sentido, el coloquio "La Ley de Caducidad: realidad jurídica", con la participación de los abogados Pablo Chargoñia y Lilián Tojo (representante de Cejil), fue el inicio del debate, del que participaron víctimas del terrorismo de Estado, activistas por los derechos humanos, economistas, abogados y periodistas.


Tojo y Chargoñia cuestionaron la vigencia de la norma, contraria al "derecho internacional consuetudinario" e "intrínsecamente inválida" por consagrar la "amnistía" de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los agentes represivos del Estado en Dictadura.


En este sentido, Tojo afirmó que los crímenes de lesa humanidad "no pueden ser equiparados con delitos comunes", por lo que existe una "necesidad social de esclarecimiento". Por tanto, la Ley de Caducidad deberá ser eliminada "sin dejar rastro", afirmó Tojo.


"Obligación del Estado"


"Los tratados internacionales se firman para ser cumplidos", por lo que más allá de las posibles "contradicciones y tensiones entre las normas internas y el derecho internacional", los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados, señaló Tojo.


Existe una "obligación de los Estados de garantizar los derechos protegidos por el tratado prevenirlos, investigarlos y sancionarlos", porque de lo contrario "viola el derecho de acceso a la justicia" de las víctimas, violentando "el derecho a la verdad" en su "dimensión colectiva", dijo.


"Toda la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables", por lo que el Poder Judicial debe tener la potestad para promover una "investigación exhaustiva e imparcial" de los hechos. La vigencia de la Ley de Caducidad significa "una continua y permanente violación del derecho internacional", por lo que el Estado uruguayo debe procurar los mecanismos para "dejarla sin efectos para adelante y para atrás", porque el mero surtir efecto hacia atrás configura una "violación de los derechos humanos", estimó Tojo.


En la misma línea se pronunció Chargoñia (abogado querellante en varias causas por crímenes del terrorismo de Estado), para quien el 22 de diciembre de 1986 el Estado uruguayo "no podía" sancionar la Ley de Caducidad, porque diversos tratados internacionales firmados en forma soberana lo impedían.


Ley inválida

El Estado uruguayo está "obligado a enjuiciar y castigar los crímenes de lesa humanidad", porque con la firma de los pactos internacionales (desde 1946 en adelante) "no son los Estados nacionales los titulares de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado", ya que dicha prerrogativa "es una capacidad de la comunidad internacional". La Ley de Caducidad es "incompatible" con el derecho internacional, expresó Chargoñia.

El abogado utilizó, además, los argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia donde se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, para rebatir la "falacia metajurídica" sobre la legitimación de la norma tras el resultado de los dos plebiscitos a los cuales fue sometida.


"No hay ninguna forma de saneamiento, ni siquiera el pronunciamiento del cuerpo electoral", porque "hay asuntos que no pueden ser plebiscitados" ni "ninguna mayoría puede decidir ni modificar". Los dos pronunciamientos populares, por tanto, "no modifican su intrínseca invalidez", pero debe tenerse "cuidado" en los reclamos por la anulación "porque la opinión pública podría reprocharle a las organizaciones de derechos humanos escaza vocación de respeto hacia el pronunciamiento del ciudadano". Para esto el abogado recomendó debatir con todos los argumentos por la invalidez de la norma.


Asimismo, el abogado alertó sobre la existencia de "islas de impunidad fáctica" en el Estado, ante la imposibilidad de los jueces de acceder a la totalidad de los archivos existentes de la Dictadura, en particular los del Servicio de Información y Defensa (SID). "Los jueces, muchas veces, no tienen el apoyo necesario o la capacidad para desentrañar el complejo entramado del sistema represivo uruguayo", estimó Chargoñia.


(.............)


(LEER ESTA PARTE CON ATENCIÓN)


Abogado Pablo Chargoñia

Actual interpretación implicaría la prescripción de causas en 2011

El abogado Pablo Chargoñia alertó durante su alocución sobre la inminente posibilidad de "obstaculizarse" el proceso de juzgamiento de los crimenes de la dictadura, de continuarse aplicando la tesis preponderante entre jueces y tribunales de apelaciones de no considerar estos crímenes como "delitos de lesa humanidad".


La mayoría de los jueces y tribunales adhieren a la tesis de juzgar los crímenes de la dictadura como delitos de "homicidio muy especialmente agravado", comenzando a computarse el plazo de prescripción desde el retorno de la democracia, el 1º de marzo de 1985.


La extensión del plazo de prescripción de la pena (20 años) en un tercio, por la gravedad de los crímenes, permitió el enjuiciamiento de los principales referentes del proceso cívico­militar y la represión dictatorial, entre ellos, los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez. Sin embargo, la continuidad de dicha tesis implicará la "prescripción" de los delitos sobre mediados de 2011, lo que significaría "una afrenta de la lucha contra la impunidad".


En este sentido, el abogado afirmó que la utilización del cómputo de la "prescripción" en el juzgamiento de estos crímenes es "antijurídico", porque son crímenes "imprescriptibles", ante lo cual debe fomentarse y defenderse la tipificación del delito de "desaparición forzada" y la consideración de estos crímenes como delitos de lesa humana.


Chargoñía mencionó la existencia de otra tesis (fomentada por el juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, en la condena al ex dictador Juan Carlos Blanco por el crímen de la maestra Elena Quinteros y al conceder la extradición de varios militares hacia Argentina, mediante la que se estima que el plazo de prescripción deberá computarse desde el 1º de marzo de 2005, porque fue en dicho momento que el Poder Ejecutivo permitió "de hecho" el juzgamiento de estos crímenes. Sin embargo, en la tesis de Fernández Lecchini "tampoco estamos ante la tesis de la imprescriptibilidad", señaló Chargoñia.


Fuente: La República

QUE EL PARLAMENTO NACIONAL ANULE LA LEY DE IMPUNIDAD QUE PROTEGE A LOS RESPONSABLES DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
JUICIO Y CASTIGO. NO A LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS.
Enviado por Marys Yic

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Juan Plassaras 07/19/2010 18:27



Para la Corte Internacional de  DDHH de la OEA, los crímenes de lesa humanidad no tiene prescripción NI DE TIEMPO, NI DE LUGAR.


Es solo tener coraje y sentar al Estado Uruguayo en el banco de los acusados delante de esa corte. Le duela a quien le duela. Y se acabo la especulación sobre tangentes dialecticas de la Ley de
amnistia.


Vea la opinión de un jurista que pertence a esa Corte, en una noticia publicada -hace unos días-  en el "Estado de São Paulo"... http://migre.me/WLI2


.....



'Anistia não pode ser obstáculo'


Felipe González, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OEA[br]Para Gonzáles, quando se trata de crimes contra a humanidade, não se leva em conta apenas questões internas


13 de julho de 2010 | 0h 00




Roldão Arruda - O Estado de S.Paulo





Agravante. 'No Brasil, a anistia foi definida na ditadura'


É quase inevitável que, nos próximos meses, a Lei da Anistia seja avaliada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Americanos. A avaliação é do
professor de direito constitucional Felipe Gonzáles, presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos - o organismo ao qual foi apresentada a demanda dos familiares da Guerrilha do
Araguaia, exigindo que o governo esclareça os fatos, diga onde estão os corpos e apure responsabilidades sobre violações de direitos humanos. Depois de analisar o caso, a comissão resolveu
enviá-lo à corte, onde está sendo julgado. Em visita ao Brasil, o chileno Gonzáles falou com exclusividade ao Estado.


Como vê a chegada à corte de um caso que, no fundo, põe em debate a anistia no Brasil?


É um caso emblemático, que dá prosseguimento a outras ações relacionadas à violação massiva e sistemática de direitos humanos durante as ditaduras militares na América Latina. Na comissão e na
corte já foram feitas referências às anistias do Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, Haiti, Peru e outros países. O caso brasileiro ainda não havia sido discutido.


A defesa do Brasil argumenta que a Lei da Anistia resultou de um amplo acordo político, dentro de normas democráticas.


A anistia da Argentina foi definida por um parlamento democrático, no governo de Raul Alfonsín. Apesar disso, ao analisar casos ocorridos naquele país, a comissão concluiu que a lei contrariava
o direito internacional. Quando se trata de crimes contra a humanidade, não se leva em conta apenas questões internas. É o que se vê nas decisões na corte internacional da ONU quando julga
violações na Iugoslávia, Ruanda, Serra Leoa. No Brasil existe um fato agravante: a anistia foi definida na ditadura. Havia um parlamento, mas com poderes limitados e ameaças de cassação. Esse
tipo de parlamento controlado era comum no continente.


O STF, a suprema corte brasileira, endossou a interpretação, contestada agora na corte interamericana, de que a anistia beneficiou também os agentes do Estado acusados de atentar contra
os direitos humanos.


A comissão não discute a interpretação que os tribunais locais dão à sua própria legislação. Ela discute casos e avalia se as decisões transgridem o direito internacional.


O fato em questão ocorreu há muito tempo, na década de 70.


Isso não é empecilho. A corte julgou em 2006 um caso ocorrido em 1973, no Chile, muito semelhante ao do Araguaia, envolvendo execuções policiais. Chegou à conclusão de que o crime não podia ser
anistiado e assinalou ao Estado chileno que a lei de anistia não pode ser obstáculo a investigações de crimes contra direitos humanos. O Chile não revogou a lei, mas seus tribunais adotaram a
interpretação de que não era aplicável aos crimes contra a humanidade.


O que deve ocorrer no julgamento do caso brasileiro?
Os familiares dos mortos e desaparecidos do Araguaia pleiteiam verdade e justiça. Se a lei da anistia for um obstáculo para isso, é quase inevitável que a corte trate dela, pedindo que seja
removido o obstáculo.


Pode-se dizer que, embora as ditaduras tenham acabado, os países do continente ainda convivem com seus resquícios?


Vivemos um período de transição. Uma das questões que nos preocupam é a da liberdade de expressão. Ainda não nos livramos totalmente da herança do autoritarismo, que saiu desmantelando meios de
comunicação, aplicando censura. Em quase metade dos países do continente existiam leis especiais destinadas a proteger a chamada honra das autoridades.





Lea la traduccion al castellano  ::. http://migre.me/Ynuh




Mabel Abogadro 07/16/2010 20:18



Ivonne: donde dice: "hay asuntos que no pueden ser plebiscitados" que significa? es opinion personal o interpretacion de ley? Lo demas referido al tiempo que venceria el plazo legal, esto es
gravisimo!!!! que calladito se lo tenian!!! adjetivar esto al menos para mi es imposible. Gracias por tu trabajo.



El polvorín 07/16/2010 23:08



Supongo que es interpretacion personal... mas o menos la misma que tenemos todos.


Y si. Es muy grave, y ahi esta el porque de tirar la pelota para adelante...